Gilberto RíosIntroducción
Los campesinos y campesinas, involucrados en los conflictos agrarios en el Bajo Aguán y en tantos otros lugares del país, merecen mejor suerte que la que sufren como resultado de las medidas tomadas por el régimen actual. De haber cumplido el Estado de Honduras con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales (PIDESC) que refuerza el mandato constitucional de reformar la estructura de tenencia de la tierra, se habría mejorado las condiciones de vida de minifundistas y trabajadores rurales sin tierra, contribuido al desarrollo integral del país y evitado las consecuencias de una violencia que hasta hoy día sigue presente en la región.
Son
compromisos públicos conquistados mediante largas y duras luchas en
todo el mundo contra la subutilización e inequitativa distribución de
recursos agrícolas y forestales causantes fundamentales de la
sobreexplo-tación de los productores directos.
El incumplimiento de tales compromisos provoca conflictos agrarios constantes. Los pobladores rurales sin medios materiales para cubrir necesidades básicas para vivir se ven obligados a tomar tierras sin importar las consecuencias aun cuando se presuman graves. Sabido por todo el mun-do es que las tomas de tierras son seguidas inmediatamente por desalojos violentos de la policía, ejército y guardias de seguridad de los empresarios. Y si persisten en su empeño enfrentan persecución, tortura, encarcelamiento y hasta el asesinato.
Los conflictos agrarios que se escenifican en el Bajo Aguán son tan inten-sos y prolongados que han llamado la atención de todos los hondureños, organizaciones de DDHH, nacionales e internacionales, gobiernos y or-ganismos supranacionales que conmovidos por el sufrimiento de tantos seres humanos se solidarizan con ellos presionando al régimen, directa e indirectamente, con la finalidad de parar la violencia y el castigo a los culpables convencidos de que la impunidad promueve sin reserva alguna la persistencia en la violación de los derechos ciudadanos de los pobres.
Tal situación expresada en pobreza y conflicto obliga a repensar la cuestión agraria hondureña, intencionalmente relegada por quienes lucran de la estructura actual de tenencia de recursos naturales y de la mano de obra barata de los sin tierra y minifundistas.
El incumplimiento de tales compromisos provoca conflictos agrarios constantes. Los pobladores rurales sin medios materiales para cubrir necesidades básicas para vivir se ven obligados a tomar tierras sin importar las consecuencias aun cuando se presuman graves. Sabido por todo el mun-do es que las tomas de tierras son seguidas inmediatamente por desalojos violentos de la policía, ejército y guardias de seguridad de los empresarios. Y si persisten en su empeño enfrentan persecución, tortura, encarcelamiento y hasta el asesinato.
Los conflictos agrarios que se escenifican en el Bajo Aguán son tan inten-sos y prolongados que han llamado la atención de todos los hondureños, organizaciones de DDHH, nacionales e internacionales, gobiernos y or-ganismos supranacionales que conmovidos por el sufrimiento de tantos seres humanos se solidarizan con ellos presionando al régimen, directa e indirectamente, con la finalidad de parar la violencia y el castigo a los culpables convencidos de que la impunidad promueve sin reserva alguna la persistencia en la violación de los derechos ciudadanos de los pobres.
Tal situación expresada en pobreza y conflicto obliga a repensar la cuestión agraria hondureña, intencionalmente relegada por quienes lucran de la estructura actual de tenencia de recursos naturales y de la mano de obra barata de los sin tierra y minifundistas.
No hay comentarios :
Publicar un comentario