Sambo Creek, 29 de
agosto de 2016.- La banca europea, y el Mecanismo de Desarrollo Limpio
del Fondo de Carbono han venido promoviendo una serie de hidroeléctricas
en el istmo centroamericano, orientadas a la supuesta producción de
energía limpia, que han culminado en serias violaciones a los derechos
humanos de los pueblos indígenas, en cuyos territorios se pretende
implementar los embalses.
A los casi seis meses
del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres, la comunidad
cultural de Kiad -lugar sagrado del pueblo Ngäbe-Buglé- se encuentra
camino a ser anegada completamente. A la medida que se llene el embalse
de la represa Barro Blanco (Panamá), se cumplirán los seis mese del
asesinato de Berta Cáceres, la que fue ultimada por militares
hondureños, y un ejecutivo de la empresa DESA, relacionada con la
construcción de la represa de Agua Zarca, localizada en el río
Gualcarque (Honduras).
Tanto el pueblo Lenca
como el Ngäbe-Buglé se ven afectados por la construcción de represas
inconsultas. Casualmente son financiadas por los Banco Centroamericano
de Inversión Económica y el Banco Holandés para el Desarrollo (FMO por
sus siglas en inglés), ademas del Banco Alemán DGA, KFW y el finlandés
FInnFund.
Las represas viene
siendo construidas en el marco del ex Plan Puebla Panamá conocido
actualmente como Proyecto Mesoamérica. Las hidroeléctricas son vendidas a
la opinión pública como “energía limpia”, desconociendo los efectos del
cambio climáticas, el que las rendirá obsoletas ante las alteraciones
de los patrones de precipitación fluvial que se están dando en el istmo
centroamericano.
Como la OFRANEH señaló con anterioridad, el Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada ha sido pisoteado por diferentes administraciones gubernamentales tanto de Panamá como de Honduras y del resto del continente.
Juan Carlos Varela,
cuadro del Opus Dei y actual presidente de Panamá utilizó Barro Blanco
como parte de las promesas de su campaña política, comprometiéndose a
suspender el proyecto en caso de un triunfo electoral. Días después de
ascender al poder, negoció con la Cacique Silvia Carrera, la nominación
de su hijo como embajador de Panamá en Bolivia, y posteriormente se
exhibió en Nueva York en un foro de Naciones Unidas con la cuestionada
caciqué, con la cual firmó a inicios de la semana pasada un supuesto
acuerdo que no cuenta con el apoyo de los habitantes de la Comarca
Ngäbe-Buglé.
El asesinato de Berta Cáceres fue perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas,
entre ellos un mayor activo, adscrito como instructor de la Policía
militar de Orden Público . Hasta la fecha se desconoce los autores
intelectuales del asesinato, los que deben estar ubicados posiblemente
entre jerarcas militares, banqueros y políticos integrantes de la actual
administración de Juan Hernández. Para la sanguinaria élite de poder de
Honduras, Berta se había convertido en un grave estorbo, ante su
versatilidad en denunciar los atropellos contra el pueblo hondureño, el
que padece una dictadura con fachada civil, impuesta desde Washington.
Los entes financieros
parece ser que desconocen el Derecho a la Consulta Previa que poseemos
los pueblos indígenas consignado en el Convenio 169 de la OIT y la
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Peor aún es como el FMO y DGE presionaron a la administración Varela
sobre las consecuencias que traería la interrupción del proyecto
hidroeléctrico, situación que en otros latitudes sería considerado como
intervencionista
El Estado de Panamá
fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) a finales del 2014 en relación a la construcción de la
hidroeléctrica del Bayano la que afecto a los pueblos Emberá Y Kuna y al
paso que va, la represa de Barro Blanco se convertirá en otro caso ante
la Corte IDH. La Corte IDH en su sentencia
indico que “Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no
es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento
material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para
preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.
La destrucción de la aldea sagrada de Kiad y los petroglifos en el rio
tabasará, indica que el estado de Panamá una vez más desacata la
jurisprudencia del SIDH.
El asesinato de
nuestra hermana Berta, a manos de militares y sicarios demuestra la
ausencia de un estado de ley en Honduras, además de la violación
sistemática del Derecho a la Consulta, el cual se ve distorsionado aún
más con el anteproyecto de ley de Consulta promovido por el PNUD y el
Estado, en la que espíritu del 169 es diluido en aras de los intereses
de los entes financieros y los planes desarrollo impuestos desde el
norte.
La OFRANEH demanda que
el Estado de Panamá suspenda inmediatamente el anegamiento de Kiad y la
apertura de las compuertas del embalse. Ademas reclamamos la Estado de
Honduras que devele el nombre de los autores intelectuales del asesinato
de Berta Cáceres.
Basta ya de falsos
proyectos de desarrollo y de victimizar a los pueblos indígenas como lo
vienen haciendo desde hace siglos los paises del norte en complicidad
con los cipayos locales.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH.
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