Autor del articulo: Proceso Digital /
21 de Diciembre 2013 - 15:22.
Tegucigalpa – Al menos 105 periodistas,
comunicadores sociales y profesionales del derecho perdieron la vida
violentamente durante la gestión del presidente Porfirio Lobo (27 enero
2010/ diciembre 2013), reveló un informe divulgado por el estatal,
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
*En
promedio, el CONADEH registró la muerte violenta de 26 víctimas anuales
entre periodistas, comunicadores sociales y abogados, es decir, más de
dos víctimas por mes.
De
acuerdo al organismo, la situación es de tal magnitud que al acercarse a
los 47 meses de la administración gubernamental de Lobo, han muerto en
circunstancias violentas 72 profesionales del derecho y 33 periodistas y
comunicadores sociales para totalizar 105, es decir, un promedio de 26
víctimas anuales o más de dos por mes.
El
informe establece que el 97 por ciento de los casos se encuentran en la
impunidad, que no se sabe si es por mala investigación o es porque ha
habido un mal requerimiento por parte del Ministerio Público.
El
ombudsman hondureño, Ramón Custodio, lamentó que en Honduras, tanto el
ejercicio del derecho como la labor que realizan los periodistas y
comunicadores sociales se hayan convertido en ocupaciones de alto riesgo
para quienes la ejercen.
Abogados también en la mira
El
defensor de los derechos humanos considera que es deber del Estado
hondureño garantizar que los profesionales del derecho realicen su labor
sin ningún tipo de intimidación y que cuando su seguridad esté
amenazada por el ejercicio de su trabajo, es deber de las autoridades
brindarles la protección para salvaguardar su integridad física y su
vida.
Según
estadísticas del Conadeh, en 2010 se registró la muerte de 16 abogados,
22 en el 2011, 15 en 2012 y 19 en lo que va de 2013, para totalizar 72.
En
el registro pormenorizado que realizó el organismo, se destaca que
entre los profesionales del derecho que murieron en forma violenta hay
especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de
tránsito, de la niñez y de letras.
Además,
fiscales del Ministerio Público, asesores legales de sindicatos,
instituciones bancarias y de instituciones del Estado, así como otros
que combinaban su profesión con otras actividades empresariales y
religiosas.
La
mayor parte de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de sus
vehículos, en algunos casos en compañía de sus hijos, esposa, de su
trabajadora, de su conductor, de amigos e incluso de sus clientes. Otros
fueron ultimados en su propia vivienda o a pocos pasos de la misma o en
la vía pública.
Sentencias condenatorias
De
acuerdo al Conadeh, tres casos de abogados que murieron violentamente,
fueron resueltos y sus victimarios, entre ellos tres miembros de la
Policía, recibieron sentencia condenatoria.
Entre
los casos más recientes figura la sentencia emitida en el 2012 por la
sala quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula que condenó a
Nelson Ubaldo Rivera Oviedo a 20 años de prisión por el delito de
homicidio simple en perjuicio del abogado y pastor evangélico Carlos
Roberto Marroquín, hecho ocurrido el 21 de febrero de 2011 en la colonia
Aurora de San Pedro Sula.
En
mayo del 2013, un tribunal con jurisdicción nacional encontró culpable a
un ex detective de la Dirección Nacional de Investigación Criminal por
el asesinato en contra el coordinador del Ministerio Público en Puerto
Cortés, Raúl Enrique Reyes, registrado en la aldea Río Nance de Choloma,
Cortés, el 27de mayo de 2011.
Periodistas y comunicadores ejecutados
En
lo que respecta a los periodistas y comunicadores sociales, el Conadeh,
registra la muerte de 33 en lo que va de este gobierno (2010/ 2013),
cantidad que representa el 83 por ciento de las 40 muertes reportadas
desde 2003.
Sólo
en 2010 murieron en forma violenta 12 periodistas y comunicadores
sociales; en 2011 la cifra fue de seis, un año después la cantidad subió
a nueve y en lo que va del 2013 han muerto violentamente otros seis,
para totalizar 33.
De
los seis registrados en 2013, uno se desempeñaba como cronista
deportivo en Olancho, otro como locutor de una estación radial en
Choluteca, dos que prestaron sus servicios como camarógrafos en
Tegucigalpa, uno como director de un programa de televisión en San Pedro
Sula y un empresario de medios en El Paraíso, este del país.
Un victimario condenado
De los 40 casos registrados, desde noviembre del 2003 a la fecha, apenas uno obtenido sentencia condenatoria.
El
11 de septiembre de 2012, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula
condenó a Jonathan Cockborn Delgado, a purgar una pena de 28 años de
cárcel por los delitos de homicidio simple y robo cometido en perjuicio
del periodista Georgino Orellana, hecho ocurrido el 20 de abril de 2010.
La impunidad y sus causas
Custodio
explicó que la impunidad consiste en dejar sin castigo y sin pena a
quien comete un delito, sea éste de orden público o privado.
Señaló
que esta situación es motivo de mayor preocupación cuando un Estado no
tiene la adecuada investigación para determinar la autoría directa o
indirecta de esas muertes y se sigue en la incertidumbre de ver caer a
más personas asesinadas.
El
ombudsman hondureño considera que la entrada e invitación para que el
delincuente continúe delinquiendo, es la impunidad, la que no es
resultado de una sola causa.
Explicó
que en Honduras, la impunidad empieza porque el delito no es
debidamente investigado por dos de los competentes del sistema de
justicia penal, la policía de investigación y la misma Fiscalía.
Agregó
que cuando no se investiga ni se presentan las pruebas adecuadamente,
no se sabe si la falla es del policía o del fiscal, pero al final se le
echa la culpa al juez y se debe entender que el juez, para juzgar y
sentenciar, tiene que tener pruebas.
Apuntó
que cuando no existen las pruebas de convicción debidamente trabajadas
contra una persona detenida, el juez se ve obligado a ponerlo en
libertad.
“Lo
esencial, es que cada uno de los componentes de justicia funcione
adecuadamente, porque cuando uno de ellos no funciona se echa a perder
todo el sistema de justicia”, comentó.
Añadió que los componentes del sistema de justicia penal, deben de funcionar eficientemente para tener resultados positivos.
Reiteró
que la impunidad es una manera de estimular la comisión de delitos,
porque si el delincuente sabe que existen pocas probabilidades de que se
le castigue y se juzgue adecuadamente, prácticamente se le está
diciendo, siga delinquiendo sin el menor riesgo posible.
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