Escrito por Rene Novoa en Miércoles,06/11/2013 - 13:10
Tegucigalpa, Honduras. –
Desde el 30 de enero de 2010, 30 comunicadores sociales y 67
profesionales del derecho fueron asesinados en el país. Del total, se
han judicializado apenas 19 casos. El
poco avance que ha registrado la justicia para resolver esos crímenes
ha incentivado las autoridades del Ministerio Público (MP) a crear el 30
de agosto la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV).
“La finalidad de esta unidad es la
persecución de los autores materiales e intelectuales de estos hechos
repudiables, para ello [la FEDCV será] una de las principales
herramientas para la identificación y vinculación de los responsables”,
dijo la jefa de la unidad, Kenia Reconco.
Para resolver los casos, la FEDCV está
capacitando 150 fiscales, asistentes, analistas, agentes de
investigación criminal y personal administrativo. Los agentes de
investigación y fiscales están siendo capacitados en tratamiento de
escena del crimen, balística, dactiloscopia, entomología forense,
genética, fisonomía forense, hematología y fotografía forense.
“[La idea es tener la capacidad de]
generar mayores insumos probatorios que fortalecerán los casos”, dijo
Reconco. “La sociedad puede estar segura que no descansaremos hasta
presentar ante los juzgados a todos los involucrados en actos
criminales”.
Hasta octubre, 14 abogados fueron
muertos. En 2012, fueron 15 homicidios, además de 22 en 2011 y 16 en
2010, según el comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Ramón
Custodio López.
En lo que va del año fueron asesinados tres periodistas. En 2012, nueve, tras seis en 2011 y 12 en 2010. Hasta
el momento se han judicializado 10 muertes de periodistas y nueve de
abogados. De los 19 juicios, dos tienen sentencias absolutorias y tres
condenatorias, mientras que 14 continúan en proceso. Los 78 casos
restantes siguen en proceso de investigación.
“Es imperativo que la nueva
dependencia del MP agilice la investigación de estos crímenes, porque
los hondureños tienen temor a salir de sus casas y ahora temen morir por
ejercer el periodismo o la abogacía”, dijo Custodio López. En
Honduras, practicar estas profesiones implica mucho riesgo, según
Héctor Longino Becerra, director ejecutivo de la ONG Comité por la
Libertad de Expresión (C-LIBRE).
“El crimen organizado se infiltró en
todas las esferas de la sociedad, lo que produce que los compañeros
sufran constantes agresiones”, dijo. Como
consecuencia, los periodistas han optado por la autocensura antes de
ser víctimas del crimen organizado, según un informe de 2012 de la
Fundación MEPI, con sede en México.
“Escriben sobre el crimen organizado,
pero se protegen al no identificar quiénes están detrás, mucho menos en
identificar a los barones de la droga. Reportan actos violentos de
pandilleros, pero no mencionan a grupos del narcotráfico internacional y
sus conexiones con hombres de negocios, cuerpos de seguridad y grupos
políticos”, afirmó en el reporte MEPI. El
23 de octubre pasado, el camarógrafo Manuel Murillo fue asesinado por
desconocidos en la colonia Independencia, en Tegucigalpa.
Reconco informó que debido a que el
crimen está en investigación, no pudo entregar detalles sobre presuntos
responsables ni el motivo del homicidio. Según el Observatorio de la Violencia, Honduras tiene una tasa de homicidis de 85,5 por cada 100.000 habitantes.
“Tanto abogados como periodistas
beligerantes afectan los intereses de narcotraficantes, mareros y otras
bandas criminales”, dijo Custodio. “En respuesta, los criminales han
creado una campaña de muerte y terror para impedir que sus nombres
salgan a la luz”.
Como medida de seguridad, C-LIBRE y el
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), de
la Unesco, conformaron en septiembre de 2012 la Red de Alertas y
Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS).
La red interpone denuncias formales sobre amenazas a la libertad de prensa ante los operadores de justicia. “Este
es un espacio para buscar mecanismos de seguridad, así como para girar
alertas nacional e internacionalmente cuando un compañero es víctima de
cualquier tipo de agresión”, comentó Longino.
Se han conformado RAPCOS en los seis
departamentos con mayor índice de violencia: Francisco Morazán, Cortés,
Olancho, Atlántida, Valle y Colón. Para fines de año se espera contar
con redes en Yoro y Copán.
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