Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Directores de medios de comunicación y directivos de organizaciones de periodistas, ofrecieron este lunes su respaldo al proyecto de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, durante una reunión celebrada en el Salón de Retratos del Congreso Nacional, encabezada por la vicepresidenta de la Cámara Legislativa, Lena Gutiérrez y los miembros de la comisión de dictamen.*En la cita, los directores de medios, presidentes de organizaciones de periodistas y miembros de la comisión de dictamen, alabaron la apertura del CN para socializar la ley.
En la reunión, Gutiérrez reiteró el
respaldo del Poder Legislativo a la aprobación de la ley que asegure el
ejercicio de los comunicadores sociales, activistas de derechos humanos y
operadores de justicia.
Durante
la reunión los directores de medios de comunicación escrita, radial,
digital y televisiva, así como los presidentes del Colegio de
Periodistas de Honduras (CPH), Juan Ramón Mairena y de la Asociación de
Prensa Hondureña (APH), Carlos Ortíz, presentaron sus aportes que
permitirá elaborar un dictamen consensuado, que garantice el libre
ejercicio del periodismo.
Al
finalizar la reunión, el secretario de la Comisión Ordinaria de
Derechos Humanos, diputado Rossel Renán Inestroza, explicó que entre los
principales aspectos abordados durante la cita figura el financiamiento
para la protección de los beneficiarios de la ley para lo cual se
establecerá que la Secretaría de Finanzas, debe asignar los recursos
necesarios al Ministerio de Seguridad para poder implementar una
protección efectiva.
Diferencias
Uno
de los aspectos que se abordó en la reunión, fue establecer una
diferenciación entre periodistas y comunicadores sociales y otro tema
importante que surgió en la cita, fue la calificación del riesgo de la
amenaza de la que pueden ser objeto y los miembros de la comisión de
dictamen explicaron las medidas que se estarían implementando una vez
que se evalúe la denuncia del periodista o comunicador social y en un
plazo expedito de ocho horas se otorgarían las medidas de protección
provisionales hasta tanto se resuelva el expediente de una forma
ordinaria que tomaría de dos a cuatro semanas y un expediente
extraordinario o expedito que tomaría una o dos semanas.
“Hemos
escuchado también de que se apruebe lo más pronto posible esa ley y
todos los miembros de la comisión estamos trabajando prácticamente a
tiempo completo a efecto de poder dar un instrumento jurídico que sirva
para poder darles tranquilidad a cada uno de los periodistas y
comunicadores sociales. Se planteó también el informe sobre los casos de
la muerte violenta de periodistas y comunicadores sociales y esa será
una potestad del consejo del cual van a formar parte para poder pedir un
informe a las unidades encargadas de brindar la protección y dar
también un informe a la opinión pública sobre los avances que se están
tomando.
Por
su lado, el presidente del CPH, Juan Ramón Mairena, apuntó que junto a
los directores de medios fueron muy enfáticos en el sentido que no se
quiere una ley que vaya a quedar en papel mojado y por eso se habló de
la parte financiera para poner en práctica ese instrumento jurídico.
Precisó que todas las inquietudes y
recomendaciones que se expusieron durante la reunión, serán presentadas
en una nueva reunión que se celebrará el próximo lunes, mediante un
resumen ejecutivo a fin de que la comisión las tome en cuenta para
aplicabilidad de la normativa.
“Todos
subrayamos y alabamos la importancia y el interés del Estado a través
del Congreso Nacional en darnos un instrumento a través del cual, los
operadores de justicia, periodistas, comunicadores sociales y defensores
de derechos humanos podamos tener una ley que nos pueda dar seguridad a
nuestras vidas, a nuestras familias en un ejercicio de la profesión del
periodismo en Honduras”, destacó Mairena.
En
ese sentido, se trata de elaborar una ley aplicable, ágil, que tenga
seguimiento y recursos financieros para su ejecución, fueron propuestas
las propuestas del gremio periodístico, a ser incluidas en el dictamen
del proyecto de ley.
La vicepresidenta del Congreso
Nacional, Lena Gutiérrez, manifestó que la comisión dictaminadora ha
hecho una extraordinaria labor y que entre los asistentes y demás
sectores hay suficiente talento para que sus aportes produzcan una ley
que proteja a estos profesionales.
Como
apuntó Mairena, se convocó a una nueva reunión próximo lunes, con el
fin de resumir sus propuestas en el dictamen y la diputada Gutiérrez
reconoció el dinamismo que se exige en la aplicación de las leyes, que a
su vez deben asumir los operadores de justicia.
Respaldo de las siete bancadas
De
su lado, el también vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio
Rivera Callejas, garantizó que la ley, que ya fue aprobada en dos
debates, tendrá el respaldo de las siete bancadas representadas en la
Cámara Legislativa, su ejecución y validez asegurada y será un disuasivo
para quienes atenten contra los periodistas y comunicadores sociales y
no quede en simple papel mojado.
Entretanto,
la directora del periódico Proceso Digital, Marlen Perdomo de Zelaya,
señaló la urgencia de aprobar la ley, porque ocurre que el debate se
reactiva al momento que otro periodista muere en ejercicio de su
profesión.
Alabó la decisión de consultar a los directores de medios y
señaló que hay artículos que
indican, que en el tiempo en que se activan los mecanismos de alerta y
protección a un comunicador, este ya ha muerto, por la burocracia que
dilata aplicar la ley.
Indemnización para familias de periodistas fallecidos
Por
su lado, el coordinador general de los noticieros de Radio América,
Luis Edgardo Vallejo, aplaudió la decisión del Legislativo, de compartir
el dictamen, pero señaló que en la propuesta hay mucha desproporción
porque ese gremio sólo tiene un representante y eso se debe revisar.
Pidió
además dar a conocer las investigaciones de los más de 40 periodistas
que han muerto violentamente y que el Estado no da respuesta y sugirió
que a los familiares de un periodista muerto se le otorguen los derechos
laborales del fallecido, es decir, una indemnización.
De su parte, el presidente de la
APH, Carlos Ortiz, dijo sumarse a la iniciativa del Congreso Nacional0
de continuar el proceso de socializar un instrumento jurídico que viene a
atender la crisis que afecta a abogados, grupos de sociedad civil y los
periodistas.
El
coordinador general de noticas de HRN, Juan Carlos Barahona, reconoció
al Congreso Nacional su decisión de socializar la ley y dijo que sus
inquietudes van más allá de la protección personal, sino de qué tan
expedito será el mecanismo, como se va a evaluar la situación de riesgo y
del momento en que se deben implementar las medidas de protección.
El jefe de redacción de diario
Tiempo en Tegucigalpa, Geovanny Domínguez, dijo que de manera seguida se
le consulta de fuera del país si la ley ya ha sido aprobada, pero que
con este proceso se aclaran varias dudas al respecto.
Se
refirió al proceso de gradualidad de los casos, si es grave o no, y
sugirió hacer un simulacro en cuanto a la funcionalidad de la ley, al
tiempo que recomendó, como sucede en Colombia, dotar al periodista en
riesgo de un teléfono celular, que activa alarmas preventivas cuando se
requiere.
Por su parte, el miembro de la
comisión de dictamen, diputado del partido Libertad y Refundación
(Libre), Jari Dixon, felicitó a la junta directiva por la voluntad
política de debatir la ley y dijo que el proyecto es producto del clamor
de varias organizaciones de sociedad civil y la secretaría del ramo y
un gran paso para proteger a quienes arriesgan su vida.
En
la reunión también participaron los directores de medios y noticieros:
Juan Carlos Sierra de TN5 Matutino; Esdras Amado López de Cholusat Sur
Canal 36; Emma Calderón de Mundo TV; Arístides Aceituno de
Hondudiario.com; Alexander Cerrato de Canal 11; Carlos López de Radio
Cadena Voces y Pablo Matamoros de Hable Como Habla (HCH), televisión
digital.
Asimismo, el vicepresidente de la
comisión ordinaria de derechos humanos del Congreso Nacional, diputado
del Partido Anticorrupción (PAC), Rafael Virgilio Padilla.
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