10:37PM - Redacción: Dagoberto Rodríguez. Redacción La Prensa dagoberto.rodriguez@laprensa.hn
La CRSP pasó sin pena ni gloria y sus iniciativas fueron engavetadas por los tomadores de decisiones
San Pedro Sula, Honduras
Tras las enormes expectativas que despertó en la sociedad hondureña en el momento de su creación, la recién abolida Comisión de Reforma a la Seguridad Pública
pasó sin pena ni gloria, dejando un paquete de 12 propuestas jurídicas
que fueron engavetadas y no tuvieron eco en los tomadores de decisiones
del país.
El pleno de diputados del Congreso Nacional derogó el pasado 20 de enero el decreto que
daba vida a la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP),
dándole el tiro de gracia a esta entidad que en la práctica no aportó
nada al sector justicia y representó una carga financiera para el Estado
calculada en más de 30 millones de lempiras en los dos años que estuvo
activa.
Formalmente, la CRSP sigue operando y
algunos empleados continúan llegando a sus labores, ya que aún no se ha
publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto de derogatoria.
De acuerdo con fuentes del Poder
Ejecutivo, el cierre de esta instancia obedeció a la “incompatibilidad
de criterios y la visión incongruente” de sus comisionados con la
política de seguridad pública del nuevo presidente de la República, Juan
Orlando Hernández.
Lo que aceleró su cierre
El hecho que selló el destino de la CRSP fue su oposición a que la Policía Militar
tuviese rango constitucional, argumentando que representaba un
retroceso en la consolidación del poder civil sobre el militar y
desviaba la misión constitucional de las Fuerzas Armadas.
La creación de la Policía Militar fue una de las principales propuestas de campaña del gobernante Juan Orlando Hernández.
La CRSP fue creada 31 de enero de 2012
mediante decreto legislativo 04-2012 con el fin de diseñar, planificar y
certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública que
incluía la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Una de sus principales misiones era
certificar el proceso de depuración de la Policía Nacional efectuado por
la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
(DIECP). La CRSP cuestionó insistentemente los pobres avances en el
adecentamiento del estamento policial.
La Comisión de Reforma surgió
coyunturalmente en el momento que se cuestionaba la elevada corrupción e
infiltración del crimen organizado en la Policía y en los operadores de
justicia tras el asesinato de los estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas y Carlos Pineda.
Conforme a lo establecido en el artículo
3 del decreto de creación, la Comisión tenía entre sus facultades
formular propuestas para implementar procesos de depuración de los
órganos operadores de justicia, certificar la efectiva ejecución de
estos y recomendar lo que fuera pertinente en materia de seguridad
pública.
La integraron los hondureños Víctor
Meza, exministro de Gobernación y Justicia; Jorge Omar Casco, exrector
de la Unah, y Matías Funes, catedrático universitario; también Aquiles
Blu, general retirado de la Policía de Carabineros de Chile, y el
canadiense Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de
la Organización de Estados Americanos.
Costo y propuestas
La CRSP tenía asignado un presupuesto de 23 millones de lempiras
anuales para gastos operacionales y el pago de los comisionados y los
más de 20 asesores y empleados contratados, de modo que entre 2012 y
2013 se le asignaron un total de 56 millones, según confió una fuente de
la institución.
No obstante, el comisionado Jorge Omar
Casco aseguró que en 2012 la liquidación presupuestaria ascendió a 15
millones de lempiras e igual cantidad para 2013 para hacer un total de
30 millones en los dos años que operó.
En esos dos años, la CRSP formuló un
paquete de reformas jurídicas para mejorar las acciones del Ministerio
Público, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional; sin
embargo, ninguna fue considerada por el Congreso Nacional ni por el
Poder Ejecutivo.
Dentro de esas propuestas figuran el
pacto nacional para la seguridad; readecuación de la normativa legal
relacionada con la seguridad, la evaluación y la depuración del sistema
nacional de seguridad pública; regulación jurídica y control de las
empresas de seguridad; nuevo sistema de inteligencia nacional; reforma
penitenciaria; reglamento del régimen de la Policía comunitaria; nuevo
modelo de educación policial y política anticorrupción para operadores
de justicia.
En suma son 12 propuestas que fueron
elevadas a consideración del Congreso Nacional y al entonces presidente
de la República, Porfirio Lobo Sosa, por conducto de la Consejo Nacional
de Seguridad y Defensa.
Están liquidando
Casco indicó que la Comisión aún no ha
cerrado sus operaciones porque esperan que se publique el decreto de
derogatoria en La Gaceta. Mientras tanto, los comisionados han estado
trabajando en el informe final que presentarán al presidente de la
República.
Dijo que una vez que el decreto sea
publicado se procederá a la cancelación de contratos y la liquidación
laboral de todos los empleados. Por lo pronto, las oficinas donde
funcionaba la Comisión comenzaron a ser desalojadas.
“El personal sigue desarrollando sus
tareas, pero estamos ya calculándole sus prestaciones y sus demás
derechos”, indicó. Casco se mostró muy reservado en cuanto a comentar
las causas del cierre de la Comisión y se limitó a decir: “No podemos
pronunciarnos porque desconocemos los motivos”.
Deploró que no se hayan tomado en cuenta
las 12 propuestas elevadas a consideración de los operadores de
justicia y los representantes de los poderes del Estado, pues fueron
producto de un intenso trabajo con organizaciones nacionales e
internacionales.
“Lamentamos realmente y la frustración
es del pueblo hondureño porque nuestras propuestas estaban basadas en
tendencias modernas, en las nuevas estructuras en el sector justicia y
seguridad y porque se hicieron en consulta con representantes de la
sociedad civil y otros gremios”.
No obstante, Casco confió en que las
propuestas no sean enviadas al cesto de la basura, sino que sean
turnadas a otra instancia y puedan ser tomadas en cuenta.
“Nos limitamos a presentar nuestro
trabajo profesionalmente y los tomadores de decisiones son los que deben
ir adelante con el análisis y la toma de decisiones para aprobar o no,
discutir o no, las propuestas que están ahí”.
En una entrevista para LA PRENSA antes
del cierre de la CRSP, el comisionado Matías Funes mostró su frustración
porque sus iniciativas no fueran tomadas en cuenta por los tomadores de
decisiones y dijo que lo ideal habría sido que las aprobaran con las
reformas pertinentes.
“Lo satisfactorio para nosotros era que
esas propuestas las hubiesen aprobado. Podrían haber sido reformadas
porque no estaban escritas en piedra, pero lo peor de todo fue que ni
siquiera se discutieron”, lamentó.
Las propuestas
PACTO NACIONAL POR LA SEGURIDAD
Iniciativa que buscaba que los representantes de los partidos políticos legalmente inscritos e involucrados ya en la actividad electoral firmaran un pacto nacional por la seguridad, en el que expresaran claramente sus coincidencias básicas en torno al tema.
READECUACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PÚBLICA (MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL Y POLICÍA NACIONAL)
El proyecto pretendía fortalecer el sistema de justicia mediante un proceso de revisión y propuesta de herramientas legales que ofreciera el apoyo necesario para la eficaz y eficiente impartición de justicia y generar un modelo de seguridad pública moderno.
EVALUACIÓN Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Con este proyecto, la CRSP pretendía fortalecer a la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial mediante el diseño e implantación de un mecanismo que brindase los espacios adecuados para la evaluación del cumplimiento de las funciones y procedimientos en materia de seguridad.
REGULACIÓN JURÍDICA Y CONTROL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
La CRSP proponía la conformación de un equipo de profesionales que recabase y organizara información y formulara recomendaciones para una propuesta de marco normativo y de funcionamiento operativo de las compañías de seguridad privada en Honduras.
SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL
Propuesta para la organización de un sistema de inteligencia nacional que asegure la coherencia y complementariedad en el trabajo de las distintas unidades y servicios que recogen y procesan información para asegurar la defensa y seguridad del país.
REFORMA PENITENCIARIA
Impulsar la reforma del sistema penitenciario en Honduras mediante un proyecto de generación de herramientas clave para apoyar la transformación y el mejoramiento de las condiciones y servicios que se ofrecen en los centros penitenciarios del país.
MODELO DE RELACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL CON LOS ÓRGANOS DE GOBERNABILIDAD LOCAL
Orientado a apoyar los esfuerzos de relación entre la Policía y los municipios, armonizando los requerimientos de la seguridad comunitaria y la función policial para generar modelos de seguridad local participativos y apegados a su realidad específica.
LEY Y REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE LA POLICÍA COMUNITARIA
Propuesta orientada a fortalecer los vínculos entre la Policía Nacional y las Municipalidades, orientada a la desconcentración policial y a que las Corporaciones Municipales ejerzan funciones de orientación, supervisión y evaluación sobre las actividades de la Policía Nacional dentro de su jurisdicción territorial.
NUEVO MODELO DE EDUCACIÓN POLICIAL
Proyecto para fortalecer a la Policía mediante el diseño e implantación de herramientas educativas con miras a su profesionalización.
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN PARA OPERADORES DE JUSTICIA
Propuesta de Política Nacional Anticorrupción que establezca las normas de conducta éticas de los operadores de justicia, creación de mecanismos de transparencia, prevención de la corrupción, denuncia y sanción de los actos de corrupción en las instituciones vinculadas con el sistema.
Iniciativa que buscaba que los representantes de los partidos políticos legalmente inscritos e involucrados ya en la actividad electoral firmaran un pacto nacional por la seguridad, en el que expresaran claramente sus coincidencias básicas en torno al tema.
READECUACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PÚBLICA (MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL Y POLICÍA NACIONAL)
El proyecto pretendía fortalecer el sistema de justicia mediante un proceso de revisión y propuesta de herramientas legales que ofreciera el apoyo necesario para la eficaz y eficiente impartición de justicia y generar un modelo de seguridad pública moderno.
EVALUACIÓN Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Con este proyecto, la CRSP pretendía fortalecer a la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial mediante el diseño e implantación de un mecanismo que brindase los espacios adecuados para la evaluación del cumplimiento de las funciones y procedimientos en materia de seguridad.
REGULACIÓN JURÍDICA Y CONTROL DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
La CRSP proponía la conformación de un equipo de profesionales que recabase y organizara información y formulara recomendaciones para una propuesta de marco normativo y de funcionamiento operativo de las compañías de seguridad privada en Honduras.
SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL
Propuesta para la organización de un sistema de inteligencia nacional que asegure la coherencia y complementariedad en el trabajo de las distintas unidades y servicios que recogen y procesan información para asegurar la defensa y seguridad del país.
REFORMA PENITENCIARIA
Impulsar la reforma del sistema penitenciario en Honduras mediante un proyecto de generación de herramientas clave para apoyar la transformación y el mejoramiento de las condiciones y servicios que se ofrecen en los centros penitenciarios del país.
MODELO DE RELACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL CON LOS ÓRGANOS DE GOBERNABILIDAD LOCAL
Orientado a apoyar los esfuerzos de relación entre la Policía y los municipios, armonizando los requerimientos de la seguridad comunitaria y la función policial para generar modelos de seguridad local participativos y apegados a su realidad específica.
LEY Y REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE LA POLICÍA COMUNITARIA
Propuesta orientada a fortalecer los vínculos entre la Policía Nacional y las Municipalidades, orientada a la desconcentración policial y a que las Corporaciones Municipales ejerzan funciones de orientación, supervisión y evaluación sobre las actividades de la Policía Nacional dentro de su jurisdicción territorial.
NUEVO MODELO DE EDUCACIÓN POLICIAL
Proyecto para fortalecer a la Policía mediante el diseño e implantación de herramientas educativas con miras a su profesionalización.
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN PARA OPERADORES DE JUSTICIA
Propuesta de Política Nacional Anticorrupción que establezca las normas de conducta éticas de los operadores de justicia, creación de mecanismos de transparencia, prevención de la corrupción, denuncia y sanción de los actos de corrupción en las instituciones vinculadas con el sistema.
Visión de la CRSP no era congruente con la del Gobierno
Ebal Díaz, ministro sin cartera y asesor presidencial, dijo en una
entrevista a LA PRENSA que las propuestas que salieron de Comisión de
Reforma a la Seguridad no eran congruentes con la visión del Gobierno de
la República en materia de seguridad.
“La visión de ellos es muy
diferente. Por ejemplo ellos, en pleno proceso electoral, firmaron un
pacto en el que dejaban fuera la esencia de la propuesta de seguridad
del entonces candidato presidencial del Partido Nacional, que incluía la
Policía Militar y de Orden Público y la participación de los militares
en la seguridad”, recordó.
Díaz agregó que la propuesta de los
comisionados de la CRSP es totalmente opuesta a la del Gobierno, pues su
proposición se fundamenta en desmilitarizar la seguridad y devolver los
militares a los cuarteles.
“Entonces, si no hay una visión
compartida y no hay puntos de encuentro, no veo el sentido de que exista
una organización como esa”.
Sobre el destino de las propuestas
elaboradas por la CRSP, el asesor presidencial no fue claro y añadió:
“Hay diferencia conceptual y una visión diferente sobre cómo se resuelve
el problema de la seguridad”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario