Tegucigalpa.Autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, lamentaron la ausencia de representantes del Estado de Honduras, en audiencias que se referían a temas de suma importancia y pocas veces tratados con respecto a los derechos humanos en el país centroamericano, como son el sistema judicial y la corrupción en entidades estatales.
Esta semana se lleva a cabo el 156 periodo de sesiones de la CIDH, en las que ha participado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, representado por la defensora de DDHH Mery Agurcia y la coordinadora general Bertha Oliva.
Hoy se llevó a cabo la audiencia “Denuncias sobre corrupción en las instituciones públicas en Honduras” solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) / Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ) / Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Estado de Honduras.
Una sesión previa fue la de Situación de la independencia judicial en Honduras, solicitada por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) / Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Estado de Honduras, en ambas no se hizo presente e Estado de Honduras.
Para hablar sobre “Denuncias sobre corrupción en las instituciones públicas en Honduras” estuvo Mery Agurcia (COFADEH), Martin Fernández (MADJ), Brenda Mejía (ERIC-sj) y Alfredo Ortega (Cejil ).
Los defensores de DDHH manifestaron a la CIDH que producto de la corrupción el Estado pierde ente 500 y 600 millones de dólares anualmente. Y que la ausencia del Estado refleja una práctica común con el pueblo hondureño.
La corrupción en instituciones públicas es una situación histórica, sería imposible denunciar el número de casaos de corrupción, hasta septiembre del 2014 la Fiscalía contra la Corrupción registra más de 3324 casos de corrupción pendientes de resolver desde 1994, esto refleja la ausencia en el tema de enjuiciamiento.
Martin Fernández se refirió a casos específicos que han agudizado la corrupción en Honduras, y que reflejan la falta de investigación de parte de los entes de justicia y condena a los responsables.
Caso más conocido y que ha sido un referente en el tema de corrupción es el desfalco ocurrido en el instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, atentado contra la salud y la vida, y que causó muchas muertes (2800), ya que a través de empresas fantasmas se perdió el 60% anual de salud pública entre 2010-2014, que son más de 350 millones de dólares, y solo se ha procesado a siete personas por estos hechos. Aproximadamente el 48% de la población hondureña utiliza diariamente los servicios de salud pública incluyendo el Seguro Social.
Hay actos de corrupción en la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) se habría desviado 5.5 millones de dólares que se debían utilizar en proyectos de formación de agricultores y se malversaron para gastos particulares de tarjetas de crédito, o la malversación de 16 millones de dólares del fondo para pago a empleados públicos jubilados, o pensión por invalidez, con lo que se compró vehículos y bonos, préstamos ilícitos, hurto, falsificación de documentos públicos entre otros, dado en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEMP.
Mery Agurcia, dijo que con base a la grave situación que han expuesto en dicha audiencia, consideran que la Comisión como el Estado tiene herramientas para asumir un rol protagónico para erradicar la impunidad y la corrupción.
Por lo que solicitaron a la CIDH considerar la información que se le ha brindado en esa audiencia en el informe que está elaborando sobre Honduras y dar las recomendaciones al Estado para abordar la temática.
Hacer público lo antes posible dicho informe y que, como mecanismo de seguimiento al menos una vez al año que se realice una audiencia pública para escuchar los avances que el Estado implemente para cumplir las recomendaciones así como las observaciones que pueda tener la Sociedad Civil.
Solicitan que previamente se le pida al Estado generar indicadores que le permitan dar seguimiento objetivo a las citadas recomendaciones.
Además, solicitaron realizar la presentación del informe de Honduras en el país y socializarlo con los diversos actores de la sociedad hondureña.
Que a través de la Relatoría de la Libertad de Expresión dé especial monitoreo al acceso de la información pública en Honduras.
Que la Unidad de Derechos Económicas Sociales y Culturales de la CIDH dé seguimiento a la ejecución de los presupuestos públicos y las afectaciones a los DESC y brinde recomendaciones y autoridades.
Al Estado Hondureño le recomendamos aprobar normas y adoptar prácticas para transparentar el gasto público y facilitar la rendición de cuentas así como la autoría social.
Garantizar un amplia y efectiva participación ciudadana en el diseño y gestión de políticas públicas contra la corrupción y contra la impunidad.
Abstenerse de promover o aplicar leyes que restringen el manejo de información pública, como la ley de clasificación de documentos oficiales.
Garantizar la aplicación efectiva de la justicia en asuntos relacionados a casos vinculados a la corrupción.
Con la ayuda de la cooperación internacional solicitar el apoyo para facilitar la instalación de una instancia con independiente que tenga facultades para investigar y enjuiciar a las estructuras de impunidad que promueven, facilitan o toleran la corrupción, así como que se puedan generar las capacidades para fortalecer la institucionalidad hondureña, reestructurando las instancias que componen la administración de justicia en la estricta apego a los DDHH, pata que la ciudadanía hondureña pueda consolidar su democracia, Estado de Derecho y se pueda consolidad el respeto y garantía de ddhh le decimos a la Comisión y al Honduras necesita que se remuevan las estructuras de impunidad, no que se les estudien.
Ante esta comparecencia, los Comisionados lamentaron en varias ocasiones la ausencia de representantes del Estado de Honduras. Mañana es el último día del 156 periodos de sesiones de la CIDH.
Defensores ambientalistas desprotegidos
El pasado lunes se llevó a cabo la audiencia “Situación de derechos humanos de defensores y defensoras del medio ambiente en el contexto de las industrias extractivas en América” a petición de muchas organizaciones entre ellas el COFADEH.
Mery Agurcia, desde el público expuso que "en Honduras recientemente se acaba de aprobar una Ley de Protección para Defensores, pero está Ley no ha sido implementada, no tiene todavía un reglamento y no tiene claridad respecto a los defensores del medio ambiente. Por otro lado no tiene un presupuesto claro y el mecanismos es totalmente independiente y nos preocupa porque en el consejo de protección se incluye a las Fuerzas Armadas lo cual es gravísimo porque generalmente son las Fuerzas Armadas, los miembros del ejército, quienes persiguen a los defensores".
Los solicitantes fueron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) / Amazon Watch / Asamblea de los Pueblos del Sur / Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) / Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) / Association for Women's Rights in Development (AWID) / Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo (CAJAR) / Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) / Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’/ Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Chihuahua / Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA) /Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) / Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) /Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) / Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comunidad de Derechos Humanos Bolivia / Conectas Direitos Humanos / Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) / Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) / Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) / Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) / Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe (FAU-AL) / Forum Suape / Global Witness / Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos / International Service for Human Rights (ISHR) / JASS Asociadas por lo Justo (JASS) / Justiça Global / Justiça nos Trilhos / Laboratorio de Paz / Movilización de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca por el Cuidado de la Vida en los Territorios Ancestrales / Peace Brigades International (PBI) / Plataforma Internacional Contra la Impunidad / Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) / Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) / Robert F. Kennedy Human Rights / Terra Mater / La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras Guatemala (UDEFEGUA)
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3770:audiencias-cidh-honduras-necesita-que-se-remuevan-las-estructuras-de-impunidad-no-que-se-les-estudien&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150
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La CIDH conoce sobre irregularidades del proceso de selección de magistrados a la CSJ
Jueves, 22 de Octubre 2015 - 16:08 Marvin Palacios defensoresenlinea.com/
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| Rose Marie Antonie presidenta de la CIDH |
La Asociación de Jueces por la Democracia (ADJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) comparecieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revelar una serie de irregularidades practicadas por el Consejo de la Judicatura y sobre el proceso de selección de los próximos magistrados y magistradas a la Corte Suprema de justicia (CSJ).
En el caso del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, la AJD denunció el uso indebido de los procesos disciplinarios y denunció el uso del polígrafo como prueba de confianza que se está aplicando a los aspirantes a magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Rose Marie Antonie presidenta de la CIDH y los comisionados José de Jesús Orozco y Tracy Robinson escucharon las denuncias planteadas por la ADJ y el CEJIL. La presidenta de la CIDH, Rose Marie Antonie lamentó la ausencia de los representantes del estado de Honduras a esta audiencia desarrollada en Washignton, DC, Estados Unidos, en el marco del 156 Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el uso de la palabra el presidente de la ADJ, Mario Díaz denunció que el Consejo de la Judicatura fue creado en principio como un órgano idóneo para atacar la impunidad y la corrupción.
“No obstante en la práctica se ha convertido en un mecanismo de coacción, amenazas, amedrentamiento e injerencias indebidas hacia los jueces y las juezas hondureñas”, aseguró Díaz.
Díaz dijo que en un informe de gestión judicial del año 2014, el Consejo de la Judicatura destituyó a 47 operadores judiciales y despidió a 75 jueces y juezas, “situación que representa una afrenta a la garantía de inamovilidad”.
La ley del Consejo de la Judicatura establece los procesos disciplinarios de la carrera judicial y estipula como sanción grave el no someterse a evaluaciones de confianza.
Díaz señaló que la ley del Consejo de la Judicatura contiene una normativa inadecuada, porque no se está respetando el derecho de defensa ni el debido proceso para los jueces y juezas. “Por ejemplo en muchas ocasiones los operadores de justicia cuestionados se enteran que serán sometidos a un proceso disciplinario, por medio de la prensa, ya que el Consejo hace pública una lista; antes de notificar a los involucrados, lo que implica además una violación al debido proceso y una estigmatización innecesaria”.
El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia (ADJ) señaló que es importante dejar constancia que desde que se inicia el proceso de suspensión provisional, la persona deja de percibir su salario, con lo cual dicho acto se convierte en una sanción anticipada y consecuentemente en violatoria del principio de presunción de inocencia.
Mario Díaz de la AJD y Marcia Aguiluz CEJILEn torno al proceso de selección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la abogada Rubenia Galeano de la ADJ dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la normativa vigente permite un amplio margen de discrecionalidad a la Junta Nominadora y al Congreso Nacional (CN), que es el que finalmente selecciona a 15 magistrados y magistradas de una lista de 45 nominados y nominadas.
Galeano expresó que no se garantizan criterios objetivos para nombrar a los magistradas y magistradas, ni que se cumple con los principios de transparencia, participación amplia y publicidad.
La abogada también resaltó el aspecto de que se exige el título de notario público como requisito para aspirar al cargo de magistrado o magistrada, ya que esto excluye a una gran cantidad de aspirantes al cargo.
En Honduras solo un 10 por ciento de las abogadas y los abogados, son notarios públicos, “y además este requisito no guarda ninguna relación con el cargo que se ejerce”.
En la relación al proceso de selección, Galeano dijo que se han observado algunos avances, por ejemplo las audiencias públicas a las que comparecerán los aspirantes y las aspirantes, pero que también se reflejan deficiencias como la inexistencia de reglas claras para la nominación y selección de las personas por parte de los sectores proponentes, esto provocó que, salvo el caso del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, los otros sectores realizaran procesos sin tomar en cuenta criterios objetivos de capacidad e idoneidad.
Por ejemplo el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) realizó una votación masiva y no evaluó las competencias de las personas propuestas, en otros casos, simplemente se eligieron nombres pero no se brindó ningún tipo de evaluación.
Junta Nominadora debe publicar en todos los medios posibles todo el proceso de selección (actas de sesiones, regulaciones internas, criterios de evaluación y puntajes otorgados)
Galeano dijo que el cuadro técnico de calificaciones con que cuenta la junta Nominadora, la puntuación para evaluar a los candidatos y candidatas, según información circulada por los medios de comunicación, no garantiza la elección de las mejores personas.
“Preocupa también que la Junta Nominadora ha anunciado el uso del polígrafo, como una prueba para los candidatos y candidatas, y también preocupan algunos aspectos como establecer criterios relacionados con la verificación de honor homologado a la idoneidad, el cual puede estar sujeto a apreciaciones subjetivas”, expuso Galeano.
En ese orden hacemos un llamado al ejercicio de las mejores prácticas de transparencia por parte de la Junta Nominadora para que difunda por todos los medios disponibles sus regulaciones internas, calendarios de trabajo, sesiones, criterios de evaluación, entrevistas y puntajes otorgados.
“Asimismo solicitamos que se conozcan las actas de las sesiones de la Junta Nominadora, de conformidad a los principios de transparencia y publicidad y que se establezca un plazo suficiente para poder presentar observaciones e impugnaciones sobre las candidatas y los candidatos”, señaló la abogada Rubenia Galeano.
Se estima que unos 200 profesionales del derecho aspiran a convertirse en magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de los cuales la Junta Nominadora deberá entregar una lista final de 45 a más tardar el próximo 23 de enero de 2016 al Congreso Nacional , para la respectiva selección de 15 magistrados y magistradas.
Por su parte la directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz destacó que la elección de magistrados y magistradas es determinante para fortalecer la democracia y el estado de derecho en Honduras y por eso es fundamental que se lleve a cabo un proceso que permita elegir a las mejores personas.
Aguiluz solicitó a la CIDH que haga un pronunciamiento público para reiterarle al gobierno de Honduras que en el actual proceso de selección de magistrados y magistradas a la Corte suprema de Justicia, se ajuste con los estándares internacionales.
“Recordando que cualquier proceso de selección y nombramiento debe seleccionar a los candidatos y candidatas basándose en méritos profesionales y titulación profesional, que debe contarse con criterios objetivos pre-establecidos para evaluar a los candidatos y candidatas, evitando al máximo el uso de criterios discrecionales; que debe garantizarse la igualdad de acceso a posiciones respetando el principio de no discriminación y relacionada a la paridad de género”, subrayó Aguiluz.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3769:la-cidh-conoce-sobre-irregularidades-del-proceso-de-seleccion-de-magistrados-a-la-csj&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
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