Aram
Aharonian
ALAI
AMLATINA, 02/08/2016.-
Las
conversaciones auspiciadas por Unasur entre Gobierno y oposición
están
empantanadas, lo que debe ser motivo de preocupación, máxime
cuando a
principios de año la oposición anunció como objetivo prioritario
la salida de
la presidencia de Nicolás Maduro, esbozando diferentes
modalidades para
alcanzar ese fin, como la renuncia, la enmienda, la reforma
constitucional y
también el referendo revocatorio, que se ha convertido en la
iniciativa principal,
por ahora.
El
último día de julio, el papa Francisco señaló que el Vaticano
podría ser el
cuarto interlocutor en este grupo de mediación sobre la
situación en Venezuela
junto con los expresidentes panameño Martín Torrijos, español
José Rodríguez
Zapatero y dominicano Leonel Fernández. El canciller vaticano,
Pietro Parolin,
quien fuera Nuncio en Caracas, señaló que se espera la
invitación oficial del
presidente Nicolás Maduro.
“El
diálogo, ante el cual la oposición tiene una actitud
lamentablemente ambigua,
reticente, entre otras razones porque tiene planes alternos
diferentes, es la
única opción. Es lo que permitiría racionalizar el ejercicio de
la política y
disipar los fantasmas de la violencia. El chavismo también debe
actuar tomando
conciencia que su rol en la actualidad consiste en tender
puentes y apostar a
la normalidad dentro de la crisis”, señaló el exvicepresidente
José Vicente
Rangel.
El
Vaticano ha tomado distancia de las actitudes ultras de la
oposición e incluso
mantiene reservas con la de miembros de la Conferencia
Episcopal.
Pese
a
las campañas mediáticas, ningún factor político ostenta la
hegemonía, por lo
cual la realización o no de un referendo revocatorio del mandato
presidencial
no alterará este cuadro. Para muchos analistas, esta
circunstancia hace
imperativa la búsqueda de acuerdos, que permitan el
funcionamiento de las
instituciones y la actividad productiva, y no se tentaran con
apelar a la
violencia. No se trata de crear un gobierno de consenso, sino de
establecer los
límites y modos de convivencia de factores que seguirán siendo
antagónicos.
Pueden
presentarse varios escenarios para un entendimiento negociado:
un acuerdo para
no realizar el referendo y se marche hacia la elección de
gobernadores este
2016 y las presidenciales de 2018, en un marco concertado de
concesiones, o se
acuerda celebrar el revocatorio y se elabora un esquema de
garantías para una
futura cohabitación, señala el analista Leopoldo Puchi, ex
ministro de Trabajo
del primer gabinete de Hugo Chávez.
Ernesto
Samper, secretario general de Unasur lo dejó en claro: “La
oposición venezolana
debe comprender que el único camino de resolución es el
diálogo”.
La
“crisis humanitaria”
Una
de
las estrategias de algunos sectores de la oposición es apelar a
la crisis humanitaria
y de derechos humanos, que bien difunden los medios de prensa
comerciales en
todo el mundo e incluso altos funcionarios de gobiernos de la
región, sin saber
bien de qué se trata.
Hablan
de una crisis humana multidimensional y profunda que precisa
urgentemente de
ayuda humanitaria por cuanto se corre el peligro de desembocar
en catástrofe
humanitaria. Tratan de imponer un imaginario colectivo de
responsabilidad del
gobierno y su gestión, que permite la implicación internacional.
Pero
el
argumento no es nuevo, ya tiene dos años. Para estos sectores,
se trata de una
megacrisis que ocurre como consecuencia del proceder de “una
hegemonía
político-militar, cada vez más depredadora y, por tanto,
destructiva”. Durante
el año pasado, los medios, cartelizadamente, repitieron con
buena dosis
dramática, que Venezuela está al borde de una crisis
humanitaria, imposible de
ser resuelta internamente, para lo cual se debe apelar a
organismos
multilaterales, ONGs, o a la intervención de otros estados.
Es
la
misma tesis que manejó, entre otros, el canciller paraguayo
Eladio Loizaga para
impedir que Venezuela asumiera la presidencia pro témpore de
Mercosur. Una
estrategia made in
Washington.
Este
año, la Asamblea Nacional –donde es mayoritaria la oposición-
declaró en crisis
humanitaria el sector salud por la escasez de medicamentos,
insumos médicos y
las precarias condiciones de infraestructura hospitalaria y
pidió a la FAO y la
Unicef enviar expertos que evalúen los riesgos.
El
gobierno rechaza la ayuda humanitaria ofrecida al país porque
“ella esconde un
deseo intervencionista” y se alega que la crisis es una gran
operación política
y mediática. El representante de la FAO en Venezuela, asegura
que el país no
está en condición de ayuda humanitaria.
Por
su
parte, el excanciller Roy Chaderton indicó que la situación de
desabastecimiento se debe a la injerencia del gobierno de
Estados Unidos, las
acciones promovidas por la derecha venezolana, por diferentes
representantes
del sector privado empresarial, la mediocridad en algunos
niveles del gobierno,
así como la burocratización y también la corrupción.
El
boicot financiero
Jorge
Rodríguez, alcalde de Caracas, denunció la última semana de
julio las
prohibiciones de Washington a las instituciones financieras
multinacionales de
prestarles un dólar a Venezuela. “El mercado internacional no
nos ha dado
opción”, (…), el problema es político, porque creen que si nos
ahorcan
económicamente, lo arrodillan y renuncia (Nicolás Maduro); y
desaparece el
chavismo”.
Venezuela
está al día en el pago de los intereses de su deuda externa y en
la
amortización que corresponde y sin embargo, no encuentra. Las
agencias
calificadores, como los bancos, toman las posiciones políticas
de sus mandantes
y deciden tratar de ahogar a Venezuela. El cerco financiero se
concretó en las
acciones realizadas por el Citibank, que anunció el cierre de
las cuentas
corresponsales que tienen con el Banco Central de Venezuela
(BCV) y el Banco de
Venezuela (de capitales españoles), “que tiene como fin ahogar a
Venezuela para
promover una intervención”, dijo Chaderton.
Quizá
los estrategas estadounidenses piensen igual que la oposición
venezolana, que a
Maduro lo tienen acorralado, que si favorecen el diálogo (en
Venezuela) o
acceden al préstamo (en Washington) es ayudar a que se salve, a
que tome un
segundo aliento, como esos boxeadores que están por caer, señala
el director
del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.
Esa
política de severas restricciones para préstamos a Chile en
época de la presidencia
de Salvador Allende se había aplicado antes contra Cuba y
después contra
Nicaragua. Lo que aplican ahora contra Venezuela persigue el
mismo objetivo:
debilitar financieramente el gobierno de Maduro, persuadidos de
contribuir a
precipitar su salida.
Referendo,
la vía de la guerra y después
En
Venezuela, el referendo revocatorio es un derecho
constitucional. La oposición
juntó firmas para poder convocarlo, y el primer día de agosto,
el Consejo
Nacional Electoral (CNE) informó que los 24 estados del país
cumplieron con la
recolección del 1% de las firmas para autorizar a la Mesa de la
Unidad
Democrática (MUD) como partido para solicitar el referendo
revocatorio.
Con
la
validación de las 200 mil firmas, la MUD puede pedir la
activación de la
consulta. Tendrá dos días para hacer la solicitud, mientras el
CNE debe
responder en un máximo de 15 días naturales y luego, en 15 días
hábiles, fijar
la fecha y los puntos de recolección de 4 millones de firmas,
equivalente a 20
por ciento del padrón, necesarias para convocar a la consulta,
que la oposición
quiere que se realice antes del 10 de enero de 2017.
Esa
fecha límite es clave. Si el referendo se realiza este año y
Maduro pierde, se
debe convocar a elecciones; pero si es revocado después de esa
fecha, los dos
años de mandato que faltarían los completaría el vicepresidente.
Para revocar
el mandato de Maduro se necesitan más de los 7,5 millones de
votos con los que
fue elegido en 2013, cifra que no será fácil lograr.
En
ejercicio de la permanente injerencia, el secretario
estadounidense de Estado,
John Kerry, llamó a las autoridades electorales venezolanas a no
jugar a los
retrasos en el proceso de referendo revocatorio que impulsa la
oposición. En
esta guerra de micrófonos, el diputado oficialista Diosdado
Cabello aseguró que
el oficialismo agotará las vías legales para evitar que se
realice el
referendo.
De
realizarse, gane quien gane, no resuelve el problema de la
hegemonía. Así que
una decisión sobre su realización o no realización debe estar
enmarcada dentro
un diálogo más amplio, que cree las condiciones para que
factores antagónicos
puedan encontrar mecanismos y formas de relacionarse que
permitan
funcionamiento de las instituciones y la actividad productiva,
no solo ahora
sino en el caso de que la oposición llegara a ser gobierno,
señala el analista
Leopoldo Puchi.
Luis
Vicente León, director de Datanálisis y apoyo estratégico de la
oposición,
señala que ésta debe optar por ir a la batalla para defender los
derechos por
la fuerza o reconocer que su capacidad de presión no es
suficiente para ganar
la batalla.
“O
algo
aún más sofisticado: darse cuenta que la vía de la guerra es
infinitamente más
costosa para el país, para el pueblo y para ellos porque, aún
ganando, los deja
en una situación crítica de inestabilidad futura, ya que su
adversario quedaría
del otro lado, con plata, armas, fuerza y rabia, listo para
desestabilizarlos
tan pronto tengan que tomar las decisiones racionales necesarias
para rescatar
los equilibrios económicos vitales, pero muy costosas
políticamente”, indicó.
León
señala que quienes piensan en la vía de la guerra, necesitan
responder algunas
preguntas como, quién es el líder, con qué recursos van a la
batalla, con qué
armas, con qué plata. El otro camino implica reconocer que no
hay forma de
ganar sin negociar, sentarse con su adversario a buscar algunas
aperturas a la
democracia, que ayuden en el futuro, pero que no significan el
cambio deseado
en el corto plazo, ni la posibilidad efectiva de obtener el
referendo en el
período adecuado y conveniente.
No
es
solo una opción, porque la dilucidación del dilema entre la
guerra y la
negociación puede llevar a que se fracture y divida
irremediablemente a la
oposición, y “que no pase nada y que simplemente el gobierno
surfee, con crisis
y todo, con violaciones y todo, con rechazo internacional y
todo, hasta el año
que viene o más, sin negociar ni pelear”.
- Aram Aharonian es
periodista y
docente uruguayo-venezolano, director de la revista Question,
fundador de
Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en
Comunicación y Democracia
(ULAC).
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