HONDURAS: Organizaciones declaran emergencia de derechos humanos a 30 días de las elecciones en Honduras

Viernes, 25 de  Octubre 2013 - 19:14 /  Dina Meza  defensoresenlinea.com/

 Tegucigalpa.

La creación del espacio llamada la Mesa de Análisis sobre la Situación de Derechos Humanos antes, durante y después de las elecciones generales para monitorear las diferentes violaciones que se están generando fue anunciado este viernes 25 de octubre por cinco organizaciones que la conforman y que estarán realizando diferentes acciones de denuncia como una estrategia preventiva para proteger a las víctimas de la barbarie que desde el estado de Honduras se echó a andar en los últimos meses previos a las elecciones generales del 24 de noviembre próximo.
Esta mesa está integrada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares, STIBYS; el COFADEH, el Centro de Derechos de Mujeres, CDM, el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla y el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H.
“Estamos en la capacidad de decirle a la comunidad nacional e internacional que Honduras ha entrado en un estado de emergencia nacional en materia de derechos humanos, eso lo hemos estado analizando diferentes organizaciones que integramos la mesa, basadas en las denuncias que se han venido  dando a nivel nacional y las campañas de desprestigio y de odio que se han generado en el actual momento” dijo Bertha Oliva, Coordinadora del COFADEH quien se dirigió a periodistas de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales en una conferencia de prensa en la capital.
Otro de los problemas señalados es la militarización que ha generado varias intimidaciones que colindan con el delito y el crimen, por lo que las organizaciones antes indicadas consideran que Honduras está viviendo en emergencia de derechos humanos.
“Estamos a 30 días de las elecciones generales y están indicando el contexto grave de militarización seguido de violación a los diferentes actores sociales. Según el monitoreo, las mayores víctimas hasta estos momentos han sido los miembros del Partido LIBRE, no queremos decir con esto que no hay otros miembros de los diferentes partidos que les han violentado sus derechos,  agregó Oliva.
Informó que la mesa va a asacar los resultados de las denuncias que tenemos y que vamos a dar a conocer con el propósito que la comunidad nacional e internacional esté al día de lo que está pasando y nunca lo vamos a hacer con el objetivo de sembrar el terror porque estamos consientes que todo esto se está generando para que la población hondureña sienta terror, entre en el proceso de desmovilización para que en estos 30 días lo medite de ir a ejercer el sufragio.
Argumentó que la mesa de análisis se conformó para que la población tenga conciencia y sepa en el momento que se está moviendo para que actúe con conciencia pero con decisión, es necesario que sepan que la mesa estará con esta tarea y además que se están preparando delegaciones internacionales que no solo vienen a observar el proceso electoral sino que acompañarán el monitoreo de la situación de los derechos humanos.
La mesa de análisis creada estará convocando con frecuencia para dar a conocer los casos de violaciones a los derechos humanos, pero la situación hasta estos momentos es alarmante y por eso decimos que hay emergencia en derechos humanos, señalaron.
Entre los casos presentados está el relacionado con el SITRAPANI ha venido siendo víctima de amenazas e intento de muertes. “Casualmente cuando se emitió un requerimiento fiscal contra las autoridades que han cometido Abuso de Autoridad contra los miembros de este sindicato y  el día que se presentó ese requerimiento la casa del vicepresidente de esta organización fue allanada por la Policía Militar que lo sometieron a él junto a su familia a los más crueles vejámenes, indica que están actuando muy coordinadamente para que los sindicalistas se queden en calma, expresó la Coordinadora del COFADEH.
Relacionó asimismo el caso de Edwin Robelo Espinal, “que le venimos dando seguimiento desde el 2009 cuando fue asesinada su esposa Wendy Ávila y las medidas cautelares que él ha tenido por lo que ha sido sometido, pero ya se está configurando un patrón  donde colocan a las maras como quienes son los que hacen daño a las personas que están siendo perseguidos, pero se está claro que hay una acción directa de los operadores de justicia utilizando a la policía militar”.
Estamos preocupadísimas porque estamos en la obligación no solo de denunciar sino acompañar a las víctimas y hacer hasta lo imposible para que se frene esta cacería humanos y esta barbarie que ya está instituida, por eso esta mesa que va a tener vida activa las 24 horas del día destacó.
Pero también los periodistas han sido afectados, no podemos estar indiferentes ante esta situación, pues en el marco de la puesta en marcha de la Policía Militar también han sido visitados en sus hogares bajo el pretexto que su vehículo ha servido para transportar armas o que las tienen en sus casas. El objetivo es que en el futuro se pueda decir que aquí hay un plan de desestabilización y que hay terroristas, denunció.
Gilda Rivera, del CDM dijo que lo que están haciendo es evadir la responsabilidad en los delitos de las múltiples violaciones a los derechos humanos y entre estas algunas de las víctimas son miembras de organizaciones sociales que han estado activas contras las políticas de persecución y represión desde el golpe de Estado o sea personas ligadas a la oposición política.
Gladys Lanza del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla agregó que estamos en una emergencia que se ha agudizando desde el golpe de Estado, se ha venido acumulando una serie de violaciones a derechos humanos que el Estado como tal se muestra indiferente.
Hemos visto como se ha ido conformando un patrón por parte de los cuerpos represivos del Estado para ir justificando una serie de actos que van desde allanamientos, acusaciones falsa y crear expedientes que no tienen ningún fundamento, alertó.
Por su parte Carlos H. Reyes del STIBYS dijo que de lo que se trata es que la oligarquía no quiere hacer entrega del poder después de un golpe de Estado, no estamos hablando como del Partido LIBRE sino que estamos hablando que se quiere preservar el estatus quo implementando un modelo neoliberal que es criminal.
Esta acción de emergencia que estamos tomando es para que los hondureños tomemos conciencia que los que dieron el golpe, quieren seguir en el golpe y están violentando los derechos humanos para meternos temor, añadió.
“Estaba viendo en medios de comunicación que están haciendo entrevistas a personas para que digan por quién van a votar y ellas tienen miedo de hablar cuántos compañeros nos han asesinado diciendo que tenía un amante o que andaba en otras cosas, pero lo que se quiere es que se continúe el estado de cosas para poder seguir gozando de los recursos naturales”, expresó Reyes.
María Elena Méndez, del CEM-H manifestó que  esa estrategia que obedece a un poder económico que se quiere conservar con alianzas ultra conservadoras internacionales, pero la historia de este país está cambiando con toda la fuerza social que ha surgido hay un golpe para el bipartidismo.
“Es una base social de un pueblo que está indignado porque realmente porque todo el proceso de lo que ha significado el golpe de Estado con la criminalización de la protesta social como es el caso de Bertha Cáceres y Magdalena Morales y más de 600 más que están siendo criminalizadas por la lucha que están haciendo de sus territorios”, reflexionó.
Asimismo describió que hay un pueblo con una conciencia política que independientemente gane o no LIBRE es un pueblo que se ha lanzado a un cambio y está desmontando toda esta campaña mediática de mentiras que se están dando.
En un comunicado de prensa entregado a los periodistas de los medios de comunicación señalan que hay una situación extremadamente peligrosa que impacta directamente sobre los derechos humanos.
Describieron diferentes casos de asesinatos, amenazas a muerte, hostigamiento, falsas acusaciones y la instrumentalización del Sistema de Justicia hondureño junto a la recién creada Policía Militar para desbaratar la disidencia política en el país.
Este es el texto completo del comunicado:
Proceso electoral: Un peligroso contexto para los derechos humanos
Las organizaciones que integramos la Mesa de Análisis Político de la Situación de Violaciones a los Derechos Humanos en el Proceso Electoral, denunciamos que la situación extremadamente peligrosa en que se desenvuelve el proceso electoral en el país,  impacta directamente en los derechos humanos, de acuerdo a los siguientes hechos:
En la última semana, prevaliéndose de la emergencia nacional generada por la inseguridad y violencia, el Partido Nacional a través de la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández ha lanzado la Policía Militar de Orden Público contra los opositores políticos.
Además de usar esta dinámica de fuerza para generar voluntad electoral a 30 días de la competencia general, Hernández usa el Ministerio Público y los tribunales para fortalecer  su campaña.
Hasta ahora es el Partido Libertad y Refundación, LIBRE, el más impactado por los hostigamientos, amenazas y asesinatos contra sus miembros, procedentes de instituciones públicas generadoras de un ambiente tenso con terror, que beneficiaría al candidato nacionalista y presidente del Legislativo, a la vez.
Asesinatos políticos
El Camarógrafo Manuel Murillo Varela, quien gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, fue encontrado muerto de tres impactos de bala en el rostro, este 23 de octubre  en la Colonia Independencia, de la ciudad de Comayagüela. El se desempeñó en el año 2008  como camarógrafo oficial del presidente derrocado Manuel Zelaya Rosales. Cuando laboró para Globo TV , el 02 de febrero de 2010 fue secuestrado y torturado, y en los últimos años trabajo directamente con Rasel Tomé, aspirante a diputado  por parte del partido político Libertad y Refundación (LIBRE).
A comienzos del mes de octubre, el 03, hombres fuertemente armados asesinaron en su labranza a Terencio Paz, Subcoordinador de LIBRE en el Norte del Municipio de La Iguala, en el departamento de Lempira; una semana antes encapuchados lo habían buscado afanosamente en la zona.
Allanamientos
El 23 de octubre de este año fue allanada  la casa de Edwin Robelo Espinal, miembro activo de la resistencia contra el golpe de Estado y simpatizante de LIBRE, en la colonia Flor del Campo, de Tegucigalpa, se utilizó como actor principal a la Policía Militar recién creada y ésta, a su vez, utilizó al Poder Judicial, Ministerio Público, Dirección Nacional de Investigación Criminal, Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección de Inspecciones Oculares, Cuerpo Antibombas, Unidad Canina, Policía Preventiva y Ejército.
Según el acta del allanamiento que autoriza como juez ejecutor a un sargento del Ejército, el Estado buscaba un lanzagranadas, armas automáticas y drogas en la residencia de Espinal, al estilo de los comandos de la policía política de Álvaro Uribe en Colombia, país con el que el régimen suscribió uno de sus primeros convenios en 2010 para interceptar a la resistencia anti golpista.
Con su rostro encapuchado, el sargento raso que ejecutó el atraco y todo el personal bajo su mando, actuaron por orden del Juez Claudio Aguilar, pieza clave del golpismo para usar el sicariato judicial contra la resistencia hondureña.
Otro allanamiento con las mismas características se produjo el 07 de mayo anterior en la vivienda de María Concepción Ortega Lanza. Unos 50 militares encapuchados, con perros amaestrados asaltaron su casa encañonando a toda su familia directamente en su rostro y generando el terror en todos los alrededores del sector de la colonia Kennedy donde habita la afectada quien es activista de LIBRE y hermana de Gladys Lanza, Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Estos militares son parte de la Operación Libertad,  que fue aprobada su existencia en Concejo de Ministros, el 02 de abril de este año.
El 11 de octubre pasado, a las 5:00 am, la Policía Militar también entró a la casa de Marco Antonio Rodríguez, Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia, SITRAPANI, sin orden de allanamiento y saltando las paredes, diciendo que buscaba armas.
Después, el 12 de octubre, el sindicalista Pedro Elvir, también del SITRAPANI, fue objeto de persecución en el anillo periférico hasta interceptarlo con un vehículo, cuyos ocupantes lo amenazaron.
Amenazados a muerte y supuestos asaltos
En lo que va del año 20 personas entre activistas y miembros del Partido LIBRE ha sido amenazado a muerte en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Lempira, Olancho y Santa Bárbara.
También se han documentado unos seis casos de supuestos asaltos contra personas vinculadas al activismo de este mismo partido político, en especial en Comayagua y Danlí.
Coinciden estas acciones de terror con una campaña hostil que incita el odio contra la membrecía de LIBRE a través de los periódicos, la televisión, la radio, redes sociales y grafitis, que el Tribunal Supremo Electoral no ha detenido.  Esta campaña es manejada por expertos en guerra sucia, secuestros y torturas en la década de los ochenta, algunos de ellos son candidatos a cargos de elección popular,  que están involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y aplicaron a sus víctimas la Ley Fuga y les sacaron sus uñas en largas sesiones de tortura.
Paralelamente a este accionar, los “magistrados” del TSE afirman que la de 2013 es “una de las mejores campañas de todos los tiempos desde que se implementó la democracia en 1982 en Honduras”.
Hemos abierto un expediente para juntar y relacionar las acciones violentas e ilegales cometidas por las tropas militares electorales creadas para influir la campaña del candidato Juan Orlando Hernández y suplantar las instituciones de derecho.
Por este medio, advertimos a las misiones de observación electoral y de acompañamiento de derechos humanos que también el golpismo pretende cerrar las fronteras para impedir el ingreso de nuevas misiones y vigilar de cerca las que ya se encuentran dentro del territorio nacional.
El uso de fiscales y jueces sin rostro, encapuchados, actuando al margen de la legalidad instituida, es práctica de los ejércitos de ocupación en Irak y otros países sometidos a conflictos por influencias hegemónicas.
Tegucigalpa M.D.C. 25 de octubre de 2013

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Nota en redes:

La inseguridad personal y colectiva que vive este país obligó a organismos de defensa de la mujer, de derechos humanos y al sindicato de la bebida y similares a declarar “emergencia de derechos humanos”, la tiempo que lanzaron un llamado a la comunidad internacional y a los observadores electorales extranjeros para que a menos de 30 días de las elecciones generales, sigan con más vehemencia los acontecimientos que se presentan en Honduras.

En el evento se citaron casos específicos denunciados por los afectados y de los que la opinión pública tiene una idea difusa de cuál fue la actuación del régimen debido al cerco mediático que persiste en este país, donde las cosas pasan y un amplio sector de la prensa calla con voluntariosa complicidad.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); el Centro de Derechos de la Mujer, (CDM); el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H); el Comité de Mujeres Por la Paz “Visitación Padilla” y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares, lanzaron la emergencia en una rueda de prensa en las oficinas del COFADEH en esta capital.

Participaron la coordinadora del COFADEH, Berta Oliva; Gilda Rivera, responsable del Centro de Estudios de la Mujer (CDM); María Elena Méndez, del CEM-H; Gladys Lanza, dirigente del Comité de Mujeres de Acción por la Paz “Visitación Padilla” y Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).

Oliva, explicó a la prensa que desde ese momento “tomamos la decisión de establecer la Mesa de Análisis de la Situación de los Derechos Humanos para considerar las violaciones que se están generando y advertimos que Honduras ha entrado en un estado de emergencia nacional en esta materia”.

En ese sentido, a partir de ahora la labor se concentra “en los casos que se están dando, en la campaña de odio y en la militarización de la sociedad que colinda con el delito y el crimen”, indicó.

Reclamo diáfano
Agregó que “la emergencia no es inventada, parte de las denuncias que recibimos y como estamos a 30 días de las elecciones generales esto explica la militarización y las amenazas a los líderes sociales y a militantes de Libertad y Refundación (Libre), que son los más quejas registran por la acción represiva de los cuerpos de seguridad del Estado, en particular, de la recién creada Policía Militar del Orden Público (PMOP); además del sicariato y la delincuencia común.

Pero “también hay denuncias de otros sectores, por lo que la mesa dará resultados de todas las denuncias recibidas para que la comunidad sepa qué está pasando y esto no lo estamos haciendo para sembrar terror, es que se está sembrando terror para desmovilizar y desmotivar a la población para que no participe en las elecciones”, denunció la activista de derechos humanos.

El propósito es informar a la población el contexto en que se mueve, analice y tome precaución; también, se piden observadores internacionales para monitorear la situación de derechos humanos, porque esto que denunciamos hoy son casos extraídos pero no son todos, “la cantidad de casos es alarmante y hay que poner atención a ello”, apuntó.

A la palestra pública
Las denuncias surgen de la instrumentalización de instituciones públicas por el candidato presidencial nacionalista Juan Hernández, y del titular del Poder Ejecutivo, Porfirio Lobo Sosa, de la actitud omisa del Ministerio Público y de las acciones de la PMOP, expresó Dina Meza, responsable de prensa del COFADEH.

Citó los casos del allanamiento de morada en la casa de Edwin Espinal, el pasado 23 de octubre, en la colonia Flor del Campo, en donde el protagonista fue la PMOP, que se hizo del Poder Judicial, Ministerio Público, Dirección Nacional de Investigación Criminal, Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico; Dirección de Inspecciones Oculares, Cuerpo Antibombas, Unidad Canina, Policía Preventiva y el Ejército, de donde salió un sargento que hizo la función de juez ejecutor, a instancias del magistrado Claudio Aguilar, quien justificó el golpe de Estado.

Esas unidades buscaban un lanzagranadas, armas automáticas y drogas en una movilización al estilo “de los comandos de la policía política de Álvaro Uribe, en Colombia, país con el que el régimen de Sosa-Hernández suscribieron, en el año 2010, uno de los primeros convenios para atajar la resistencia contra el golpe de Estado.

Otro asalto de este tipo se denunció a la vivienda de María Concepción Ortega Lanza, activista de Libre y hermana de Gladys Lanza, coordinadora del Movimiento “Visitación Padilla”, residente en el sector de la colonia Kennedy, en donde el 7 de mayo pasado un grupo de 50 militares encapuchados y perros amaestrados asaltaron la vivienda, encañonaron al rostro a toda la familia y generaron el terror en toda la comunidad.

El 11 de octubre pasado, a las 5:00 de la tarde, un contingente de la PMOP allanó la casa de Marco Antonio Rodríguez, Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (SITRAPANI), sin orden de allanamiento y provocando serios daños en las paredes del inmueble diciendo que buscaban armas.

Al día siguiente, Pedro Elvir, miembro del SITRAPANI fue objeto de persecución en el Anillo Periférico de la capital por desconocidos que se conducían a bordo de un vehículo que logró interceptarlo para ser amenazado de muerte por sus ocupantes.

También se lleva un registro de 20 militantes de Libre amenazados de muerte en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Lempira, Olancho y Santa Bárbara; seis casos de supuestos asaltos contra activistas de este mismo partido político, en particular en Comayagua y en el departamento de El Paraíso

Odio contra Libre
Estos abusos y violaciones de las autoridades coinciden con una campaña hostil y que incita al odio contra la membrecía de Libre, a través de los periódicos, la radio, redes sociales y grafitis en los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no se ha interesado en detener.

“Esta campaña es manejada por expertos en guerra sucia, secuestros y torturas de la década de los años 80, algunos de ellos son candidatos a cargos de elección popular que están involucrados en graves violaciones de derechos humanos que aplicaron Ley Fuga y les sacaron las uñas a sus víctimas en largas sesiones de tortura”, denunció la Mesa de Análisis Político de la Situación de Derechos Humanos en Honduras.

El uso de fiscales y de jueces sin rostro, encapuchados, actuando al margen de la legalidad instituida, es práctica de los ejércitos de ocupación en Irak y otros países sometidos a conflictos por influencias hegemónicas, concluyeron.