Por: Redacción CRITERIO
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Noviembre 24,2016.-Tegucigalpa.-
Más de 50 organizaciones de la sociedad civil y expertos
latinoamericanos analizarán el próximo lunes, los avances y retrocesos
de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública en Honduras.
Entre
los expertos se encuentra Moisés Sánchez Secretario Ejecutivo de la
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, coalición de 23
organizaciones de 19 países de las Américas y el Embajador de Suecia
para Centroamérica Georg Andrén, entre otros.
Suecia
fue el primer país que aprobó una normativa que da acceso público a los
documentos del Parlamento y del Gobierno, pero además creó la primera
Ley de Libertad de Prensa hace 250 años.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció, que “el
derecho de acceso a la información es un derecho fundamental protegido
por el artículo 13 de la Convención Americana”[1] por lo que los estados
tienen la obligación de respetar y garantizar el cumplimiento de este
derecho fundamental para cualquier sistema democrático.
El
año 2006 el Estado de Honduras mediante decreto legislativo N°170-2006
aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que
significó un gran avance para la democracia, el control del ejercicio
de poder desde los ciudadanos hacia quienes administran los fondos
públicos y el poder.
A
diez años de haberse aprobado la normativa que regula el ejercicio de
un derecho fundamental para los ciudadanos y ciudadanas C-Libre,
considera fundamental analizar que ha pasado con el ejercicio del
derecho público.
En
el evento, el Embajador de Suecia expondrá sobre el proceso evolutivo
de 250 años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información
Pública en su país.
Uno
de los objetivos del foro es poder sensibilizar sobre la importancia de
remover leyes que obstaculizan el libre ejercicio del derecho a la
libertad de expresión a través del acceso a información pública.
La
embajada sueca en Centroamérica tiene su sede en la ciudad de
Guatemala, pero también está acreditado ante los gobiernos de El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
C-Libre
junto con otras organizaciones como el Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, el Centro de Prevención
Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares
CPTRT, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en contra de la
Ley de Secretos que rige en el país.
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