Escrito por Luis Vallecillo en Miércoles, 5 de febrero 2014 - 13:20
Tegucigalpa,Honduras(Conexihon).-
El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) presentó el
Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería ante la
sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Los
problemas ambientales son mucho más profundos pues que hay un mayor
deterioro ambiental que en otros países en donde hay más control y
estamos convencidos que la realización de los derechos fundamentales en
honduras no solo tenemos que verlo desde el punto de vista colectivo y
no de forma individualmente que están afectando estos derechos así como
las víctimas de la minería a nivel de todo un país”, indicó Clarisa
Vega, directora de IDAMOH.
La Ley General de Minería, contenida
en el decreto legislativo número 238-2012 y publicado en el diario
oficial la Gaceta el 2 de abril del 2013, fue cuestionada antes de su
aprobación y ahora que se encuentra plenamente vigente, contiene vicios
de constitucionalidad y por lo tanto debe ser derogada tanto por razones
de forma, como de fondo o contenido.
Argumentos
En las razones de forma se encuentran
no hubo participación ciudadana en la aprobación de la Ley, no se
respetó el proceso legislativo (dispensa de 2 debates), no se remitió al
Presidente de la República en el plazo establecido (debido proceso).
En las razones de contenido se
encuentra también se explica cómo cada artículo de la Ley violenta los
preceptos constitucionales y tratados, se pretende la
inconstitucionalidad de al menos 25 artículos de la Ley, se exponen
ejemplos de hechos anteriores (experiencia).
Agregado a esto también se constató
que hubo explotación sin límites de tiempo, no se prohíben métodos
extremos, profundidad indefinida, monopolio/área concesión, adicionar o
sustituir sustancias, explotación en áreas protegidas y el abierto
irrespeto a la autonomía municipal.
El recurso, preparado por el Instituto
de Derecho ambiental de Honduras y con el apoyo de líderes comunitarios
y demás miembros de la sociedad civil, pretende que los magistrados de
la sala de lo Constitucional, declaren inconstitucional de al menos 35
artículos de la referida Ley, por violentar directamente los preceptos y
garantías constitucionales y también los protocolos, tratados y
convenios internacionales de las que Honduras forma parte y que
contienen derechos humanos fundamentales reconocidos mundialmente.
Vega agregó que “muchas de estas áreas
afectadas han estado desprotegidas y ha habido casos interesantes ya
que hay una asociación de comunidades afectadas por la minería y que
tiene su paralela de comunidades que apoyan la minería así que nos
espera una gran tarea en relación de que tenemos que hacer conciencia”.
Documental
La organización también presentó su
documental “La Mina San Martin en el Valle de Siria: un ejemplo de los
impactos de la minería en Honduras” donde expuso parte de las
consecuencias de una explotación minera sin controles efectivos,
evaluaciones de impacto ambiental, medidas de reparación de daños y
participación pública.
En este documental, Juan Almendares
Bonilla, representante del movimiento ecologista Madre Tierra señaló que
“los argumentos que se han dado para justificar esta Ley de Minería no
me parecen que tienen una base científica, técnica, además no estamos no
solo es de documentar esto si no de ver los seres humanos del valle de
siria que están enfermos y yo los he visto y los ha visto gente de otros
países y da terror aprobar una Ley Minera que favorezca a las empresas
multinacionales”.
En los últimos 30 años el Estado de
Honduras ha concedido en concesiones a compañías mineras, el 30% del
territorio, estas compañías primordialmente son de Estados Unidos y
Canadá.
“La socialización fue una farsa ya que
al final fue reafirmar la explotación minera a base de cianuro y a
cielo abierto y eso lo que hace indudablemente es reproducir el modelo
de explotación minera”, lamentó Bonilla, al destacar que el interés de
las transnacionales en la extracción minera en Honduras es comprensible
por la ventaja competitiva de ser un país con leyes y reglamentos muy
permisivos, muchas exoneraciones, bajos cánones de por pago territorial,
la falta de rigor en cumplimiento de estándares ambientales, nulo
compromiso con las poblaciones locales”.
Uso de sustancias tóxicas
La minería genera y emplea en sus
procesos, productos y sustancias tóxicas y se puede considerar una
actividad de alto riesgo para la salud humana y la vida al utilizar
sustancias como el cianuro, el plomo, el arsénico, el cadmio, el
mercurio, y otros potencialmente tóxicos.
Dependiendo de la utilización de
dichos elementos, ligados a la aparición de enfermedades como el cáncer,
enfermedades pulmonares, dermatológicas, respiratorias, neurológicas;
daños en los riñones, daños en el sistema reproductor, encelofatías
agudas, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, disfunciones
del aparato nervioso, afección del sistema inmunológico alteraciones
genéticas, desarrollo anormal de embriones entre otros.
Los miembros de la IDAMHO concluyeron
que “la leyes aprobadas por el Congreso Nacional deben responder la
anhelo de los hondureños de una Honduras mejor, sustentada en los
principios de la democracia participativa y desarrollo sostenible,
considerando la situación de vulnerabilidad del país y el respeto a los
derechos humanos a la vida a la integridad física, a la salud a la
libertad de asociación, acceso a la información, a la propiedad, a un
medio ambiente sano e igualdad ante la ley”.
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