Tegucigalpa – El procurador general de la
República, Abraham Alvarenga, reveló que las demandas contra el Estado,
ya suman más de dos mil 500.
Indicó que la Procuraduría
General de la República (PGR), se encuentra haciendo una intensa labor
contestando, presentando acciones, pruebas y recursos para tratar de enfrentar
esas demandas, lo que se ha convertido en una actividad cotidiana en esa
dependencia del Estado.
“Cuando existe conflicto de
intereses, todos los días pueden generarse y eventualmente pueden venir las
demandas y a nosotros nos corresponde presentar nuestros argumentos y defenderlos
ante los órganos jurisdiccionales del Estado para poder evitar que vengan
condenas posteriores, pero es algo que no lo podemos evitar por los
conflictos interactivos con los particulares en todos los trámites con el
Estado”, explicó.
El funcionario detalló que las
instituciones del Estado que mayor número de demandas enfrentan figuran la
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), que ahora se
llama Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Instituto de la
Propiedad y la Secretaría de Seguridad.
No obstante, Alvarenga aclaró que
todas las secretarías y dependencias del Estado enfrentan demandas pendientes,
pero la mayoría se concentran en esas tres dependencias principalmente por
aspectos laborales e incumplimiento de contratos.
Aunque el funcionario considera
como “normal” ese proceso de demandas, para el ex diputado y abogado Orle
Solís, esa enorme cantidad de cuantiosas demandas contra el Estado deben parar
ya que al final quien las paga es el pueblo, mientras los culpables andan
libres.
Ejemplificó que todas las
demandas interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), han prosperado desafortunadamente y lo preocupante es que podrían calificar
para que las mismas puedan pasar ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y el Estado de Honduras siga siendo condenado como hasta ahora.
“Recordemos que de las últimas
demandas que se han interpuesto contra el Estado de Honduras, en su mayoría, ha
sido condenado, eso no puede continuar, eso es grave, es difícil y esperamos
que las autoridades encargadas de la prevención, promoción, protección y
defensa de los derechos humanos, sean diligentes para atender esta situación
porque no se puede continuar, quien paga es el pueblo y los que cometieron las
irregularidades andan libres”, reiteró Solís.
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