Así
empieza el comunicado de las organizaciones de derechos humanos FIDH
(Federación Internacional de derechos Humanos), CIPRODEH y COFADEH luego
del anuncio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, que la Corte no continuará su examen preliminar sobre Honduras.
Miembros de COFADEH llevando los rostros de las víctimas del Golpe
Wed, 11 Nov 2015 - 14:32
Wed, 11 Nov 2015 - 14:32
Según
el comunicado, « La FIDH y sus organizaciones miembros en Honduras,
COFADEH y CIPRODEH, lamentan profundamente el anuncio realizado hoy por
la Corte Penal Internacional (CPI) de no continuar el análisis de
posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Honduras posteriormente
al golpe de Estado de 2009 y en la región del Bajo Aguán. Resulta
inaceptable dejar a las víctimas de los mencionados crímenes sin acceso a
la justicia y a la reparación» dejar a las víctimas de los mencionados crímenes sin acceso a la justicia y a la reparación» (1)
Contexto: El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras tuvo por consecuencia una represión sistemática y brutal en contra del movimiento social en protesta contra el golpe y numerosas graves violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones ilegales, tortura, y ejecuciones extrajudiciales.
Contexto: El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras tuvo por consecuencia una represión sistemática y brutal en contra del movimiento social en protesta contra el golpe y numerosas graves violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones ilegales, tortura, y ejecuciones extrajudiciales.
Organizaciones
de derechos humanos, frente a la gravedad de las violaciones a derechos
humanos que ocurrieron en ese momento, el muy alto nivel de impunidad y
la ingobernabilidad que imperaban en el país pos-golpe, denunciaron y
visibilizaron estos hechos.
En junio de 2010, las principales organizaciones de defensa de derechos humanos hondureñas, impulsaron la creación de la « Comisión de Verdad »
(alternativa a la Comisión de Verdad y Reconciliación -CVR-, creada por
el gobierno de Porfirio Lobo) con el objetivo de “esclarecer los hechos
realizados con el golpe de Estado del 28 de Junio del 2009, para
demandar justicia, de la población hondureña afectada por el golpe de
Estado, y se adopten medidas necesarias para evitar se repitan
acontecimientos de este tipo a futuro”. La primera recomendación que
contiene el informe de la Comisión de Verdad, “La voz más autorizada es
la de las víctimas” es : « investigar y sancionar a los responsables
intelectuales y materiales del golpe de Estado y las violaciones a los
derechos humanos que se desprenden del mismo » (2).
Paralelamente
a las denuncias interpuestas ante el sistema judicial nacional, también
impulsaron acciones legales a nivel internacional, incluso a través del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal
Internacional.
Después
de cinco años de investigación, la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda
declaró que “ llegué a la conclusión de que las violaciones perpetradas
entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero 2010 no constituyen
crímenes de lesa humanidad bajo la definición del Estatuto, y por ende
no constituyen crímenes sobre los cuales la CPI tiene la facultad para
investigar”. Sin embargo también reconoce que « violaciones a los
derechos humanos fueron cometidas el día 28 de junio de 2009 y con
posterioridad a esta fecha, y que éstas fueron directamente imputables a
las autoridades del régimen que tomó el poder durante el golpe »(3)
La FIDH y sus organizaciones miembros señalan que “Identificar
y juzgar a los responsables de graves crímenes no sólo es necesario
para las víctimas y sus familiares, sino también es imprescindible para
la población hondureña entera, para restaurar la confianza perdida en el compromiso de su gobierno de servir y proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.” (4)
Por lo tanto, es pertinente preguntarse :
¿A
más de 6 años del golpe de Estado, cómo ha actuado el sistema judicial
hondureño para sancionar las violaciones a derechos humanos que
ocurrieron ? Miremos cómo han sido tratados unos casos emblemáticos de
violaciones a derechos humanos en el marco de represiones a
manifestaciones, destacados en el informe de la Comisión de Verdad. ¿Ha
habido justicia en estos casos?
Isy Obed Murillo, primera víctima mortal de la represión:
Isy Obed Murillo
El
5 de julio de 2009, Isy Obed Murillo se convirtió en la primera víctima
mortal del golpe de Estado. Ese día miles de hondureños se habían
agrupado en el aeropuerto Toncontín para esperar el regreso del
presidente Manuel Zelaya, anunciado para ese día. Militares dispararon a
balas vivas en esta manifestación, y el joven de 19 años Isy Obed
recibió un impacto de bala viva en la cabeza, falleciendo
inmediatamente.
La
Fiscalía de Derechos humanos abrió un expediente, sin embargo hoy en
día el caso está todavía en la etapa de investigación. El Centro de
Derechos Constitucionales (CCR, organización basada en EEUU), con el
apoyo del COFADEH, presentó una denuncia ante la Corte Federal del
Distrito Sur de Texas, en nombre de David Murillo y Silvia Mencías,
padres de Isy Obed Murillo, en contra de Roberto Micheletti, Presidente
del Congreso que ocupó la Presidencia luego del golpe, de quien se
suponía que poseía bienes en este Estado y por lo tanto podía ser
juzgado allí. La denuncia detalla ejecuciones extrajudiciales,
asesinatos, persecuciones, y otras graves violaciones de derechos
humanos que ocurrieron en Honduras bajo la autoridad y la dirección de
Micheletti”. Sin embargo, en abril de 2013, el caso fue desestimado por
la Corte de Texas (5).
Desde
el día del golpe hasta finales de 2011, al igual que la manifestación
del 5 de julio, numerosas manifestaciones fueron duramente reprimidas,
entre ellas éstas:
Represión del 12 de agosto de 2009, Tegucigalpa
El
12 de agosto del 2009, una manifestación en contra del golpe de Estado
fue brutalmente reprimida en Tegucigalpa. 27 personas fueron detenidas,
incluso personas que no habían participado en la manifestación. Las
personas detenidas fueron víctimas de tratos crueles. Luego fueron
llevadas a un centro irregular de detención, el batallón de los
militares antimotines « COBRAS». Elder Madrid Guerra, quien estaba a
cargo de los COBRAS, segun COFADEH « pudiendo detener las agresiones,
más bien ocultó información sobre el grupo que fue llevado de manera
ilegal a ese cuartel ». Las personas fueron detenidas varios días. Luego
fueron liberadas, pero con medidas sustitutivas a la cárcel, pues al
inicio del proceso fueron acusadas por sedición, manifestación ilícita y
daños; el caso fue sobreseido en junio de 2010 (6).
Después
de esto, el COFADEH presentó una acusación en contra del Oficial de
Policia Elder Madrid Guerra, y la Fiscalía de Derechos humanos inició
un proceso legal contra él, así como cinco Oficiales de policía,
acusados de los delitos de tortura, detención ilegal, abuso de autoridad
y vejamenes. A finales de febrero del 2015, el juez dictó un veredicto
en el que sobresee al comisionado nacional de policía Elder Madrid
Guerra. Un recurso de apelación está en curso todavía. Para los
oficiales, las Cortes aplicaron el decreto de Amnistía (7). Esta
decisión fue rechazada por la parte acusadora y un amparo está pendiente
ante la Sala de lo Constitucional.
Es
importante destacar que a pesar de este proceso legal en su contra, el
Comisionado Elder Madrid Guerra, fue premiado y ascendido al grado
superior, en junio de 2014 ; luego en mayo del 2015, fue nombrado jefe
del Estado Mayor de la Policía (8).
Represión policial 12 de agosto (fuente: defensoresenlinea)
Represión en Choloma, 14 de agosto de 2009
En
el caso de la represión de Choloma que tuvo lugar dos días después, el
14 de agosto de 2009, el desalojo violento fue efectuado por unos
doscientos efectivos que destruyeron las cámaras y equipo de trabajo de
tres comunicadores sociales que cubrían los hechos, lanzaron bombas
lacrimógenas dentro de las casas, realizaron registros ilegales y
allanamientos. Persiguieron a los manifestantes, acorralándolos en
diferentes sitios de la comunidad de Choloma. Les sometieron a tratos
crueles, inhumanos y degradantes. 32 personas fueron detenidas y ocho
resultaron heridas. Una mujer denunció haber sido violada por varios
policías. Esta fue una de las represiones más brutales que se registró
en el marco del golpe de estado9.
La
Fiscalía de DDHH inició un caso en contra de Héctor Iván Mejía y
Abrahán Figueroa Tercero, dos altos oficiales de la Policía Nacional
Preventiva ; fueron acusados luego por detención ilegal, tortura y abuso
de autoridad ; el abogado Omar Menjivar, puso una denuncia
especialmente por los perjuicios contra el periodista de Radio Progreso,
Gustavo Cardoza, quien fue golpeado y detenido ilegalmente mientras
ejercía su labor en la cobertura de la manifestación. Sin embargo, los
acusados fueron sobreseídos definitivamente por todos los delitos. Un
recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional está pendiente
todavía.
Represión del 15 de septiembre 2010, San Pedro Sula
Un
año después de estos acontecimientos en Choloma, en el mismo
departamento, la población de San Pedro Sula sufrió la primera fuerte
represión bajo el nuevo gobierno del Presidente Lobo.
El
15 de septiembre de 2010, día en que se celebra la independencia de
Centroamérica, se organizó una manifestación del Frente Nacional de
Resistencia Popular, que iba a concluir con un concierto de música.
Cuando los manifestantes se aprestaban a escuchar el concierto de la
banda Café Guancasco, la policía y los militares iniciaron un bombardeo
de gases lacrimógenos y de líquido tóxico con sus tanquetas, agrediendo y
golpeando con brutalidad a los manifestantes. Tuvo por resultado varias
personas heridas e intoxicadas, incluyendo la muerte por asfixia del
vendedor ambulante Efraín López. Salieron heridas varias personas, al
menos 5 personas fueron hospitalizadas y 37 detenidas. La policía
destruyó gran parte del equipo de la banda musical. Al mismo tiempo, las
instalaciones de la estación de Radio UNO, fueron atacadas por la
policía, que rompieron los vidrios del edificio y les lanzaron bombas
lacrimógenas.(10)
La
Fiscalía de Derechos Humanos y como acusador privado el abogado Víctor
Fernández en representación de las víctimas, iniciaron un proceso legal
en contra de los subcomisionados de la Policía Nacional Héctor Iván
Mejía (también acusado en el caso de la represión de Choloma) y Daniel
Omar Matamoros acusados por los delitos de violación de los deberes de
los funcionarios, detención ilegal, tortura, lesiones. Sin embargo, la
Corte de Apelaciones decidió sobreseer a los acusados por todos los
delitos que les fueron imputados.
Además
de estos casos, existen cientos de casos de violaciones a derechos
humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado que ni siquiera han
sido judicializados ni investigados por la Fiscalía. Se comprueba que
incluso en los casos emblemáticos aqui presentados, ninguna víctima de la represión post-golpe ha obtenido justicia. A la excepción de un caso, no hubo ninguna persona condenada por violaciones a derechos humanos (11). Es más, varios de los altos mandos de la Policía y Fuerzas armadas han sido promovidos en su carrera ;
un ejemplo evidente, Hector Ivan Mejía y Elder Madrid Guerra, los dos
Comisionados involucrados en los tres casos de represión presentados, lejos de haber sido sancionados, fueron ascendidos a un grado superior y hoy en día forman parte de la cúpula policial.
Después
de la decisión de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, las tres
organizaciones (FIDH, CIPRODEH y COFADEH) reiteran la necesidad de « un
mecanismo híbrido, como una Comisión Internacional contra la Impunidad y
Corrupción en Honduras (CICIH), compuesto de expertos nacionales e
internacionales para la efectiva investigación y juicio de graves
crímenes”.
Además,
varios casos han sido llevados ante el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. Precisamente ayer 10 de noviembre de 2015, la Corte Interamericana condenó al Estado de Honduras por la destitución de cuatro jueces
miembros de la “Asociación de Jueces por la Democracia” que se
opusieron al golpe de Estado, declarando que en este caso hubo
violaciones a la libertad de expresión y a los derechos políticos. Esta
sentencia condenatoria en contra del Estado representa una luz de
esperanza para las víctimas, no solamente en este caso, sino también
para todas las víctimas del golpe de Estado que siguen exigiendo la
justicia.
NOTAS
-
Para más información, ver nuestro artículo : https://proah.wordpress.com/2012/10/22/la-comision-de-verdad-presenta-su-informe-la-voz-mas-autorizada-es-la-de-las-victimas/
-
Declaración de la Fiscal de la CPI, 28 de octubre de 2015: https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/es_otp-stat-28-10-2015.aspx
-
Además, las organizaciones peticionarias anunciaron que impugnarán esta decisión: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3782:organizaciones-de-derechos-humanos-de-honduras-impugnaran-resolucion-de-la-fiscalia-de-la-cpi&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150
-
Sitio web del CCR : https://www.ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/murillo-v-micheletti
-
Ver informe de la Comisión de Verdad, p. 149
-
El decreto aprobado en 2010 dice: “conceder amnistía de carácter general para aquellos ciudadanos que hayan intentado o consumado las acciones típicas referentes al delito de traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, terrorismo, sedición y todas del Código Penal calificadas como delitos políticos Desobediencia y Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios”. Agrega que “no están contemplados aquellos delitos relacionados con actos de corrupción, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, cohecho, de lesa humanidad y violación a derechos humanos”.
- http://defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3489:nuevo-cargo-a-policia-que-ha-sido-acusado-por-violar-ddhh-en-honduras&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150
-
Ver informe de la Comisión de Verdad, páginas 153 a 156
-
ver informe de la Comisión de Verdad, p 164
-
El único caso en el cual hubo una sentencia condenatoria en contra de un agente de policía, es en febrero de 2012 ; una mujer agente de Policía Preventiva fue condenada a 8 años de cárcel (con conmutación de penas) por la detención ilegal y tortura de una mujer manifestante en San Pedro Sula, en agosto de 2009. Ver
- http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_42_15.pdf
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