Miércoles, 23 Octubre de 2013 - 08:44
Sandra Rodríguez / defensoresenlinea.com/
Tegucigalpa.La comunidad de Río Blanco, Intibucá, que ha sido testigo de la invasión de transnacional y militar, se encuentra como en estado de sitio, ya que hay operativos y tomas de parte de empleados de compañías privadas y elementos armados.
La criminalización es contra la comunidad, queremos denunciar que la situación es grave, cuando la policía y empleados de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, han puesto a la altura de la comunidad de Agua Caliente, una supuesta toma, semejante a una acción tipo “estado de sitio”, hecho con prácticas paramilitares en colaboración de la policía, donde por un lado se restringe la libertad de movilización a las comunidades lencas de Río Blanco organizadas a la Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, denunció su coordinadora general Bertha Cáceres.
Estos actos, demuestran una vez más que es una persecución política que ya no se respeta ni a los observadores de Derechos Humanos, y esto nos parece sumamente grave, ya que el responsable es el Estado de Honduras, las empresas y transnacionales que operan en la zona.
El 20 de septiembre pasado, el Juzgado de Letras Primero del Departamento de Intibucá dictó prisión preventiva contra Bertha Cáceres, y medidas sustitutivas a la prisión a Tomás Gómez y Aureliano Molina, en la causa que se les sigue por haber presuntamente instigado a cometer los delitos de “usurpación de tierras”, “coacciones” y “daños” continuados en perjuicio de la Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que opera en la comunidad de Río Blanco.
Y continúan las amenazas y hostigamientos contra dirigentes de Río Blanco, ya que les ofrecen dádivas y en otros ámbitos reciben amenazas de detención a dirigentes del COPINH para obligarlos a firmar actas de aprobación del proyecto hidroeléctrico.
Han detenido a delegaciones internacionales que van con el tema de observación de DDHH y solidaridad con el COPINH, tal como sucedió hace tres semanas; el 2 de octubre un grupo de internacionalistas desde México hasta Panamá, fueron detenidos por el grupo de empleados y policías apostados en Agua Caliente, pese a que se les dijo que era un grupo de observadores de Derechos Humanos.
Cáceres afirmó que “ellos se equivocaron, la empresa privada, gobierno, policía, ejército, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Sedinafroh), Instituto Nacional Agrario ( INA), y Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), pues son empleados y despachos de la empresa DESA, donde hacen reuniones incluso con “el tigre” Bonilla, (Juan Carlos Bonilla, Director de la Policía Nacional), en SEDINAFRO es donde se están reuniendo para definir estrategias de represión contra el COPINH”.
Por lo que aseguran que la empresa Desa-sinohydro, CAMIF, que financia a DESA, donde hay fondos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros se equivocaron creyendo que con esta criminalización, acusaciones y montajes que nos han hecho, van a detener la lucha del pueblo Lenca.
“Se
equivocaron y tampoco nos impresiona toda la maquinaria que tienen,
porque estamos seguros que el pueblo Lenca, así como lo ha hecho por más
de 500 años vamos a seguir resistiendo ante lo que nos quieran
imponer”, afirmó la defensora indígena. Cáceres dijo que después de habérseme decretado auto de prisión, lo que es una criminalización contra el COPINH, valoran de manera increíble la solidaridad que puede mover el camino hacia la justicia y el respeto a los DDHH en Honduras.
“Hemos visto la solidaridad de pueblos que uno no se puede imaginar, Indonesia, China -de donde es esta compañía sinohydro-, África, Europa, Oceanía, América Latina, el Caribe e incluso de Norteamérica, y el apoyo del pueblo hondureño a través de la solidaridad del movimiento social, pueblos indígenas y negro y las organizaciones de DDHH nacional e internacional, y esto se va incrementar”, aseguró Bertha Cáceres.
Lencas, herederos de un pueblo rebelde que nunca fue sometido
El Estado hondureño, el Gobierno y estas empresas transnacionales van a tener que asumir las consecuencias de violentar los derechos individuales y colectivos de pueblo Lenca, porque existimos y condenamos las manifestaciones del actual Fiscal Adjunto, Rigoberto Cuéllar, ex ministro de la Secretaria de Recursos Naturales, SERNA, que ha impulsado una campaña de negar la existencia del pueblo Lenca.
Esto también lo vamos hacer sentir porque existimos, vamos a seguir luchando y defendiendo la vida, cueste lo que cueste, pase lo que pase, el proceso del COPINH es de un pueblo acostumbrado a resistir por siglos.
La coordinadora del COPINH, aseguró que, no vamos a echarnos para atrás, estemos en la cárcel o nos persigan, donde nos toque estar, porque eso lo hemos aprendido, es parte de la dignidad que el COPINH nos ha enseñado y porque somos herederas y herederos de un pueblo rebelde.
Los y las Lencas, son parte de un pueblo que no se sometió nunca, que siempre ha estado acostumbrado a enfrentar la dominación, el colonialismos, el genocidio, o porque eso es lo que ellos quieren desaparecer a los pueblos indígenas y negros porque somos un estorbo para el gran capitalismo depredador, no vamos a permitir eso, y le enviamos un mensaje a la sociedad hondureña, que no debemos tolerar ni aceptar la barbarie y el racismo, esa lógica depredadora y destructiva de anular los pueblos indígenas y negros de Honduras.
Llamamos a movilizarnos a defender la vida la justicia, que lo hagamos con entusiasmo, alegría y con ganas y eso no lo debemos perder en cualquier situación que estemos y preparamos para escenarios más adversos, así como lo enseñó la resistencia en las calles.
Hacemos presión al gobierno de Honduras para que salga el ejército y todas las demás fuerzas privadas y el respeto al Convenio 169, al derecho de posesión histórico que le asiste al pueblo lenca sobre rio Blanco.
Por
su parte, María Paulina Gómez, habitante de la comunidad de Río Blanco,
Intibucá, vivimos una situación amenazante por los militares porque
rechazamos la presencia de la empresa DESA, aunque la constructora
sinohydro ya salió, pero está militarizada la zona.“DESA nos está violando el territorio donde somos nacidas y ahí vamos a morir”.
La presencia de esta compañía, nos ha dañado la tierra y destruido las siembras de arroz, maíz, frijoles, guineos y toda clase de siembras, porque nosotros vivimos de la agricultura y del río Gualcarque, porque ahí es donde están los espíritus de las niñas, ahí vive el duende que nos da fuerza, explicó la defensora de los recursos naturales.
Tras la visita de una misión de defensores de DDHH de Suiza, dijo que la presencia de observadores internaciones, es muy importante para la comunidad, pues con su acompañamiento “nos sentimos bien, más cuando los militares nos amenazan, nos encañonan, pero nosotros no les tenemos miedo”.
Nosotros no caminamos armados, solo es nuestro machete y demás herramientas de trabajo de la tierra, pero no los utilizamos para atacar la vida, dijo la indígena a defensoresenlinea.com.
La lucha por la defensa del bosque y agua, en Río Blanco, que inició el pasado 2 de abril, cobró la vida del compañero Tomas García, el 15 de julio, mientras se desarrollaba una manifestación pacífica, donde unos 300 miembros del pueblo Lenca exigían la salida del Proyecto Agua Zarca, el cual ha servido para privatizar el Río Gualcarque por 20 años, favoreciendo a las empresas Desarrollo Energético DESA, según denuncias anteriores.
Según datos el Congreso Nacional ha aprobado concesiones de más de 50 ríos en varias regiones como Atlántida, San Pedro Zacapa, San Francisco de Ojuera y Río Blanco, Intibucá.
El 17 de septiembre de 2010 los diputados y diputadas, entregaron el río Gualcarque al capital transnacional para provocar su represamiento y convertir el cauce en energía eléctrica de capital privado.
Cabe mencionar que para el pueblo indígena Lenca, el agua de los ríos es la sangre de la tierra, y al obstruir el cauce, es como bloquear la circulación, por lo tanto hay sequía, destrucción y muerte de los seres vivientes.
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Honduras: El Estado de Honduras responsable por no proteger a indígenas Tolupanes que corren peligro.
El Estado Hondureño debería proteger a los indígenas Tolupanes, que desde hace dos meses han tenido que huir de sus hogares para no ser asesinados, sin embargo, el Estado brilla por su ausencia, dijo en Zona Informativa el abogado Víctor Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.
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| Viviendas de nuestros hermanos de pueblos originarios Tolupanes |
El abogado Fernández añade que los responsables de los asesinatos ocurridos el 25 de agosto en Locomapa andan libres y los indígenas andan huyendo, por otra parte, en el territorio de Locomapa se comenten delitos como la extracción de antimonio sin permiso estatal, todas esas cosas según Fernández, retratan al Estado hondureño como garante de la soberbia e impunidad.
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| Vivienda de Tolupanes |
Nota
tomada de Radio Progreso /Red FIAN Honduras.
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