Viernes, 20 de Diciembre de 2013 19:44
Bertha Cáceres cuenta del proceso judicial en su contra, de las elecciones en Honduras y de la criminalización de la protesta social en el país.
En Honduras, donde el 80% de los
crímenes quedan impunes, los movimientos sociales son criminalizados y
perseguidos judicialmente. En el marco de la lucha del pueblo lenca en contra de
la hidroeléctrica Agua Zarca, por considerar que privatiza ríos, agua,
territorios y energía, tres integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) han sido acusados de graves
delitos. Se trata de Tomás Gómez, Aureliano Molina y Bertha Cáceres,
coordinadora general de la organización. Orsetta Bellani, corresponsal de
Noticias Aliadas, entrevistó a Cáceres la víspera de las elecciones
presidenciales del pasado 24 de noviembre, donde finalmente ganó el derechista
Juan Orlando Hernández.
¿Cuáles son las acusaciones en su contra y
cómo se está desarrollando el proceso judicial?
La persecución judicial es sólo una expresión de toda la persecución política en contra de COPINH y es una estrategia definida a nivel presidencial. Estamos conscientes de que con nuestra lucha, que es pacífica pero enérgica, nos enfrentamos a poderes grandes e influyentes. En uno de los dos casos de que se me acusa —portación ilegal de armas en prejuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras—, la Procuraduría y el Ministerio Público me han planteado una audiencia conciliatoria. Primero me propusieron terminar la persecución en mi contra a cambio de que indemnizara al Estado y le pidiera perdón, asumiendo que el arma era de mi propiedad, cosa que por supuesto no voy a hacer; no cometí ningún delito y no tengo porqué conciliar a estas cosas. [Por este caso fue detenida el 24 de mayo y por no hallar suficientes pruebas para
comprobar el
delito fue liberada 21 días después con medidas sustitutivas a la
prisión].
La persecución judicial es sólo una expresión de toda la persecución política en contra de COPINH y es una estrategia definida a nivel presidencial. Estamos conscientes de que con nuestra lucha, que es pacífica pero enérgica, nos enfrentamos a poderes grandes e influyentes. En uno de los dos casos de que se me acusa —portación ilegal de armas en prejuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras—, la Procuraduría y el Ministerio Público me han planteado una audiencia conciliatoria. Primero me propusieron terminar la persecución en mi contra a cambio de que indemnizara al Estado y le pidiera perdón, asumiendo que el arma era de mi propiedad, cosa que por supuesto no voy a hacer; no cometí ningún delito y no tengo porqué conciliar a estas cosas. [Por este caso fue detenida el 24 de mayo y por no hallar suficientes pruebas para
Luego, por la presión de la defensa, de los
movimientos sociales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de
Amnistía Internacional y de las de miles de expresiones de solidaridad que han
denunciado esta injusticia en todo el mundo, me propusieron pagar
al Estado
todo lo que había gastado en este proceso, siendo éste victima mía. También
rechacé esto. En este momento lo más probable es que en la próxima audiencia el
juicio siga sin consideración de conciliación.
En el otro caso de que la empresa nos acusa, o
sea de daños continuados, coacción y usurpación, en setiembre dictaron prisión
preventiva en mi contra, y han fijado la próxima audiencia preliminar para
el 11
de febrero del 2014. [Por este caso pesa sobre Cáceres orden de detención y ella
se ha declarado perseguida política]. Además, este año aprobaron una reforma que
prevé que una persona beneficiada por medidas sustitutivas a la prisión —como ha
sido en el primer caso en el que me impusieron la prohibición de salir
del
país y la obligación de presentarme al juzgado cada 15 días— no puede ser
beneficiada una segunda vez en otro caso. Cuando me acusaron de posesión del
arma, en mayo del 2013, esta ley no estaba en vigor, pero la hicieron
retroactiva y esto es ilegal, no hay ninguna ley retroactiva en
Honduras.
Estas acusaciones se dan en el marco de la
oposición de COPINH al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad de Río
Blanco, departamento de Intibucá. ¿Por qué la lucha de esta comunidad es tan
importante para
el Estado
hondureño?
Hace años las comunidades de COPINH de Río
Blanco emprendieron una lucha por la defensa del territorio y del río
Gualcarque, que es un río sagrado para
el pueblo
lenca. En abril del 2013 logramos sacar a Sinohydro/Desa, que es la mayor
constructora de represas del mundo, lo nuestro es un ejercicio de autonomía y
control territorial. La empresa obtuvo la concesión de manera ilegal en el 2010
y por sus vínculos con el Ejército ha presionado mucho a las comunidades, no
sólo hostigando sino también ofreciendo sobornos y tratando de manipular a la
población. Esto indica que las transnacionales no necesitan de intermediarios
políticos, sino van directamente a reprimir a las comunidades. Donde hay
intención de construir proyectos mineros o hidroeléctricos hay planes de
militarización.
La lucha de Río Blanco es un mal ejemplo
para
el gran
capital, porque ha demostrado que es posible echar para
atrás un
proyecto de dominación y de privatización, demuestra que sí es posible sacar a
una transnacional invasora y esto es parte de la lucha legítima del pueblo
lenca.
La persecución en su contra parece
insertarse en un clima de criminalización de la protesta social que abarca todo
el país.
El Estado ha construido estructuras represivas que tienen financiamiento incluso del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el Plan de Seguridad Regional para
Centroamérica. Esto es muy preocupante para las y los luchadores sociales, ya
que se va a profundizar la represión. Hoy es un crimen defender los derechos
humanos. El Congreso y los sectores oligárquicos han impulsado la creación de la
Policía Militar, que está trabajando como una estructura paramilitar dirigida en
contra de los movimientos sociales. No funcionan sólo los aparatos policiales y
de inteligencia, también están operando cuerpos encubiertos y agencias privadas
de seguridad, que son nada más que otro ejército que cuida los intereses de los
grandes empresarios. Ellas funcionan de manera conjunta con la Policía y el
Ejército, y duplican su número
. Durante la
semana electoral se ha incrementado la presencia militar y policial, incluso con
reservistas. No es un clima que ayuda el desarrollo de elecciones
democráticas.
El Estado ha construido estructuras represivas que tienen financiamiento incluso del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el Plan de Seguridad Regional para
En las elecciones presidenciales de mañana
la candidata por el partido Libre (Libertad y Refundación) es Xiomara Castro,
esposa de Manuel Zelaya. Ella se movilizó en contra del golpe de 2009, promete
una vía hondureña al socialismo del siglo XXI y quiere romper un bipartidismo de
hace cien años. ¿Cuál es tu opinión sobre Castro?
El pueblo hondureño está sediento de cambios profundos, hemos tenido un proceso de concientización y de formación, sobre todo en las calles, donde hemos aprendido más que en cualquier lado. Creo que sería importante que ganara Libre, en Honduras hay necesitad de que otra fuerza política partidaria se instale en el gobierno, no haría cambios profundos pero representaría un gobierno distinto a los que hemos tenido con la ultraderecha fascista.
El pueblo hondureño está sediento de cambios profundos, hemos tenido un proceso de concientización y de formación, sobre todo en las calles, donde hemos aprendido más que en cualquier lado. Creo que sería importante que ganara Libre, en Honduras hay necesitad de que otra fuerza política partidaria se instale en el gobierno, no haría cambios profundos pero representaría un gobierno distinto a los que hemos tenido con la ultraderecha fascista.
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