Por: Víctor Meza
Me
ha conmovido profundamente ver el espectáculo de numerosos vecinos de
la Colonia Reparto Lempira, en San Pedro Sula, mientras abandonaban sus
viviendas luego de recibir una especie de ultimátum de parte de un grupo
de pandilleros que operan en la zona. El éxodo forzado ante la amenaza
de los delincuentes fue la única salida viable que encontraron las
víctimas para poner a salvo sus vidas. El dramatismo de su situación se
vio agrandado por la solemnidad religiosa de la Semana Santa. Las
víctimas tuvieron su propio calvario en forma anticipada.
El
hecho en sí encierra muchas lecciones y permite sacar algunas
conclusiones en torno a la profunda crisis y virtual colapso que sufre
el sistema de seguridad pública en el país. La indefensión casi absoluta
en que se encuentran los vecinos, junto a la ausencia casi total de las
fuerzas de seguridad del Estado, son la contraparte siniestra de la
impunidad que disfrutan los delincuentes y la libertad de acción que
aprovechan. Mientras la institucionalidad estatal se evapora y debilita,
la fuerza de la delincuencia crece y se consolida.
La
primera pregunta que surge ante este cuadro tan desolador y
preocupante es la siguiente: ¿en dónde está el Estado? Si la seguridad
es un bien común y por lo tanto es un derecho ciudadano, el Estado está
en la obligación de garantizarlo y defenderlo. Para eso existen las
fuerzas policiales y demás entidades dedicadas a administrar el sistema
de justicia. Para eso se invierten millonarios y crecientes recursos
públicos que paga la población con sus impuestos. Por lo tanto, es el
Estado el primer responsable por el deterioro y virtual colapso del
sistema de la seguridad pública.
Estamos
viviendo un lento pero efectivo proceso de evaporación de la
institucionalidad estatal. Los grupos de la delincuencia organizada,
poco a poco, van ampliando sus redes de influencia y el correspondiente
ámbito territorial de sus operaciones delictivas. Al mismo tiempo, con
audacia alarmante, invaden los espacios otrora exclusivos del Estado y
le disputan su jurisdicción institucional y el monopolio legítimo de la
fuerza. Ahora los delincuentes cobran los mal llamados “impuestos de
guerra”, controlan sectores completos de la geografía urbana y rural,
imponen castigos y penas a la población indefensa, crean estructuras
criminales abiertas y no vacilan en aplicar la pena de muerte a quienes
consideran sus adversarios o competidores. En las zonas que dominan, se
comportan como si fueran los dueños de vidas y haciendas. Imponen
restricciones a la libre circulación de las personas y los vehículos,
cobran cuotas y tarifas para permitir el ingreso a determinados barrios y
colonias, amenazan, intimidan, abusan de la gente y, al final, terminan
construyendo sus propios guetos de terror y violencia. Y, lo más
indignante, es que esto sucede en forma abierta y cada vez más ampliada,
bajo las propias narices de la autoridad estatal.
Cabría
entonces preguntarnos lo siguiente: si los grupos del crimen
organizado, en este caso concreto las pandillas, ejercen violencia
sistemática, poseen armas prohibidas, cobran impuestos, controlan
territorio, dominan población y construyen sus propias comunidades
delictivas, ¿no estarán entonces edificando estructuras paralelas que
desafían la cohesión y el monopolio coercitivo del Estado? ¿No estaremos
entonces viviendo ya un proceso que habrá de conducir de manera casi
inevitable al Estado fallido? Parece que sí, que así es.
Cuando
los espacios institucionales del Estado se debilitan o desaparecen, se
abren las posibilidades para la autogestión ciudadana y la libre
iniciativa de los individuos en procura de su seguridad personal y
colectiva. Así nacen los grupos que luego se convierten en milicias de
autodefensa armada, tal como ya ha sucedido en otros países de la
región. Aunque, justo es decirlo, muchos de estos grupos corren el
riesgo de derivar hacia formas autoritarias y abusivas de
paramilitarismo desbocado, por lo que la supuesta medicina podría
resultar peor que la enfermedad.
Vale
la pena reflexionar sobre estos desafíos que enfrentamos actualmente,
en tanto que Estado y sociedad. Si la situación continúa deteriorándose y
la delincuencia sigue creciendo y fortaleciéndose, el futuro del país
no presagia nada bueno para nadie, ni para los gobernantes ni para los
gobernados. Es el presagio del caos y la disolución social.
Por
eso, al presenciar las escenas del éxodo forzado de los vecinos del
Reparto Lempira, no puedo menos que pensar en la fatídica transición
desde el Estado degradado, que ya tenemos, hacia el Estado fallido que
se avizora.
http://criterio.hn/del-estado-degradado-al-estado-fallido/
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22 marzo, 2016 Éxodo de familias en San Pedro Sula por amenazas de maras (0)
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Por amenazas de mareros familias de colonia capitalina empiezan a abandonar viviendas
Autor del artículo: Proceso Digital / Jueves, 24 Marzo 2016 - 09:50
Tegucigalpa
– Debido a amenazas de miembros de la Mara 18, al menos 30 familias del
sector conocido como “El Hoyo” del sector dos de la colonia Las Torres
de Comayagüela, localizada al sur de la capital, comenzaron este jueves a
desalojar y abandonar sus viviendas.
Vecinos
del lugar que pidieron el anonimato, indicaron que el miércoles
llegaron varios mareros con pasamontañas y portando armas de grueso
calibre, les dieron un plazo hasta mañana viernes a las 7:00 de la
mañana para que abandonen sus viviendas.
Este es un caso similar al ocurrido esta misma semana en la colonia Reparto Lempira de San Pedro Sula, sector Pradera.
“Ayer
vinieron como a las 8:00 de la noche y se metieron a una casa andaban
encapuchados y con AK-47 y nos dijeron que nos daban 48 horas para que
desalojáramos toda la cuadra, todas las familias que vivimos aquí”, dijo
uno de los vecinos que empacaba sus pertenencias para huir del lugar.
Otro
vecino dijo: “vamos a buscar un cuarto, esta casita es mía, vivimos
cuatro con mis hijos, pero nos vinieron a decir que desalojáramos, tengo
como 12 años de vivir aquí”.
Tras
conocer la información, un fuerte contingente de efectivos de la
Policía Militar y la Policía Preventiva, prácticamente se han tomado el
lugar, pero eso no detiene la acción de los vecinos de abandonar el
sector.
Uno
de los policías indicó que tienen orden de estar en ese lugar de manera
permanente para vigilar y proteger a los vecinos ante cualquier ataque
de los pandilleros, pero hay mucha gente que está desalojando.
http://www.proceso.hn/component/k2/item/121232-por-amenazas-de-mareros-familias-de-colonia-capitalina-empiezan-a-abandonar-viviendas.html
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Mara 18 ahora piden desalojo de 30 familias de la colonia Las Torres de Tegucigalpa
Jueves 24 marzo, 2016 | Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
Las amenazas a los vecinos de las colonias pidiendo el desalojo de sus
casas porque si no los van a matar, es la nueva estrategia que está
utilizando las maras en Honduras y ahora le tocó el turno a la colonia
Las Torres de Tegucigalpa.
Ayer
miércoles en horas de la noche los vecinos del sector # 2 calle al río
Guacerique de la colonia Las Torres, recibieron la amenaza directa
cuando un grupo de la “mara 18” portando fusiles AK 47 llegaron haciendo
disparos y dándoles el ultimátum a 30 familias que tienen 24 horas para
desalojar sus viviendas, caso contrario los van a matar a todos.
Un
vecino de la zona, quien por razones de seguridad pidió omitir su
nombre nos manifestó que llegaron a la casa de su madre haciendo
disparos y haciéndole la advertencia de desalojo.
Él
informante, quien tiene 22 años de residir en la colonia junto a su
madre, relató a Criterio.hn que ya unas cinco familias han desalojado
por completo sus casas y otros siguen sacando sus cosas en el “lomo”
(cargándolas) porque no poseen dinero para pagar camiones de mudanza.
La
policía llegó ayer al momento que se dio la amenaza y estuvo hasta las 4
de la mañana de este jueves, luego a las 8 de la mañana llegó otra
patrulla integrada por militares estuvo un rato y se fueron y ahora ha
llegado una patrulla de la policía con tan solo tres agentes y otra
patrulla de Fusina con 4 soldados.
Los
vecinos, quienes están nerviosos y sumamente preocupados por la
amenaza, ven que ni la policía nacional ni los miembros de Fusina le
están dando la seriedad al caso la seriedad debida.
Los
pobladores hablaron con los miembros de la policía reclamándoles porque
no les brindan seguridad permanente y estos respondieron que para
instalar una posta deben recolectar firmas y enviarla la petición a la
Secretaría de Seguridad, relató la fuente.
Los
vecinos no han dejado de sacar sus cosas ni desalojar las casas,
porque esta respuesta timorata de la policía y de los militares, no les
brinda ningún a seguridad a sus vidas, señaló el vecino encubierto.
Las
colonias Las Torres y La Pradera que están en el sector noreste de la
capital de Honduras son zonas “calientes” y de alta peligrosidad
asediadas por los mareros donde ya se han registrado asesinatos
múltiples y varios crímenes.
http://criterio.hn/mara-18-ahora-piden-desalojo-30-familias-la-colonia-las-torres-tegucigalpa/
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