Había salido de prisión en marzo
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MÉXICO DF, 20 Oct. ( EUROPA PRESS) -
La activista mexicana Rocío Mesino
Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del
Sur (OCSS),ha sido asesinada a balazos este sábado en las inmediaciones
de la comunidad de Mexcaltepec, en la región de Costa grande del estado de
Guerrero, en el suroeste de México.
Mesino, que había salido de prisión en marzo porque el juez no encontró
pruebas por el delito de homicidio del que se le acusaba, ha muerto después de
que un sujeto desconocido le disparara por la espalda, al menos cuatro veces,
mientras se encontraba reunida con familiares y unos 60 trabajadores
supervisando la rehabilitación de un puente dañado por las lluvias
recientes.
Las balas que ha recibido la líder social pertenecían, al parecer, a un
rifle AK-47, y el agresor huyó en una moto de cuatro ruedas, según ha informado
el diario mexicano 'La Jornada'.
Mesino acababa de habilitar un comedor comunitario en en Mexcaltepec para
ayudar a los damnificados por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical
'Manuel' y el huracán 'Ingrid', que tuvieron lugar en septiembre.
Rocío Mesino fue detenida el pasado 13 de marzo en seguimiento a la por el
delito de homicidio calificado del agricultor Victorino Luengas García, quien
fue asesinado en 2011 después de permanecer secuestrado. Seis días después, la
dirigente abandonó la prisión de Acapulco porque el juez no encontró pruebas que
acreditaran el delito de homicidio por el que fue encarcelada.
En 1981, Rocío Mesino fundó la OCSS junto con su familia, la cual se ha
pronunciado por la liberación de presos políticos y castigo a los autores de la
masacre de Aguas Blancas, en la que miembros de la Policía de Guerrero
asesinaron a 17 campesinos. También fue candidata a la presidencia
municipal.
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El asesinato de Rocío Mesino
Mesino
|
| Por Gerardo
Peláez Ramos |
Distrito Federal,
20/10/13.- La Organización Campesina de la Sierra del
Sur (OCSS) pone en conocimiento de las organizaciones sociales y los pueblos de
México, América Latina y el mundo: "Con mucha tristeza les informamos del
cobarde asesinato que sufrió el día de hoy 19 de octubre, la compañera Rocío
Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, el cual ocurrió en el
municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Los hechos sucedieron en el puente de
la comunidad de Mexcaltepec, donde Rocío se encontraba trabajando en la
construcción de un paso provisional, ya que dicho puente fue derrumbado en las
pasadas inundaciones y es el principal acceso a las comunidades de la Sierra de
Atoyac. Repudiamos este cobarde asesinato. Exigimos justicia y el
esclarecimiento inmediato. Alto al asesinato de luchadores
sociales".
El gobierno
"perredista" de Ángel Heladio Aguirre Rivero en el estado de Guerrero es
continuador directo, tanto en la forma como en el contenido, de la nefasta
administración de Zeferino Torreblanca Galindo, que encubierto con la bandera
del Partido de la Revolución Democrática aplicó un programa y una política que
en nada se diferenciaban del Partido Acción Nacional y sus contlapaches del
Partido Revolucionario Institucional. Estos gobiernos han utilizado a los
cuerpos regulares de policías y militares para golpear al movimiento campesino e
indígena, al sindicalismo clasista, a los partidos y grupos socialistas, y a las
organizaciones democráticas de estudiantes, maestros y colonos (pobladores),
además de ser excesivamente permisivos con las bandas de sicarios del crimen
organizado, los caciques, los acaparadores y la derecha política. La inseguridad
campa por sus fueros.
En la
entidad suriana actúan grupos paramilitares y guardias blancas que han asesinado
a importantes dirigentes del movimiento de masas. Sólo por citar a algunos
caídos durante la gestión de Layo Aguirre, basta con mencionar a Javier Torres
Cruz, de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca
de Catalán (OCESP); Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús,
estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Guerrero; Andrés Rosales Aguirre, organizador del Movimiento Regeneración
Nacional en el estado; Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael
Banderas Román, militantes de la Unidad Popular de Iguala, y Raymundo Velázquez
Flores, secretario general del Partido Comunista de México en el estado de
Guerrero y dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano
Zapata.
Con el
gobierno priista de Enrique Peña Nieto las formas de represión han tenido y
tienen una evolución que es menester no descuidar. En el plano general de la
lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, los medios de comunicación
de masas han sido llamados al orden para no desplegar su amarillismo en torno al
tema; ocultar la magnitud del problema en Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas,
Jalisco, Michoacán y Guerrero; dejar de hablar de "guerra" y no poner en el
centro este asunto en las negociaciones con el mayor comprador y consumidor de
drogas en el mundo: Estados Unidos, al mismo tiempo que no se toma ninguna
medida digna contra la participación de la DEA, la CIA, la FBI y otros órganos
de seguridad, espionaje y provocación del imperialismo norteamericano asentados
en territorio nacional. No hay grandes cambios, en realidad, entre el
calderonato y la administración peñista, en cuanto a los envíos a suelo gringo
de sicotrópicos, asesinatos de ciudadanos, adolescentes y niños en los choques
entre soldados y policías con las bandas delincuenciales y en los encuentros
entre los propios delincuentes.
Lo que ha
cambiado, y mucho, son las formas de propaganda y un entreguismo pro gringo
menos descarado y lacayuno que el del último gobierno panista, pero en esencia
continúan las matanzas insensatas de mexicanos, las remesas de drogas ilegales
al mercado gabacho, la conservación de las posiciones conquistadas por el
narcotráfico, el avance del crimen organizado en nuevas zonas, la inseguridad en
ciudades, regiones y estados, la corrupción de instancias gubernamentales y la
presencia ominosa de las agencias yanquis, mientras el gobierno peñista
aprovecha la lucha contra las bandas criminales para reprimir a las policías
comunitarias y las acciones campesinas e indígenas. Así, en Michoacán y Guerrero
asesinan y encarcelan a dirigentes del movimiento de masas, disuelven guardias
comunitarias y permiten la actuación pública de los criminales y cuerpos francos
de las empresas mineras y madereras.
Donde el
gobierno peñista introduce cambios notables es en la provocación política: el 1
de diciembre de 2012, el 13 de septiembre de 2013 y el 2 de octubre del mismo
año, durante la realización de protestas populares y la oposición a desalojos
ilegales, reaparecieron grupos de provocadores para causar daños y robos a
comercios y edificios públicos y privados, golpear a manifestantes y
transeúntes, agredir a elementos policíacos uniformados y generar el caos. A
estos individuos los medios de comunicación de masas y los funcionarios
gubernamentales los llaman "anarquistas"; sin embargo, la protección policíaca a
estos sujetos, la identificación mediante el uso de distintivos, la actuación
centralizada con un claro mando único y la violencia dirigida contra "objetivos"
plenamente definidos, indican la reaparición de los halcones o grupos de
golpeadores organizados por los órganos de seguridad del Estado.
En ese
contexto se produce el asesinato de Rocío Mesino Mesino, que, como es bien
sabido por los militantes políticos y sociales, formó filas en la OCSS y
participó en diversas movilizaciones de masas en el estado de Guerrero. Por
ello, no exagera el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), al
expresar: "En el Estado de Guerrero como en el resto del país se está
implementando la ejecución extrajudicial para eliminar las voces de protesta
incómodas para el Estado, en este sentido se lleva a cabo una política de la
persecución, hostigamiento y en algunos casos el asesinato como es el caso de la
compañera Rocío Mesino comprometida con las causas populares.
"Desde la
imposición oligárquica de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república,
se ha orquestado una política de represión y criminalización en contra del
movimiento popular, para imponer de manera violenta las reformas neoliberales
que necesitan en el país; también recurren a la práctica de la desaparición
forzada, la ejecución extrajudicial de luchadores sociales, la utilización de
grupos paramilitares, guardias blancas y grupos de choque, como medidas
fascistas y estrategias de terror en el pueblo organizado y no
organizado.
"Esta
política de Estado es la que priva en todo el país y se aplica de manera
sistemática contra luchadores sociales, opositores al régimen, activistas
sociales y en general a todo sector que se organiza de manera independiente,
para desarticular, dividir y desorganizar todo movimiento organizado.
"Responsabilizamos al gobierno de Ángel
Aguirre Guerrero y al de Enrique Peña Nieto (EPN) de este crimen cometido en
contra de la compañera Rocío Mesino Mesino".
La lideresa
campesina ya había sido objeto de represalias oficiales. Por ejemplo, fue
detenida el 14 de marzo de 2013, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y trasladada al
penal de Las Cruces, en Acapulco, siendo liberada el 20 de ese mes y
año.
La familia
de Hilario Mesino Acosta, cofundador de la OCSS, ha sufrido y sufre graves actos
represivos por parte de los gobiernos del centro y de la entidad. Durante los
años de la guerra sucia desapareció Alberto Mesino Acosta. Al año y medio de
fundada la Organización Campesina de la Sierra del Sur, fueron emboscados y
asesinados 17 miembros de esta organización, el 28 de junio de 1995, en el vado
de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Esta masacre, tiempo
después, haría caer al déspota Rubén Figueroa Alcocer, hijo del Tigre de
Huitzuco, quien fue destacado cacique sureño. Posteriormente, la OCSS tuvo que
enfrentar encarcelamientos y asesinatos de sus dirigentes. Uno de los caídos fue
Miguel Ángel Mesino Mesino, en septiembre de 2005.
La
situación es por demás clara. Las autoridades de ninguna manera pueden sostener
que no estaban sobre aviso acerca del peligro que han corrido y corren los
líderes del movimiento campesino de la patria chica de Genaro Vázquez y Lucio
Cabañas. Desde hace tiempo los líderes de la OCSS y diversas organizaciones
sociales de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, el Distrito Federal y otras entidades han
denunciado la situación prevaleciente en la Costa Grande guerrerense. Empero,
las autoridades no han tomado ni toman las medidas cautelares para impedir los
actos de violencia contra los dirigentes campesinos. Los resultados están a la
vista, por lo que es menester aplicar otra política, de acuerdo con las
necesidades de la población campesina e indígena.
FUENTE: Rebanadas de
Realidad
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