Autor del articulo: Proceso Digital / 24.07.2013
Tegucigalpa - El Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos (Conadeh) condenó hoy la muerte violenta de la juez
de sentencia de El Progreso, Mireya Mendoza Peña, a manos de personas
desconocidas.
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Once profesionales del derecho han perdido la vida violentamente en lo que va
de 2013.
Ramón Custodio, titular del Conadeh, urgió a las autoridades competentes la
debida investigación y se aplique todo el peso de la ley a los responsables de
tan abominable crimen.
Este hecho violento, dijo Custodio, sólo refleja la situación general de
inseguridad que se vive en el país, de la cual no están a salvo ni las mismas
autoridades.
La profesional del derecho se conducía a bordo de una camioneta cuando fue atacada
a tiros por personas que se conducían en motocicleta en la ciudad de El
Progreso, Yoro.
De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos con la muerte de
Mireya Mendoza suman 64 los
profesionales del derecho que perdieron la vida en circunstancias violentas en
lo que va de la presente administración del Presidente Porfirio Lobo (enero
2010- julio 2013)
El ombudsman hondureño lamentó que en Honduras, tanto el ejercicio del
derecho como el de periodistas y la
ocupación de taxistas, conductores de buses y guardias de seguridad, se hayan
convertido, en los últimos años, en ocupaciones de alto riesgo para quienes la
ejercen.
Durante el gobierno de Lobo al menos, diez departamentos del país se han
convertido en los sitios más inseguros para el ejercicio del derecho en
Honduras, al registrar numerosos asesinatos, amenazas e intimidaciones.
En esta radiografía de la inseguridad que viven los profesionales del
derecho, figuran entre los departamentos más peligrosos, Francisco Morazán que registró la muerte de
28 abogados seguido por Cortés con 15, luego
aparecen 6 en Yoro, 4 en Atlántida, 4 en Colón, 3 en Olancho, 1
en Copán, 1 en Comayagua, 1 en El Paraíso y 1 en Choluteca.
De acuerdo al Conadeh, entre las víctimas figuran fiscales del Ministerio
Público, jueces de sentencia, así como asesores legales de sindicatos, instituciones
bancarias, de instituciones del Estado, de empresas agro industriales,
organizaciones campesinas, especialistas en derecho penal, en derecho
mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras.
Registros del ente estatal de derechos humanos establecen que en el 2010
murieron 16 profesionales del derecho, un año después la cifra se incrementó a
38, en el 2012 perdieron la vida 15 y en
lo que va del 2013 han muerto 11, para totalizar 64 los abogados muertos en
circunstancias violentas.
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