Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Al momento de anunciar su cierre temporal, Diario Tiempo adeudaba a sus
300 empleados 26 días de trabajo. En conferencia de prensa, el ministro
de Trabajo, Carlos Madero, señaló que “como Estado vamos a seguir
velando por los derechos de trabajadores”.
Este
miércoles, el gerente general Carlos Rosenthal ha dicho que no se ha
despedido ni suspendido a nadie, que se cumplirá con todas las
obligaciones, pero tampoco dio una respuesta concreta sobre el futuro de
los empleados, según trascendió en diario La Prensa.
Al
respecto, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (COHEP), Armando Urtecho, manifestó que “difícilmente habrá
oportunidad, para emplear a los 300 empleados de Diario Tiempo”, informó
HRN.
En
su portada de este 27 de octubre, el periódico afirmó que “la
administración de Diario TIEMPO da seguridades de que, en la medida de
lo posible, pagará a los empleados sus derechos laborales con los
dineros que le adeudan las empresas y el Estado, que constituyen el
núcleo de sus anunciantes. Es obligado nuestro agradecimiento a su
comprensión y paciencia, firmemente demostrada en estos momentos
aciagos”.
Por
otro lado, en una noticia del 23 de octubre, diario Tiempo informó que
“muchos de los empleados de Tegucigalpa y San Pedro Sula han tenido que
pedir prestado para cumplir con su responsabilidades a expensas de
quedar sin sus derechos laborales ya que no se cuenta con ningún
respaldo”.
Si
bien es cierto no hay legislación específica sobre el derecho laboral
de periodistas, sí existen instrumentos internacionales que abordan el
tema como el Plan de Acción de las Naciones Unidas Sobre la Seguridad de
los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad.
Además,
es preciso recordar que ya hay sentencias contra Estados en el sistema
interamericano, por despidos masivos, así que de concretarse la
cancelación de contratos de trabajo en un contexto de omisiones
estatales para garantizar el derecho a la libertad de expresión y los
derechos laborales de los trabajadores de la comunicación, el Estado se
expone, por omisión, a una denuncia internacional.
En
la década de los 90, el gobierno de Panamá ejecutó, por acción, una
política de despidos masivos y fue condenado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
En
la parte resolutiva de la Sentencia Caso Baena y otros vr Panamá, “la
Corte ordena a Panamá el pago de los salarios caídos y demás derechos
laborales que les correspondan a los 270 trabajadores; reintegrarlos en
sus cargos y si esto no fuera posible brindarles alternativas de empleo
que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al
momento de ser despedidos; pagar a cada uno de los trabajadores la suma
de tres mil dólares americanos por concepto de daño moral; y pagar al
conjunto de los 270 trabajadores la suma de cien mil dólares americanos
como reintegro de gastos generados por las gestiones realizadas por las
víctimas y sus representantes, y la suma de veinte mil dólares
americanos como reintegro de costas”, cita el análisis de Los derechos
laborales en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos.
1500 empleados más: Canal 11 y Cable Color
Entretanto,
en Tiempo laboran 300 trabajadores de la comunicación y periodistas de
Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y de otras ciudades que ahora
quedan sin una fuente de trabajo. La vulnerabilidad se extiende a los
trabajadores de la comunicación de Canal 11, en vista de que este medio
es de la misma familia.
El
director de Canal 11, Raul Valladares, denunció en la emisión nocturna
del noticiario que si cierran este Canal, que cuenta con 350
trabajadores de la comunicación, será responsabilidad del gobierno
porque los están asfixiando económicamente al no permitirles la apertura
de cuentas en el sistema financiero.
El
daño se extiende además a Cable Color con 1,200 empleados es la más
grande de Honduras, reveló Valladares. Según dijo, no han sido empresas
mencionadas por la OFAC, ¿por qué las van a cerrar?, replicó.
Antes
del cierre, los periodistas de Diario Tiempo habían publicado un
comunicado a la comunidad nacional e internacional para solicitar al
gobierno de Honduras que se pronunciara sobre el futuro de ese medio de
comunicación y calificaron el accionar como “un golpe a la libertad de
prensa y una violación a los derechos universales de libertad de
expresión y libertad de informar todas las acciones que ejecuta el
gobierno de Juan Orlando Hernández contra Diario Tiempo”.
Según
se conoció, por efecto de la liquidación forzosa del Banco Continental
decretada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el
bloqueo de las empresas de Grupo Continental, derivado de la actuación
de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos (OFAC) y la aplicación de la Ley Kingpin, no se
pudo ni siquiera desaduanar 412 bobinas de papel de Diario Tiempo, ya
pagadas y puestas en la empresa navera norteamericana “Chiquita
LogisticServices” por lo que el papel fue devuelto al proveedor Resolute
Inc.”.
El
diario anunció su cierre este martes aduciendo la asfixia económica
debido a falta de insumos como papel y tinta y la falta de presupuesto
para el pago de salarios a sus empleados. Este periódico es parte del
conglomerado de la familia Rosenthal, tiene su sede en la ciudad de San
Pedro Sula, al norte de Honduras, y anunció este martes 27, que suspende
temporalmente su circulación.
Dejó
de circular por decisión de su dueño, el exvicepresidente hondureño
Jaime Rosenthal, acusado por la justicia de Estados Unidos de lavar
dinero procedente del narcotráfico en contra de Inversiones Continental,
S.A., la matriz del grupo económico, y del Banco Continental El diario
entró en dificultades a partir del 7 de octubre cuando se anunció que
tres miembros de la familia Rosenthal y siete de sus empresas habían
sido incluidos en la lista de la OFAC del Departamento del Tesoro de
EUA.
En
una carta pública, el empresario Jaime Rosenthal Oliva, había admitido
que Editorial Honduras, dueña de diario Tiempo, se subsidiaba por todos
los anuncios del grupo económico y que no hay suficiente dinero en el
banco para pagar los salarios. El Grupo Continental es la compañía
matriz de un conglomerado de negocios en Honduras involucrados en
actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces,
agricultura, turismo y medios de comunicación. Cuenta con más de 11.000
empleados, los cuales se ignora si serán despedidos.
En
relación con el cierre de medios de comunicación en la región
Latinoamericana la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
indicó recientemente en un comunicado que "para que resulte legítimo el
cierre de un medio de comunicación es necesario que, previo el
agotamiento de un debido proceso, un órgano estatal independiente e
imparcial verifique que se cometió una falta claramente establecida en
la ley y que la autoridad de aplicación de la ley motive de manera
adecuada y suficiente la correspondiente decisión". El grave problema es
que el Estado omite sus obligaciones positivas de hacer, la obligación
de protección de los trabajadores/as.
http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/estado-omite-obligaci%C3%B3n-de-proteger-1800-trabajadores-de-la
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