Octubre 27,2016 redaccion@criterio.hn
La
sociedad civil exige a Honduras a que investigue exhaustivamente los
recientes asesinatos de defensores de derechos humanos, así como la
adopción de medidas para su protección efectiva.
Los recientes
asesinatos de los activistas José Ángel Flores y Silmer Dionisio George
del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) del Bajo Aguán y
los atentados contra miembros del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ponen en evidencia el riesgo
al que se enfrentan las y los defensores de derechos humanos en
Honduras. 
José Ángel Flores recientemente asesinado por sicarios en el Bajo Aguán
Intimidaciones, amenazas, represión a la libertad de reunión y
de expresión y otros hechos que afectan gravemente sus vidas son el día
a día de muchas y muchos, particularmente cuando hay actividades que
afectan los intereses de actores con poder político o económico de por
medio.
En
una carta, junto con 170 organizaciones, FIAN Internacional exige al
Estado de Honduras a que lleve una investigación exhaustiva de estos
sucesos. Asimismo, piden a Honduras adoptar medidas para la protección
efectiva de quienes defienden la vida y los derechos humanos.
A continuación la carta enviada
Honduras, 25 de octubre de 2016
Respetables
Señora y Señores Héctor Leonel Ayala Secretario de Estado de los
Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización
Karla Cueva Sub-Secretaria de Justicia y Derechos Humanos
Oscar Chinchilla Fiscal General de la República de Honduras
Apreciables
señora y señores: Las organizaciones firmantes, acompañantes de
diferentes procesos de defensa de los derechos humanos en el mundo e
instituciones preocupadas por la protección de las y los defensores,
manifestamos nuestra preocupación por los graves obstáculos que
enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, tal y
como lo evidencian los recientes asesinatos de José Ángel Flores
(presidente) y Silmer Dionisio George (miembro) del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA) ocurridos el día martes 18 de octubre y los
atentados en contra de Tomás Gómez Membreño (coordinador general) y
Alexander García Sorto (integrante) del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) el pasado 9 de octubre; así
como intimidaciones, amenazas, represión a la libertad de reunión y de
expresión y otros hechos que afectan gravemente las actividades y
derechos de defensoras y defensores en su país; particularmente cuando
la defensa de derechos toca intereses de actores con poder político o
económico.
Estos
ataques repercuten negativamente sobre el disfrute de los derechos
defendidos, contribuyen a generar un ambiente negativo y de temor para
la defensa de los mismos y provocan como consecuencia, la disminución de
reclamos y denuncias. En una reciente declaración, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas señaló
que “cualquier amenaza o violencia contra los defensores de derechos
humanos constituye una violación de las obligaciones de los Estados
hacia la realización de los derechos contenidos en el Pacto”
Honduras
es el país con mayor número de medidas cautelares otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): 426 personas
beneficiarias; de las cuales 16 que defendían derechos humanos, fueron
asesinadas entre 2001 y julio de 20162.
El
hecho de que José Ángel Flores, Silmer Dionisio George, Tomás Gómez
Membreño y Alexander García Soto pertenezcan a organizaciones a las que
les fueron concedidas medidas cautelares de la CIDH demuestra una grave
falla en el deber del Estado de Honduras de adoptar “todas las medidas
necesarias para garantizar los derechos y la seguridad de [las y] los
defensores de derechos humanos, incluidos los que trabajan por hacer
efectivos los derechos económicos, sociales y culturales”, tal y como
quedó expresado en la última resolución del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos , la cual
fue co-patrocinada y votada por Honduras.
La
continuidad de estos hechos de violencia contra las y los defensores,
ponen en evidencia que en Honduras la situación es crítica para ellos,
ya que no cuentan con garantías por parte del Estado para ejercer su
labor ni sus derechos a la libertad de opinión, de expresión y de
reunión o asociación pacíficas, a participar en los asuntos públicos y a
interponer recursos efectivos cuando lo consideren oportuno. Respetados
representantes del Estado de Honduras: Como es de su conocimiento,
durante este año diferentes órganos de tratado de las Naciones Unidas
han examinado al Estado de Honduras.
En
sus sesiones, los diferentes Comités han preguntado específicamente
sobre las medidas que ha adoptado el Estado de Honduras para garantizar
el trabajo y la seguridad de las personas defensoras de derechos
humanos. Su respuesta como Estado ha sido el reconocimiento de “la labor
de los defensores de derechos humanos” y la aprobación, reglamentación e
implementación de la Ley de Protección de defensores de derechos
humanos, así como “la atención a las 38 solicitudes de protección
presentadas ante la Dirección General del Sistema de Protección hasta
junio de 2016”.
Sin
embargo, los hechos de violencia en contra de las y los defensores de
derechos humanos demuestran que este mecanismo ha resultado poco
efectivo, tal y como ha sido señalado tanto por actores nacionales como
internacionales, dada la falta de recursos asignados así como medidas
concretas y específicas para la protección de estas personas, más allá
del acompañamiento o vigilancia perimetral policial; los cuales en
algunos casos se han otorgado sin análisis de riesgos y respondiendo
sólo con medidas de urgencia y no de protección profesionalmente
planificada .
En
sus observaciones finales, de este año, tres comités de las Naciones
Unidas que evaluaron a Honduras (el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura y el Comité para la
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus
Familiares) expresaron su preocupación por la descalificación, las
amenazas, actos de intimidación y asesinatos en contra de las personas
defensoras de derechos humanos en ese país y el grado de impunidad de la
que gozan los responsables de esos actos. El Comité contra la Tortura
manifestó, además, estar preocupado por las (…) declaraciones públicas
realizadas por altos funcionarios del Estado en las que se descalifica
el trabajo de los defensores de derechos humanos, poniendo así en riesgo
su integridad física.
También
el Parlamento de la Unión Europea, en abril de este año, adoptó una
resolución relativa a las y los defensores en el país en la que “pide a
la Delegación de la Unión y a las embajadas y consulados de los Estados
miembros en el país que hagan un seguimiento y controlen activamente los
procesos relacionados con la investigación de los asesinatos de los
defensores de los derechos humanos y que intensifiquen sus esfuerzos
para defender a [las y] los defensores de los derechos humanos
actualmente en peligro”, siendo éste un asunto de interés de la
comunidad internacional. Ante esta grave situación, por medio suyo nos
permitimos hacer un llamado al Estado de Honduras para que cumpla con
sus obligaciones en materia de protección a los y las defensoras de
derechos humanos, entre las cuales están:
- Tomar todas las medidas necesarias para la protección efectiva de todas las personas defensoras de derechos humanos, las cuales deben ser desarrolladas en consulta con las beneficiarias.
- Fortalecer y dotar con los recursos necesarios19 al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, incluidos los beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, concediendo un mayor espacio de participación a las personas representantes de las organizaciones de derechos humanos.
- Desarrollar sistemas eficaces de alerta temprana y acción urgente en consulta con las personas defensoras de derechos humanos, con el objetivo de prevenir los ataques en su contra.
- Garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y de opinión sin amenazas ni hostigamiento y cualquier otra actividad de promoción y defensa de los derechos humanos, e
- Investigar de manera exhaustiva, eficaz, sin demora y de manera independiente todas las denuncias y atentados contra la vida e integridad física de los defensores y defensoras de derechos humanos. Además, se haga rendir cuentas a los responsables (…) y se garantice de manera efectiva su vida e integridad física.
La
implementación de estas acciones contribuirá a mejorar las condiciones
del trabajo y la seguridad de las y los defensores; brindando el
respaldo institucional que necesitan para continuar con la defensa de
los derechos humanos, lo que redundará en beneficios para toda la
sociedad hondureña.
Leer mas aquí
http://www.fian.org/fileadmin/media/publications_2016/20161025_VF_Carta-DefensoresDDHH-Honduras.pdf
http://criterio.hn/2016/10/27/170-organizaciones-la-sociedad-exigen-honduras-investigacion-exhaustiva-asesinatos-violaciones-dd-hh/
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