Javier Suazo
ALAI AMLATINA, 23/05/2016.-
El
destacado dirigente obrero hondureño Carlos H. Reyes ha
denunciado en varias
ocasiones que la aprobación de las Leyes Marco en los sectores
de energía, agua
y saneamiento, telecomunicaciones y seguridad social es parte
de una estrategia
más amplia para privatizar los servicios públicos del Estado y
trasladar
mayores costos de su entrega a la población hondureña.
En esta estrategia
participan los partidos políticos,
empresarios, organismos internacionales y los propios
dirigentes de ciertas
centrales obreras y “lideres” de los sindicatos de las
empresas. Los políticos
empiezan por copar todos los puestos de trabajo de las
empresas públicas
colocando a sus activistas, muchos de los cuales no saben las
exigencias y si
están en capacidad de cumplirlas, los empresarios pasando la
factura (aportes a
la campaña política) a los políticos al otorgárseles contratos
de venta de los
servicios, los organismos internacionales aportando recursos
para la modernización
de los sectores sin garantizar procesos transparentes que
involucran
funcionarios públicos, y los dirigentes obreros acomodándose a
la nueva
política de reforma del Ejecutivo donde la protesta publica,
si existe, es de
compadre hablado.
El sector de energía
eléctrica es un fiel reflejo de
lo anterior. En
noviembre de 1994, se
vendió el cuento de la reforma del sector con la Ley Marco del
Subsector
Eléctrico que dio vida a un nuevo ente regulador, la Comisión
Nacional de
Energía (CNA); el resultado fue la captación de más ingresos
de la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por los operadores
privados de Plantas
Térmicas, mayores costos para los usuarios del servicio, mayor
evasión por los
grandes contribuyentes y corrupción. Después, frente a los
altos costos de la
energía por el aumento de los derivados del petróleo, se abrió
el camino para
los generadores “limpios” que, curiosamente en un 75%, eran
los mismos
térmicos. Se agregaron los generadores alternativos con el
bagazo de caña y aceite
de palma, sumándose las energías eólicas, geotérmicas y
solares.
Después del golpe de
Estado (2009), el sector de
energía eléctrica en vez de mejorar empeoro. Las pérdidas de
la ENEE aumentaron
de 20.4% en 2009
a
más de 32% en 2013 (Suazo: 2014). La cantaleta del cambio en
la matriz
energética no se dio (energía renovable por térmica) y se
observó una creciente
politización y corrupción administrativa, al grado que una
opción para el
gobierno era vender totalmente la
empresa para pagar deudas y prestaciones laborales de
empleados, contrario al
Sindicato que sugería que un empresa “par” colombiana comprara
la mayoría de
las acciones (51%) de la ENEE, lo que molestó al gobierno por
exigir los nuevos
dueños el control
directo de la
dirección y administración.
En diciembre de 2013, el
nuevo gobierno de la
República a través del Congreso Nacional aprobó la Ley de
Saneamiento de las
Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti
evasión (decreto
278-213), donde entre otras medidas de control del gasto y
aumento de
impuestos, se eliminan los subsidios a la energía eléctrica
para un gran número
de abonados del sector residencial, aprueba una nueva Ley
Marco denominada Ley
General de la Industria Eléctrica (publicada en mayo de 2014)
que autoriza la
participación del sistema
bancario en la administración de los ingresos de la ENEE e
incluso en la
dirección administrativa y estratégica con la selección y
contratación de las
empresas privadas encargadas de prestar los servicios (manejo
de los fideicomisos).
Igual se crea la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica
(CREE) que
sustituye al CNA y cuyos miembros son seleccionados por el
Presidente de la
Republica a propuesta de una junta nominadora.
Entre las funciones más
importantes de esta Comisión
se encuentran: a) Otorgar
las licencias
de operación para transmisión y distribución; b) Definir la
metodología para el
cálculo de las tarifas de transmisión y distribución,
vigilar su aplicación,
aprobar, difundir y poner en vigencia las tarifas
resultantes, en su caso;
c) Establecer la tasa
de actualización,
el costo unitario de la energía no suministrada, y los
bloques horarios a ser
utilizados en el cálculo de tarifas;
Estos avances fueron
bien vistos por los funcionarios
del Fondo Monetario Internacional (FMI) al aprobar un Convenio
de Préstamo con
Honduras en diciembre de 2014 por arriba de los 200 millones
de dólares. El
convenio habla de mayor flexibilidad en la tasa de cambio,
despido de
empleados, ajuste de tarifas, mayor participación del sector
privado en la
prestación de servicios públicos, reducción de transferencias
a la UNAH y
gobiernos locales, concesionamiento de HONDUTEL y avances en
la vigencia de una
nueva ley marco en seguridad y protección social.
En este orden, la ENEE
anunció la presentación de un
nuevo pliego tarifario a la CREE para cobrar más por la
energía, justificado
por el nuevo aumento en el precio de los derivados del
petróleo, la devaluación
programada y la vigencia aún de ineficiencias (léase
subsidios) a la energía en
el sector residencial. La CREE todavía no ha autorizado dicho
aumento (al menos
no ha sido publicado en la Gaceta), pero se considera un caso
juzgado. Se habla
de un ajuste tarifario promedio de entre 9% y 25% que afectará
mayormente al
sector residencial e industrial, en especial de la pequeña y
microempresa que
es, valga decirlo, la que también ha sufrido los embates del
sicariato fiscal
ejecutado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), donde
se reportan más
de 15,000 microempresas cerradas por el cobro de un impuesto
retroactivo
incluso. En términos de kilovatio el aumento es de 2 centavos
de dólar, al
pasar de 15 a
17 centavos de dólar kilovatio (la energía más cara de la
región).
El impacto en la canasta
básica de la población es de
85 lempiras mensuales adicionales como promedio, siendo el
piso de 40 lempiras
mensuales y el máximo de 130 lempiras. Para el
Coordinador de la Asociación para la Defensa de la
Canasta Básica de
Honduras (ADECAB), Adalid Irías, el impacto será entre un 5% y
7% en el
presupuesto familiar, o sea un duro golpe para el pueblo
hondureño que se suma
al aumento del impuesto sobre ventas de 12% a 15%, la
devaluación acelerada, el
aumento del costo de los insumos y productos agrícolas, útiles
escolares y
medicamentos.
Se estima que cerca de
780,000 abonados del sector
residencial que consumen entre 76 y 300 kilovatios hora al mes
serán los más
afectados ya que se les cobrará el costo “real” de la energía;
o sea que solo
los que consumen menos de 75 kilovatios seguirán siendo
subsidiados. En el caso
de las empresas el impacto será en forma directa en los costos
de producción lo
que afectará su rentabilidad y, porque no decirlo,
competitividad a nivel
regional que operan con costos de la energía más barata. Como
ejemplo, en El Salvador
la tarifa de energía eléctrica ha venido sufriendo rebajas por
los ajustes en
los costos internos de la energía térmica, los nuevos
proyectos de generación
de energía renovable y un mejor control de pérdidas; ello le
permitió sólo en
abril de 2016 bajar la tarifa en un 16%.
Tanto El Salvador como
Nicaragua han venido
trasladando la rebaja en los precios de los combustibles a las
tarifas pagadas
por consumo de energía eléctrica, no así en Honduras donde
dicho ahorro ha
servido para financiar otras prioridades del gobierno como
ejemplo el gasto en
seguridad sin alcanzarse los objetivos y metas buscados en la
reducción de la
violencia e impunidad.
Para el sindicato de la
ENEE, con este ajuste lo que
está haciendo la empresa y CREE es garantizar un subsidio
leonino para la
economía del país y finanzas del Estado, ya que se da un
incentivo de tres
centavos de dólar a aquellos generadores de energía renovable,
especialmente
fotovoltaica, que cumplan con la generación de 300 megavatios;
ello representa según
Miguel Aguilar, presidente del SITRAENEE, unos 360 millones de
lempiras
anuales. Con esta práctica, en Honduras la energía de fuentes
alternas es más
cara que la energía térmica, incluso aún cuándo con la rebaja
en los precios de
los combustibles el costo de esta última se redujo
sustancialmente. Hay que
averiguar porque la ENEE actualmente no compra energía térmica
barata, pero si
compra energía renovable cara. La respuesta según Miguel
Aguilar está en los
malditos contratos negociados con los operadores de energía de
fuentes
alternas, pero también por la falta de una política clara del
gobierno en
materia energética tal como la tiene el Salvador y Nicaragua.
La protesta de los
consumidores de energía, incluyendo
a los empresarios, ha detenido la vigencia del trancazo a la
espera de la
llegada de la Misión del FMI a finales del mes de mayo, con el
propósito de
revisar el cumplimiento de las metas macroeconómicas, avances
en la reforma de
seguridad y protección social, responsabilidad fiscal y
reforma y privatización
de servicios públicos como la energía. Al ser el ajuste
tarifario una meta del
convenio firmado con dicho Organismo, es
poco probable que el FMI se pronuncie en contra de la decisión
ya tomada por la
CREE, y más bien recomiende acelerar el proceso de reforma,
“saneamiento”
financiero y privatización de la ENEE.
Hay quizá dentro de los
espacios que quedan para las
organizaciones de usuarios de la energía que se verán
afectados, algunos
planteamientos que deben discutirse y presentarse al gobierno
antes de la
llegada del FMI. El primero es la urgente necesidad por
conformar una
estrategia y política energética de largo plazo con el
concurso de los
empresarios y trabajadores; en segundo lugar, la evaluación de
las empresas
cocesionarias contratadas para prestar los servicios en tanto
deben
garantizarse de entrada fondos de inversión fresca ( uno 360
millones de
dólares para bajar las pérdidas en un 50% durante 7 años) , y
no como sucedió
con la concesión del cobro por servicio de peaje de las
carreteras donde se ha
denunciado que la empresa favorecida no ha puesto el dinero
que se comprometió
en el contrato y trabaja con lo que recauda; hay que eliminar
los susidios a
los generadores de energía solar; debe revisarse la
metodología de la CREE para
cálculo y ajuste de las tarifas en función del impacto que se
tiene en los
costos de producción de las empresas que vuelve al país menos
competitivo y a
las microempresas las saca del mercado; acelerar el cobro a
los grandes morosos
que ya se conocen, revisar los ingresos que capta el gobierno
por venta de
combustibles, ya que estos recursos deberían servir en parte
para amortiguar el
impacto del ajuste de tarifas en los consumidores (clases
bajas, medias,
unidades campesinas de producción, pequeños productores,
microempresas,
colegios, universidades), como un medio de facilitar el
desarrollo económico y
social de Honduras.
El FMI no entiende de
estas razones, pero los usuarios
afectados están en la obligación de decírselo ya que el
gobierno renunció hace
mucho tiempo. Un criterio que debe aceptarse por esta
Institución es que la
ENEE no puede subir las tarifas por consumo de energía
eléctrica cuando se
demuestra ineficiencia en la prestación de los servicios ya
que las pérdidas
técnicas y no técnicas de la ENEE se mantienen arriba del 32%
y los apagones en
las principales ciudades del país son diarios, tal como lo
manifiestan
reconocidos dirigentes empresariales. Los consumidores tienen
derecho a exigir
un servicio eficiente, caso contrario no están obligados a
pagar más por dicha
ineficiencia.
Tegucigalpa, 23 de mayo
de 2016
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