Sambo
Creek 17 de agosto de 2016.-
En Honduras hasta la fecha los pueblos
indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una política
de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de violaciones
a los derechos; entre otras el doloroso asesinato de la líder indígena
Berta Cáceres, acontecido hace casi seis meses, sin que hasta la fecha
se haya develado los nombres de los autores intelectuales del macabro
crimen.
El Estado
de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en el año de 1995, sin
que posteriormente adaptara las leyes nacionales al Convenio como lo
sugiere el espíritu de la Convención de Viena sobre tratados(1969). Es
más, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promovió una Ley indígena
que todavía se encuentra en salmuera en el Congreso Nacional, con la
cual el Estado de Honduras y el BID pretendieron diluir el Convenio 169 y
convertirlo en una ley secundaría plagada de falencias.
Después de
21 años de la ratificación del Convenio 169, el Estado, apoyado por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pretenden imponer
una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada
(CPLI), la cual desconoce la voluntad de los pueblos. Con el agravante
que en su artículo 20 señala como la decisión final recae en el
Estado, desconociendo de esta forma la condición de Consulta Libre.
Desde el
año 2013 es cuando el Programa REDD requiere de la existencia de una Ley
de Consulta para poder cumplir con los preceptos estipulados de las Salvaguardas
de sus proyectos. Desde ese momento el PNUD asume la promoción de la
creación de una Ley de Consulta, apoyando a la Confederación de Pueblos
Autóctonos de Honduras (CONPAH), la que socializó su borrador en la
ciudad de La Ceiba en febrero de 2015. Posteriormente DINAFROH creó su
propio anteproyecto de ley, mientras el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras
introdujo al Congreso Nacional su versión de Ley de Consulta la que fue
elaborado por los pueblos en una serie de talleres comunitarios. Como
sorpresa final, el actual gobierno introdujo este año su versión de Ley,
la que fue elaborada a puertas cerradas, y definitivamente redactada
para defender los intereses del Estado, transnacionales y el Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
El Estado
de Honduras en las últimas dos décadas ha tergiversado en múltiples
ocasiones la Consulta convirtiéndola en una simple socialización, y es
precisamente lo que pretende a través de una serie de reuniones
“comunitarias’ con el pueblo Garífuna, las cuales inicia el día de hoy
en la comunidad de Corozal, la que a través de su Patronato señaló que
no fue consultada para la realización de dicha reunión.
En muchas
ocasiones las instancias estatales utilizan prebendas o promesas de
proyectos para obtener el beneplácito de los supuestos líderes
comunitarios, siendo esta técnica utilizada con mucha frecuencia en
Honduras. Al mismo tiempo que se distorsiona la representatividad
utilizando grupúsculos para dividir las posiciones asumidas por los
pueblos.
Después
del golpe de estado del año 2009, se aprobaron una serie de leyes a
matacaballo, totalmente nocivas para los pueblos indígenas: desde la Ley
de Aguas, Forestal, Pesca, RED y posteriormente la ZEDE, además de la
entrega de la plataforma continental en la Moskita a BG-SHEL. Tanto
DINAFROH como la CONPAH se sumieron al silencio al respecto. De ahí que
concederles el beneficio de la duda, a las posibles “buenas intenciones”
que albergue el anteproyecto de Ley introducido por el Estado al
Congreso Nacional, es inaudito y mucho más cuando CONPAH y DINAFROH
elaboraron sus propias versiones de la Ley de Consulta, las que
aparentemente fueron soterradas en aras de los "intereses" del Estado.
DINAFROH
-ente estatal creado después del golpe de estado- viene efectuando una
socialización de la versión de ley fabricada por le Estado, a la que
denomina consulta. Dicha versión de ley es adecuada para los intereses
del Programa REDD, el que en Africa, con el pueblo Sengwer ha demostrado su esencia neocolonialista.
La defensa
de la obsoleta soberanía westfaliana que ha esgrimido el Estado en los
casos de las comunidades Garífunas en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH), demuestra su desconocimiento de la
autodeterminación de los pueblos. El estado de Honduras fue condenado
por la Corte IDH en las sentencias sobre las comunidades de Punta Piedra
y Triunfo de la Cruz, en relación a la violación del Derecho a la
Consulta Previa. La farsa que está promoviendo el Estado y el PNUD no se
ciñe a los estándares internacionalista en materia de derecho indígena y
mucho menoso se apega al Ius Cogens.
Organizacion Fraterna Negra Hondureña, OFRANEH
No hay comentarios:
Publicar un comentario