17 mayo, 2016 |
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La violación a los derechos humanos de los y las privadas de libertad
siempre ha estado presente en las cárceles hondureñas, pero se ha
incrementado desde que en el presente gobierno encomendó su manejo y
administración a los militares.
La militarización de los centros penales ha disparado la violación de los derechos humanos
El
tema ha recobrado vigencia a raíz de una masiva denuncia interpuesta en
la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público por los
familiares de los mismos privados de libertad que han preferido el
anonimato por temor a las represalias contra ellos mismos y contra sus
familiares que son torturados y separados de sus beneficios.
Las
denuncias interpuestas van desde violaciones a los más elementales
derechos humanos de los privados de libertad y los vejámenes que sufren
sus familiares cuando los visitan.
Las
mujeres principalmente son abusadas y manoseadas por los y las guardias
hasta el grado de pedirles que se desnuden, si es que quieren entrar a
ver a su familiar.
Igual
situación sucede con los niños y niñas quienes son maltratados
verbalmente y los registran de manera inusual hasta tocándoles sus
partes íntimas por parte de los guardias militares.
Otra
situación que ha sido denunciada es que cuando llevan refrescos,
comidas o golosinas, éstas muchas veces no llegan a los privados de
libertad porque les dicen que las dejen en la guardia que ellos las
harán llegar a sus destinatarios, pero se las comen y nunca llegan a las
celdas.
La
alimentación es precaria y la dieta está basada en arroz y frijoles y
las condiciones para realizar sus necesidades fisiológicas es inhumana,
denunciaron los familiares en el anonimato.
Tanto
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Unión
Europea (UE) han invertido enormes cantidades de dólares y euros para
mejorar la situación del sistema carcelario ehondureño, y hasta el
momento, en vez de avanzar se ha retrocedido, comentó el periodista,
Andrés Molina, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación
de Victimas de La Tortura y sus Familiares (CPTRT).
En
cada redada al interior de las cárceles encuentran armas celulares y
droga, pero nunca se castiga a los efectivos militares que son quienes
introducen todo.
Dijo
que el CPTRT trabaja muy de cerca con este tema y la experiencia que
tienen es que los centros penales son un hervidero de violaciones a los
derechos humanos, y los privados de libertad son tratadas como seres
humanos sin ningún valor.
Guadalupe
Ruelas, director de Casa Alianza manifestó que la actitud autoritaria y
morbosa con que se trata a las personas que visitan a sus familiares
privados de libertad es merecedora de una denuncia nacional e
internacional porque no se ve voluntad de la institución para revisar la
conducta de su personal.
Los
militares al mando de los centros penales defienden que ellos actúan de
acuerdo a los procedimientos establecidos, pero ninguno de los
denunciantes ha mencionado que los procedimientos están malos. Lo que
denuncian es a los militares que actúan al margen de los procedimientos
abusando de su autoridad.
Ruelas,
señaló de manera categórica que ningún civil es subalterno de ningún
militar; los militares no son jefes de los civiles, no pueden seguir
actuando como si mandaran a los civiles, apuntó el director de Casa
Alianza.
Además,
calificó como un error que hayan puesto los centros penales en manos
de los militares y ese error hoy muestra las consecuencias; abusos a lo
interno a lo externo y hacia los familiares. Este es un teman que tiene
que denunciarse porque desafortunadamente no se ve voluntad por parte de
las Fuerzas Armadas de revisar la conducta de sus elementos, dijo.
El
6 de abril de 2014, se aprobó la nueva Ley del Sistema Penitenciario
Nacional, que contiene 144 artículos y con la que se suponía se pondría
fin al obsoleto esquema de encarcelación en Honduras, que data desde
1883, cuando se fundó la Penitenciaría Central.
Con
esta ley, supuestamente, se trasladaría la administración de las
prisiones de la Policía Nacional al Instituto Nacional Penitenciario
(INP). Además se derogó la Ley de
Rehabilitación del Delincuente, que fue por muchos años el instrumento
jurídico por el que se han administrado las prisiones en el país.
Cero rehabilitación
En
vez de convertirse en centros de rehabilitación, en Honduras las
cárceles son talleres del crimen y la extorsión, los conflictos entre
pandillas, el rechazo al bloqueo de llamadas, el hacinamiento y ahora el
traslado a otros centros penales han desatado entre 2014, 2015 y lo que
va del 2016 varias revueltas, algunas con resultados fatales.
Diversas
enfermedades, muchas de ellas terminales, atacan a centenares de
prisioneros en las cárceles de Honduras y esto debido a la falta de
asistencia médica adecuada.
De
acuerdo a estadísticas brindadas por la Dirección Nacional de Servicios
Especiales Preventivos (DNSEP), de los más de 12,000 reos, hay 380
encarcelados con VIH-Sida, tuberculosis, cáncer, diabetes, epilepsia y
trastornos mentales. El mal que más aqueja a los reos son las
deficiencias psiquiátricas.
Según
datos de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización, las cárceles de Honduras tienen una capacidad para
8,625 privados de libertad, pero hay una sobrepoblación de más de 7,706 y
de éstos, al menos 6,770 tienen una sentencia firme al ser vencidos en
un juicio oral y público.
El hacinamiento es otro problema grave en las cárceles hondureñas
Hacinamiento
Los problemas más serios de hacinamiento se dan en la Penitenciaría
Nacional Marco Aurelio Soto (PNMAS), que tiene una capacidad para 1,800
reos y alberga un poco más de 4,451; San Pedro Sula con más de 2,908
reos y la capacidad real es para 1,300; Puerto Cortés tiene un
aproximado de 226 presos y el establecimiento es apto para 40. (Datos de
marzo de 2016)
En
la cárcel de la ciudad de El Progreso, en la costa norte, hay al menos
448 reos cuando solo deberían estar cien; Santa Rosa de Copán posee
aparentemente 698 y la capacidad es para 300 y así otros penales.
Instituto Nacional Penitenciario fue solo promesa
La
Ley, en teoría creaba el Instituto Nacional Penitenciario (INP) como un
órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría del Interior y
Población y le corresponderá la organización, administración y el
funcionamiento de todas las cárceles de Honduras.
El
supuesto Instituto Nacional Penitenciario tendría su sede en
Tegucigalpa y propondría y ejecutaría la política carcelaria, poniendo
énfasis en la reinserción social de las personas privadas de libertad,
pero todo quedó en papel mojado.
En
su momento el diputado Mario Pérez expresó que el Instituto
Penitenciario velaría por la seguridad, atención, custodia, asistencia
médica, educativa y laboral de las personas privadas de libertad a su
cargo, en prisión preventiva o cumpliendo penas o medidas de seguridad.
Además,
dicho instituto organizaría los cuerpos de seguridad que laborarán en
las cárceles y se encargaría de formar y adiestrar al personal del
sistema penitenciario nacional, así como promover actividades de
especialización, actualización y promoción para su mejoramiento
profesional.
Estaba
previsto que el consejo directivo del INP estaría integrado por los
secretarios del Interior y Población, Seguridad, Justicia y Derechos
Humanos; un representante de organizaciones no gubernamentales y
asociaciones civiles que trabajan a favor de la población privada de
libertad y un miembro de la Asociación de Municipios de Honduras
(Amhon).
En
vez de cumplir con nueva ley y la creación de IPN militarizó las
cárceles como lo ha hecho con todos los problemas sociales de Honduras
En
aquel entonces el hoy presidente, Juan Hernández, era el titular del
Congreso Nacional y manifestaba que, “estamos creando un instituto
independiente que será manejado de manera diferente y que no dependerá
de la Policía para manejar los centros penales. Si no ponemos orden en
los centros penales se seguirá generando delincuencia desde las
cárceles”.
La
verdad es que el mandatario en su afán de militarizar el país, no
cumplió con la ley sino que militarizó los centros penales, y el
estamento que regularía los centros privativos quedó en una promesa
incumplida como muchas de las que hacen los políticos en Honduras.
http://criterio.hn/violacion-derechos-humanos-carceles-hondurenas-ha-crecido-desde-militarizacion/
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