Irene León
ALAI AMLATINA, 12/08/2016.- Una corporación transnacional, de las más poderosas del mundo: Chevron (Texaco), se queja de haber sido víctima de trato injusto, denegación de justicia y otros maltratos, por parte del Ecuador de tiempos neoliberales y por esos reclamos, de hechos que alega sucedieron entre 1964-1992, justamente, cuando los gobiernos colocaban los intereses corporativos por encima de las prioridades nacionales, el país se vio obligado a pagarle $112 millones de dólares USA, el pasado julio 2016[i].
La transnacional, luego de haber causado
significativos daños ambientales en la Amazonía, invirtió la
responsabilidad y con insospechados argumentos, impuso a la República
del Ecuador, es decir al pueblo y sus instituciones, una demanda ante la
Corte Permanente de Arbitraje de la Haya (2009)[ii], acusando al país de causarle perjuicios extendidos en un cierto lapso de tiempo.
Pero, esta es la misma transnacional que, en un caso precedente[iii]
(2003-2011), conocido como el de “los afectados”, fue inculpada por
daños a poblaciones amazónicas y sentenciada, en instancias nacionales, a
indemnizar con una suma de 9.500 millones de dólares a los demandantes,
unas 30.000 personas. Sentencia incumplida por la transnacional que más
bien vuelve a la carga acusando a estas comunidades indígenas y
campesinas de extorsión.
Ha esquivado también la sentencia a pedir
perdón a las comunidades amazónicas por los agravios causados, sin lo
cual el dictamen estipulaba un resarcimiento adicional de 8.500 millones
de dólares. Al contrario, más bien parece abrigar la expectativa de que el país le pida perdón en el marco del arbitraje.
La demanda de arbitraje de la Chevron a
Ecuador contiene elementos tanto para eludir su responsabilidad en el
caso de ‘los afectados’, como para coartar las políticas de soberanía
energética, productiva y económica enunciadas en el país. Pues el
arbitraje extrajudicial, preferido por las corporaciones, por
considerarlo ‘expedito’ y distante de los ‘rudimentos’ de la legislación
internacional, exige a los países renunciar a sus prerrogativas
nacionales y en casos hasta internacionales.
Más aún, como señala el experto Gus Van Harten[iv],
sólo las corporaciones pueden demandar a los gobiernos y estos últimos
apenas pueden defenderse, en medio de procesos que no son
independientes, ni transparentes y cuyos procedimientos no son claros.
Ejercen, además, gran influencia en la selección de los árbitros, en la
sede de los arbitrajes y otros elementos, que optimizan las condiciones
para la obtención de reiterados resultados en su ventaja.
Esto es manifiesto en la demanda de
Chevron contra Ecuador, donde las variantes de ‘procedimiento’
comprenden la inclusión constante de nuevos elementos, la ‘subdivisión’
de problemáticas e incluso un ‘reinicio’, que le permitió agregar
alegatos a la demanda en curso, mientras que, durante años, la defensa
de Ecuador no obtuvo respuesta a sus requerimientos, a tal punto que,
luego de un cúmulo de solicitudes sin respuesta, el país se vio obligado
a solicitar, sin éxito, la cesación de algunos de los árbitros[v].
Asimismo, la definición de ‘perjuicio’ o
de ‘injusticia’ con la que la corporación formula su demanda, no refiere
a las conocidas conceptualizaciones de desigualdad o injusticia
apegadas a los principios de derechos humanos, sino que apunta a alguna
perturbación del privilegio de ‘trato más favorable’ para la inversión,
el comercio y la rentabilidad, que se ha posicionado como argumento
inapelable en los tribunales de arbitraje internacional.
La sede del arbitraje es Estados Unidos,
país reconocido por una importante simbiosis entre la economía
corporativa y el mundo político. Para ilustrar con un ejemplo, citado
por Alejandro Teitelbaum[vi],
autor de una importante obra sobre transnacionales, derechos humanos y
democracia, mencionamos el caso de la ex secretaria de Estado
estadounidense, Condoleezza Rice, miembro de varias corporaciones, cuyos
servicios en el directorio de Chevron fueron tan apreciados que
quisieron ponerle su nombre a un importante buque.[vii]
Pero este no es un caso aislado, numerosos
estudios y seguimientos de caso arrojan datos y cifras sobre cómo el
conjunto de ‘Mecanismos de solución de controversias’ contemplan, en
palabras de la estadounidense Lori Wallach, “especiales privilegios y
derechos solo para unos: los inversionistas extranjeros, a quienes se
les otorga más poder que a la ciudadanía y a los gobiernos”[viii],
Son parte de esta arquitectura del
comercio transnacional los acuerdos de inversión, tales como el Tratado
Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos[ix],
bajo cuyo paraguas mercantil Chevron argumenta su demanda de arbitraje y
alega ser víctima de denegación de justicia, de una supuesta colusión
intersectorial y otros. Pero se trata, a todas luces, de una aplicación
retroactiva, pues el TBI firmado en 1993 sólo entró en vigencia en 1997,
mientras que la compañía se retiró del país en 1992.
Es por ese tipo de sesgos reiterados, que denotan el afán excesivo de velar por la plena
seguridad jurídica de las inversiones realizadas por las
multinacionales, colocando a los Estados receptores y a sus pueblos en
un segundo plano, que más que de ‘reglas’ de comercio transnacional se
habla de una ‘arquitectura jurídica de la impunidad’[x].
El poder en toda su amplitud
Chevron figura entre las mayores
transnacionales del mundo, sólo sus ingresos operativos y ventas en el
2015 ascendieron a $129.900'000.000,00 dólares USA[xi], equivalente a tres veces y media el presupuesto nacional ecuatoriano de ese mismo año, US$36.317 millones[xii],
16 veces el presupuesto de salud. Y eso que, debido a la depreciación
del petróleo en el mercado mundial, 2015 no fue un año tan bueno para la
transnacional, comparado con el 2014, cuando sus ingresos operativos
fueron de $200.500’000.000,00 USA[xiii], es decir cinco veces y media más que el mencionado presupuesto anual del país.
Su poderío se expresa en una amplia
expansión por el mundo y a operaciones estratégicas y fusiones, como la
ocurrida el 2000 con Texaco. Esta práctica de
poder y estrategia integral, son patentes también en la estrategia de la
demanda arbitral contra Ecuador, cuyos componentes comunicacional,
económico y político, actúan como complemento de una ofensiva legal sin
barreras.
Es más, la amplitud de acciones deja
entrever que la demanda de arbitraje es apenas una parte, de una movida
estratégica relacionada con geo economía petrolera. Un indicio: el
petitorio formulado al gobierno de Estados Unidos en 2012 para que se
suspenda las ventajas arancelarias al Ecuador, como medida de presión
indirecta.
En el proceso de arbitraje, mientras acusa
a Ecuador de ‘colusión’ entre gobierno y pueblo afectado y censura su
eventual encuentro, la transnacional desborda el claustro arbitral
cuando lo requiere, fustiga a las instituciones ecuatorianas y a sus
voceros con adjetivos varios. Las palabras 'corrupción', 'fraude',
'coaligados', son incluso argumentos de la demanda. Eso se refleja en
una sostenida acción comunicacional de descrédito del país, que incluso
el autor Orlando Pérez la asocia con la estrategia de golpes blandos[xiv].
Ecuador por su parte, en desigualdad de
condiciones, se ha movido con circunspección, quizá buscando precautelar
su reputación, frente a una multiplicidad de ardides, a través de los
cuales ha operado un desplazamiento desde su situación de víctima hacia
el banquillo de los acusados. Es una defensa 'defensiva' y disciplinada a
los condicionamientos del mecanismo arbitral.
Aun así, ¿hay otra salida? ¿se puede revertir el escenario arbitral, máxime si persisten situaciones pendientes? ¿se puede plantear un restablecimiento de equilibrio, a la luz de nuevas evidencias que muestran la lesión causada al Ecuador?
Abundante bibliografía, con significativas
credenciales académicas, sustenta los sesgos del sistema arbitral y de
los tratados de inversión, como los que presenta la transnacional para
acusar al Ecuador. Está en debate igualmente el desbalance de un sistema
injusto, que prioriza la seguridad de las inversiones privadas y coloca
a los países como concurrentes de menor rango, que deben defenderse,
por fuera del amplio acervo de legislación internacional y de derechos
humanos, como si las cuestiones de soberanía fueran sólo un malentendido
de términos contractuales.
Una demanda internacional extrajudicial
contra la República no es un juicio cualquiera, pues a más de la
soberanía, tiene que ver con geo economía y geopolítica petrolera. En
otras palabras, es una cuestión de Estado, que impacta al pueblo y sus
instituciones, que deberían comprometerse en una estrategia sostenida de
defensa integral y multidisciplinaria.
Además, Ecuador tiene para defenderse no sólo la evidencia de un ecocidio[xv],
que produjo consecuencias irreversibles en uno de los entornos más
biodiversos del mundo, sino que en los 24 años transcurridos luego de la
partida de la transnacional, un remanente de unas 800 piscinas de
residuos tóxicos al descubierto, contaminaron agua, aire y tierra,
impidieron prácticas agrícolas, sustrajeron el disfrute del hábitat,
causaron enfermedades, y otros.
Y eso sólo es una parte de las
consecuencias ulteriores de una mala práctica ambiental deliberada, pues
como lo señala el Presidente Rafael Correa, en esa época ya existían
tecnologías para evitar estos ecocidios y el de Lago Agrio es 85 veces
mayor al causado por la British Petroleum en el Golfo de México[xvi] (2010), que beneficio de defensa inmediata del Presidente del afectado Estados Unidos y obtuvo reparación.
Y justamente, es determinante desde la
mirada geopolítica, especialmente de defensa de la soberanía, la
exposición documentada de hechos y cifras, para mostrar al mundo las
evidencias de la contaminación, que amparado por el mandato
constitucional de defender pueblo, soberanía y territorios ha realizado
el Presidente Correa. Esto marca un hito histórico, que empina el
sentido de responsabilidad en la gestión de Estado, de modo inverso a la
tendencia obsecuente de gobernantes anteriores, que actuaron más bien
como auxiliares de las corporaciones foráneas.
Estos hechos han
movido ampliamente a movimientos sociales, personalidades, diversos
actores sociales del mundo, quienes se han expresado y en casos hasta se
han movilizado, para defender al Ecuador de esta perversa inversión de
papeles. Asimismo, numerosas instituciones, Congresos nacionales,
instancias internacionales, y hasta la OPEP, han emitido su solidaridad
con el país.
El pago, los embargos y otras confusiones
Chevron utiliza sin ambages argumentos del
‘caso afectados amazónicos’ para sustentar el arbitraje, sostiene que
este caso vulnera el mencionado Tratado Bilateral de Inversiones; pide
al país ordenar el cese de las acciones emprendidas por esas comunidades
en otros países, es más, denuncia como un incumplimiento de laudos
arbitrales, que el gobierno no anule la sentencia de Lago Agrio[xvii] y no coarte las acciones subsecuentes de los amazónicos[xviii], pero en contradicción con esto acusa como fraudulento cualquier intercambio entre nacionales.
Tan es así, que en el reciente incidente
del pago de $112 millones USA, que el país se vio obligado a sufragar a
la transnacional, por un laudo arbitral sobre denegación de justicia,
cundió la confusión. Pues a más del arbitraje, la transnacional sostiene
una maraña de juicios y apelaciones, en distintas partes, para eludir
el pago que ella sí tiene pendiente con los indígenas y campesinos
amazónicos.
Estos últimos, por su parte, en la busca
de mecanismos para hacer respetar la sentencia a su favor, interpusieron
un embargo sobre los bienes de la Chevron en Ecuador y otros países.
Por eso, cuando se anunció el pago del Ecuador a la Chevron, los
amazónicos reclamaron el monto del arbitraje como un abono a los 9.5 mil
millones que la transnacional les debe.
Por otro lado, también la Chevron
pretendía, a su vez, un embargo de bienes ecuatorianos, para capturar el
monto antes descrito y evadir su responsabilidad con los amazónicos.
Por lo que los indígenas y campesinos amazónicos tuvieron que levantar
el embargo en Ecuador, ante la consideración de que ellos son parte de
este país y que cualquier confiscación de los bienes nacionales no
constituye un resarcimiento para ellos, ni para el pueblo ecuatoriano,
sino al revés.
En síntesis, la Chevron no solo sale más
que bien librada, sino que ha logrado trasladar al país de su papel de
víctima al banquillo de los acusados y, además, el Ecuador ha pagado a
la Chevron y no al contrario. Y, este laudo arbitral es sólo un
componente de una demanda más amplia aún en curso.
El país está inmerso en la trampa de un
sistema arbitral, que tiene más relación con los negocios de las
transnacionales que con sistemas de justicia, y para salir urge
refrescar la estrategia de defensa, con una mirada más integral que
nunca, donde todo apunte a defender al pueblo y su soberanía y para eso
cada ecuatoriano/a cuenta, cada gesto de coherencia cuenta.
- Irene León es socióloga ecuatoriana.
[i] Entre
91 y 93 Texaco (Chevron) planteó siete demandas comerciales a Ecuador,
por hechos sucedidos en décadas anteriores. En 2016 la Corte federal de
Washington ratificó una sentencia de denegación de justicia de la Corte
Internacional de Arbitraje de la Haya, que conminó al país a pagar $96.3
millones de dólares USA más intereses a la transnacional.
[ii] Permanent Court of Arbitration, PCA Case No. 2009-23: 1.Chevron Corporation and 2. Texaco Petroleum Company v. The Republic of Ecuador, https://pcacases.com/web/view/49
[iii] Juicio 2003-0002, Corte de Justicia de Sucumbíos, Juez Nicolás Zambrano, febrero 2011. http://www.redibec.org/pdf/sentencia_TEXACO.pdf
[iv] Gus van Harten, Five Justifications for Investment Treaties: A Critical Discussion, York University - Osgoode Hall Law School, 2010, Canadá, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1622928
[v] Diego García Carrión, Caso Chevron: defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión, Procuraduría General del Ecuador, Gestión 2008-2015, Ecuador, 2015
[vi] Alejandro Teitelbaum, Al Margen de la Ley: Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos. ILSA, Bogotá: 2007, pg 86
[viii] Transnational Institute, Laurie Wallach, Public policies under attack, Netherlands:2015, https://www.tni.org/es/node/22496
[ix] SICE, Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre promoción y la protección de inversiones, http://www.sice.oas.org/bits/usaec_s.asp
[x] Juan Hernández Subizarreta y Pedro Ramiro, Contra la lex mercatoria: Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las transnacionales, ICARIA, España 2015
[xi] Chevron, 2015 Annual Report, https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2015/2015-Annual-Report.pdf
[xii] Ministerio de Finanzas, Proforma del Presupuesto General del Estado, República del Ecuador 2015, http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Proforma-del-PGE-2015.pdf
[xiii] Idem.11
[xiv] Orlando Pérez, Director de El Telegrafo, co autor del libro La verdad no contamina,
El Telegrafo, Ecuador, 2014, estima que la campaña de comunicación de
Chevron, asociada a la estrategia de golpes blandos, cuesta unos 700
millones de dólares USA, http://ecuadorinmediato.com/index.phpmodule=Noticias&func=news_user_view&id=2818759511&umt=orlando_perez_estrategia_comunicacional_chevron_forma_parte_golpes_estado_blandos_audio
[xv] Son
80.000 toneladas de residuos petrolíferos vertidos entre 1964 y 1992,
en un entorno de unas 500.000 hectáreas, en Lago Agrio, Amazonía
ecuatoriana.
[xvi] En
2015 la British Petroleum se comprometió a indemnizar US$20.800
millones, por el derrame de 4.9 millones de barriles de crudo en el
Golfo de México en 2010 http://www.bp.com/en_us/bp-us/commitment-to-the-gulf-of-mexico/deepwater-horizon-accident.html, http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/05/actualidad/1444070551_444278.html
[xviii] Según
la Chevron, las cosas son así: “On February 7, 2013, the Tribunal
issued its Fourth Interim Award in which it declared that the Republic
of Ecuador “has violated the First and Second Interim Awards under the
[BIT], the UNCITRAL Rules and international law in regard to the
finalization and enforcement subject to execution of the Lago Agrio
Judgment within and outside Ecuador, including (but not limited to)
Canada, Brazil and Argentina.” The Republic of Ecuador subsequently
filed in the District Court of the Hague a request to set aside the
Tribunal’s Interim Awards and the First Partial Award (described below),
and on January 20, 2016, the District Court denied the Republic’s
request.” Chevron, 2015 Annual Report, pgs 50-53 https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2015/2015-Annual-Report.pdf
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