ALAI AMLATINA, 06/10/2016.-
Las
empresas transnacionales del sector farmacéutico son objeto de
frecuentes críticas por los abusos de su poder de mercado e incluso
corrupción. Y es que los medicamentos no son una industria como las demás, sino que sus “leyes de mercado” tienen modalidades particulares. Primero,
por el hecho que tienen un mercado cautivo (personas que padecen
enfermedades o preocupadas por su salud), que es una clientela
vulnerable, cuyas decisiones de compra dependen no tanto de sus gustos,
ni en muchos casos de su real poder de compra, sino de quienes les
recetan los medicamentos (generalmente los médicos) o de la urgencia de
curar o aliviar alguna dolencia a cualquier costo.
Se trata también de un área donde la calidad del producto puede ser de vida o muerte. Esto último, y la protección de patentes, son factores que disminuyen la competencia.
Este cuadro le da a la industria farmacéutica un poder
desmedido para fijar los precios de comercialización, no tanto en
proporción al costo real de producción, cuanto que en función de lo que
el precio de mercado puede alcanzar. Los
fenomenales ingresos de estas empresas transnacionales atestiguan de
esta realidad; las tres mayores empresas mundiales: Novartis, Roche y
Pfizer, suman en total un ingreso anual de 129 mil millones de dólares;
el PIB de muchos países no se acerca ni de lejos a esta cifra.
Como ejemplo flagrante del sobre-precio basta recordar el
caso de Sofosbuvir, desarrollado para tratar la hepatitis C (una
enfermedad que antes no tenía cura), que afecta a más de 170 millones de
personas en el mundo y puede causar la muerte. Hace
5 años, Gilead Sciences de EEUU compró la empresa Pharmasset por 11.000
millones de dólares, junto con la patente del Sofosbuvir, medicamento
cuyo precio de venta multiplicó por 100. Un tratamiento diario durante 12 semanas llegó a costar hasta US$84 mil dólares[1]. Con la venta de este producto, en un año la empresa recuperó toda su inversión. Si bien ha bajado en algo el precio, el medicamento sigue siendo inaccesible a muchos enfermos de hepatitis C.
Cabe decir que, si los sectores empobrecidos no pueden
pagar los precios elevados, tampoco es de preocupación para la
industria: los pobres son vistos como un mercado para vender los
medicamentos más comunes y baratos. Ello sin
hablar de las “enfermedades olvidadas”, aquellas que afectan
principalmente a sectores pobres del Sur y para las cuales las
farmacéuticas no se empeñan en investigar medicamentos para
contrarrestarlos, porque no se lo ve como una opción rentable; es el
caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas, de la cual se estima que
apenas el 1% de personas afectadas tienen acceso a la medicación.
Ante este panorama de indefensión de la población frente
al poder de la industria farmacéutica, le corresponde al sector público
una alta responsabilidad para aplicar las necesarias medidas y
regulaciones de control y equilibrio del poder de mercado, para
garantizar el derecho humano a la salud, particularmente para los
sectores más empobrecidos. Un signo alentador en este sentido fue la resolución, este año, en el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, que reafirma que el acceso universal a
medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una condición
para gozar del derecho a la salud.
El acuerdo reitera el llamado a los
Estados a que continúen colaborando para desvincular el costo de la
nueva investigación y desarrollo, de los precios de los medicamentos,
vacunas y diagnósticos, en el caso de enfermedades que afectan
principalmente a los países en desarrollo y las enfermedades tropicales
olvidadas. En otro acuerdo,
se reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de los Estados
en materia de salud pública, mediante, entre otras medidas, la
aplicación efectiva de las flexibilidades reconocidas para países en
desarrollo bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados
con el comercio de los derechos de propiedad intelectual), para reducir
el costo de las medicinas, por ejemplo, con el establecimiento de
licencias obligatorias para producir medicamentos genéricos.
En la práctica, sin embargo, los países muchas veces son
presionados a renunciar a estos derechos, particularmente si han firmado
acuerdos comerciales. Tales acuerdos suelen
incluir provisiones “TRIPS plus”, como una prolongación del plazo de las
patentes y el sistema de disputas inversionistas-Estados que amenaza el
uso de licencias obligatorias y otras flexibilidades de TRIPS. El
Acuerdo Transpacífico (TPP), en caso de ser ratificado, alargaría, por
ejemplo, los patentes para las nuevas drogas biológicas (resultantes de
la biotecnología), que de por sí suelen ser mucho más caras, y prevé
además que, a corto plazo, los países en desarrollo signatarios deben
adoptar las mismas reglas de patentes que se aplican en los países
desarrollados.
Respuestas regionales
En América Latina se está buscando diversas respuestas a estos retos. Por ejemplo, en 2010, el Ministerio de Salud de Perú lanzó un Observatorio de Productos Farmacéuticos (http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/), donde los consumidores pueden ubicar dónde comprar las medicinas más convenientes para sus tratamientos y a menores precios. La medida ha contribuido a rebajar los precios.
Una de las medidas más efectivas es la compra pública
agregada, que significa que el Estado negocia en masa la compra de los
medicamentos que más necesitan los servicios públicos de salud, lo que
le permite un mayor poder de negociación con las empresas productoras. Por ejemplo, este año el gobierno ecuatoriano compró 326 medicamentos, de los más usados para el tratamiento de las principales causas de muerte, mediante una subasta
inversa (o sea, donde son los vendedores que pujan, y gana la oferta de
menor precio), lo que le permitió un ahorro de unos 320 millones de
dólares, (y eso, comparado con el precio más bajo de venta en la región
de cada medicamento; entonces representa un ahorro mucho mayor en
relación a lo que antes pagaba). Todo el proceso es de acceso público: https://subastademedicamentos.compraspublicas.gob.ec/[2]
Antes de lanzar la subasta, Ecuador realizó un estudio de
los precios de todos los medicamentos más esenciales en la región, y
encontró que una misma empresa farmacéutica vende el mismo medicamento
en diferentes países con variaciones de precios de hasta 300% o incluso
600%, en algunos casos. El estudio le permitió
fijar el precio referencial de la subasta, ya que normalmente las
farmacéuticas no sueltan este tipo de información.
Sin duda esta ventaja aumentaría si varios países compran
en conjunto, lo que se hace posible en el marco de los acuerdos de
integración regional. Los países de Centroamérica
ya cuentan con un mecanismo común para la compra de unas 64 medicinas
básicas; y ahora los países de Suramérica (o varios de ellos) están
considerando la posibilidad de hacer lo propio, para lo cual Ecuador ha
puesto a disposición de Unasur su base de datos de precios en la región.
Por su parte, el Instituto
Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), entidad de Unasur, está
impulsando una serie de medidas para estos propósitos. Además
de impulsar una compra pública agregada entre los países interesados y
de ampliar la base de datos de precios (la cual se hará público), se
está elaborando un mapeo de las capacidades productivas de medicamentos
en la región, en particular en el sector público, con la idea de que un
país productor podría abastecer a toda Suramérica con un medicamento
específico, a menor costo. Hay iniciativas
también que apuntan a desarrollar nuevos medicamentos para las
enfermedades particulares de la región, en particular las “olvidadas”.
Otras respuestas que se están trabajando regionalmente incluyen: desarrollar
vademécums fármaco-terapéuticos en el sistema de salud pública
(históricamente han sido elaborados por las empresas) con información
más completa y objetiva para orientar a los médicos; adoptar
legislaciones adecuadas para fijar techos a los precios de medicamentos,
evitando el mal uso de las patentes; homologar los sistemas de registro sanitario y de control de calidad, que no tienen por qué ser distintos en cada país. En el caso de medicamentos “biosimilares” (un equivalente de genéricos, para los medicamentos biológicos),
por ser más complejos, hay la exigencia adicional de asegurar que
tengan la misma calidad, lo que requiere invertir en investigación
previa, que se podría hacer conjuntamente.
Amenazas
No obstante, se sigue enfrentando diversos problemas. Uno
de ellos es la “judicialización de la salud” como le explicó a ALAI, en
una entrevista, la nueva directora ejecutiva de ISAGS, Carina Vance. Los
ministros de salud de la región han identificado que es una de las
principales amenazas a los sistemas de salud, tanto para el uso racional
de medicamentos, como para la sostenibilidad de los sistemas, afirmó. Por
ejemplo, hay juicios planteados por grupos de enfermos que han obligado
al Estado a cubrir el costo de medicamentos patentados, que no están en
el cuadro nacional de medicamentos, ni necesariamente son mejores,
siendo además que el sistema judicial no está capacitado técnicamente
para juzgarlo. Colombia, en 2003, tuvo que gastar más de mil millones de dólares por casos judicializados. En
varias oportunidades se ha descubierto que los bufets de abogados u
ONGs que auspician a estos grupos de pacientes reciben financiamiento de
las empresas farmacéuticas transnacionales, lo que constituye un claro
conflicto de interés.
A la par de estas prácticas, los niveles de corrupción van penetrando a diversos estamentos de la sociedad. Es
el caso de los premios e incentivos económicos que las farmacéuticas
entregan a ciertos médicos para que receten sus medicamentos de marca, o
a las farmacias que más venden sus productos.
También hay cortes nacionales que han bloqueado, por
ejemplo, el uso de medicamentos “biosimilares”, por demanda de las
empresas. O hay empresas
farmacéuticas que deciden unilateralmente retirar un medicamento y
remplazarlo por otro más caro, como lo denunció recientemente en Ecuador
una fundación que trabaja con personas hemofílicas.
En suma, la concentración del poder de mercado de las
transnacionales farmacéuticas representa una amenaza directa al derecho a
la salud. La única manera de enfrentar
efectivamente este poder es con políticas públicas, que tendrán mayor
fuerza si son concertadas regional e internacionalmente. Todos los gobiernos, con independencia de su color político, son afectados. En
tal sentido es preocupante la tendencia en algunos países hacia la
reprivatización de los servicios públicos, que reduciría este margen de
maniobra; y más aún, dado el carácter del sector farmacéutico, podría
prestarse para afianzar el cuadro de corrupción. Asimismo,
sería inadmisible que se siga entregando mayores prerrogativas a estas
empresas a nombre del libre comercio o de atraer la inversión
extranjera.
Artículo publicado en la edición 517 (septiembre 2016) de la revista América Latina en Movimiento de ALAI, titulada “El poder transnacional y los nuevos TLCs”. http://www.alainet.org/es/revistas/517
[1] Martin Khor, Access to medicines and the right to health and life, www.alainet.org/es/node/168961
[2] Ver también: Sally Burch, El poder de las farmacéuticas y el derecho a los medicamentos, www.alainet.org/es/articulo/179977
URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/180785
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