Honduras: Posicionamiento sobre la aprobación de la ley para la protección de defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia.

En mi calidad de Director Ejecutivo del CPTRT y como defensor de los derechos humanos me dirijo a las autoridades y representantes del Congreso Nacional de la República, dirigentes de los movimiento sociales y de la Sociedad Civil para manifestarnos sobre la discusión, socialización y aprobación de una ley sobre defensores/as de los derechos humanos bajo las siguientes consideraciones y posicionamientos sociales, políticos y éticos.

1.      La situación de derechos humanos que se vive en Honduras es extremadamente grave y tiene un carácter multimensional y lejos de mejorar se agrava cada hora y tiene su fundamento en las causas estructurales, sociales , históricas, económicas y políticas que se reflejan en una política criminal del estado de carácter inquisitivo-punitivo, basado  en leyes cada vez mas excluyentes, discriminativas, clasistas, sexistas y homofóbicas que en nombre de la Seguridad han llevado a la militarización de casi todas las estructuras del Estado, incluyendo el Ministerio Público, Ministerio de Salud y las instituciones operadoras de justicia con tendencia  a crear cada vez mas entidades que están basadas en la inteligencia militar, en la criminalización de la pobreza y a protesta social, a lo cual se suman las tendencias  de retrocesos históricos tales como las posibles reformas al código penal para aumentos de penas de los delitos contra la seguridad interior del estado, además la reducción de la edad punible de los niños y niñas, lo que provoca el reforzamiento de las normas que protegen los intereses depredadores de empresas multinaciones mineras, deforestadores del bosque y los daños al sistema de nuestra riqueza fluvial y marítima, leyes que violan los derechos laborales  y menoscaban los derechos humanos de las comunidades indígenas, garífunas y campesinas.

2.      Las políticas económicas han estado destinadas  a hacer más ricas y poderosas  las multinacionales y sectores de la oligarquía dominante para destruir las pequeñas empresas, alterar  las cooperativas campesinas  y las comunidades indígenas, garífunas  y fraccionar el movimiento sindical y dividir profundamente toda la sociedad hondureña.

3.      Las políticas de criminalización y de exclusión, heteropatriacal clasista, racial y de género se reflejan  en la corrupción del sistema de servicios de salud (IHSS), falta de medicamentos por la inoperancia del Ministerio de Salud. La crisis del sistema educativo con más de medio millón de niños sin acceso a las escuelas, persecución contra el magisterio nacional, represión del estudiantado universitario y de secundaria y en consecuencia la inmovilización social  y extrema pobreza en las áreas indígenas, campesinas y garífunas.

4.      Mientras se estrangulan los programas en salud, educación, reforma agraria y desarrollo cultural, se incrementan sustancialmente la militarización, la inteligencia militar  y la compra de armas. El presupuesto  de defensa, seguridad y sistema de justicia se incrementó del 2008 al 2014 en aproximadamente cuatro mil seiscientos ochenta y cinco millones  lempiras mientras que  el presupuesto de educación dos mil trescientos setenta y nueve millones de lempiras.

 5.      No obstante la militarización, la política de seguridad tanto militar como policial  ha sido  incapaz de bajar la tasa de impunidad que llega aproximadamente al 92 % en relación con los casos de muertes violentas,  mientras la tasa de homicidios por cien mil habitantes no ha decrecido sustancialmente.

6.      El reflejo real de la política criminal del estado, de la economía política  y de la impunidad  en los casos de muertes violentas se reflejan en el reducido números de acusaciones presentadas por el Ministerio Público, a contrario sentido un incremento escandaloso de las personas privadas de libertad por delitos comunes incluso, el aumento de la judicialización por delitos contra la propiedad como los robos famélicos.

7.      En relación con las violaciones de DDHH de los defensores(as) de los derechos humanos (muertes violentas, amenazas, hostigamientos, torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, desalojos forzosos, criminalización, acusaciones falsas, desapariciones  y desalojos forzados) las investigaciones por parte del Estado son escasas por no decir nulas, para el caso entre el 2010 y 2013  FUERON ASESINADOS 33 PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOCIALES, entre febrero 2010 y agosto del 2013 66 abogados(as) fueron asesinados. Según las organizaciones de la diversidad sexual después del golpe militar 2009 hasta la fecha 168 personas han sido asesinadas y violentadas en sus derechos y según el CONADEH sólo el cuatro por ciento de los casos han sido judicializados. Entre 2012 y 2013, 1242 mujeres han sido asesinadas.

8.      Las muertes violentas de los campesinos del Aguan llega a más de un centenar  y los desalojos violentos continúan; en igual forma a  la inseguridad y represión de la Comunidad de Vallecito y la persecución contra los dirigentes garífunas de OFRANEH ,  el COPINH, las violaciones a los derechos ambientales de la Madre TIERRA, y los defensores(as) ambientalistas (Azacualpa, San Andrés, Valle de Siria, Agalteca, Corpus, Choluteca, Santa Barbara, Olancho, Colon y Gracias Dios a lo cual se suman proyectos nefastos como ZEDE.(ciudades Charter o ciudades Modelo).

Por lo tanto basados en el Artículo 1 de la Declaración sobre los defensoras(es) de los DDHH, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1999) que considera: “Defensores de los derechos humanos a toda persona que individual o colectivamente promueva y procure la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Por lo que es necesario la participación en la socialización y discusión del articulado de la ley de defensores(as), sus mecanismos de protección , la autonomía   de un órgano especial de protección y seguridad que no dependa del sistema de seguridad y defensa del Estado y la necesidad de conceptualizar, aplicar y poner en práctica la valoración de riesgos, la necesidad de investigación de las violaciones a los ddhh de los defensores(as)como mecanismo protección, la sanción de los responsables y las respectivas indemnizaciones de los daños físicos, materiales, psicológicos y sociales.

Reiteramos nuestro apoyo a la creación de una ley, siempre y cuando exista la participación de todos/as los/as defensores/as de DDHH y exista autonomía plena de un organismo que no dependa del sistema de seguridad y defensa del Estado, de lo contrario esta ley no garantizaría la defensa de los DDHH.