Tegucigalpa.“Estoy aquí para que se haga justicia por la muerte de mi hijo y denunciar las violaciones a los derechos humanos”, declaró hoy Wilfredo Yánez, padre del menor Ebed Jassiel, quien murió a manos de efectivos militares en un retén del Operativo Relámpago, en la salida a Danlí en Tegucigalpa, en mayo del 2012.
Después de posponerla dos veces, ya la tercera es la vencida, dijo Yánez, al manifestar satisfacción porque ha iniciado en la Sala Quinta de la Sala de Juicios Orales de la Corte Suprema de Justicia, el juicio contra el sargento Eleazar Abimael Rodríguez, quien está con cárcel preventiva, el cabo Felipe de Jesús Rodríguez y el subteniente Josué Antonio Sierra, estos últimos con medidas preventivas, por el asesinato de Ebed Jassiel, un menor de 15 años, que viajaba en una motocicleta de su papá, en la madrugada del domingo 27 de mayo del 2012, en la colonia Villa Vieja, ya cerca de su vivienda.
Don Wilfredo, manifestó que “no he perdido el objetivo que es alcanzar justicia, no buscamos venganza, sólo que se aplique la ley a cada una de las personas implicadas en la muerte de mi hijo, conforme a la responsabilidad en que incurrió cada uno de ellos”.
Al sargento Eleazar Abimael Rodríguez, con prisión preventiva, según consta en el expediente Judicial 1311-2012, se le acusa de homicidio y abuso de autoridad, porque el arma que estaba asignada a él, coincide con los revestimientos de bala que encontraron en la escena del crimen, aunque según testigos, la patrulla, después de disparar se retiró y a los minutos volvió, los agentes recogieron las evidencias, “pero como no hay crimen perfecto” dijo Yánez, quedaron dos casquillos de bala.
Los otros imputados, están con medidas sustitutivas, el cabo Felipe de Jesús Rodríguez y el subteniente Josué Antonio Sierra, Teniente de Artillería, ambos fueron acusados de abuso de Autoridad, falta a los deberes de los funcionarios y encubrimiento, aunque la parte acusadora, representada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, al inicio del proceso solicitó que se les acusara también de homicidio, la petición fue denegada, explicó Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia de la organización defensora de derechos humanos que coordina Bertha Oliva. Cabe mencionar que los imputados pertenecen al Primer Batallón de Fuerzas Especiales.
Don
Wilfredo manifestó que “es doloroso enfrentar este juicio, pero estamos
abriendo la brecha en este país para enseñarle al pueblo
particularmente a los padres y jóvenes que cualquier violación a sus
derechos en la medida de lo posible, no podemos quedar callados, sino
denunciar a quienes los violentan”.Uno de los abogados de la parte defensora, Jacobo Salandía, quien representa al Josué Antonio Sierra, quien era el oficial a cargo de la patrulla que dio persecución a Ebed Jassiel, y a Eleazar Abimael Rodríguez, cuya arma salió positiva de haber disparado al joven, los militares también son víctimas del sistema, porque ante la convulsión que vivía el país en aquel momento (tiempo en que los militares atacaron a Ebed Jassiel), el Estado de Honduras ha hecho uso de los militares, y sabemos que los militares no estaban preparados para asistir en tareas policiales.
También que los tres imputados (en el caso por el homicidio de Ebed Jassiel), son campesinos, y que muchas veces las personas a veces por falta de empleo entran a las Fuerzas Armadas de Honduras. A ellos les mandaron a través de un decreto Ejecutivo y un Legislativo, pero las autoridades aquí, no se percatan que a las personas hay que adiestrarlas para hacer ciertas actividades, la formación militar no es la misma que la policial, explicó Salandía.
Y es que según el abogado defensor, ellos estaban en el cumplimiento de una orden, el cumplimiento de un decreto, por lo que son personas en el lugar equivocado atendiendo una situación de gravidez que el país vive de criminalidad.
Por su parte el padre de Ebed Jassiel, dijo que, si bien es cierto, no se puede descartar que los militares implicados en la muerte de su hijo, sean víctimas del sistema, también todo sub alterno tiene el respaldo de la ley para desobedecer las órdenes que riñen con la moral y las buenas costumbres o contra las leyes del país.
En el primer día, se conoció la declaración de testigos protegidos, quienes relatan los hechos ocurridos en la noche del 26 y madrugada del domingo 27 de mayo del 2012, cuando después de un patrullaje que inicio a eso de las seis de la tarde, fueron a la salida a Danlí, específicamente al desvió de la colonia Los Pinos, donde, como a la 1:15 de la mañana, una persona a bordo de una motocicleta desatendió la señal de parada en el retén militar, por lo que siete elementos en una patrulla, a cargo de Josué Sierra lo siguieron, disparando contra la humanidad del joven, en la colonia Villa Vieja.
Entre los relatos, se mencionó que quienes dispararon fueron los tres imputados en este caso, además que después de irse, a los minutos regresaron a recoger las evidencias, las que fueron tiradas a la calle aledaña en un centro comercial en la salida a oriente.
También se declaró sobre el cambio de armas y que no se hicieran comentarios sobre lo sucedido esa madrugada.
Se espera que en el segundo día del juicio oral y público se avance con las pruebas testificales, para que se despejen las situaciones dadas para alcanzar justicia, en este juicio que conoce el Tribunal compuesto por Lesly Gallardo, Yessica Granados, Julissa Aguilar y Mario Díaz como cuarto juez.
Este juicio oral y público se había programado para el 18, 19 y 20 de noviembre de 2014, pero uno de los imputados no tenía representantes legal, por lo que se reprogramó para el 1,2 y 3 de diciembre, audiencia que se suspendió porque la defensa recusó al juez Mario Díaz, tras un comunicado firmado por la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, del que forma parte, y que denunciaba el ambiente de violación de derechos humanos que atraviesa el país, pero después se notificó que la recusación no fue aceptada, así que él continúa siendo parte del Tribunal como juez cuarto.
Altos rangos también están involucrados en el caso
A las 11:30 de la noche del sábado 26 de mayo de 2012, el menor de 15 años Ebed Jaasiel Yánez Cáceres, salió de su casa a escondidas de sus padres, sacó la motocicleta de su papá Wilfredo Yánez, se fue a un lugar de Villa Vieja, en determinado momento pasó por un retén militar que se encontraba ubicado a la altura del desvío de la colonia Los Pinos y al no acatar señal de parada seguramente por no portar licencia de conducir ni documento de revisión de la motocicleta, es seguido por un vehículo militar tipo pick up marca Ford modelo 350, color verde, donado por Estados Unidos, abordado por 7 efectivos militares, quienes le dieron persecución al menor hasta que lo alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones produciéndole la muerte de manera inmediata.
El 10 de abril de 2013 la Fiscalía Especial de Derechos Humanos presentó ante el Juzgado de Letras de lo Penal Seccional Judicial de Tegucigalpa requerimiento fiscal contra varios oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas por suponerlos responsables del delito de encubrimiento y violación de los deberes de los funcionarios.
Los imputados son: El Coronel Raynel Enrique Fúnes Ponce, comandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales localizado en la Venta, Francisco Morazán y nombrado el 1 de febrero de 2013 como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES), el coronel de artillería Jesús Alberto Mármol Yánez, quien durante los meses de mayo y junio de 2012 fungió como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES) y comandante de la Operación Relámpago.
Este oficial tuvo bajo su mando de febrero a julio de 2012 a 300 efectivos militares, destacados en los silos del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) de la capital. El 1 de febrero de 2013 fue nombrado Jefe del Departamento de Recursos Humanos (E-1).
Asimismo la Fiscalía presentó requerimiento fiscal contra otros oficiales por el delito de encubrimiento y abuso de autoridad. Los imputados son: El Teniente Coronel Mariano Mendoza Maradiaga, quien se desempeñó como subcomandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales y nombrado comandante del XVI Batallón de Infantería el 21 de enero de 2013.
También fueron acusados el teniente Coronel Juan Rubén Girón Reyes, Subcomandante del X Batallón de Infantería con sede en Marcala, La Paz, nombramiento que se hizo efectivo el 1 de febrero 2013, el Alférez de Fragata José Emiliano Novoa Fúnez, el asesor legal de la Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas, Juan José Flores Alvarez y el Contralmirante y Auditor Jurídico de las Fuerzas Armadas, Ramón Cristóbal Romero Burgos.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3381:inicia-juicio-oral-y-publico-contra-militares-implicados-en-muerte-del-menor-ebed-jassiel-&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
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