Redacción Central / EL LIBERTADOR / 3 de Diciembre 2015
Tegucigalpa. Tal
como lo prometimos en la edición de octubre 2015, EL LIBERTADOR
continúa realizando esfuerzos para que el pueblo hondureño conozca las
semblanzas de los precandidatos que aspiran a convertirse en magistrados
de la Corte Suprema de Justicia periodo 2016-2023. En esta edición
presentamos 19 de los 20 postulantes de la Sociedad Civil y 11 de los 17
del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ya que cuatro de
ellos los mencionamos en la edición anterior, porque también han sido
nominados por el Colegio de Abogados y las Universidades.
MÁS DE LO MISMO
Los
tres restantes son magistrados dela actual Corte Suprema de Justicia,
propuestos por el COHEP, que consideramosno vale la pena referirnos a
ellos ya que son de todos conocidos;son los responsables directos de la
impunidad que impera en el país, avales del golpe de Estado de junio de
2008, títeres de la estructura del poder, cobardes acomodados que
fueron incapaces de solidarizarse con sus cuatro compañeros de la Sala
de los Constitucional, defenestrados de manera ilegal por el Congreso
Nacional en diciembre de 2012.
“…POCOS ELEGIDOS”
Llama
la atención que el COHEP tenía la oportunidad de nominar 20 candidatos a
magistrados, pero sólo seleccionó17, al aparecer les resultódifícil
encontrar candidatos idóneos que respondieran a sus intereses dentro del
universo aproximado de 1,700 abogados y notarios que tenían a su
disposición.
Aspira a “magna jueza” y podría golpear a quien ofenda “estrella solitaria”
Quienes
conocen a Gladys Ondina Zavala Mejía, furibunda activista del Partido
Nacional, aseguraron a este rotativo que puede hasta de golpear a quien
siquiera hable mal de su partido. En la actual directora general de
Servicio Civil. Y fue propuesta como candidata a magistrada por la
Federación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH).
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“DEJA VU”
EL
LIBERTADOR accedió a una fuente fidedigna que nos relató la forma
fraudulenta de cómo seleccionaron sus candidatos las organizaciones no
gubernamentales (ONGs) aglutinadas en la Sociedad Civil y representadas
en su mayoría por pastores de la Confraternidad Evangélica de Honduras
(CEH) y la Federación de Organizaciones de Vendedores de Mercados de
Honduras (FOVEMERH).- Lo ocurrido fue “deja vu” (ya visto) de
accidentadas asambleas en el auditorio del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) cuando la Sociedad Civil eligió sus dos
aspirantes a magistrados.
“OVEJAS MANSAS”
El
comité técnico de evaluación de candidatos de la Sociedad Civil estuvo
coordinado por Yanse Carolina Fúnez, casada con Luis Eveline, exgerente
del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA),
recordado por su nefasto papel en la selección de candidatos a Fiscal
General y Fiscal Adjunto en agosto de 2013. Eveline fue el causante que
la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos y el entonces
Comisionado de los Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio, se
retiraran del proceso de selección.- Luis Eveline participó en la
elección de los fiscales para cumplir con el mandato de incluir a Oscar
Chinchilla, que había sido descartado al no aprobar el examen
psicométrico, el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge
Rivera Avilés, declaró ante los medios de comunicación que Chinchilla
no había superado tan importante prueba.
DE TAL ESPOSO…
Yanse
Fúnez de Eveline, esposa de Luis, faltó a la ética al permitir que a
última hora dos personas que no habían participado desde el inicio del
proceso de evaluación de magistrados, bajaran calificación a los que
habían aprobado el examen y las elevaran a otras que no habían superado
las pruebas, pero que eran los favoritos y favoritas de Casa
Presidencial, representada en esa oportunidad por Roberto Chang
Castillo, ahora Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización. Al momento de la elección, Yanse portaba el listado
con los 20 togados por los cuales deberían votar los pastores y
propietarios de mercados, quienes como borregos cumplieron con la línea
gubernamental.- Así fue la elección de aspirantes a magistrados de la
Sociedad Civil hace unos meses en el bullicioso auditorio del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
GENTE DE LA “CASA”
Según
la fuente consultada, los favoritos del Gobierno para estar entre los
20 nominados eran Abraham Alvarenga Urbina, Procurador General de la
República; Nívida Flor Hernández Agurcia, presidenta de la junta
interventora del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA); Rolando Edgardo Argueta Pérez, coordinador de
Fiscales; Félix Alberto Chávez Romero, ex regidor municipal de Tocoa,
Colón; y Rusbelinda Sánchez Maradiaga, apoderada legal de la Federación
Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH).
Confraternidad Evangélica conspira contra paz social
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SEMBLANZAS DE SOCIEDAD CIVIL
Abraham Alvarenga Urbina:
Nacionalista,
hombre de confianza del presidente de la república, originario de La
Virtud, departamento de Lempira, dos veces diputado por el Departamento
de Lempira; la Fundación Democracia sin Fronteras lo calificó con cero
productividad legislativa. Se le recuerda por las prolongadas ausencias a
las sesiones. Actual Procurador General de la República, nombrado de
manera ilegal a sólo nueve días de la toma de posesión del nuevo
gobierno de Juan Hernández, con el propósito de que el nuevo Congreso
integrado por los noveles Partidos Anticorrupción (PAC) y Libertad y
Refundación (LIBRE) no tuviesen la oportunidad de proponer candidatos.
En
el proceso de selección de la Sociedad Civil fue uno de los candidatos
más votados, pese a que no era el de más alto perfil, pero sí el que
llevaba “línea” de Casa Presidencial. Fue propuesto por la
Confraternidad Evangélica, quienes dicen llamarse la “reserva moral del
país”.
| Con pocas excepciones, la Sociedad Civil y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), postularon hombres y mujeres comprometidos con la elite política y económica; incapaces de tomar decisiones sin la orden de quienes los llevan a gozar cargos en el sistema judicial. |
Brenda Celina Hernández Ferrufino:
Propuesta
por la Asociación de Pastores de El Progreso. Labora en el Poder
Judicial de San Pedro Sula, tiene una maestría en Psicología. No fue una
de las candidatas mejor evaluadas, su apariencia desaliñada no causó
buena impresión.
Carlos Humberto Medrano Irías:
Nacionalista,
litigante con experiencia, radica en San Pedro Sula, fue propuesto por
la Confraternidad Evangélica. Aparentemente es apreciado entre el
circulo de abogados sampedranos. Es hermano del abogado Leonel Machado
Irías.
Edwin Francisco Ortez Cruz:
Propuesto
por la Confraternidad Evangélica, se desempeña como asistente de
magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue asistente de la
exmagistrada de la Sala de lo Civil, María Elena Matute de Hernández,
cuñada del presidente de la república, Juan Hernández y hermana de Oscar
Raúl Matute, Secretario del Interior del gobierno de facto de Roberto
Michelleti Baìn.
Félix Alberto Chávez Romero:
Fue
Regidor Municipal de Tocoa, Colón, en el gobierno del nacionalista
Ricardo Maduro Joest. En el portal de internet del Movimiento Amplio por
la Dignidad (MADI) el 9 de junio de 2008 reproduce un requerimiento
fiscal contra el alcalde Carlos Hernán Banegas Lazo (después convertido
en diputado) y contra la corporación municipal en pleno del periodo
2002-2006, en la que Chávez Romero era su regidor. El Fiscal contra la
Corrupción de ese entonces, Luis Javier Santos Cruz los acusó de abuso
de autoridad por aprobar la compra directa, sin proceso de licitación
como la ley lo señala, de una motoniveladora a un costo de 140 mil
dólares. MADI denunció que la acusación se encontraba archivada en el
Poder Judicial desde 2006.
Francisco Daniel Gómez Bueso:
Originario
de Santa Bárbara, profesional con experiencia, propuesto por la
Confraternidad Evangélica de Honduras. Asesor del magistrado Tomás Arita
Valle, también asesoró al expresidente de la CSJ, Miguel Ángel Rivera
Portillo. Ha elaborado varios estudios sobre derecho constitucional
publicados en la Revista del Foro Constitucional Iberoamericana. Ya
había sido nominado a magistrado en 2002 por el Colegio de Abogados de
Honduras.
Gladys Ondina Zavala Mejía:
Activista
del Partido Nacional, en las elecciones generales de 2013 actuó como
supervisora de mesas electorales. Las personas que la conocen afirman
que es capaz de aliarse a golpes con cualquiera que ose ofender al
partido de la estrella solitaria. Es la Directora General de Servicio
Civil. Fue propuesta por la Federación Nacional de Empleados Públicos
de Honduras (ANDEPH).
José Emeterio Rodas Pavón:
Nacionalista,
apoderado legal de los propietarios de locales de los mercados.
Recomendado por la Federación de Organizaciones de Vendedores de
Mercados de Honduras (FOVEMERH).
Lidia Álvarez Sagastume:
Pertenece
a la línea sectaria del Partido Nacional, fue miembro del Tribunal de
Justicia Partidaria del Partido Nacional, nominada por la Confraternidad
Evangélica. Fungió como Secretaria Ejecutiva del Instituto de la
Propiedad y directiva de la Contraloría del Notariado de la CSJ durante
el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Además fue asesora jurídica del
Registro Nacional de las Personas, del desaparecido Patronato Nacional
de la Infancia y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya había
sido postulada a magistrada en 2008 por las universidades nacionales.
Luis Francisco Cruz Torres:
Forma
parte de la nueva y numerosa camada de notarios, litigante desde hace
varios años, propuesto por la Confraternidad Evangélica. Trabajóen el
Instituto Hondureño de Seguridad Social y fue apoderado legal del
desaparecido Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (INHFA).
María Paulina Pérez Núñez:
Nacionalista,
tenía una trayectoria profesional superior a los 25 años en el Poder
Judicial hasta que tuvo divergencias con Lilian Maldonado, miembro
suplente del Consejo de la Judicatura, por lo cual renunció; todo por
la disputa de unviaje a Chile que por la naturaleza de las funciones de
Pérez Núñez le correspondía a ella, sin embargo Lilian Maldonado fue la
favorecida, lo que desencadenó en fuertes diferencias entre ambas. En
2008 se auto propuso para magistrada.
Nery Esteban Baca Mondragón:
Propuesto
por las iglesias evangélicas Peniel.- Su nombre aparece en la lista de
abogados recomendados porla Embajada de los Estados Unidos en Honduras.
Se ha dedicado al libre ejercicio der la profesión. En el portal dela
Secretaria de Finanzas menciona que el 14 de marzo de 2014 recibió la
suma de 91 mil lempiras por concepto de serviciosprestados ala Unidad
Especial de Proyectos de Energía Renovable dela Empresa Nacional de
EnergíaEléctrica (ENEE). En 2008 las centrales obreras lo propusieron
como candidato a magistrado.
Estos
candidatos destacan, sobre todo los de la Sociedad Civil, por un pobre
perfil profesional y académico. Quienes los eligieron ponderaron más el
historial de partido que la ilustración.
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Nívida Flor Hernández Agurcia:
Nacionalista,
propuesta por Casa Alianza, era una profesional desconocida hasta que
fue nombrada presidenta de la junta interventora del Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), goza de mucha
confianza de la Casa Presidencial.
Según
versión de un testigo de la elección, fue evidente la presión ejercida
para que formara parte de los 20 candidatos de la Sociedad Civil, pese a
que no pasó las pruebas de la comisión técnica evaluadora, pero la
coordinadora de la comisión, Yanse Carolina Fúnez de Eveline se impuso
para que fuera sometida a la votación final.
La
influencia de Nívida proviene de su madre la abogada Gilma Agurcia
Valencia de Hernández, reconocida militante nacionalista de la línea de
Oswaldo Ramos Soto y Rigoberto Chang Castillo; es nada menos que la
asesora legal de la nueva dependencia del Poder Ejecutivo denominada
Secretaría General del Gobierno dirigida por Jorge Ramón Hernández
Alcerro. En agosto de 2009 Gilma Agurcia fue nombrada comisionada del
Instituto de Acceso a la Información (IAIP) junto a los liberales
Elizabeth Chiuz Sierra y Arturo Echenique Santos. Chiuz Sierra presentó
la renuncia de su cargo porque tanto Echenique como Agurcia se habían
confabulado en su contra para boicotear su gestión, los acusó de
paracaidistas y de emplear a parientes.- Nívida es hermana de Juan Pablo
Hernández Agurcia, director de la Unidad de Registro y Seguimiento de
Asociaciones Civiles (URSAC), dependencia del Ministerio de Gobernación y
Justicia.
Nora Suyapa Urbina Pineda:
Recalcitrante
nacionalista, propuesta por Word Vision (Visión Mundial), organización
humanitaria religiosa y ecuménica patrocinada por Estados Unidos. Posee
una maestría en Derechos Humanos, veinte años de carrera como Fiscal en
el Ministerio Público, en la actualidad es Fiscal Especial de la Niñez.
Es consuegra de Nicolás García Zorto, exmagistrado de la Corte Suprema
de Justicia durante el periodo de Vilma Cecilia Morales. Obtuvo su
licencia de Notaria el 5 de mayo de 2015.
Algunos
profesionales del derecho resienten de Urbina su silencio ante la
decisión de este gobierno de desentenderse de los centros de atención de
los niños en riesgo social, entregándolos a las alcaldías y
organizaciones no gubernamentales que desconocen el tratamiento que
merecen los infantes; Urbina tiene la facultad de actuar de oficio. Ante
la alarmante ola de asesinatos de menores tampoco se ha escuchado su
voz. Sin embargo, hay otro grupo de personas que aseguran que es una
profesional dispuesta a atender las demandas de quienes solicitan los
servicios de la Fiscalía.
“No
dude que Nìvida Hernández, Rolando Argueta y Abraham Alvarenga estarán
dentro de los 45 candidatos que presentarán ante el Congreso Nacional”,
afirma una fuente que vivió el interior de la discutida elección de los
que demandan una magistratura por la “Sociedad Civil”.
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Rolando Edgardo Argueta Pérez:
Nacionalista,
nacido en Lepaera, Lempira, fue propuesto por la Confraternidad
Evangélica, las centrales obreras también lo llevan en su lista de
candidatos. Sin tener carrera de fiscal fue nombrado director de
Fiscales del Ministerio Publico pocos días después de la asunción a
Fiscal General de Oscar Chinchilla, éste mantuvo relación laboral con
Argueta Pérez cuando estuvieron asignados por el Poder Judicial en los
conflictivos juzgados de Copán.
Argueta
fue juez de Paz de los Criminal, juez de Letras del Tribunal de
Sentencia y magistrado de la Corte de Apelaciones de Copán. Es
catedrático universitario con estudios de Postgrado en materia penal. El
Congreso Nacional lo nombró Consejero propietario de la Judicatura,
cargo que no asumió porque días después fue nombrado coordinador de
fiscales. También compitió para ser Fiscal General del Estado. Aseguran
que tiene mucha capacidad profesional, pero critican que no tiene el
valor de iniciar procesos de investigación a sus amigos involucrados en
acusaciones ilícitas.
Después
de que salió a la luz pública el cierre forzoso de Banco Continental y
la intervención de las empresas del grupo económico de la familia
Rosenthal, Argueta tuvo el cinismo de afirmar ante los medios de
comunicación que el Ministerio Publico no había hecho ninguna
investigación por lavado de activos contra la poderosa familia, pese a
que durante el periodo comprendido del 25 de junio de 2012 al 28 de mayo
de 2015, la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS) envió once 11 denuncias
a la Fiscalía General del Estado contra el grupo Continental por
concepto de “captaciones irregulares de fondos del público” realizadas
por Inversiones Continental Panamá, S. A. e Inversiones Continental, S.
A. de C. V.
Rusbelinda Sánchez Maradiaga:
Además
de Abogada y Notaria, posee los títulos universitarios en
Administración Agropecuaria y Pedagogía. Laboró en la Secretaría de
Educación como maestra. Es apoderada legal de la Federación Nacional de
Ganaderos de Honduras (FENAGH). Se convirtió en Notaria el 15 de enero
de 2015.
Servando Alcerro Saravia:
Nacionalista,
pastor evangélico, él y su familia dirigen la iglesia Centro de
Avivamiento Jesucristo es Rey –CEAV-, de la ciudad de Comayagua.
Propuesto por la Confraternidad Evangélica. Fue comisionado municipal de
Comayagua y comisionado del Instituto Nacional Penitenciario. Es socio
fundador del Bufete legal Servando Alcerro y Asociados, ubicado en
Comayagua.
Salvador Antonio Moreno Nolasco:
Originario
de Gracias, Lempira. Es socio del bufete Legal M & M, Juristas,
S.A., dirigido por la Abogada Dulce María Miralda Fúnez, de la ciudad de
Tegucigalpa, recomendado por la Embajada de los Estados Unidos en su
portal del internet. También es pastor evangélico.
Tania Petrona Fuentes demandó al Estado
Propuesta
por la Red para el Desarrollo Global (RDG). No pasó las pruebas de la
comisión técnica evaluadora de la Sociedad Civil. Trabajó en el
Instituto de la Propiedad (IP). En la página electrónica de la radio HRN
del 25 de febrero de 2013 aparece una denuncia de los empleados del IP
por hostigamiento, que dice entre otras cosas: “A tal grado que los
vigila (a los empleados) en el parqueo y pretende despedir a algunas
compañeras en estado de embarazo y otras madres solteras”.
En
el diario oficial La Gaceta del 9 de enero de 2015, el Juzgado de
Letras de lo Contencioso Administrativo publicó un aviso en el que
comunica que la abogada Tania Petrona Fuentes demandó al Estado a través
del Instituto de la Propiedad, en el que exige reintegro a sus labores,
pago en concepto de salarios dejados de percibir e intereses por costas
del juicio, basada en el Acuerdo CD-IP número 015-2014 del 18 de junio
de 2014. A julio de 2014 la demanda ascendía a 365 mil lempiras.
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
Aníbal Federico Izaguirre Maradiaga:
Fiscal
del Ministerio Público, participó en el amañado e ilegal concurso para
elegir al Fiscal General y Adjunto que se realizó en agosto de 2013, en
el que logró pasar a la segunda fase.
Carlos Enrique Bueso Pineda:
En
la preselección de candidatos de 2008 también participó nominado por el
COHEP. Es el presidente del Consejo de Administración de la Universidad
de San Pedro Sula (USAP). Ha sido asesor de varias instituciones
financieras. Fue presidente del Club Rotario de San Pedro Sula durante
el periodo 2013-2014.
Edwin Armando Pineda Madrid:
Se
dedica al libre ejercicio de la profesión. Trabajó en el Poder
Judicial, ha sido apoderado legal de instituciones financieras como
BANPAÍS y DAVIVIENDA.
Nacionalista,
mantiene una estrecha relación de amistad con la primera dama de la
nación Ana García Carias de Hernández, por lo tanto es persona de
confianza del mandatario de la república. Ha hecho carrera judicial. Es
la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), una
institución en la cual los políticos y banqueros más poderosos del país
influyen de manera directa en las decisiones que conciernen con el
ordenamiento y supervisión financiera.
Fue
Procuradora General de la República durante el mandato de Porfirio
Lobo Sosa, en una jugada sucia renunció al cargo 10 días antes de tomar
posesión la nueva administración de Juan Orlando Hernández, para
prestarse al nombramiento ilegal del nuevo Procurador y que le
correspondía a la nueva legislatura en la que los partidos
Anticorrupción (PAC) y Libertad y Refundación (LIBRE) debieron haber
participado. Con la maniobra el bipartidismo tuvo el camino libre para
escoger a sus nuevos peones. Junto a Ethel también renuncio el
Subprocurador, Ricardo Rodríguez, de filiación liberal y actual
coordinador de la Junta Nominadora para elegir candidatos a magistrados.
Sus
colegas abogados no salen del asombro por la manera tan expedita en que
la Contraloría del Notariado le otorgó la licencia para ejercer el
Notariado, apenas 13 días calendario (11 días hábiles) después de
realizado su examen público, mientras otros tienen que esperar varios
meses y hasta muchos años para realizar el examen y para que los
inscriban. La celeridad provoca suspicacias justificadas ya que solo
demuestra el interés de sus patrocinadores de que forme parte de la
nueva Corte Suprema de Justicia.
El
número de candidatos a magistrados del Partido Nacional aventaja a los
liberales. ¿Acaso el Partido Liberal ya se resignó a ser una minoría en
la nueva Corte Suprema de Justicia periodo 2016-2013?
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Félix Antonio Ávila Ortiz:
También
está nominado por el Colegio de Abogados y por las centrales obreras.
Director del Bufete legal Ávila. Desde 1990 inició carrera como fiscal y
juez. Posee vasta experiencia en materia penal. Desde 2006 catedrático
de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Honduras
(UTH). Es autor de libros relacionados con la materia legal. Compitió
para Fiscal General en agosto de 2013.
En
mayo de 2008, el pleno dela CSJ destituyó a Ávila Ortiz de su cargo de
Juez de Sentencia por habérsele encontrado culpable del extravío de 200
mil lempiras que había depositado el empresario Roberto Sempé por
concepto de fianza. También fueron destituidos Rosa Elena Bonilla,
presidenta del Tribunal de Sentencias y el jefe de la Sala y el
secretario de la Sala Primera, Alberto Serrano, quien era el responsable
de la custodia de los fondos de la fianza. Ávila también es conocido
porque libró de la cárcel a uno de los hijos del expresidente Rafael
Leonardo Callejas, por el delito de falsificación de cheques.
Guillermo Arturo Caballero Castro:
Nacionalista,
fundador del consultorio Legal “G Caballero y Asociados”. Estuvo
asociado con el Bufete Chang Castillo, surgió como producto del
“Oswaldismo” (Oswaldo Ramos Soto), sus aspiraciones de ubicarse en
cargos de relevancia se han frustrado, es la segunda vez que el COHEP lo
nomina para magistrado, la primera fue en 2008 y pasó a la segunda
etapa de la eliminatoria. Está casado con la economista Desiré Medrano,
exfuncionaria del Banco Central de Honduras y es directora ejecutiva del
Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (COHPETROL).
Caballero
es el presidente del claustro de profesores de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). El claustro de
profesores pidió declarar nulo el fallo de la Sala de lo Constitucional
que deja abierta la posibilidad de la reelección presidencial y pidió
que se deduzcan responsabilidades a los magistrados que tomaron la
decisión.
José Mauricio Salazar Mejía:
Se
dedica al libre ejercicio de la profesión, tiene una maestría en
derecho empresarial, es catedrático universitario. Su padre es el
economista Abel Salazar, exfuncionario del Banco Central de Honduras.
Juan José Alcerro Milla:
Poseedor
de dos apellidos de familias que tradicionalmente han estado bien
conectadas social y políticamente. Habla tres idiomas (español, inglés e
italiano), hizo estudios universitarios en Honduras, Guatemala y
España. Es numerario del Opus Dei, facción elitista de la iglesia
católica.
El
numerario o numeraria es: “aquel fiel que, en celibato apostólico,
tiene una máxima disponibilidad personal para las labores apostólicas
peculiares de la Prelatura; pueden residir en la sede de los centros de
la Prelatura, para ocuparse de esas labores apostólicas y de la
formación de los demás miembros del Opus Dei”.- Ha sido apoderado legal
de Argos de Honduras (antes Lafarge Cementos) y de la firma panameña
Serdan Business, S. A. Es uno de los representantes en Honduras de la
firma legal centroamericana “Aguilar Castillo Love”. Se ha desempeñado
como árbitro de loa Cámarade Comercio de Honduras. Su nombre aparece en
la lista de referentes para hacer negociosen Honduras de la revista
“Doing Business 2015” (Haciendo negocios 2015) editada por el Banco
Mundial.
Juan José Ayala Orellana:
También
está propuesto por la Corte Suprema de Justicia. Ingresó al Poder
Judicial por un proceso de selección y ha hecho carrera. Ha sido Juez de
Sentencia de Comayagua.
Juan Wilfredo Castellanos Hip:
Originario
de San José de Colinas, Santa Bárbara, tiene trayectoria profesional en
materia de derechos humanos como Comisionado Regional del Norte de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). Su padre es Wilfredo
Castellanos, cafetalero, exalcalde de San José de Colinas y uno de los
fundadores del movimiento liberal de centro-izquierda M-Líder que
encabezó el expresidente Carlos Roberto Reina Idiáquez.
Santos Gabino Carbajal: “El abogado de mineras”
En
la preselección de 2008 también fue propuesto por el COHEP, es liberal,
muy conocido por ser consultor y apoderado legal de transnacionales
mineras, expresidente de la Asociación Nacional de Minería Metálica de
Honduras (Anamimh) y coordinador de la comisión jurídica de concertación
de la Ley General de Minería.
Carbajal
es socio del Bufete Rosa y Asociados, cuyo fundador es Leónidas Rosa
Bautista, exfiscal del Estado y embajador de Honduras ante la
Organización de Estados Americanos (OEA) y su esposa la exmagistrada
Irma Violeta Suazo de Rosa. El Bufete Rosa y Asociados forma parte de la
exclusiva lista de firmas legales recomendadas por la Embajada de
Estados Unidos en Honduras.
Parientes compiten por una candidatura
Los
abogados que ambicionan convertirse en magistrados para el periodo
2016-2023 están probando suerte y compiten entre parientes para aumentar
de esta manera las oportunidades de ser seleccionados entre los 200 que
aspiran.
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http://www.web.ellibertador.hn/index.php/justicia/804-activistas-nacionalistas-con-deficiencia-etica-profesional-y-academica
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