El
pasado 26 de mayo, la Corte Suprema de Justicia decidió declarar
improcedentes los recursos de inconstitucionalidad
presentados por más de 50 organizaciones en contra de la Ley de Zonas
de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), conocidas también como ciudades
modelo. Sin embargo es hasta la semana pasada cuando algunos medios de
comunicación difundieron la noticia al respecto.Como era de esperar, la Corte Suprema actuó siguiendo el guión preestablecido desde cuando se consumó el golpe a la Corte de lo Constitucional (12-12-12), y fueron defenestrados los magistrados que se pronunciaron a favor de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos en contra de la Ley de Regiones para el Desarrollo (RED) conocida como Ciudades Modelo.
Entre
la inconstitucional Ley RED y la Ley ZEDE, existen algunas diferencias
cosméticas, pero la esencia continua siendo la misma: Ceder franjas del
territorio nacional al capital extranjero, para crear sus propias
normativas jurídicas así como en materia financiera, como lo viene
promocionando Mark Klugmann -miembro del Comité para la Adopción de
Mejores Prácticas de las ZEDE y supuesto asesor presidencial- promotor
de la tercerización de justicia, como una condición indispensable para
lograr el supuesto desarrollo económico.
Las
argucias jurídicas utilizadas por la Corte Suprema para declarar la
legalidad de las ZEDE, no aclaran de forma contunde los argumentos
presentados en los recursos de inconstitucionalidad. Como todo parece
indicar, ya la Fiscalía de la Defensa de la Constitución había emitido
un dictamen el
pasado 20 de abril, en el que indicó la inexistencia de violación
alguna de la Constitución Nacional por parte de la ley ZEDE.
La
OFRANEH fue una de las organizaciones firmantes de un recurso de
inconstitucionalidad el 25 de febrero del presente año, ante la
inclusión de 24 comunidades Garifunas dentro de las 5 posibles ciudades modelo formuladas
para la costa norte de Honduras. No obstante uno de los argumentos
esgrimidos por la Corte para rechazar los recursos interpuestos se
fundamenta en que "ninguna de las partes que interpone el recurso tiene
intereses directos o se ven afectados por la construcción de las
llamadas popularmente Ciudades Modelo”.
Si
las ZEDE se encuentran sujetas a los Tratados internacionales, como
aduce la Corte Suprema, el pueblo Garífuna posee todo el derecho de
exigir una Consulta-consentimiento, Previo, Libre e Informado (CPLI),
proceso que debe ser de buena fe, como indica claramente el Convenio 169
de la OIT y la
Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
Honduras
ha eludido de forma sistemática la aplicación del Convenio 169 y más
bien ha tratado de diluirlo al utilizar la propuesta de Ley Indígena
para convertirlo de esta forma en una ley secundaria. Como ejemplo de la
capacidad de distorsión del estado, se encuentra la Ley de Propiedad,
con la cual se ha dado el lujo de destruir los exiguos títulos
comunitarios otorgados por el Estado a las comunidades Garífunas,
induciendo a una atomización de los territorios y la consecuente
individualización de la propiedad. La ley de Propiedad es clave en el
proceso de destrucción de los títulos comunitarios para así proceder al
efecto
dominó en referencia a las ventas de tierras destinadas a las ciudades
modelo.
En la elaboración de la Ley de Propiedad participó
el libertario de ultraderecha Octavio Sánchez, otrora asesor
presidencial y el cual acompañó al ideólogo de las Ciudades Modelo Paul
Romer en una gira efectuada en los Estados Unidos y Canadá. Al desvincularse Romer del proyecto neocolonial en Honduras, reaparece en escena el sórdido asesor de campañas
presidenciales Mark Klugmann, el cual ahora es mencionado con Sánchez como coautores de las recicladas ciudades modelo bajo el nombre de ZEDE.
El Estado de Honduras al ignorar el derecho a la consulta, viola además del Convenio 169, el articulo 26 la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados (1969), el que hace referencia al Pacta Sunt Sevanda (Lo pactado obliga) indicando que "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ella de buena fe".
Existe
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
varias sentencias en las que el Convenio 169 es incorporado. En relación
a la consulta en la Sentencia del Caso Sarayaku (párrafo 301) señala
que "El
Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra
índole que sean necesarias para poner plenamente en marcha y hacer
efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta previa de los
pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar aquellas que
impidan su pleno y libre ejercicio, para lo cual debe asegurar la
participación de las propias comunidades".
En
la reciente audiencia efectuada el pasado 20 de mayo en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH), en relación al caso de
la Comunidad Garifuna de Triunfo de la Cruz vrs Honduras, uno de los
puntos resaltado por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) en la lista de reparaciones presentada, se
encuentra la implementación del derecho a la Consulta por parte del
Estado hondureño.
Desafortunadamente
el Estado ha demostrado mala fe, al tratar de denegar nuestra condición
como pueblo indígena, y convertirnos en simples afrodescendientes,
anteponiendo de forma maquiavélica la raza a la cultura.
La sentencia del Caso Sarayuko indica "la
misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas tales como los
intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades
afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del
establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones
con miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los
estándares internacionales". (Párrafo 186).
Las
ZEDE, forma parte del laboratorio económico político y social de la
ultraderecha estadounidense y latinoamericana, y todo indica que han
escogido el territorio ancestral del
pueblo Garífuna para implementar las Ciudades-Nación del siglo XXI, las
que serán una combinación de paraísos fiscales con una gama de empresas
dedicas desde la biología sintética hasta la agro-producción de
organismos genéticamente modificados.
Para
la OFRANEH la implementación del CPLI es un imperativo, ante la
ausencia de respeto por parte del Estado y los organismos financieros
internacionales promotores de al piñata de los territorios de los
pueblos indígenas con el propósito de explotar y destruir en pos de un
falso desarrollo. Mientras Honduras colapsa la elite de poder procede a
vender el país por retazos, al mismo tiempo hasta los infantes abandonan
el país más violento del planeta.
En
los próximos meses la Corte Interamericana de Derechos humanos, emitirá
una sentencia, la cual esperamos incluirá la obligatoriedad para la
implementación del CPLI, así que es la hora para Estado de asumir y
respetar la Convención de Viena además de apegarse al pacta sunt servanda.
Sambo Creek, 26 de Junio del 2014
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
OFRANEH
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
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Sambo Creek, Atlántida.
Honduras
telefax: 504-24541513 / 504-24490003
email:garifuna@ofraneh.org / ofraneh@yahoo.com
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