Honduras: MARCA advierte derramamiento de sangre por fallo de CSJ // Propuesta de Diálogo Conflicto del Bajo Aguán‏

 Autor del articulo: Proceso Digital /28.05.2013

Tegucigalpa - El conflicto de tierras En Honduras parece no encontrar una salida a esa problemática. Este martes, varios grupos aglutinados en el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), advirtieron de un posible derramamiento de sangre en caso que sean desalojarlos de sus tierras.

Luego de un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de los juzgados de Trujillo, Colón, que dejó sin valor ni efecto una resolución que ahora favorece a los empresarios de esa zona caribeña, el grupo MARCA advirtió de posibles consecuencias en los próximos días.

Dichas declaraciones fueron vertidas durante una conferencia de prensa en la que participaron representantes de las cooperativas: La Trinidad, San Isidro y Despertar, las que llegaron desde el Bajo Aguán, Caribe de Honduras.

Rubén Cedillo, del grupo Despertar, manifestó que el fallo emitido en los juzgados de Trujillo, favoreció a los empresarios, por lo que en los próximos días varios grupos campesinos serán objeto de desalojos.

“Estamos bajo amenaza de un posible desalojo que se puede llevar a cabo en los próximos días en el Bajo Aguán, en las cooperativas La Trinidad, San Isidro y Despertar”, informó.

En ese sentido, advirtió que “estamos haciéndoles saber a la comunidad nacional e internacional y a los tres poderes de Estado, que los responsabilizamos por cualquier derramamiento de sangre que pueda ocurrir en el Bajo Aguán”.

Añadió que no cederán esas tierras, porque son de sus propiedades y que están dispuestos a ofrendar sus vidas.

“Somos los únicos dueños y estamos dispuestos a ofrendar las vidas y mantenernos en pie de lucha, no vamos a ceder nuestras tierras porque sabemos que nos pertenecen”, enfatizó.

Recordó que ya son unos 75 campesinos los que han perdido la vida en conflicto de tierras, pero que 900 familias más están dispuestas a morir por esa causa.

Por lo que, reiteró: “estamos dispuestos a enfrentarnos a cualquier problema que se nos venga en el Bajo Aguán, si es necesario vamos a ofrendar las vidas de nosotros y de muchos compañeros más para defender la tierra, son dos mil 900 familias que estamos aglutinadas en el MARCA y no hay ninguna que tenga miedo a las balas”.

Según Cedillo, las órdenes de desalojo ordenan que el siete de julio, los campesinos sean despojados de las tierras.

Además aseguró que ellos cuentan con la documentación que los acredita como legítimos dueños de esos terrenos.

“Tenemos las armas de los documentos”

“Por los momentos tenemos armas, pero son las de la fuerza para defender nuestras tierras, las armas que tenemos es la documentación que nos acredita que somos únicos y legítimos dueños”, subrayó.

Según lo informado, el 29 de junio del 2012, los campesinos de MARCA, lograron tomar posesión de esas tierras con el apoyo del ya fallecido abogado Antonio Trejo, de acuerdo al fallo adquirido.

Asimismo, el pasado 15 de febrero del presente año, emitieron un fallo a favor de los campesinos y ocho días después admitieron un recurso de reposición y por lo que las tierras pasan a favor de los empresarios.

Por su parte, Rafael Alegría, hizo un llamado a los organismos de justicia, al gobierno de la Republica y al Congreso Nacional para que se instale una mesa de debate en relación al tema.

Igualmente se sumó a las amenazas de los campesinos de MARCA en torno a la existencia de un supuesto derramamiento de sangre en la zona.

“Ahora lo que está en peligro con estos fallos, son más derramamiento de sangre en el Aguán”, puntualizó.

Hace unos días, el sector campesino del norte de Honduras, se declaró en “estado de alerta” tras la muerte de tres labriegos en la comunidad de San Manuel, Cortés.

                        
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Tegucigalpa, MDC 27 de mayo de 2013

 

 

Coronel Germán Alfaro Escalante

Comandante Operación SATRUCH III

Tocoa, Colón.

 

En consideración a la campaña internacional de compatriotas residentes en los EEUU y otros países sobre la situación de violencia que se vive en el Bajo Aguan, especialmente la relacionada con el conflicto agrario en las plantaciones de Palma Africana entre los integrantes del MUCA, MARCA y otros sectores organizados, con el empresario Miguel Facusse Barjun, otros productores de Palma en la región y de conformidad con el alto nivel de conflictividad generado y trasmitido por los diversos medios de comunicación, me parece que es muy importante llamar la atención del gobierno central y de las demás autoridades regionales, para promover un espacio de diálogo entre las partes y la sociedad civil a efecto de buscar una salida consensuada para prevenir mayores niveles de confrontación, donde la más afectada es la institución militar por la responsabilidad operativa asignada en materia de seguridad, pero sin ningún respaldo de políticas públicas integrales de los poderes Ejecutivo y Legislativo con programas alternos de carácter social y económico, como la compra venta de otras propiedades alternas y programas sociales en materia de salud, vivienda, educación, producción, organización de cooperativas microempresariales y de servicios.

 

En ese sentido la prevención de actos de violencia y de abusos de autoridad constitutivos de violaciones a los derechos humanos preceptuados en la Constitución de la República por parte de la autoridad militar regional es fundamental en las relaciones de coordinación con las otras autoridades y con el liderazgo campesino, para poner fin a la confrontación existente entre las partes y evitar las denuncias internacionales contra el Estado de Honduras.

 

Estimo que la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Abogada Ana A. Pineda, por el alto cargo asignado en la materia de parte del señor Presidente Constitucional Porfirio Lobo Sosa, debería asumir una responsabilidad histórica de facilitar un proceso de diálogo constructivo de inmediato, mediante la cooperación institucional, con el objetivo de demostrar la voluntad política de la actual administración pública de afrontar este conflicto que tiene más de treinta años vigente y por lo tanto es de carácter estructural, en vista que en ningún país del mundo estos conflictos se resuelven mediante la fuerza militar, tal como observo les han dejado los políticos de turno a las FFAA de Honduras con las consecuencias mediáticas y jurídicas que ello implica.

 

Lo anterior expresado es conforme el análisis de percepción visualizado desde esta Procuraduría de DDHH sobre este conflicto social agrario, que de continuarse alargando, solamente generará un alto desgaste y desprestigio para la institución militar y mayor número de víctimas para las partes en conflicto, especialmente las comunidades agrarias, dada la realidad existente de las más de cinco mil familias campesinas con demandas de adjudicación de tierras, lo cual debería ser mediante un proceso legal ordenado y planificado institucionalmente a través de un programa regional especial, con el respeto a los derechos de las partes en conflicto bajo la tutela del Estado hondureño.

 

Sin otro particular le agradezco la atención profesional de mi llamada y las preocupaciones expuestas conjuntamente sobre la situación de la región del Bajo Aguán.

 

Atentamente,

 

 

Leonel Casco Gutiérrez

Procurador de los Derechos Humanos

Cel. 9892-6935 Correo. Clai.ddhh.leonelcasco@gmail.com