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| 28 junio 2009 Foto G. Trucchi | Rel-UITA |
Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi
Durante
este período, Honduras se ha hundido en una crisis política, económica,
social y de seguridad sin precedentes, con un fuerte repunte de los
niveles de pobreza, una creciente militarización de la sociedad y un
acelerado desmoronamiento de las instituciones y poderes del Estado.
Mientras
tanto, los grupos de poder emergentes y aquellos que orquestaron y
ejecutaron el golpe han iniciado una lucha interna, para reacomodarse y
conquistar espacios en vista del inminente proceso electoral del próximo
noviembre.
Un
proceso electoral que, por primera vez en más de 100 años, será
caracterizado por la ruptura del bipartidismo clásico, cuya crisis se ha
acelerado por la creación y participación de un movimiento de base
amplio y polifacético y una fuerza política nueva y pujante, cuyas
raíces están hondamente enterradas en la lucha contra el golpe de
Estado.
En
este sentido, el pueblo hondureño se debate entre una crisis
estructural de la sociedad, agigantada hoy por los efectos nefastos que
ha dejado la ruptura del orden constitucional, y una lucha de
resistencia política y social organizada que genera esperanza para el
futuro.
“Han
sido 4 años caracterizados por la profundización del proceso de
resquebrajamiento institucional del Estado, tanto en términos de
seguridad, educación, salud y servicios básicos, como de crisis profunda
de la política y la justicia”, dijo a Opera Mundi, el sociólogo y
analista político, Eugenio Sosa.
Violencia e impunidad
De
acuerdo con datos de la ONUDD (Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito), Honduras alcanzó en 2012 la mayor tasa de homicidios
del mundo (86 por cada 100 mil habitantes), es decir casi 10 veces el
promedio mundial de 8.8 homicidios. La OMS (Organización Mundial de la
Salud) califica de “epidemia” la tasa que supera los 10 homicidios por
cada 100 mil habitantes.
El
Observatorio de la Violencia de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma
de Honduras) calcula un promedio de casi 20 personas asesinadas a diario
durante ese mismo año. El Ministerio Público (MP) reconoce que
solamente 20 de cada 100 casos de asesinato son investigados y es
infinitesimalmente baja la cantidad de los que se judicializan y
terminan con una condena.
En
abril pasado, el Congreso Nacional nombró una Comisión Interventora del
Ministerio Público, con el objetivo, entre otros, de realizar un
diagnóstico integral de la institución y desarrollar e implementar una
evaluación y depuración de todas sus estructuras. Como resultado del
diagnóstico, la Comisión iba a proceder a contratar, nombrar, sustituir,
rotar y cancelar personal del MP.
Si
bien el nombramiento de esta Comisión fue criticado y hasta tachado de
ilegal por la forma en que se llevó a cabo, sus miembros siguen
investigando y han logrado una prórroga de su mandato que era de 60
días.
“En
el país la impunidad es total y el sistema judicial funciona bien sólo
para los victimarios, para los que cometieron el golpe, mientras está
absolutamente en contra de las víctimas”, asegura el periodista y
comunicador social Félix Molina.
Según
él, durante estos cuatro años no ha habido sentencias ejemplarizantes
que reivindiquen moralmente a las víctimas. “No hay una justicia
percibida, y cuando la ciudadanía no percibe la justicia, también tiene
dificultad para percibir al Estado”, dijo.
Cuando
se habla de violencia e impunidad resulta emblemático el caso de la
región del Bajo Aguán, al noreste del país. Ahí, el conflicto agrario
que se ha originado por la expansión del monocultivo de palma africana y
la falta de acceso a la tierra para miles de familias campesinas, ha
dejado un saldo de no menos 60 campesinos organizados asesinados después
del golpe. “Hasta la fecha, ninguno de estos casos ha sido investigado,
ni los responsables han sido asegurados a la justicia. La impunidad es
total”, apunta Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH (Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras).
Durante
dos meses, la Comisión Interventora del MP investigó todo acto
realizado por cualquier miembro de la institución y después de varios
cambios internos, rotaciones de personal y no renovación de contratos,
hace dos semanas presentó un informe preliminar ante el Congreso
Nacional. En ese informe los integrantes de la Comisión señalaron las
graves anomalías cometidas por las autoridades del MP y emprendieron los
primeros pasos
para acusar de abuso de autoridad y violación a deberes públicos al Fiscal general, Luis Rubí, y al Fiscal Adjunto, Roy Urtecho.
Como consecuencia inmediata de este informe, la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional recomendó ayer (25/6) separar de su cargo a los dos funcionarios por medio del juicio político. En su informe preliminar, la Comisión del Congreso señala que los fiscales cometieron “incumplimiento grave de sus funciones, atribuciones y obligaciones", y que
no ejercieron la acción penal pública en distintos casos “causando con ello una grave impunidad en perjuicio de la población”.
Además, la Comisión del Congreso recomendó al plenario "iniciar la pronta discusión de una nueva ley orgánica del Ministerio Público, que le permita a la institución cumplir con las funciones y atribuciones que le establece y demás legislación nacional". Ante la fuerte presión generada en los últimos meses, en la noche de este 25 de junio, Luis Rubí y Roy Urtecho presentaron su renuncia
para acusar de abuso de autoridad y violación a deberes públicos al Fiscal general, Luis Rubí, y al Fiscal Adjunto, Roy Urtecho.
Como consecuencia inmediata de este informe, la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional recomendó ayer (25/6) separar de su cargo a los dos funcionarios por medio del juicio político. En su informe preliminar, la Comisión del Congreso señala que los fiscales cometieron “incumplimiento grave de sus funciones, atribuciones y obligaciones", y que
no ejercieron la acción penal pública en distintos casos “causando con ello una grave impunidad en perjuicio de la población”.
Además, la Comisión del Congreso recomendó al plenario "iniciar la pronta discusión de una nueva ley orgánica del Ministerio Público, que le permita a la institución cumplir con las funciones y atribuciones que le establece y demás legislación nacional". Ante la fuerte presión generada en los últimos meses, en la noche de este 25 de junio, Luis Rubí y Roy Urtecho presentaron su renuncia
Sin
embargo, la ex directora de Asuntos Internos de la Policía Nacional,
María Luisa Borjas, aseguró a Opera Mundi que la grave crisis de esta
institución y del conjunto de órganos encargados de procurar y
administrar la justicia aún está lejos de terminar.
Depuración y remilitarización
El
nivel de violencia e impunidad en la sociedad hondureña es directamente
proporcional al grado de corrupción e infiltración del crimen
organizado y el narcotráfico en las instituciones y poderes del Estado,
incluyendo a los órganos de seguridad pública.
Ante
esta situación, el presidente Porfirio Lobo, con el apoyo del
Parlamento donde goza de amplia mayoría, lanzó una ofensiva contra el
crimen, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, los resultados han
sido muy escasos.
En
junio del año pasado, se aprobó el decreto de emergencia 89-2012, para
iniciar un proceso de depuración policial, durante el cual la recién
conformada DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera
Policial) iba a aplicar pruebas de confianza integrales - poligráfica,
toxicológica, psicométrica y socieconómicas - a los oficiales de
polícia.
De
acuerdo con las declaraciones ante el Congreso Nacional del director de
la DIECP, Eduardo Villanueva, durante los casi trece meses del proceso
de depuración se aplicó un total de 774 pruebas de polígrafo, resultando
un total de 230 requerimientos de despido de policías a la Secretaría
de Seguridad. De esta cantidad, 33 se convirtieron en órdenes de
separación y sólo 7 fueron ejecutados, de un total de casi 14 mil
miembros que tiene la institución policial.
“¿Cómo
es posible que los oficiales que salieron reprobados en las pruebas de
confianza no sólo no fueron separados del cargo, sino que fueron
ascendidos al grado inmediato superior o están ostentando cargos de
dirección? ¿De qué depuración estamos hablando, entonces?”, se preguntó
la ex comisionada Borjas.
Para
ella, es evidente que se pretende hacer creer al pueblo que realmente
se quiere sanar la institución policial, “pero sus actos demuestran lo
contrario”. Cita varios ejemplos, entre ellos los del ex vocero del
Ministerio de Seguridad, comisionado Iván Mejía Velásquez, y del
director general de la Policía Juan Carlos Bonilla Valladares.
Mejía
Velásquez tiene un auto de prisión para violación a los derechos
humanos, abuso de autoridad y lesiones, mientras el “Tigre” Bonilla,
como le dicen aquí, fue investigado por haber perpetrado tres asesinatos
extrajudiciales y por estar relacionado con varios casos de secuestro y
desapariciones. Ambos continúan desempeñando altos cargos en la
institución.
“Deberían
estar suspendidos y hasta presos, sin embargo Mejía Velásquez acaba de
ser ascendido al cargo de director de la Policía Preventiva, mientras
que Bonilla Valladares ostenta el rango más alto en la institución”,
explicó.
Borjas
estaba a cargo de la Unidad de Asuntos Internos cuando, en 2002, se
investigó a Juan Carlos Bonilla. “Lo estábamos investigando por 13 casos
de violaciones graves, incluyendo a ejecuciones sumarias de jóvenes y
supuestos pandilleros, pero solamente logramos llevar uno ante la
Fiscalía, porque ya no nos dejaron continuar”.
La
ex comisionada relató a Opera Mundi que fue separada del cargo en 2003,
por el entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez . “Nos quitaron la
logística, despidieron a mis colaboradores y a los investigadores y
finalmente, cerraron la Unidad. Sin embargo, la Fiscalía logró
judicializar el caso y el juez emitió orden de captura contra Bonilla
Valladares y sus tres acompañantes: Carlos Arnoldo Mejía López, José
Ventura Flores Maradiaga y Juan José Zavala Velásquez”, explicó.
Hoy
día, los cuatro oficiales siguen ostentando altos cargos en la
institución, gracias a una absolución derivada de un “acuerdo
extrajudicial” que en 2004 firmaron el ministro Álvarez y la entonces
presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales. “Bonilla
Valladares les sirve para hacer ‘limpieza social’ en todo el país. Esto
demuestra que no hay una verdadera voluntad de hacer una depuración,
sino temor para actuar y hasta colusión de políticos, fiscales y jueces
en actos, tanto de delincuencia común como organizada”, concluyó Borjas.
Además,
ese proceso de aparente combate contra el crimen y la impunidad se ha
caracterizado por una creciente militarización del país. “Las Fuerzas
Armadas están cada día más involucradas en tareas de seguridad y tienen
más poder. Se han creado nuevas fuerzas especiales, fuerzas de élite y
fuerzas de tarea conjuntas. No hay duda de que, detrás de todo este
proceso de remilitarización y de cambio de autoridades de Seguridad,
están los Estados Unidos y su proyecto hegemónico en la región”, aseguró
el académico Eugenio Sosa.
Proyecto hegemónico
Para
el año fiscal 2014, Estados Unidos prevé una ligera disminución de los
fondos destinados a la “lucha contra la droga” en México y Colombia, a
cambio de un aumento para la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad
para América Central), para la cual el Departamento de Estado solicitó
162 millones de dólares, es decir 26 millones por encima del presupuesto
de 2012. Si bien no es fácil conocer exáctamente qué cantidad de
recursos llegará a Honduras a través de diferentes vías y programas, es
lógico pensar que ese país gozará de una atención privilegiada.
Recientemente,
el Congreso Nacional de Honduras aprobó la creación de mil nuevas
plazas para soldados del Ejército y la conformación del cuerpo élite
Tigres (Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial). “Se
quiere hacer crecer el poderío militar a costillas de la seguridad
pública. Hay una intención manifiesta de cerrar la Policía y que el
instituto castrense maneje el tema de seguridad pública”, declaró a
medios nacionales el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce.
Durante
el 2011, el Péntagono incrementó su gasto militar en el país de un 71%
con respecto al año anterior. Pese a la grave crisis económica,
político-institucional y social que embistió a Honduras desde el golpe
de Estado, a las repetidas denuncias de corrupción, violación a los
derechos humanos y colusión con el crimen organizado dirigidas a la
Policía Nacional, y al fracaso del proceso de depuración policial,
Estados Unidos sigue aportando fondos para continuar con sus programas.
En
declaraciones a Opera Mundi, la directora del Programa de las Américas
del CPI (Centro para la Política Internacional), Laura Carlsen, sostuvo
que Estados Unidos “quiere tener más control sobre las estrategias de
seguridad internas de los países centroamericanos, sobre todo ahora que
varios gobiernos progresistas o de izquierda se han instalado en América
Latina. En este sentido - continuó – Estados Unidos busca fortalecer su
presencia militar para enfrentar lo que ve como una amenaza contra su
hegemonía tradicional en la región”, dijo.
Según
Félix Molina, ya se estarían viendo varios señales que muestran la
progresividad de dicha intervención en el escenario hondureño. “Se
inició con la firma de un intercambio de inteligencia y de experiencias
entre el régimen de Porfirio Lobo y Colombia y después vino la
autorización para crear nuevas bases militares de Estados Unidos en La
Mosquitia y el Caribe. Asimismo, estamos asistiendo a la llegada de
altos funcionarios del Departamento de Estado y a la intervención
directa en el proceso de evaluación del Ministerio Público, de
depuración de la Policía y de creación de varias leyes”, asegura el
periodista.
Entre
las leyes cuestionadas, Molina citó, entre otras, la Ley
Antiterrorista, la Ley de Intervención de Comunicaciones Privadas, la
Ley de Inteligencia Nacional y la Ley de Extradición para Hondureños.
En
marzo pasado, el subsecretario adjunto de Estado de la Oficina
Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, informó sobre la
aprobación de un financiamiento de 16.3 millones de dolares para crear
una fuerza de tarea policial para combatir los crímenes más graves.
Mantener
a Honduras en las primeras planas de periódicos y noticieros como el
país más violento del mundo y como un Estado fallido sería, entonces,
parte de la estrategia norteamericana para justificar una posible
intervención de hecho. “Estados Unidos maneja un doble discurso para
garantizar sus objetivos y prioridades estratégicas. Estamos viendo un
incremento de su presencia y de sus bases militares en la región, así
como de sus proyectos sociales y de cooperación, que ocultan sus
verdaderos intereses”, dijo Borjas.
Un
protagonismo, en apariencia silencioso y sutil pero muy efectivo en la
práctica, que según Molina busca fortalecer institucionalmente el
aparato de Seguridad de Honduras, pero que en realidad “apunta a
fortalecer al Ejército, es decir el aparato que monopoliza la violencia
en el Estado hondureño, y a garantizar su control hegemónico”.
Recientemente,
21 senadores de Estados Unidos enviaron una carta al Secretario de
Estado, John Kerry, señalando como un “fracaso decepcionante” el proceso
de depuración. Asimismo, exigieron “una rendición de cuenta” de los
fondos desembolsados por Estados Unidos y destinados al Ejército y la
Policía hondureña. “Debemos asegurarnos de que fondos estadounidenses no
estén permitiendo violaciones desenfrenadas de los derechos humanos,
incluso por miembros de las fuerzas de seguridad de Honduras que actúan
amparados por la impunidad", señala la carta.
Desastre económico
Según
el Observatorio del mercado laboral del Ministerio del Trabajo, en 2012
el 67% de la población - 5.5 millones de personas - estaba en pobreza,
de los cuales 3.8 millones en pobreza extrema. Datos del FOSDEH (Foro
Social de la Deuda Externa de Honduras) evidencian que del 2009 al 2012,
la cantidad de pobres ha incrementado de 2.1 millones.
La
actual crisis económica de Honduras es producto de la combinación de
dos elementos: la crisis financiera mundial y el golpe de Estado de
2009. Actualmente, la deuda total, calculada en casi unos 14 mil
millones de dólares, ha superado el 70% del PIB (Producto Interno
Bruto), el déficit fiscal ha alcanzado el 6%, mientras el 63% de los
asalariados y el 80% de quienes trabajan por cuenta propia, ganan por
debajo del salario mínimo y del equivalente de la canasta básica.
Raf
Flores, subcoordinador del FOSDEH, estima que durante los últimos años,
“por cada 100 personas en que ha crecido la población, 145 han entrado
en pobreza, y los programas gubernamentales para la reducción de la
pobreza no están tocando los factores determinantes que la originan”.
Además, hay varios sectores de clase medio-baja que ya han caido en
condiciones de pobreza, mientras la tasa de desempleo y subempleo ha
alcanzado casi el 80%.
“La
situación no sólo es muy complicada, sino que tampoco vemos que el
gobierno tenga una visión estratégica integral de cómo enfrentar esta
problemática, para generar crecimiento y, a la vez, disminuir la brecha
de rezago y exclusión social que ha venido ampliándose, y que se
manifiesta con mayor migración, pobreza e inseguridad social”, dijo
Flores a Opera Mundi.
Según
el economista, la principal actividad económica que ha mantenido un
fuerte crecimiento es la financiera. Esto se debe a la emisión de
grandes cantidades de bonos soberanos de corto plazo y con alta tasa de
interés. “El negocio para el sistema financiero en prestarle al Estado y
recibir tasas de interés que se acerca al 15% anual. El mercado está
tan saturado que el Banco Central está admitiendo que parte del encaje
legal de los bancos sea en bonos soberano, garantizándoles un doble
interés y una doble ganancia”, explicó.
Durante
los primeros meses del golpe, el gobierno de facto de Roberto
Micheletti logró sobrevivir y aguantar económica y financiariamente a
costa del aumento desmedido del endeudamiento público. Principales
receptores de los bonos soberanos fueron justamente los sectores y
grupos financieros que apoyaron el golpe y que, hoy, siguen endeudando
al país.
“Con
esta situación se está ampliando la brecha en el poder adquisitivo de
las personas. El costo de la canasta básica se ha ido incrementando,
pero el ingreso de salarios no ha compensado este aumento, empeorando la
curva de pobreza”, dijo Flores.
El
rubro que genera más divisa al país son las remesas familiares, que el
año pasado han alcanzado los 3 mil millones de dólares. Por el
contrario, ha habido una fuerte contracción del sector productivo,
agrícola e industrial, y de la construcción. Ese último, que
historícamente ha encabezado la generación de puestos de trabajo en
Honduras, no sólo no se ha podido recuperar de la crisis originada por
el golpe, sino que se ha transformado en ámbito privilegiado para el
repunte del lavado de dinero.
“Los
elementos de inestabilidad político-económica derivados de la crisis de
2009 todavía persisten, así como se acrecentaron los elementos de
ingobernabilidad. El gobierno se ha lanzado en medidas extemporáneas
que no han resuelto el problema, profundizando el proceso de
privatización o concesionamiento de bienes públicos”, explicó Flores.
En
efecto, en la mira de la COALIANZA (Comisión para la Promoción de la
Alianza Público-Privada) están las carreteras, los puertos, las
telecomunicaciones, así como la energía eléctrica, acueductos y
alcantarillado, los principales recursos naturales para el desarrollo de
megaproyectos mineros e hidroeléctricos, y hasta el propio territorio
con la aprobación de las reformas y las leyes que impulsan las Regiones
Especiales para el Desarrollo (RED), mejor conocidas como ciudades
modelo.
“Son
procesos muy poco transparentes, cuyo costo en términos de reducción de
entradas fiscales se desconoce. La inversión pública está
desapareciendo, en cuanto casi el 50% de las entradas tributarias se van
entre el servicio de la deuda y el gasto de salarios. Gane quien gane
el próximo noviembre, encontrará un país muy complicado y deberá atacar
los factores determinantes de la inmovilidad, exclusión e inequidad
social, estableciendo nuevas reglas del juego e impulsando un pacto y un
acuerdo económico y social serio en el país”, concluyó Flores.
Proceso electoral y derechos humanos
Ante
un escenario electoral seguramente muy complicado y, al mismo tiempo,
estimulante, el partido Libertad y Refundación (Libre) realizó el pasado
domingo (16/6) su Asamblea Nacional, ratificando los resultados de las
elecciones primarias del pasado noviembre y adelantando puntos
importantes de lo que sería su programa de gobierno.
“Sólo
un año después de su conformación, Libre, un partido que se ha formado y
ha crecido en las calles con el pueblo, se ha convertido en la primera
fuerza política del país. Nuestra candidata de consenso Xiomara Castro,
ha sido la candidata presidencial más votada en toda la historia del
país”, dijo Enrique Flores Lanza, ex ministro de la presidencia durante
el gobierno de Manuel Zelaya y actual candidato a diputado.
Según
la última encuesta realizada en mayo por Cid Gallup, Castro encabeza la
lista de los siete candidatos que participarán en las elecciones del 24
de noviembre con el 28% de las preferencias. Le siguen el presentador
de televisión Salvador Nasralla, del PAC (Partido Anticorrupción) con el
21%, el actual presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández del PN
(Partido Nacional) con el 18% y el candidato del PL (Partido Liberal,,
Mauricio Villeda con el 14%.
Durante
su intervención ante miles de simpatizantes, Castro prometió refundar a
Honduras convocando a “un nuevo pacto social a través de una Asamblea
Nacional Constituyente originaria, incluyente y de profunda
participación popular”. De esa manera, pretende “iniciar un camino de
reconciliación y de transformación democrática y pacífica del país,
derogar las leyes neoliberales aprobadas después del golpe, devolver los
militares a sus cuarteles, acabar con la impunidad y reformar el entero
aparato de seguridad y justicia”.
Sin
embargo, no previendo la legislación electoral hondureña una segunda
vuelta de balotaje, los resultados de la última encuesta de Cid Gallup
por un lado entregarían la presidencia a la ex Primera Dama, pero, por
el otro, determinarían una profunda división en el Congreso Nacional y
en la distribución de los gobiernos municipales.
“Nuestra
candidata tiene 14 meses de estar creciendo de manera ininterrumpida y
ésto tiene con suma preocupación a la derecha y la oligarquía golpista, y
la está haciendo reaccionar”, señaló Flores Lanza.
A
ese propósito, Bertha Oliva manifestó fuerte preocupación ante una
previsible profundización de los ataques físicos contra miembros o
simpatizantes de Libre.
“Estamos
ante una estructura muy bien organizada para crear terror y la
violación de los derechos humanos está aumentando a medida que se
acercan las elecciones. De las personas que estuvieron acompañando al ex
presidente Zelaya en la embajada de Brasil, ya son 8 las que fueron
asesinadas en menos de dos años”, dijo Oliva.
La
coordinadora del COFADEH reveló que en estos primeros 6 meses del año
ha habido un fuerte aumento de la cantidad de denuncias presentadas ante
esta organización, en su mayoría de parte de miembros del partido de
Xiomara Castro y de la Resistencia en general.
Para
ella, existiría “un verdadero odio colectivo de parte de la gente que
dio el golpe”, lo cual, sumado a la creciente militarización de la
seguridad pública y la proliferación de los cuerpos privados de
seguridad - se contabilizan más de 700 empresas de seguridad y unas 70
mil guardias privadas -, estarían llevando a Honduras hacia el caos.
“Si
las encuestas continúan apuntando a una posible victoria de Xiomara
Castro, los sectores golpistas van a hacer cualquier cosa para sembrar
el caos y justificar una suspensión del proceso electoral”, aseguró la
defensora de derechos humanos.
Para
Flores Lanza, las fuerzas aglutinadas en Libre no se están enfrentando
solamente al poder oligárquico nacional, “sino a los intereses del
imperio norteamericano y de toda la derecha internacional, que actúa
como una sola fuerza, al igual que en Venezuela durante las últimas
elecciones”, dijo.
Es
por eso, que el nuevo partido está enfocado en la formación y
capacitación de sus cuadros y militantes para la defensa del voto. “La
fuerza del pueblo es lo único que puede derrotar estos intentos de los
partidos tradicionales y de la oligarquía de perpetuarse en el poder”,
concluyó.
Criminalización de la protesta
La
violencia político-electoral se mezcla también con la criminalización
de la protesta social. Es ese el caso de Bertha Cáceres, dirigente
indígena del COPINH (Consejo de organizaciones populares e indígenas de
Honduras), quien el pasado 24 de mayo fue detenida ilegalmente por
efectivos del ejército y la policía, junto con el comunicador social y
miembro de la misma organización, Tomás Gómez, mientras viajaban en
vehículo hacia la zona de Río Blanco, donde desde hace casi 3 meses las
comunidades indígenas lencas están protestando y deteniendo la ejecución
del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Después
del sobreseimiento provisional dictado por el tribunal de Santa
Bárbara, la Procuraduría de la República apeló la sentencia y Cáceres
deberá enfrentar otro juicio por los supuestos delitos de posesión
ilegal de armas y por estar atentando contra la seguridad del Estado.
La
lucha contra los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la
minería, la expansión de monocultivos, así como contra el
concesionamiento de recursos naturales y de territorios de parte de las
organizaciones sociales y populares que participaron activamente contra
el golpe de Estado, sigue siendo criminalizada.
“Se
trata de un juicio político, a través del cual se pretende seguir
criminalizando la lucha histórica que el pueblo lenca está librando
contra el saqueo de recursos y territorios. Sin embargo, pueden
encarcelarnos o hasta asesinarnos, pero la lucha no se va a detener. Las
comunidades están listas y decididas y no van a permitir otro atropello
a su territorio ancestral”, dijo Cáceres.
La
ex comisionada Borjas confirmó este análisis al declarar que los
policías que integrarán la Unidad Tigres ya están siendo entrenados en
tres unidades militares, en lo que es combate de baja intensidad y
contrainsurgencia. “Su función es la persecución de líderes sociales,
con la que se pretende desarticular a las organizaciones sociales. No es
más que la réplica del nefasto Batallón 3-16, que funcionó en los años
80 para perseguir, secuestrar, torturar y ejecutar a personas con
ideología diferente a la del gobierno y los grupos de poder. La
ciudadanía continúa en una situación de alto riesgo y de precariedad
extrema, pero seguimos trabajando para cambiar las cosas con propuestas
serias y concretas”, concluyó Borjas.
II
“Los sectores que dieron el golpe son torpes y están afuera de la historia”, dice ex ministro de Zelaya
Cuatro
años después del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel
Zelaya Rosales, Honduras no ha podido recuperarse. Sin embargo, algo que
los sectores de la “oligarquía golpista” no habían previsto fue la
espontaneidad de la reacción popular, que desembocó en una masiva
protesta social en defensa de los derechos y los bienes comunes. Tampoco
creyeron en la posibilidad de que surgiera y se consolidara un nuevo
partido político, como es Libre (Libertad y Refundación), cuya candidata
presidencial, la ex Primera Dama, Xiomara Castro, lidera las encuesta
para las elecciones del 24 de noviembre próximo.
Sobre
estos y muchos otros temas, Opera Mundi conversó con Victor Meza, ex
ministro del Interior y pieza clave de la delegación que representó a
Zelaya en la negociación post-golpe, es también director y fundador del
CEDOH (Centro de Documentación de Honduras). El año pasado, el nombre de
este intelectual prestado a la política apareció en unos cables
enviados por el entonces embajador estadounidense, Larry Palmer y
publicados por Wikileaks.
En
ellos, el diplomático lo señalaba como informante de la embajada
estadounidense. Meza siempre ha rechazado esta versión, denunciando la
manipulación de los periódicos hondureños y el intento de
desprestigiarlo por señalar el involucramiento norteamericano en el
golpe.
Opera Mundi: ¿Cuál es la situación de Honduras cuatro años después del golpe de Estado?
Víctor Meza: La
Honduras que tenemos hoy es la consecuencia directa del golpe y es muy
diferente de la Honduras pre golpe. Antes del 28 de junio de 2009, el
país tenía relativa estabilidad interna, con niveles de seguridad
alarmantes, pero todavía controlables, con índices de crecimiento
económico aceptables y con una deuda interna manejable.
La
Honduras de hoy es exactamente lo contrario. El país está sumido es su
peor crisis de inseguridad, con una deuda interna inmanejable que
constituye el 43% de la deuda total, la cual ya ha alcanzado casi el 40%
del PIB (Producto Interno Bruto).
Es
una Honduras en crisis de institucionalidad, con fuertes conflictos
sociales y a punto de desembocar en un proceso electoral que va a ser el
más complicado de los últimos 30 años.
OM: ¿Por qué va a ser el más complicado?
VM:
Por varios factores. En primer lugar porque se produce en condiciones
post golpe, es decir en medio de una nueva polarización político-social
en el país. El enfrentamiento ya no va a ser entre los viejos
adversarios tradicionales de la política hondureña, sino entre golpistas
y anti golpistas. Además, el sistema bipartidista, que fue una de las
primeras víctimas institucionales del golpe, ha dejado de existir. Hoy
tenemos por lo menos tres partidos grandes disputándose el poder y nueve
partidos participantes, lo cual es algo absolutamente nuevo en la
historia contemporánea de Honduras.
Una
cosa es cierta: las fuerzas de ultraderecha, concertadas entorno a las
élites conservadoras hondureñas que son, sin duda alguna, las más
conservadoras de América Latina, están pagando las consecuencias del
golpe. Están sumidas en un estado de verdadero pánico ante la
posibilidad de que el partido Libre, surgido de las entrañas de la
resistencia contra el golpe de Estado, pueda triunfar en las próximas
elecciones.
OM: ¿Si los efectos del golpe fueron tan negativos para estos sectores, ¿por qué cree que tomaron esta decisión?
VM:
El golpe de Estado es el resultado del miedo de las élites
conservadoras ante una creciente dinámica de inclusión social de los
sectores más pobres. El proyecto que animaba al gobierno zelayista no
era un proyecto revolucionario, sino de elemental justicia social, que
inició a tomar forma sólo después de la mitad del período de gobierno.
La
gran pregunta que nos hacíamos era cómo hacer incluyente un sistema
diseñado para ser excluyente. El gobierno estuvo buscando formas de
inclusión y de movilización social, y el proyecto de la Cuarta Urna fue
una de las expresiones de esta búsqueda. Queríamos que la gente dejara
de ser el tradicional objeto de los procesos electorales, sino que
participara y que comenzara a convertirse en un sujeto social, con
autonomía propia y con dinámicas sociales movilizadoras.
Eso
provocó el miedo en estos sectores de la élite político-económica del
país, animada ideológicamente por el fundamentalismo religioso y
respaldada por militares herederos de la Guerra Fría y congelados en el
tiempo, que fingían ser subordinados ante las autoridades
democráticamente electas.
OM: ¿Cuáles son las características de estas élites?
VM:
Son élites asustadizas, poco ilustradas y torpes, que recibían con
entusiasmo los consejos de grupos ultraderechistas de Washington,
particularmente del lobby de los sectores vinculados a los grupos de
exiliados cubanos de Miami y a los grupos de venezolanos antichavistas.
La
combinación y la mezcla de estos elementos producen esa aberración
histórica que fue el golpe, generando las consecuencias ya mencionadas,
es decir la ruptura del bipartidismo y el surgimiento de una tercera
fuerza política importante en el país.
Fueron
tan idiotas que no se dieron cuenta que derrocando a un gobierno
constitucional generaban un nuevo escenario político, en donde las
nuevas dinámicas sociales se traducirían en nuevas opciones políticas.
Creo
que aún no han entendido lo que significó realmente el golpe, ni el
movimiento social que se generó y que sorprendió hasta el mismo gabinete
de Zelaya. Fue nuestro Mayo francés.
OM: Sin embargo, el sector financiero salió ganando con el golpe
VM:
El sector financiero siempre sale ganando. Desde 1990, este sector es
el grupo económico más beneficiado de la economía hondureña. Ese grupo
nunca pierde, porque siempre le apuesta a los ganadores.
Durante
el golpe fue el grupo que le prestó el dinero al gobierno de facto de
Micheletti. Estamos hablando de más de 2 millones de dólares diario y
hoy este sector está cobrando con creces su dinero y sus intereses. Es
por eso que la deuda interna de Honduras se ha vuelto inmanejable.
OM: ¿Cuáles son los elementos que caracterizan la crisis de seguridad que está viviendo Honduras?
VM:
Es una combinación de factores. En primer lugar es una crisis
determinada por el crecimiento alarmante de las redes delincuenciales y
del crimen organizado en todo el país. Esto se traduce en penetración
institucional, fuerte debilitamiento de las mismas instituciones
estatales, incluyendo a las de seguridad, y en un peligroso proceso de
erosión y evaporación de la presencia del Estado.
Honduras,
por su posición geográfica, tiene 3 fronteras terrestres y 9 marítimas,
y está muy expuesta a la presencia del narcotráfico y el crimen
organizado, lo cual genera consecuencias muy graves en términos de
violencia. Además, la Policía hondureña permaneció 35 años como una
unidad subordinada dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Es
hija del militarismo y, por lo tanto, tiene una profunda cultura militar
y un gran déficit de cultura policial.
Esto
hace que sea una Policía fácilmente convertible en un órgano de
represión interna, siempre a la búsqueda de un enemigo para destruirlo y
no de un ciudadano para protegerlo.
Esta
Policía, militarizada culturalmente y corrompida institucionalmente, se
convierte en una arma contra la ciudadanía y no es auto reformable,
sino que hay que reformarla desde afuera, con voluntad política,
valentía, decisión y conocimiento.
Si
a eso le agregamos una Fiscalía y una Corte Suprema de Justicia en
proceso de contaminación política permanente, que las degrada y las
vuelve ineficientes y corruptas, el resultado es una crisis de seguridad
nunca antes vista.
OM: En varios sectores de la sociedad hay fuerte preocupación por la creciente militarización de la seguridad pública.
VM:
El militar está preparado para la guerra y educado para aniquilar al
enemigo, no para proteger al ciudadano. Por el contrario, el policía
debería estar preparado para evitar la muerte y proteger la vida de las
personas. Esto explica los altos niveles de virulencia y de brutalidad
con que la Policía reaccionó después del golpe contra la población. Ahí
vimos los policías actuar por lo que son: apéndices de los militares.
Es
por eso que debemos acelerar el diseño de una reforma de la Policía,
para lograr una profesionalización que rompa, de una vez, la cultura
castrense, reemplazándola con una cultura comunitaria.
OM: ¿Por qué ha fallado la depuración de la Policía?
VM:
Por varias razones. La depuración comenzó de abajo hacia arriba,
mientras debería ser lo contrario, es decir comenzar a depurar la cúpula
policial porque después va a ser más fácil depurar la base. Además, la
depuración fue concebida como un proceso muy largo, prolongado y lento,
recubierto de un manto de secretividad que lo volvió sospechoso y poco
creíble, quitándole legitimidad pública.
Tampoco
fue parte de un proceso de reforma integral mucho más amplio, que
incluya un cambio radical del sistema de selección, nombramiento,
educación y promoción de los policías. Visto solamente como un
componente aislado, el proceso de depuración no va a poder impedir de
que haya un retroceso.
Es por eso que decimos que puede haber depuración sin reforma, pero nunca reforma sin depuración.
OM: ¿Quién gana al fracasar la depuración policial?
VM:
Los primeros que ganan son los actores vinculados al crimen organizado.
Son grupos fácticos informales que operan en la sociedad hondureña, que
tienen influencia, que financian campañas políticas, que controlan
eslabones importantes de la economía y que influyen en el sistema
institucional y político de Honduras.
Son
los primeros beneficiarios de la ausencia de una real política de
depuración y por lo tanto, son los que alimentan, estimulan y financian
la contrarreforma. En medio de esta situación hay que enfocar el tema de
la politización partidaria y sectaria de las instituciones. En la
medida que sigue este proceso, las instituciones son inútiles.
Tenemos
un Estado paquidérmico, lento, contaminado, vulnerable, que en lugar de
caminar avanza casi arrastrándose, incapaz de enfrentar el desafío de
la inseguridad.
Hay
que cambiar toda la estructura y el sistema, y no solamente reaccionar
ante la coyuntura aprobando nuevas medidas y nuevas leyes, o cambiando
personas. Es por eso que la consigna es la Asamblea Nacional
Constituyente, para refundar un Estado que está diseñado para no cambiar
y perpetuar el statu quo.
OM: ¿Qué rol está jugando Estados Unidos en Honduras?
VM:
Estados Unidos es un país que tiene su propia agenda y sus prioridades
en términos de seguridad. Por la importancia estratégica que tiene
nuestro país para Washington, frecuentemente la agenda de Honduras queda
supeditada a la de Estados Unidos, y muchas veces las prioridades de
los dos países no coinciden.
Los
norteamericanos, por ejemplo, privilegian la formación de grupos élites
y de fuerzas de tarea, y ya hay unos 10 grupos dentro la fuerza de
seguridad hondureña controlados, dirigidos y estructurados por Estados
Unidos. Cuando Honduras pretende diseñar y poner en práctica una agenda
propia inevitablemente entra en choque con estas tendencias y
prioridades norteamericanas.
Además,
durante los años 80, la política norteamericana dejó a Honduras como un
territorio poblado por habitantes y no un país poblado por ciudadanos.
La situación fue cambiando poco a poco a partir de los años 90, pero el
golpe le dio un impulso inesperado a este proceso y generó una dinámica
de vocación ciudadana como nunca antes visto. Esta situación le preocupa
a Estados Unidos.
Espero
que tengan la capacidad de buscar y construir una relación
relativamente respetuosa con un posible gobierno de Xiomara Castro, así
como de cooperación más intensa a nivel económico.
La
Honduras de hoy es consecuencia de la firma del Acuerdo Tegucigalpa-San
José Diálogo Guaymuras, que condujo a diversificar el sistema político y
a enterrar el viajo equilibrio en el país. Con una dosis suficiente de
pragmatismo, los norteamericanos tendrán que saber negociar este proceso
de construcción de un nuevo equilibrio, que supone la aceptación de un
tercer invitado en la mesa.
OM: ¿Qué elecciones van a ser las del 24 de noviembre?
VM:
Elecciones difíciles y complicadas, con un sistema electoral diseñado
para dirimir la disputa entre dos fuerzas políticas iguales y sin
diferencias ideológicas, y con un aparato militar y de seguridad que fue
parte del golpe. Ahora la situación ha cambiado y este sistema
electoral no está preparado.
Siento
que el pueblo es más despierto, más exigente, con demandas sociales más
consistentes. Hay como un deseo de expresarse en las urnas para
vengarse del golpe.
III
“Vamos a defender el voto en las urnas y en las calles”, dice Juan BarahonaEl 4 aniversario del golpe de Estado que en 2009 derrocó al presidente constitucional de Honduras, Manuela Zelaya Rosales, se enmarca en una coyuntura electoral que, el próximo 24 de noviembre, llevará a unos 5.3 millones de hondureños a las urnas para elegir el futuro presidente de la República, 128 diputados y los alcaldes de los 298 municipios con que cuenta el país.
La
profunda crisis político-económica y social derivada del golpe ha
sacudido y dividido la sociedad y las familias hondureñas. Juan
Barahona, actual subcoordinador del FNRP(Frente Nacional de Resistencia
Popular) y candidato a la vicepresidencia de la República por el partido
Libre (Libertad y Refundación), asegura a Opera Mundi que la mañana de
aquel 28 de junio de 2009 el pueblo se volcó a las calles de manera
espontánea, para luchar contra el quiebre del orden constitucional en el
país.
Según
el también secretario general de Libre e histórico dirigente sindical,
nadie se esperaba que el FNRP pudiese organizarse y crecer tanto a nivel
nacional, dando vida, sólo tres años después, a un partido cuya
candidata, Xiomara Castro, encabeza todas las encuestas de preferencia
de voto.
Opera Mundi: Faltan cinco meses a las elecciones nacionales. ¿Cómo se está preparando el partido Libre ante esta cita?
Juan
Barahona: Somos un partido nuevo, que tiene poco más de un año de vida,
y ya contamos con estructuras en todos los municipios y departamentos
del país. Fuimos capaces de ir a elecciones primarias para elegir a
nuestros candidatos en vista de las elecciones nacionales de noviembre.
Estamos
creciendo y nuestra candidata de consenso, Xiomara Castro, está
encabezando todas las últimas encuestas. Eso nos indica que tenemos el
apoyo y el respaldo de la mayoría del pueblo, porque hemos sabido
interpretar sus aspiraciones de cambio y presentar propuestas concretas.
OM: ¿Cuáles son los elementos que más caracterizan la propuesta política de Libre?
JB:
Sin lugar a duda la propuesta de impulsar y gobernar con un modelo
diferente al modelo neoliberal, que históricamente concentra riqueza y
reproduce pobreza. Además, durante su discurso en la Asamblea Nacional
de Libre el 16 de junio pasado, Xiomara Castro ha dicho que quiere
promover un socialismo democrático, es decir avanzar hacia un cambio del
modelo capitalista.
Son
propuestas que el pueblo está apoyando firmemente, no porque somos un
partido nuevo, sino porque tenemos propuestas concretas para cambiar la
situación económica, política, social y cultural de nuestro país. Libre
es una esperanza para el pueblo y una mayor responsabilidad para quienes
lleguemos a ocupar cargos de elección popular en el gobierno y en la
conducción del partido.
OM: ¿Cómo se va a cambiar un modelo que está hecho para mantener el statu quo y para que nada cambie?
JB:
Nos es posible si no vamos a una Asamblea Nacional Constituyente y no
aprobamos una nueva Constitución Política. Todo está legislado para
garantizar y legalizar los intereses de los oligarcas que han mantenido
el control del país, así que es necesario un proceso de refundación, que
rompa ese estado de concentración de poder y de recursos.
OM: No sería, entonces, suficiente ganar la Presidencia, sino tener también una mayoría en el Congreso.
JB:
Estamos trabajando para tener una fuerza significativa en el Congreso y
para controlar un número importante de alcaldías. Solamente de esta
manera podremos generar cambios en las instituciones y poderes del
Estado, y en la sociedad en general.
OM:
Tu trayectoria personal está marcada por una larga historia de lucha
sindical al lado de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es la
propuesta de Libre en el ámbito laboral?
JB:
Libre ha prometido respetar las conquistas de los trabajadores y
trabajadoras, que están reflejadas en la legislación laboral nacional y
los Convenios internacionales ratificados por Honduras, tal como el
derecho de sindicación y de negociación colectiva. También ha prometido
derogar la Ley de Empleo Temporal, que cercena muchas de las conquistas
logradas en más de 50 años de lucha.
OM:
Ya han pasado 4 años del golpe de Estado. En esos días tan difíciles,
¿cuáles eran las expectativas y qué tanto se han hecho realidad?
JB:
En aquel momento estábamos en las calles, desafiando el estado de sitio
y la suspensión de los derechos constitucionales, luchando para
revertir el golpe y restituir al presidente Manuel Zelaya en la
Presidencia.
Aun
así no dejamos ni un solo día de salir a las calles en todo el país,
Fue un desafío a todas estas medidas represivas de los golpistas, sin
pensar que íbamos a llegar a una situación de fuerza como la que tenemos
ahora. El FNRP está organizado en todo el país y ha dado paso a la
organización de una fuerza política que le está disputando el poder al
bipartidismo, que ha gobernado por más de cien años.
OM: Ya hay señales preocupantes en cuanto al aumento de la violencia contra miembros del FNRP y de Libre. ¿Tiene temor de que la situación pueda empeorar a medida que se acercan las elecciones?
JB:
Desde el día del golpe de Estado hemos estado bajo una represión
salvaje, una violación sistemática de los derechos humanos y muchos
compañeros y compañeras han sido reprimidos, perseguidos, encarcelados y
hasta asesinados de manera selectiva.
Un
día antes de la celebración de nuestra Asamblea Nacional asesinaron a
Marvin José Rivera, un joven militante del partido Libre, quien acababa
de salir del lugar donde se estaba montando la estructura para la
actividad. El 24 de este mes fue secuestrado el periodista Aníbal
Barrow, quien estaba comprometido con la Resistencia, y todavía no se
sabe nada de él.
Creemos
que, a medida que se acercan las elecciones, vamos a enfrentarnos a una
profundización de la represión, porque los golpistas apuntan a meter
miedo y generar terror, para que el pueblo retroceda y deje de respaldar
a nuestro partido.
Prueba
de eso es el hecho de que el principal asesor del candidato
oficialista, el actual presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández,
es J.J. Rendón, el mismo que asesoró al candidato de la derecha
venezolana, Henrique Capriles, y que enfocó su campaña en la
confrontación, la violencia y el terror.
OM: ¿Se están preparando para defender el voto en las urnas?
JB:
No solamente estamos preparándonos para defender el voto en las urnas,
sino también en las calles si pretenden robarnos el triunfo. Asimismo,
estamos preparándonos permanentemente para conservar nuestras vidas,
porque estamos en este proyecto político para cambiar la situación en
nuestro país, no para morir.
OM: ¿Cuáles son tus planes en caso de salir electo como Designado Presidencial el próximo 24 de noviembre?
JB:
Actualmente soy secretario general de Libre y en la fórmula
presidencial de Xiomara Castro voy como primer Designado. Yo vengo de
los sectores sociales y populares y voy a representarlos en el marco de
un futuro gobierno. Mi responsabilidad va a ser seguir al lado de estos
sectores, que históricamente han sido abandonados y excluidos,
escuchando sus necesidades y demandas, y tratando de dar respuestas
concretas desde el gobierno.
Fuente original: Opera Mundi 1 2 3
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