Javier Suazo
ALAI AMLATINA, 05/07/2016.-
“No
puede haber reforma universitaria sin participación
estudiantil”
Ramón
Oquelí, sociólogo y catedrático universitario.
Todo estaba listo para reiniciar las clases
en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el
viernes 1 de julio de
2016, después de un mes de ausencia por la toma de edificios por
los alumnos,
denuncias de persecución de estos por operadores de justicia y
empresa de
seguridad interna, y posiciones encontradas entre las partes
(autoridades y
alumnos) en cuanto a la falta de confianza y garantías previas
para ello.
Sin embargo, el punto crítico no superado por
las partes, fue el no cumplimiento simultáneo de las condiciones
exigidas para
conformar la mesa de diálogo. Por el lado de los alumnos es la
ausencia de garantías
reales por las autoridades de la UNAH y la Fiscalía para no
criminalizarlos como
delincuentes, por las autoridades el abandono de las tomas de
edificios para poder
reiniciar las clases.
La madrugada del viernes 1 de julio de 2016,
sucedió lo contrario a la búsqueda del dialogo como solución de
conflictos, o
sea el desalojo de los alumnos por la Fuerza de Seguridad
Publica, con un
Comisionado de Policía y Juez Ejecutor a la cabeza, que incluso
capturaron a
más de veinte alumnos sin tener en mano la orden emitida según
denunciaron defensores
de derechos humanos. La criminalización de la protesta pública
se dio sin que
se conociera la orden de requerimiento fiscal y nombre del
imputado; es decir
que, con ello, todos los alumnos participes de las tomas de
edificios son
sujetos de criminalización.
Para los voceros de la policía, la principal
justificación para apresarlos es que estos se cubren el rostro
y, por tanto,
son delincuentes. Los representantes de las organizaciones de
derechos humanos
consideran estas acciones como una violación al derecho
constitucional de la
protesta pública y a los principios universales que rigen (o
deben hacerlo) la
conducta de las autoridades constituidas y de las propias
personas portadoras
de derechos.
Esta intervención es un clara violación a la
autonomía universitaria, donde la protesta se criminaliza por
decreto sin
agotar la instancia del diálogo que debe ser la pauta en una
Institución que
lidera la educación superior de Honduras, y donde el
conocimiento, pluralismo
ideológico, tolerancia y respeto mutuo debe ser la norma que
marca la
intervención de los actores reales (alumnos, autoridades
universitarias y
docentes) en la llamada reforma universitaria iniciada con la
aprobación de la
nueva Ley Orgánica de la UNAH en diciembre de 2004 y efectiva a
partir de
febrero de 2005, que crea una Comisión de Transición para
asegurar una reforma
integral de la Institución.
Tanto en la Ley Orgánica y Plan General para
la Reforma Integral de la UNAH de 2005, se descarta de entrada
el uso de la
fuerza para solucionar los problemas que aquejan a la
institución, en especial
cuando se trata de temas relacionados con la academia. Es más,
promueve el diálogo
entre actores para que ello no suceda, dando legitimidad y
confianza a cada
actor. La razón e inteligencia debe privar frente al uso de la
fuerza, no lo
contrario.
Lo que sucedió en día viernes 1 de julio de
2016 es un mal precedente para la UNAH, ya que se renuncia al
diálogo y utiliza
la vía más fácil de solución de conflictos: la Fuerza. Pero
también muestra a
la UNAH como una institución poco democrática y pluralista, en
el sentido de no
reconocer que los derechos establecidos para cada actor real de
la reforma
universitaria deben cumplirse, igual exigirse sus deberes.
Uno de estos derechos es la participación y
representación de los alumnos y docentes en los órganos e
instancias de
dirección de la UNAH, tal como establece la Ley Orgánica. No se
trata de volver
a la llamada “paridad estudiantil” que tanto daño le hizo a la
UNAH en la
década de los 80s y parte de los 90s, sino equilibrar la
representación frente
a la propuesta de imponer por un actor los representantes de los
demás actores.
Una de la criticas de fondo a las actuales
autoridades universitarias es la falta de liderazgo en la
integración de un
gobierno universitario equilibrado, donde tanto los docentes y
alumnos se
sientan representados y participes de la reforma que soñó el
Doctor Jorge
Haddad Quiñonez como presidente de la Comisión de Transición
para la Reforma
Integral de la UNAH. La participación estudiantil es fundamental
para que el
proceso de reforma avance, en tanto su aporte no solo se reduce
a asistir y
cursar las clases, sino a proponer acciones, políticas,
programas, proyectos y
reglamentos para beneficio conjunto de la colectividad
universitaria y país en
general.
En la coyuntura actual es urgente que se
retome el diálogo, pero más aún que se elimine una práctica no
académica de
acusar a estudiantes de delincuentes por proponer y exigir un
diálogo franco,
amplio e incluyente. Hay que convocar a la mesa de diálogo
tripartito (alumnos,
docentes y autoridades) y definir una Hoja de Ruta. Uno de los
puntos es la
aprobación del reglamento para la celebración de elecciones en
las asociaciones
de estudiantes y definir las fecha de estas (el tiempo apremia),
donde se
elegirán a los representantes estudiantiles a los órganos de
dirección de la
UNAH; la ADUNAH debe hacer lo mismo.
En este proceso es importante la
identificación de interlocutores del diálogo a lo interno de la
UNAH, ya que
los estudiantes frente al desalojo ejecutado por la Fuerza de
Seguridad no
confían en las autoridades universitarias. Los interlocutores
pueden ser docentes
de prestigio reconocido y alta credibilidad moral y académica
frente a los
alumnos y autoridades. Viene a la mente los nombres del Dr.
Antonio Cruz,
coordinador de la Carrera de Desarrollo Social, Msc. Blas
Barahona jefe del
Departamento de Sociología y el Dr. Marco Tulio Medina de la
Facultad de
Ciencias Médicas. Incluso se abre el espacio para que participen
docentes de
las carreras de Odontología e Ingeniera.
Si esto fracasa, los interlocutores del diálogo
académico serían externos, lo cual no garantiza que se respeten
los acuerdos e
introduzcan otros temas en la agenda de diálogo. Se han ofrecido
a mediar en el
conflicto el licenciado Marcial Solís coordinador de la Reforma
Educativa por
el gobierno, el ex Rector Jorge Arturo Reina, los diputados
Jorge Cálix de
LIBRE y Darío Banegas del Partido Liberal. Incluso se habla del
abogado Rigoberto
Chang Castillo, hombre de confianza del presidente Juan Orlando
Hernández.
Esta crisis universitaria de coyuntura debe
ser vista como una oportunidad para superar el conflicto, más
que un fracaso de
las luchas estudiantiles y logros de las autoridades
universitarias. Hay que evitar
se vuelva a la situación inicial de punto muerto: la
intransigencia y el
rechazo al diálogo académico por las partes.
Ciudad Universitaria, Honduras, 4 de julio de
2016
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Artículo relacionado: El asalto a
la UNAH y la
imposición de la reforma educativa neoliberal OFRANEH
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