Por: Joaquín A. Mejía R
Abogados por los Derechos Humanos
redaccion@criterio.hn / 13 octubre, 2015
La
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), al más puro estilo
gansteril, publicó un comunicado en el que literalmente amenaza con
sanciones administrativas y penales a cualquier medio de comunicación
que difunda “rumores o información especulativa que pueda provocar daño a
la economía así como al Sistema Financiero Nacional”.
CONATEL
debería de saber que la libertad de expresión es una garantía
fundamental para asegurar la autonomía de las personas, el Estado de
derecho y las instituciones democráticas, y que ha sido catalogada por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos como “una piedra angular en
la existencia misma de una sociedad democrática”.
En
este sentido, es indispensable para la formación de la opinión pública y
para ejercer el control ciudadano de las instituciones y de los actos
de gobierno, lo cual es esencial en el Estado de derecho y es una de las
claves del fortalecimiento de la democracia. Por ello es que se afirma
que “una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
Los
miembros de CONATEL están demostrando desprecio o ignorancia total en
relación con los alcances del derecho a la libertad de expresión, que
abarca toda la información, inclusive aquella que pueda ser errónea, no
oportuna o incompleta.
A
la luz del derecho internacional, es importante hacer una distinción
entre aquella información que responden a hechos concretos y de posible
comprobación fáctica, de la que corresponde a juicios de valor. En este
último caso es imposible hablar de veracidad o no de la información.
Como
lo establece la jurisprudencia interamericana, la “exigencia de
veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella
información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por
ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente
en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo”.
Cuando
CONATEL califica cierta información como rumor o especulación y amenaza
con proceder administrativa y penalmente contra quienes la difundan,
está cometiendo una de las violaciones más graves a la libertad de
expresión: la censura previa.
Exigir
la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información parte de
la premisa de que existe una verdad única e incuestionable. Por tanto,
cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limita
la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de
expresión.
Lo
que hace CONATEL al calificar de rumores o especulaciones el posible
debate sobre el lavado de activos en el sistema financiero nacional, es
digno de sociedades gobernadas por dictaduras y regímenes autoritarios.
http://criterio.hn/libertad-de-expresion-lavado-de-activos-y-autoritarismo/
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