Publicado el Jueves 23 de agosto de 2012.
Según un guión que tiende a trivializarse, en Honduras llueven las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los representantes de movimientos sociales y los periodistas. El 17 de agosto el colaborador de Radio Progreso Roberto García
y el empresario César Alvarenga, ambos implicados activamente en la
defensa del medio ambiente en Honduras, recibieron amenazas debido a su
labor contra los proyectos de explotación minera en la comunidad de
Arizona, ubicada a una treintena de kilómetros de la ciudad de Tela
(norte).
Por otra parte, en medio de esta situación de reiteradas
presiones ejercidas sobre los defensores de los derechos humanos, la
abogada y activista Gloria Vásquez Pérez ha sido víctima de amenazas y
de varias agresiones en los últimos meses.
Reporteros sin Fronteras expresa su profunda
preocupación por la seguridad de estos activistas y una vez más exhorta a
las autoridades hondureñas a que garanticen su protección. Radio Progreso y las radios comunitarias son objeto de amenazas constantes
debido al importante papel que juegan en la difusión de información.
Deben establecerse dispositivos de seguridad para proteger a estos
medios de comunicación, así como a las numerosas personas que
actualmente se encuentran amenazadas, y garantizar así el derecho a la
información y a la libre expresión para el conjunto de la población. Sin
embargo, constatamos que las autoridades continúan siendo sordas a las
recomendaciones, incluso cuando éstas son formuladas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 17 de agosto de 2012 varios hombres armados se
dirigieron a Arizona, fueron a las oficinas de la empresa de transporte
foráneo propiedad de César Alvarenga y le entregaron una carta que
contenía amenazas contra él y contra Roberto García. El texto exigía que
dejaran de oponerse al proyecto de extracción minera promovido
activamente por las autoridades municipales de Tela. Los “mensajeros”
exhibieron sus armas para intimidar al personal de la empresa.
García y Alvarenga ya habían sufrido presiones de
políticos locales para que convencieran a la población de la región –la
mayor parte de ella se opone a la explotación minera en la zona– a
aceptar el proyecto de ley. Entonces, Roberto García reveló públicamente
el nombre de los políticos y empresarios que habían llevado a cabo este
chantaje.
Por otra parte, las intimidaciones contra la abogada y
defensora de los derechos humanos Gloria Vásquez Pérez, continúan pese a
la denuncia que interpuso tras una agresión ocurrida el 26 de mayo de
2012 a alrededor de las 21:00 horas, cerca de su casa. Ese día un
desconocido intentó estrangularla, la tiró al suelo e intentó asfixiarla
hasta dejarla casi muerta. La semana pasada, cuando tomó un taxi que
parecía esperarla, el conductor y su pasajero la amenazaron y
registraron su bolso diciéndole: “sabemos dónde trabajas, dónde vives y
no nos mires porque te mato”.
Tras el golpe de Estado de junio de 2009
son constantes los ataques a los representantes de asociaciones o
sindicatos, activistas de movimientos sociales, abogados, profesores,
universitarios y periodistas. La impunidad perdura en casi todos estos casos.
En cambio, la policía se muestra muy diligente en la
represión de las reivindicaciones sociales. Así, el 21 de agosto de 2012
la intervención policíaca contra una manifestación de campesinos de la región de Aguán,
que fueron a la capital para pedir que se aplique una decisión judicial
relativa a la restitución de tierras –que fue revocada después por
presión de los terratenientes–, dejó una veintena de heridos y se saldó
con el arresto de 27 personas. Entre ellos, Antonio Trejo, abogado
representante de los campesinos; Carlos Ramón Navarro, presidente de la
Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Johny Rivas y
Vitalino Álvarez, secretario general y portavoz del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA), respectivamente. Reporteros sin Fronteras
señaló hace algunos meses las amenazas padecidas por este último.
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