Por Eliecer Jiménez Julio, Ginebra, Suiza.
Las practicas
sistemáticas y generalizadas de asesinatos, torturas, malos tratos,
desplazamientos forzados, hacinamientos en las cárceles colombianas, detenciones
de defensores de derechos humanos, la
estigmatización y judicialización a las organizaciones sociales que pacífica y
dignamente se levantan a reclamar derechos y garantías y que son tildadas de
terroristas por el estado colombiano así como la destinación de inmensos
recursos económicos para la guerra en detrimento de la educación y protección
de la niñez colombiana fueron señaladas como una práctica constante de violación
de los ddhh por parte del gobierno de este país suramericano..
El negro y escalofriante informe de la ONU sobre Colombia dice que “a
diciembre de 2013 había cerca de 6 millones de víctimas del conflicto armado de
ellas más de 5 millones de desplazados internos, que el respeto de los derechos
a la vida y la integridad de la población civil durante las operaciones
militares siguen siendo gran preocupación ya que son asesinados civiles y que
estos casos recurrentes son considerados como “errores militares o inevitables”
sin que los comandantes militares respectivos hayan asumido sus
responsabilidades institucionales o los interrogatorios ilegales a niños y en
referencia a los ataques de la fuerza pública contra las protestas pacificas se
considera una violación de los ddhh. E incluso la alta comisionada expresó su
preocupación por las declaraciones reiteradas de altos funcionarios del gobierno
durante las protestas calificándolos como obra de grupos
armados.
La organización
Mundial Contra la Tortura OMCT, la Fundación Solidaridad con los Presos
Políticos FSCPP, la ACAT, Action des Chrétiens
pour l'Abolition de la Torture de Francia, la Fondation Danielle Mitterrand - France Libertés
, Amnistía Internacional y la Corporación Colombiana de Juristas entre
otras, coincidieron en sus intervenciones en señalar y desmentir al
representante del gobierno colombiano quien minutos antes afirmó que: “En
Colombia se respetaban y no se violaban los ddhh y no se criminalizaba la
protesta social” lo cual generó burlas entre los presentes ya que el funcionario
desconoció de paso los cerca de diez mil prisioneros políticos existentes en el
país, la corrupción en todas las instituciones del estado incluyendo las Fuerzas
armadas y policía, así como la falta de garantías para la verdadera
participación de la oposición en la contienda electoral y en el fondo la falta
real y verdadera de una voluntad de paz del gobierno colombiano en buscar un
clima de paz generando cambios sociales, económicos y políticos de fondo que
satisfagan las necesidades de la población pobre colombiana que sobrepasa el
75%, al igual que empeñado en entregar las riquezas nacionales a las
multinacionales extranjeras sigue obnubilado en su política de guerra y tierra
arrasada.
Amnistía Internacional insistió en la necesidad de buscar la paz en
Colombia, pero para ello había que acabar con los grupos paramilitares; la
representante del gobierno suizo mostró su preocupación por la represión que
ejerce el gobierno contra las protestas sociales, la OMCT llamó la atención
“porque la jurisdicción militar sigue conociendo casos de torturas y la
invisibilidad
del crimen”; mientras France Liberté que apoyo su trabajo con la Asociación ON
y Va, insistió en que “el Estado viola abiertamente derechos reconocidos
internacionalmente (como los contemplados en los artículos 5, 8, 23 y 25 de la
Carta Interamericana de Derechos y, además, desconoce 10 Sentencias de la Corte
Constitucional Colombiana). Persiguen a quienes se organizan y protestan ya
que son tildados de “terroristas” y convertidos en “enemigos internos “a los
cuales hay que eliminar”.
Y
dijo que: “El más sobresaliente y reciente caso de la vorágine de violaciones de
los derechos humanos en Colombia es la destitución por vía administrativa del
alcalde de Bogotá elegido por votación popular, señor Gustavo Petro Urrego”. La
organización francesa insistió que “Una vez más este hecho violatorio de
derechos humanos, pone en grave riesgo el logro de la Paz y la desactivación de
la guerra en el país, esfuerzo que requiere de la decidida y clara participación
de la Comunidad Internacional en el camino del logro real de la observación y
respeto de los derechos de los 46 millones de
Colombianos”.
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