Con 86 concesiones mineras y 300 por aprobarse, además de 28 ríos
destinados por empresas privadas al represamiento, Santa Bárbara
enfrenta unas seria amenaza ambiental, aunada a la preocupación de las
comunidades lencas que se encuentran en situación vulnerable con
respecto al tema de los derechos humanos.
Estos preocupantes datos fueron revelados en el “Conversatorio
Departamental sobre Derechos Humanos, Derechos Civiles y Ciudadanos de
la Población” organizado en esta ciudad, el viernes 28 de octubre de
2016 por parte del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS).
Al evento llegaron ambientalistas de las redes del MAS procedentes de
los municipios de Chinda, Ilama, Nueva Celilac, Petoa, Gualala, Zacapa,
San Nicolás y Colinas.
Disertaron sobre derechos humanos, civiles y políticos, la
Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva y sobre la impunidad la ex jueza de
Corte de Apelaciones y fundadora de la Asociación de Jueces para la
Democracia (AJD), Tirza Flores.
La Coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS),
Bety Vásquez dijo a www.defensoresenlinea.com que Santa Bárbara es un
departamento que es altamente vulnerable frente al tema de derechos
humanos.
Bety Vásquez, Coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS)
“Tenemos muchos incidentes de agresiones, de amenazas, incluso de
desapariciones, que para nosotros eso ya es una situación de alto
riesgo; pero también hay una impunidad, con una falta de respeto frente a
las consultas previas, porque se han tomado decisiones en algunos
municipios en cabildos abiertos y no han sido respetadas”, afirmó
Vásquez.
La ambientalista comentó que aún persiste el racismo y la
discriminación hacia las comunidades indígenas lencas del departamento
de Santa Bárbara, y hacia sectores que histórica y ancestralmente han
defendido los bienes comunes, a quienes se les ha visto como enemigos
del desarrollo.
“También hay una situación vinculada al abandono gubernamental,
quizás porque en su mayoría los municipios del sur de Santa Bárbara en
el caso de los gobiernos municipales no son del gobierno en el poder,
como es el partido Nacional, así que han establecido un abandono en
inversión social como carreteras en mal estado, alcaldías paralelas con
el proyecto presidencial populista Vida Mejor para levantar la imagen
del gobierno y del partido, pero no hay proyectos que vengan a
solucionar la problemática social y económica”, comentó Vásquez.
Por su parte la Coordinadora General del Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva dijo que a
pesar de la difícil situación de derechos humanos en Santa Bárbara, “se
puede controlar si la gente y el pueblo se levanta, se organiza y se
articula. Es necesaria la articulación, es necesaria la organización y
la capacitación para poder entender qué es lo que está pasando y definir
una estrategia a seguir para enfrentar y demandar los derechos violados
a que están siendo sometidos”.
Oliva señaló que el pueblo santabarbarense está inquieto por lo que
está atravesando, que no está a gusto, pero cree que desde este
departamento se pueden levantar las acciones a favor no solo de Santa
Bárbara, sino para demostrar que a nivel nacional se están cometiendo
demasiadas y reiteradas violaciones a los derechos humanos.
Bertha Oliva: “Con más de 86 concesiones mineras van a perforar a Santa Bárbara”
Consultada por medios locales si lo que está pasando es una
estrategia del actual gobierno, la Coordinadora General del COFADEH
respondió que “nada se hace por casualidad, y cuando se trata de
instalar un gobierno como el que tenemos, que lógicamente está dentro
de su estrategia el departamento de Santa Bárbara, usted mira que es
clave, aquí son más de 86 concesiones mineras que hay, van a perforar a
Santa Bárbara, van a expulsar a la gente de Santa Bárbara; la van a
someter a la muerte; entonces qué es lo que se pretende, que la gente se
canse, entre en el proceso de no querer vivir más acá, se vaya y quedar
haciendo sus cosas a sus anchas, porque este lugar está muy próximo a
fronteras”.
Oliva añadió que tampoco es por casualidad otro aspecto que tiene
inquieto al pueblo que es la instalación de la cárcel de máxima
seguridad denominada El Pozo, a la que calificó como el Guantánamo de
Honduras.
Al referirse a El Pozo, Bertha Oliva expresó que esa “es una cámara
nacional de tortura que viola el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)”, respecto de los derechos inalienables
de las comunidades indígenas lencas que habitan este territorio.
“El Pozo así como está escrito y así como está justificado, es de
muerte y nosotras trabajamos a favor de la vida, por eso vamos a
acompañar al pueblo de Santa Bárbara en las decisiones que tome”,
sostuvo Oliva.
Desde el municipio de Petoa asistió al conversatorio el sacerdote católico de la Congregación Pasionista, Neri Antonio Murillo.
Murillo
que ha ejercido su ministerio sacerdotal en Santa Bárbara y que ha
acompañando a los movimientos sociales, expresó que la jornada fue muy
especial, “el movimiento ancestral está feliz con esto, así como nuestro
pueblo originario de esta zona”.
Refiriéndose a las palabras pronunciadas por Bertha Oliva, el
sacerdote resaltó el llamado que la defensora hizo a las comunidades
para transmitir esta energía a las bases, yo creo que es muy necesario
saber los derechos que necesitamos defender y por otro lado, gozar con
los derechos que ya tenemos ganados.
Murillo subrayó que vale la pena impulsar al pueblo para el rescate de todo aquello que se ha perdido.
El sacerdote dijo que desgraciadamente nuestro pueblo cree que son
las autoridades las que tienen que arreglar todo, cuando en verdad son
ellas, las que han hundido a este departamento.
“Si nos vamos a esta amenaza que tenemos, sobre todo de nuestra
territorialidad, creo que esto es un llamado de alerta. Yo hago un
llamado a la iglesia católica, porque yo como sacerdote de la Iglesia
Católica lo tengo que decir: ¿No nos duele acaso la pérdida de nuestros
ríos?, ¿no nos duele acaso el hecho de que la contaminación no solo
ambiental nos está llegando, sino la contaminación humana, que
desgraciadamente nos tenemos que llamar así, cuando los reductos de una
sociedad nos están haciendo venir para la montaña y para el río; es
preocupante?”, preguntó Murillo.
Santa Bárbara es un departamento con una diversidad productiva,
artesanal y cultural ubicado en el nor-occidente del país, regado por
los ríos Ulúa y Chamelecón, los mayores afluentes para la Cuenca del
Caribe.
La mayoría de la población de este departamento es de origen lenca (uno de los pueblos originarios de Honduras).
Santa Bárbara es el departamento con mayores concesiones mineras en
Honduras, actualmente está aprobadas 86 y más de 300 se encuentran en
proceso de aprobación, además de 28 ríos concesionados, entre ellos el
Ulúa, Chamelecón, Jicatuyo, Cececapa y Gualcarque, entre otros.
El Valle de Quimistán, que antes era un gran productor de granos
básicos, ahora ha dado paso al monocultivo, donde se encuentra ubicada
la única central azucarera del occidente. Esta empresa está
contaminando el río Chamelecón, de acuerdo con denuncias de los
ambientalistas. Se calcula que el 60 por ciento de las tierras de este
valle, está cultivado de caña de azúcar.
Cabe señalar que la ganadería extensiva y migratoria está
contribuyendo a perder amplias regiones de tierras para el cultivo en
dicho departamento.
Bety Vásquez, Coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS)
Por su parte la Coordinadora General del Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva dijo que a
pesar de la difícil situación de derechos humanos en Santa Bárbara, “se
puede controlar si la gente y el pueblo se levanta, se organiza y se
articula. Es necesaria la articulación, es necesaria la organización y
la capacitación para poder entender qué es lo que está pasando y definir
una estrategia a seguir para enfrentar y demandar los derechos violados
a que están siendo sometidos”.
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