Escrito por Redacción http://conexihon.info/
Londres
(Pen International). – Cada vez es más común que periodistas que
publican noticias sobre delincuencia organizada, corrupción
gubernamental y otros temas sensibles sean objeto de amenazas y
agresiones letales en Honduras, mientras que los responsables gozan de
impunidad casi absoluta, señaló PEN International en un nuevo informe
divulgado hoy en colaboración con PEN Canadá y el Programa Internacional
de Derechos Humanos (International Human Rights Program, IHRP) de la
Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto.
El
informe, denominado Honduras: periodismo bajo la sombra de la
impunidad, documenta el agravamiento de la violencia contra periodistas
tras el golpe de estado que depuso al presidente José Manuel Zelaya en
junio de 2009, y el fracaso de los mecanismos estatales e
internacionales encargados de investigar y sancionar a los responsables.
Desde junio de 2009, al menos 32 periodistas hondureños —que en su
mayoría trabajaban en medios de radio y televisión— han sido asesinados,
y muchos más continúan llevando a cabo su trabajo en un contexto de
temor y autocensura. “Honduras se encuentra sumido en una profunda
crisis. Este informe paradigmático e incisivo elaborado por PEN describe
en detalle la fatal combinación de corrupción e impunidad que está
destruyendo a Honduras.
El
país y la comunidad internacional deben tomar con urgencia la decisión
de trabajar conjuntamente para fortalecer el estado de derecho en
Honduras”, observó Marian Botsford Fraser, Presidenta del Comité de
Escritores en Prisión de PEN. La profundización de la violencia y la
impunidad generalizada han convertido a Honduras en uno de los países
más peligrosos del mundo. Según señala el nuevo informe, si bien los
carteles transnacionales del narcotráfico son en parte responsables por
los altos índices de homicidios, la crisis de violencia actual es
provocada en gran medida por autoridades del Estado.
El
grado de corrupción entre las fuerzas policiales es absolutamente
alarmante, y socava además la confianza entre los organismos del Estado,
debilita el respeto del público a instituciones clave y, en definitiva,
obstaculiza la capacidad institucional del sistema judicial. Existen
demasiados organismos que supuestamente se ocupan del problema de la
violencia y la impunidad, lo cual provoca que finalmente ninguno se
encargue verdaderamente de asegurar justicia a víctimas y familiares.
Como era de esperar, la reciente ola de muertes violentas de periodistas
ha tenido como respuesta una combinación de recursos insuficientes,
ineptitud burocrática, señalamientos recíprocos y negación.
Es
poco habitual que se investiguen adecuadamente o se esclarezcan los
homicidios de periodistas: de los 38 periodistas asesinados desde 2003,
solamente en dos casos se obtuvieron condenas. “El clima actual de
impunidad generalizada que prevalece en Honduras es el resultado de la
falta de justicia por graves violaciones de derechos humanos que se han
cometido durante décadas. La impunidad es un campo fértil para la
violencia. Honduras continuará inmersa en un círculo de impunidad y
violencia hasta tanto haya medidas genuinas de justicia”, señaló Carmen
Cheung, directora interina del Programa Internacional de Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto.
PEN
International, PEN Canadá y el Programa Internacional de Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toronto desean
instar al gobierno hondureño a investigar de manera exhaustiva todos los
casos de periodistas asesinados, y a dotar a las instituciones y
mecanismos del Estado existentes de los recursos necesarios —además de
crear otros nuevos— a fin de asegurar que todos los miembros de los
medios de comunicación reciban plena protección de la ley.
Principales
recomendaciones formuladas por estas tres organizaciones al gobierno
hondureño: El gobierno hondureño debería: •Asegurar que se establezcan
organismos y protocolos de investigación adecuados para delitos
cometidos contra periodistas.
“El gobierno hondureño, por sí solo, no implementará ningún cambio”, manifestó Tasleem Thawar, Directora Ejecutiva de PEN Canadá. “Cada país y organización internacional con intereses en Honduras —ya sea en materia económica, de seguridad, social o cultural— deberá supeditar su apoyo al cumplimiento, por parte de Honduras, de sus obligaciones de derechos humanos”.•Empoderar al Fiscal Especial de Derechos Humanos para que investigue y juzgue a los homicidas de periodistas y defensores de derechos humanos, y asegurar que su fiscalía reciba suficientes recursos financieros, humanos y técnicos para llevar a cabo su labor.•Asegurar que cualquier nuevo mecanismo legal destinado a mejorar la seguridad de periodistas, como el Proyecto de Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, comience a operar con suficientes recursos financieros, humanos y técnicos, además de la necesaria voluntad política, para garantizar su implementación efectiva.El informe también expresa diversas recomendaciones a medios de comunicación hondureños y la comunidad internacional para la protección de periodistas en el país, incluido un llamado a los estados donantes, como el Reino Unido y Canadá, para que trabajen conjuntamente con Honduras en estos temas.
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