Un padre Pech junto a su hija
Por: Redacción CRITERIO 10 de Diciembre 2015
Los
pueblos indígenas aunados en el observatorio de los Derechos Humanos de
los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH) denunciaron el pasado 5 de
diciembre en la ciudad de El Progreso, Yoro, que el actual gobierno de
Juan Hernández, pretende imponer una ley indígena con el propósito de
diluir el Convenio 169 de la OIT.
En la reunión participaron los pueblos indígenas Pech, Maya-Chortí, Lencas, Garífunas, Miskitos y Tolupanes.
En
un comunicado emitido este jueves, han denunciado que la Ley no fue
consultada y ha sido rechazado su contenido en múltiples ocasiones, ante
su esencia colonialista y la entrega de sus derechos a un Estado cuyas
administraciones gubernamentales, se encuentran atrofiadas por la
corrupción y el clientelismo político.
La
ODHPINH rechaza la violencia con que el Estado y sus secuaces, responde
a las demandas de los pueblos indígenas y garífunas, tal como es el
caso del atentado contra el defensor del territorio Garífuna de
Trujillo, Vidal Leiva el pasado 27 de noviembre.
También
solicitan a los operadores de justicia, específicamente al Juzgado de
Letras de Trujillo apegarse a derecho y hacer prevalecer la justicia en
el caso del despojo perpetrado por Randy Jorgensen, el que asociado a
otros inversionistas canadienses se apoderó de gran parte de los
territorios de las comunidades Garífunas de la Bahía de Trujillo.
El
Observatorio además exige la condena de los militares implicados en el
asesinato del compañero Lenca, Tomas García y el intento de homicidio
contra el menor Allan García, hecho perpetrado por el Ejército de
Honduras en julio del 2013, producto de la represión del gobierno frente
a la defensa pacifica del pueblo Lenca del Río Gualcarque contra la
empresa DESA y el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en Río Blanco.
Mujeres tolupanes
Denunciaron
también la militarización que se viene dando en las comunidades
indígenas a lo largo del continente en nombre de la supuesta guerra
contra las drogas, tras décadas donde las mismas autoridades tanto
militares como civiles han estado al servicio del crimen organizado.
En
su comunicado además denunciaron la falta de cumplimiento de los
acuerdos suscritos por el Estado desde hace más de 20 años con el pueblo
Maya Chorti, quienes hoy día han sido amenazados con la represión si
continúan exigiendo la entrega y reconocimiento de sus territorios
ancestrales a través de la ocupación pacífica del Centro Ceremonial de
Copan.
Rechazaron
rotundamente la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico (ZEDE) conocidos también como “ciudades modelo”, y la entrega
del territorio nacional a inversionistas extranjeros.
Los garifunas han sido desalojados de sus tierras en el caribe hondureño
En
el caso del pueblo Garífuna, las ZEDE en la Bahía de Trujillo, nunca
fueron consultadas con las comunidades, encontrándose los pobladores de
Puerto Castilla a punto de ser relocalizados como lo señalan las
amenazas proferidas por personajes relacionados con el proyecto
neoliberal.
ODHPINH
hiso un llamado a los estados participantes en la COP21 para que de una
vez por todas emitan una Convención vinculante, en la cual se fije como
tope del aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados
centígrados, y se logre el financiamiento necesario para la
implementación de medidas concretas de mitigación y adaptación que no
sean regidas por el mercado.
Finalmente
El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas de
Honduras, ODHPINH, manifiesta un reconocimiento a la Relatora Especial
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria
Tauli-Corpuz, la que en su informe preliminar sobre su visita a
Honduras, señaló la grave situación por la que atravesamos los pueblos
indígenas ante la dictadura civil que enfrenta el país.
http://criterio.hn/gobierno-honduras-pretende-imponer-ley-indigena-diluir-convenio-169-la-oit/
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