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| Por: Maggie Trejo Ayala |
19 febrero, 2016 / CRITERIO
“Los que para tener libertad de prensa y derechos constitucionales
compraron diarios y radios y plantas de TV
con todo y periodistas y locutores y camarógrafos
y compraron la constitución política con todo y
Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia”.
– Roque Dalton
La
noticia se esparcía rápidamente y acaparaba los titulares en todos los
medios de comunicación: la historia se repite y después de seis rondas
de votación, las élites gobernantes, a través del bipartidismo, se
reparten el número de magistrados y se apoderan nuevamente de la Corte
Suprema de Justicia.
En
el año 2008, la Comisión Internacional de Juristas realizó un análisis
sobre la elección de magistrados para el período 2009-2015; en aquel
momento se logró constatar diversas irregularidades en la elección de
los candidatos desde los entes proponentes. Quedó evidenciada la
ausencia de debates al interior del Congreso Nacional sobre los
candidatos propuestos, lo cual comprobó la existencia de acuerdos
políticos ajenos a los criterios primordiales para un nombramiento
dentro del Poder Judicial.
Los
magistrados electos en aquella ocasión cumplieron su objetivo, avalaron
un Golpe de Estado y todos los crímenes cometidos en el marco de éste,
se ensañaron contra el pueblo y protegieron a los poderosos y,
finalmente, abrieron las puertas a uno de los intereses principales de
Juan Orlando Hernández: la reelección presidencial.
En
los últimos meses fuimos testigos de un proceso de selección igual o
más cuestionable que el anterior, con evidentes conflictos a lo interno
de los sectores proponentes y una Junta Nominadora con muy poca
credibilidad. Entre todas estas irregularidades se recibieron los 200
candidatos, para luego reducirlos a los 45 presentados en la nómina al
Congreso Nacional; nuevamente se observó que esa selección no tomó en
consideración los méritos ni los resultados de las diversas pruebas
realizadas a los candidatos.
La
votación dentro del Congreso Nacional generó una enorme expectativa,
particularmente por los distintos planteamientos de los miembros de la
Alianza de Oposición. Mientras el bipartidismo destinaba todos sus
recursos a obtener la cantidad de votos requerida para la elección, las
Bancadas Opositoras debían consensuar una estrategia que permitiera
frenar aquellas intenciones. En medio de esa incertidumbre, llegó la
primera votación y con ella, el primer triunfo de la Oposición: la lista
de los 15 candidatos del oficialismo no fue aprobada.
Con
el respaldo del pueblo, la Oposición mantuvo su postura negándose al
voto secreto; en tres ocasiones seguidas, se veían frustradas nuevamente
las intenciones de las élites. Fue entonces cuando se intensificaron
las ofertas para los diputados, poniendo sobre la mesa cantidades
millonarias a cambio de sus votos. Los eslabones más débiles de la
Oposición cedieron y fue así como hasta la sexta votación se logró
validar a los 15 escogidos para dar continuidad al proceso de
manipulación de la justicia.
Esta
nueva CSJ, presidida por Rolando Argueta, asume sus funciones dentro de
un ambiente de duda y bajo el severo escrutinio de la sociedad. Recibe
la línea de garantizar impunidad a los responsables del saqueo del
Instituto Hondureño de Seguridad Social, además de allanar el camino de
la reelección. Aún más importante, se encuentra con un pueblo sediento
de justicia y cansado de la opresión; un pueblo plenamente consciente de
que mientras sigamos siendo gobernados por estas élites mezquinas, no
obtendremos la justicia que tanto necesitamos.
http://criterio.hn/sistema-justicia-honduras-siete-anos-mas-impunidad/
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