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Hugo Noé Pino
Por su importancia,
reproducimos uno de los Anexos que contiene el Diagnóstico de Política Fiscal de
Honduras que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi, estará
presentado a la consideración de la sociedad hondureña en el mes de julio el
cual muestra una de las contradicciones de la política fiscal en nuestro país.
“El Congreso Nacional aprobó la Ley Orgánica de
las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) mediante Decreto 120-2013 del
12 de junio de 2013. Las ZEDE están autorizadas para establecer su propia
política y normativa. Además, gozarán de autonomía funcional y administrativa
que incluye las funciones, facultades y obligaciones que la Constitución de la
República y las leyes le confieren a los municipios. Contarán con tribunales
autónomos e independientes con competencia exclusiva dentro de ellas.
Las ZEDE pueden crearse con el objetivo de
desarrollar Centros Financieros Nacionales e Internacionales, Centros Logísticos
Internacionales, Ciudades Autónomas, Cortes Comerciales Internacionales,
Distritos Especiales de Inversión, Distritos Energéticos Renovables, Zonas
Económicas Especiales, Zonas Sujetas a un Sistema Jurídico Especial, Zonas
Agroindustriales Especiales, Zonas Turísticas Especiales, Zonas Mineras
Sociales, Zonas Forestales Sociales o cualquier otro régimen especial que
incluya una combinación de varios de estos regímenes para procurar el desarrollo
de las inversiones bajo modelos incluyentes y otros análogos.
Con relación
al tema de la tributación, la ley establece que el régimen fiscal especial de
las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) las autoriza a crear su propio
presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus tributos, a determinar las
tasas que cobran por los servicios que prestan, a celebrar todo tipo de
convenios o contratos hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo, aun
cuando fuera a lo largo de varios períodos de gobierno. Asimismo, las ZEDE son
zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del
territorio nacional. Las importaciones que realicen las personas jurídicas que
operan en una Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), al ingresar al
territorio aduanero nacional estarán libres del pago de todo impuesto, arancel,
cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos, de consumo y gravamen
que tengan relación directa o indirecta, con las operaciones de importación y
exportación. Estas importaciones se tramitarán sin la intervención de agente
aduanero o apoderado especial aduanero, haciendo uso de una declaración única
aduanera.
Las ZEDE contarán con un régimen fiscal
independiente y deben orientarse por una política de bajos impuestos. La
recaudación de impuestos es potestad de las ZEDE y debe realizarse de acuerdo
con las reglas fijadas por la ley de estas. La estructura tributaria de las
ZEDE estará conformada así:
El impuesto sobre la Renta a las personas
naturales no podrá ser superior al 12%.
El Impuesto sobre la Renta a las personas jurídicas no podrá ser superior al 16%.
El impuesto sobre el valor agregado no podrá ser superior al 5%.
El Impuesto sobre la Renta a las personas jurídicas no podrá ser superior al 16%.
El impuesto sobre el valor agregado no podrá ser superior al 5%.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)
establecerán, además, impuestos sobre el valor de la tierra de propiedad
privada, la tierra en desuso y los bienes inmuebles que se beneficien del
desarrollo promovido por las mismas y que se encuentren ubicados dentro de su
ámbito espacial de competencia. A este efecto deben hacerse avalúos periódicos
sobre los mismos a fin de determinar los montos a pagar en base al valor de
mercado actualizado de dichos bienes inmueble.
Honduras solo se beneficiará con una parte mínima
de la recaudación impositiva que se genere en las ZEDE. De acuerdo con la ley,
el doce por ciento (12%) de la recaudación fiscal que hagan las Zonas de Empleo
y Desarrollo Económico (ZEDE) dentro de su ámbito espacial de competencia debe
destinarse a la creación de uno o varios fideicomisos distribuidos en
proporciones iguales y para los fines siguientes:
- 1) Una quinta parte para la creación de un fondo para el fortalecimiento del Poder Judicial que incluirá becas para la formación profesional de su personal en universidades de clase mundial, infraestructura y equipos;
- 2) Una quinta parte para un fondo de proyectos a nivel comunitario y departamental de conformidad con las prioridades que determine el Poder Legislativo;
- 3) Una quinta parte para un fondo de proyectos de desarrollo, infraestructura, seguridad y de carácter social de conformidad con las prioridades que determine el Poder Ejecutivo;
- 4) Una quinta parte para un fondo para el desarrollo de proyectos municipales a ser distribuido entre todas las municipalidades del país de conformidad con sus planes de inversión; y,
- 5) Una quinta parte para la defensa de la soberanía nacional mediante el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Honduras.
En conclusión, la Ley Orgánica de las ZEDES solo
evidencia que dentro de un mismo Estado se tendrá un sistema tributario
altamente diferenciado y autónomo; la jurisdicción de las autoridades edilicias
es violentada y los ingresos municipales y gubernamentales serán
significativamente reducidos. La DEI es desplazada de sus funciones. La
estructura de las ZEDE representa, a la vez, un favoritismo exagerado a la
inversión extranjera en detrimento de los inversionistas nacionales y de la
pequeña y mediana empresa.
El sistema tributario de las ZEDE contrasta
significativamente con las medidas aprobadas en la Ley de Ordenamiento de las
Finanzas Públicas sobre el ISR y el ISV. La única similitud es la continuación
del enorme sistema de exoneraciones: “privilegios para los de siempre” . El
régimen tributario de las ZEDE está perfectamente confeccionado para el gran
capital, a cambio de la destrucción de las fuentes generadoras de ingresos
gubernamentales, indispensables para atender las ingentes necesidades sociales
de la mayoría de la población.
Con las ZEDEs el territorio hondureño se
convertirá en un “archipiélago de paraísos fiscales”. Todo parece indicar que
Honduras está siendo tomada como “laboratorio” por el gran capital
internacional, poniendo en precario la disponibilidad de ingresos públicos para
la ejecución de programas sociales y de inversión así como para atender las
necesidades básicas la población en educación, salud, seguridad e
infraestructura. Con esta tendencia, el gobierno solo sobrevivirá aplicando más
impuestos a aquellas personas naturales y empresas que sí pagan
tributos.
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