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voselsoberano.com | Jueves 04 de Abril de 2013 12:23
A inicios del mes de diciembre del año pasado, Porfirio (Pepe) Lobo denunció un complot para derrocarlo "como Zelaya",
señalando a los diarios El Heraldo y La Prensa, pertenecientes a Jorge
Canahuati Larach, entre los supuestos incitadores de su defenestración.
Es
de conocimiento público, que en Honduras actualmente existe una pugna
visceral entre grupos de la ultraderecha para controlar el país,
especialmente después del golpe de Estado del año 2009. Los viejos
socios se enfrentan a raíz del masivo fraude electoral cometido en las
elecciones del pasado noviembre, donde el actual Presidente del Congreso
Nacional, Juan Orlando Hernández, ha sido ungido heredero de la casa
presidencial.
El
despliegue de la denuncia de Lobo en relación al supuesto complot, fue
la antelación del golpe perpetrado por el Poder Legislativo al Judicial,
cuando fueron destituidos por el Congreso nacional cuatro magistrados
de la Corte Suprema de Justicia que semanas antes habían emitido el
fallo de inconstitucionalidad de la Ley de Regiones Especiales para el
Desarrollo (RED) conocida como Ciudades Modelo, iniciativa que se
perfila como un proyecto neocolonial, y no es más que un pingue negocio
para la élite de poder nacional e inversionistas extranjeros.
Canahuati
Larach, honorable miembro de la siniestra SIP (Sociedad interamericana
de Prensa) jugó un enorme papel en el golpe del 2009 en contra de Manuel
Zelaya. A los pocos meses de haber asumido Zeleya la presidencia,
Canahuati perdió su lucrativo negocio de venta sin licitación de
medicinas y armas al Estado. A partir de los seis primeros meses del
mandato de Zelaya, los períodicos de Canahuati iniciaran una campaña de
desestabilización, incrementada a medida del acercamiento de Honduras al
AlBA y PETROCARIBE.
La
SIP y sus miembros en el presente siglo se han destacado por sus
campañas de desinformación e intimidación en contra de gobiernos
populares, logrando desfigurar el derecho a la libre expresión, al
utilizarlo como un arma de doble filo, más dirigida a proteger los
intereses de las minorías que han venido saqueando a América Latina.
La administración Lobo, radios comunitarias y el derecho a libre expresión
A
finales de enero del año 2001, la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) efectuó una consulta electrónica que duró
una semana con el propósito de emitir una resolución mediante la cual se
pretendía suspender el otorgamiento de nuevas frecuencias para emisoras
radiales de baja potencia, alegando la existencia de un alto grado de
saturación en la ocupación del espectro radioeléctrico dentro de la
banda 88–108 MHz.
Durante
el período posterior al golpe denominado el "intinerato" y de la actual
administración, las radios comunitarias en Honduras han sufrido de
persecución estatal. A inicios del año 2010, la Radio Faluma Bimetu de
Triunfo de la Cruz fue incendiada por desconocidos, ante su defensa
acérrima del territorio ancestral de esa comunidad. Los miembros de la
Radio Zacate Grande, han sido frecuentemente hostilizados por las
autoridades, ademas de los integrantes de la Voz Lenca. Se suma a estas
represiones la ejecución de comunicadores sociales, crímenes que nunca
han sido investigados de forma fehaciente.
En
los últimos tres años, el absurdo incremento de la violencia en
Honduras y el estado fallido inducido en el cual sobrevivimos, ha dado
lugar a una mordaza informativa, que en la mayoría de los casos es
impulsado por los propietarios de los latifundios mediáticos. Los pocos
medios de comunicación independientes existentes, suelen acallarse ya
sea por temor o por el efecto de las dádivas estatales.
De los borradores de la nueva Ley de Telecomunicaciones y su presunta efectividad
En
Honduras puede existir una ley perfecta, pero desafortunadamente ante
las condiciones de indefensión jurídica que padecemos los hondureños, la
aplicación de la misma se desvanecerá en medio de los intereses de la
élite de poder. La falta de independencia entre los poderes del Estado,
ratificada por el golpe del 12-12-12, sumió al país en una dictadura
civil, con un plan de nación marcado por la entrega del territorio,
yacimientos de hidrocarburos y los remanentes de los recursos forestales
al capital extranjero.
El
debate surgido alrededor de la denominada "Ley Mordaza", es una pugna
entre los señores feudales "gobernantes" del país desde hace décadas. El
fraude que se avisora en las próximas elecciones, obliga al partido
nacional refrenar a los medios de comunicación que puedan criticar la
imposición del candidato ungido como futuro presidente del país. La
Expropiación Forzosa incluida en la ley, es una herramienta para acallar
cualquier posible denuncia sobre el fraude que se cuece desde el
Congreso Nacional para así lograr el continuismo y ejecutar mas
libremente el plan de subasta del país, vendido por la actual
administración como el plan de
nación.
Para
la OFRANEH conceder el beneficio de la duda a la administración Lobo
sería un acto de traición a nuestro pueblo, ante el inminente peligro de
perder gran parte de nuestro territorio a través de la inconstitucional
Ley RED o Ciudades Modelo. Si hace dos años desde CONATEL trataron de
restringir las radios comunitarias, con la apertura del dial pretendido
por Lobo, simplemente se dedicará el actual gobierno a otorgar
frecuencias para radios "comunitarias" manejadas desde patronatos
nacionalistas, oneges de ultraderecha e incluso iglesias
fundamentalistas.
Al final de cuentas, el problema con los borradores de la nueva Ley es más político que de fondo jurídico.
Sambo Creek, 4 de Abril del 2013
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
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Mucha buya, pero las nueces están por
verse
* Wilfredo Godoy Sandres
Se ha informado que ya está en el Congreso Nacional,
la propuesta de reformas a la Ley de Telecomunicacione.
Una iniciativa que desde hace muchos años vienen
impulsando distintos sectores que aspiran a una
especie de"reforma agraria" del espectro radioeléctrico.
Nos es poco lo que está en juego, es el poder mismo,
puesto que quien controla los medios, controla la
información y quien contrala la información controla
el poder. Si se pierde el control de la información
se pierde poder. Si se democratiza la información, se
democratiza el poder.
He allí el asunto, porque la democracia consiste en
la participación colectiva en la toma de deducciones
y decidir por X o Y depende de la información de la
que dispongamos, de allí el poder de los medios en
inducirnos hacia X o Y. Así es que para que
Y tenga iguales oportunidades que X, ambas deben
tener las mismas posibilidades de mostrarse ante
quienes toman las decisiones. Y si además de X y Y
existe A y B, lo justo, lo democrático es que también
A y B tengan medios con los cuales hablar a su favor.
Por eso es que los cambios anunciados han hecho que
los dueños de los grandes medios de comunicación y
sus afines “pongan el grito en el cielo“. Para ello
se han agarrado de un argumento rebuscado, según el
cual esa ley tiene como propósito restringir la
libertad de expresión.
Hábil y convenientemente procuran desviar la atención
y distorsionar algo que no es la parte toral del
proyecto.
Lo que no dicen es que el espectro radioeléctrico es
un recurso natural que como tal es un bien público
que administra el Estado. Que además ese recurso es
limitado y que tomando en cuenta que son muchas las
personas, empresas y organizaciones que desean poseer
un medio de comunicación, no es democrático ni justo
que unos pocos controlen casi todas las frecuencias.
El debate sobre el acaparamiento de las radiofrecuencas
y el cuestionamiento a la forma en que se otorgan, no
es nada nuevo. Lo nuevo es que el gobierno le haya dado
apertura
al tema, lo cual resulta un tanto extraño y hasta
sospechoso.
En primer lugar porque es un gobierno de un partido
elitista el que da apertura a la posibilidad de que
las frecuencias se redistribuyan de una manera más
equitativa. Es el mismo partido que ha gobernado con
un enfoque neoliberal en el que no podría entrar esta
reforma a la ley de telecomunicación. La propuesta
será discutida en el mismo Congreso que ha privatizado
hasta los ríos e incluso ha puesto pedazos del
territorio nacional a disposición del mejor postor,
retirando de esos espacios potestades soberanas del
Estado. Es el mismo partido que siempre se hace
problemas con los gremios de trabajadores por las
medidas que toma para arrebatarles sus conquistas.
Y de pronto vienen a reivindicar la prevalencia del
Estado sobre un recurso natural como el espectro
radioeléctrico y argumentar que hay que democratizarlo,
aunque para ello tengan que confrontar a las élites
que actualmente las monopolizan. Hasta al Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos tienen que enfrentar,
puesto que éste paradógicamente se opone a la
propuesta de Ley, aun cuando si esta se llegara a
aprobar tal como ha sido presentada, impulsaría el
pluralismo y potenciaría la libertad de expresión de
grupos históricamente excluidos.
Esta apertura a discutir la Ley de Telecomunicaciones,
tiene un olor raro como en el caso de la Ley de
Tarjetas de Crédito y la revisión a las exoneraciones.
No resulta fácil confiar en que tras esa apertura sólo
hayan buenas intenciones. Las sospechas van desde que,
aprovechando una causa justa, se esté haciendo una
escaramuza para mantener entretenida a la opinión
publica, hasta que se trate de una confrontación entre
los viejos grupos de poder económicos y los emergentes.
Otra posibilidad es que sea una estrategia de
mimetización en la cual el candidato del partido de
gobierno habiendo caído en la cuenta que el electorado
ha adquirido conciencia de que en el país realmente
mandan los banqueros, los grandes comerciantes y
dueños de medios de comunicación, quiere lucir como
un hombre de centro,
distanciado y hasta confrontado con esos grupos a
raíz de haber atendido viejos reclamos de sectores
excluidos. Pareciera que la idea es agitar las
confrontaciones sociales para luego repontenciar
el discurso de la "reconciliación" he insistir en
que el país necesita un presidente que no esté "ni
a la Derecha" ni a la Izquierda. Otra posibilidad
es que se este utilizando una iniciativa originalmente
bien intencionada, para introducir elementos de
negociación y chantaje a los grupos con los que habrá
que negociar.
No sería raro que sea esta la primera vez que el
Legislativo le niega la aprobación de una iniciativa
de ley al Ejecutivo, intentando así estratégicamente
(e inútilmente) disolver la imagen del binomio
Hernadez - Lobo, ya que el titular del ejecutivo
sufre ya de muy baja aceptación.
Hasta ahora de quienes no se puede dudar de sus
buenas intenciones es de la agrupación C-LIBRE, quien
encabezó la propuesta, porque su preocupación por el
tema de la comunicación libre no es algo nuevo en su
agenda. Lo mismo se puede decir de la representación
de radios comunitarias y organizaciones sociales que
participaron en su socialización. Por conducto de
esas organizaciones es que la Ministra Ana Pineda,
quien también se ha ganado el repudio de los grandes
medios,conoce desde hace años las aspiraciones de
quienes desean una democratización de las
comunicaciones.
Pero tomando en cuenta que en el Congreso Nacional
la mayoría de los diputados representan intereses
de grupos de poder incluidos los grandes medios de
comunicación y que incluso varios diputados son
los dueños de medios a escala departamental, se ve
cuesta arriba que este Congreso apruebe una reforma
que implique quitarle frecuencias a los medios
poderosos que las han acaparado, para ponerlas al
alcance de sectores marginados que por años han
demandado una.
Al final, como el propósito no es hacer reformas
reales sino crear la impresión de que lo están
haciendo, todo quedará en tibios cambios, con los que
harán una gran alaraca como si hubieran derrumbado los
monopolios y destruido los privilegios.
Pueden hacerle cualquier reforma a la Ley, pero si
esta no propicia que los distintos sectores tengan
acceso a una frecuencia con la cual potenciar sus
asuntos desde un medio que amplifique la difusión,
todo habrá sido pura buya. Por ahora todo parece
indicar que con el pretexto de socializar la propuesta
de Ley con todos los sectores, cosa que ya hicieron
en Casa Presidencial, el Congreso se tomará el tiempo
necesario para hacer sus cálculos de conveniencia.
Mientras tanto sólo queda estar atentos para ver si
no es "mucha buya y pocas nueces".
* Periodista
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