Agencias / EL LIBERTADOR / 27 Abril,2016
Por: Tracy Wilkinson
Los Ángeles, EE.UU.
Tenaz y obstinada, Bertha Cáceres había organizado a sus vecinos contra
grandes proyectos de presas hidroeléctricas que hacían daño al medio
ambiente en su natural Honduras.
Ella
rutinariamente se enfrentaba con autoridades locales y lanzaba
encendidos discursos. También ganó reconocimiento internacional como una
decidida activista en un país donde esa actividad puede ser una condena
de muerte.
Y
el 3 de marzo, así lo fue. Cáceres estaba en su casa en la ciudad de La
Esperanza cuando hombres enmascarados entraron a la fuerza y la mataron
a tiros. También le dispararon a su colega Gustavo Castro y lo dieron
por muerto.
Ellos
no eran los primeros ni los últimos blancos de esa naturaleza. Dos
semanas más tarde, un socio de Cáceres, Nelson García, fue asesinado. No
menos de 100 activistas indígenas han sido asesinados en los últimos
años en Honduras.
El
asesinato de Cáceres y las acusaciones de que las autoridades
hondureñas han falseado la investigación han creado un dilema para la
administración de Obama. La Casa Blanca apoya al presidente hondureño
Juan Orlando Hernández —incluso aunque algunos funcionarios de EE.UU.
sospechan que el Estado, o asesinos apoyados por el Estado, mataron a la
activista—.
"Todos
nosotros en este trabajo, que somos voces de justicia, estamos en el
peligro", dijo en una entrevista Bertha Zúñiga Cáceres, de 25 años,
durante un reciente viaje a Washington, donde cabildeó a favor de ayuda
en la investigación de la muerte de su madre. "No tenemos ninguna fe en
la policía, en los militares, en cualquier institución hondureña".
La
administración ha enviado a un detective jubilado y un fiscal del
Departamento de Justicia para ayudar a las autoridades hondureñas. Pero
numerosas irregularidades en la recolección de pruebas, preservación de
la escena de crimen, la autopsia y otros procedimientos, han sido
denunciadas.
Como
parte de las consecuencias políticas, un paquete de $750 millones de
ayuda de EE.UU. para el norte de Centroamérica —el más grande plan de
ayuda para la región en más de una década— también puede estar en el
peligro.
Varios
miembros del Congreso han enviado cartas al Secretario de Estado, John
F. Kerry para protestar por el asesinato de Cáceres y exigir una
investigación independiente. La carta más fuerte, firmada por casi 60
legisladores, exigió que cualquier ayuda sea suspendida hasta que se
haga una investigación del caso.
"Estamos
profundamente entristecidos y enfadados por el brutal asesinato de
Cáceres, y horrorizados por la constante ayuda de nuestro gobierno a
fuerzas de seguridad hondureñas, documentadas por ser extensamente
corruptas y peligrosas", escribieron.
"Creemos
firmemente que el gobierno estadounidense debería parar inmediatamente
toda ayuda a fuerzas de seguridad hondureñas, incluyendo entrenamiento y
equipo, considerando la implicación de los militares hondureños y la
policía en matanzas extrajudiciales, detenciones ilegales, tortura y
otras violaciones de derechos humanos".
Honduras,
El Salvador y Guatemala debían cumplir con condiciones sobre derechos
humanos, migración y otros problemas de gobernabilidad antes de que el
dinero de ayuda estadounidense fuera liberado, y estaba en camino antes
de que Cáceres fuera asesinada, según funcionarios del Departamento de
Estado. Una parte del dinero va para el entrenamiento fuerzas
policiacas.
Un
importante funcionario de la administración que trabaja en problemas de
Centroamérica dijo que el caso de Cáceres no determinaría un cambio en
la política estadounidense, porque la Casa Blanca se concentraba en un
enfoque más amplioen la región.
El
funcionario dijo que los tratos estadounidenses con Hernández en
general habían sido positivos, aunque Honduras siga con problemas. Los
días antes de la matanza, Hernández estuvo en Washington y pregonó que
estaba teniendo éxito en la reducción de la violencia en su país.
La
administración ha considerado a Hernández como un compañero confiable
para atacar los problemas de la región, incluyendo el flujo de familias
indocumentadas hacia la frontera de EE.UU., la violencia desenfrenada y
el tráfico de drogas.
Esa
clase de evaluación enfurece a muchos en el Congreso y en la comunidad
activista. Ellos están escépticos de que Hernández permitirá una
investigación creíble en el asesinato de Cáceres o aliviará la represión
del gobierno contra la gente que no le gusta.
Hernandez
obtuvo elogios del Departamento de Estado cuando le pidió a las
Naciones Unidas ayudar en la investigación. Los críticos, incluyendo la
familia de Cáceres, quieren que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos intervenga porque tiene más experiencia en casos de homicidio.
Miembros
de la comisión sostuvieron candentes discusiones a puerta cerrada con
funcionarios hondureños en días recientes, le dijo a L.A. Times. El
viernes, la comisión anunció que había pedido a Honduras dar a un grupo
especial de expertos acceso al caso.
"Expresamos
nuestra profunda indignación y consternación" a los hondureños, dijo el
enlace de la comisión para Honduras, Francisco Eguiguren.
La
comisión había exigido repetidamente la protección para Cáceres en los
meses antes de que fuera asesinada, diciendo que ella estaba en grave
peligro. Ella a menudo había dicho —al menos lo hizo 30 veces— que
caería víctima de los conflictos que los afectaban a ella y su gente de
Lenca.
Su causa más reciente fue el proyecto de una presa, patrocinado por el gobierno de Honduras con financiamiento chino.
Muchos
en Washington ven el caso de Cáceres como una línea divisoria sobre
cómo Washington debe tratar con Honduras de ahora en adelante.
Honduras
no dejó que el colega de Cáceres, Gustavo Castro (quien sobrevivió el
ataque), saliera del país durante un mes después del atentado. Castro,
un ciudadano mexicano, se refugió en la embajada mexicana en
Tegucigalpa, la capital, hasta que pudo irse a casa.
Castro le dijo a reporteros en la Ciudad de México que fuerzas de seguridad hondureñas habían corrompido la escena de crimen.
Conforme
a la ley hondureña, las familias de víctimas de homicidio pueden hacer
que un consultor asista a las autopsias y se les mantenga informadas de
la investigación. Zúñiga, la hija de Cáceres, dijo que eso no pasó en el
caso de su madre.
El
senador Patrick J. Leahy, influyente en asuntos que involucran a
América Latina, ha seguido el caso estrechamente. Una ley de 20 años
bautizada a su nombre revocaría la ayuda de Estados Unidos a fuerzas de
seguridad implicadas en abusos de derechos humanos.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/justicia/1282-asesinato-de-activista-pone-en-riesgo-ayuda-economica-a-honduras-los-angeles-times
No hay comentarios:
Publicar un comentario