Escrito por Redacción | Marzo 31 del 2016 Secciones: Pueblos Indigenas
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Tras ser señalados por los fuertes vínculos con la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), el director de fiscales José Arturo Duarte Portillo, anunció en reunión privada con las hijas de la fallecida dirigente indígena, Berta Cáceres, que entregará un informe de los “avances” de la investigación y que se abstendrá de seguir conociendo el caso.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Tras ser señalados por los fuertes vínculos con la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), el director de fiscales José Arturo Duarte Portillo, anunció en reunión privada con las hijas de la fallecida dirigente indígena, Berta Cáceres, que entregará un informe de los “avances” de la investigación y que se abstendrá de seguir conociendo el caso.
Así
lo confirmaron este martes organizaciones defensoras de derechos
humanos que realizan acompañamientos legales a la familia de la
fallecida.
Víctor Fernández, coordinador general del MADJ |
En
una carta pública divulgada el martes frente al Ministerio Público
familiares de Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones
Indígenas y Populares de Honduras (Copinh), integrantes de la Plataforma
del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y la Articulación
Popular Berta Cáceres exigieron cinco puntos, el más importante de
ellos que se acepte la intervención de una Comisión Internacional
rectorada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para que
contribuya al esclarecimiento del crimen.
Igualmente,
señalaron la importancia del derecho a las víctimas de conocer los
alcances de la investigación que coordina el Ministerio Público,
garantizar la vida y los derechos de las víctimas, del Copinh y del
equipo jurídico que les acompaña y el respeto de la defensa de los
derechos humanos de los pueblos indígenas en Honduras.
En
este punto, los representantes del Ministerio Público señalaron que
solo el Poder Ejecutivo es capaz de llamar a la participación de una
Comisión Internacional Independiente.
Finalmente,
demandaron el respeto del derecho del principal testigo del hecho, el
activista mexicano, Gustavo Castro, a retornar a su país y que se
revierta la concesión del río Gualcarque a la concesionaria DESA.
Estado responsable del crimen
En
la conferencia de prensa, Berta Zúniga Cáceres, también cuestionó la
tardanza de las autoridades hondureñas a más de un mes de cometido el
asesinato. “Hasta ahora lo que sabemos con certeza es que ustedes como
figuras principales del gobierno y el Estado hondureño no cumplieron con
su deber de proteger la vida de Berta, a pesar de sus reiteradas
denuncias de amenazas a muerte y que desde 2009 la CIDH les indicó que
estaba en graves y reales riesgos y solicitó que la protegieran. Es
decir que son responsables de este crimen y esperamos que un día sean
juzgados”.
Del
mismo modo, Zúniga Cáceres, condenó la apatía por parte de las
autoridades hondureñas para informar a las víctimas sobre el proceso de
investigación, enfrentándose a una serie de contradicciones como la
supuesta participación del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus
siglas en inglés), la manipulación de la escena del crimen y la escasez
de hipótesis basada únicamente en dos líneas de investigación, un crimen
pasional o conflictos internos en Copinh.
Lectura de la carta pública presentada por los familiares de Berta Cáceres, el Copinh,
la Plataforma Berta Cáceres y la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras
Partido Nacional, funcionarios y Policía
Por
su parte, su hermana Olivia Zúniga en declaraciones a la prensa recordó
que “Duarte es accionista de DESA y además es representante de la
empresa Desarrollos Energéticos” es la persona que se presentó en su
casa para anunciar que coordinaría la investigación.
Wilfredo Méndez, director de Ciprodeh |
A
su criterio, el gobierno hondureño “está fomentando la impunidad con el
silencio, de darle largos plazos y no dar los nombres de los
responsables, así como lo ha explicado el doctor Denis Castro Bobadilla,
que un máximo de cinco días para poder dar una respuesta”.
“Seguiremos
exigiendo que a través de la CIDH venga una comisión internacional e
independiente que tenga la capacidad de desarrollar un trabajo técnico,
científico, de peritaje que observe y supervise el proceso investigativo
de este crimen, porque en primer lugar no hay confianza en las
instituciones judiciales del Estado”.
“En
segundo lugar porque hay personas vinculadas a esta investigación ahora
que están vinculados directamente a la empresa Desarrollos Energéticos
S.A., pues han sido socios, apoderados legales o accionistas, por lo que
creemos y denunciamos públicamente que el Estado está protegiendo a
estos grandes grupos de poder y a los autores materiales e intelectuales
para favorecer la impunidad”.
Olivia Zúniga Cáceres |
“Conocían el plan para asesinar a nuestra madre”
Aseguró
que el Estado hondureño ya tenía conocimiento del “plan para asesinar a
nuestra madre y a pesar de que ella tenía medidas cautelares otorgadas
por la CIDH no pudieron garantizar su vida, demostrando ser incapaces,
ineficientes, no tener voluntad y además ser cómplices del asesinato”.
Así
también, lamentó que hasta la fecha las dos únicas hipótesis conocidas
tenían relación con un crimen pasional o conflictos internos en el
Copinh, hechos que -según ella- se han ido debilitando, sin que hasta el
momento se haya emitido ninguna comunicación formal por parte del
Ministerio Público.
Finalmente
también demandaron el cese de la campaña mediática contra la familia de
la dirigente Lenca, el Copinh y el movimiento social hondureño.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/pueblos-indigenas/director-de-fiscales-se-abstendr%C3%ADa-de-conocer-caso-de
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