Autor del articulo: Proceso Digital / 29.07.2013
Tegucigalpa - Los jueces y magistrados
del Poder Judicial hondureño anunciaron un paro de labores en todo el
país debido a los altos niveles de inseguridad que cobra la vida de sus
agremiados, situación que no les permite un debido desempeño de sus
funciones.
- Piden
un carro blindado para los tribunales de las ciudades más calientes del país.
-
“Hay dinero de la Tasa de Seguridad y no es posible que no se nos escuche”,
dijo Bonilla.
El temor, inseguridad y pánico ronda a los jueces y magistrados del país,
dijo el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras,
Teodoro Bonilla.
Bonilla le reveló a Proceso Digital
que el paro será a nivel nacional a partir del próximo lunes y que el miércoles
de la presente semana estarán emitiendo el comunicado respectivo.
“Nos han matado tres jueces y varios fiscales, a esto hay que sumarle que
son 64 abogados los asesinados en los últimos tres años”, expresó Bonilla.
El presidente de Asociación de Jueces y Magistrados afirmó que en el
sistema penal hondureño existe preocupación por la indiferencia de las máximas
autoridades de la Corte Suprema de Justicia.
“Exigimos un vehículo blindado para cada tribunal de las ciudades más
calientes de Honduras. También la asignación de elementos de seguridad para
jueces y magistrados que han manifestado algún tipo de peligro por el ejercicio
de sus funciones”, demandó.
“Hay dinero en la Corte Suprema porque se le han asignado recursos de la
Tasa de Seguridad, lo que pedimos es que así como se protegen a altos
funcionarios del Poder Judicial, lo mismo suceda con los que ponemos la cara en
los tribunales de la República”, manifestó Bonilla.
Unos 600 jueces componen en sistema de justicia en Honduras, muchos de
ellos laboran bajo amenazas y el pánico.
El fin de semana anterior, el director de la Oficina Administradora de
Bienes Incautados (OABI), Humberto Palacios Moya, denunció que esa institución otorgó
al Poder Judicial 835 mil dólares (17 millones 034 mil lempiras) para
destinarlos a la protección de jueces, sin embargo, en un informe preliminar se
ha establecido que los fondos fueron usados para blindar los vehículos en los
que se transportan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El pasado 24 de julio se registró la
muerte de la jueza de sentencia progreseña Mireya Mendoza Peña.
De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos con la muerte de
la jueza Mireya Mendoza Peña, suman 64 los profesionales del derecho que
perdieron la vida en circunstancias violentas en lo que va de la presente
administración del Presidente Porfirio Lobo (enero 2010- julio 2013).
De acuerdo al Conadeh, entre las víctimas figuran fiscales del Ministerio
Público, jueces de sentencia, así como asesores legales de sindicatos,
instituciones bancarias, de instituciones del Estado, de empresas agro
industriales, organizaciones campesinas, especialistas en derecho penal, en derecho
mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras.
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