Enviado por Redacción ultimahora.hn
* "Ignorante, un necio o alguien con algún tipo de trastorno nervioso provocado por la ingesta de alguna sustancia espirituosa".
* "Se rumora en los pasillos del Palacio de Justicia, el consumo patológico e inconmensurable de alcohol".
* "Lo responsabilizo a Usted, Magistrado Presidente, por cualquier “incidente” o “accidente” que pueda sufrir el suscrito o mi familia inmediata"
Carta enviada por el Magistrado Marco Vinicio Zúniga al presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilez.
Con relación al OFICIO PCSJ No.063-2013, de fecha 25 de enero de 2013, recibido en mi despacho ayer (martes) en horas de la mañana, tengo a bien manifestarle lo siguiente:
El Reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia (Acuerdo No.04-02 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 31 de mayo de 2002), es muy claro y terminante al expresar en su Artículo 16, párrafo segundo:
“La Presidenta o el Presidente designará las Magistradas o Magistrados que integrarán las Salas, y de estos designará la Presidenta o Presidente, Coordinadora o Coordinador de Sala, quienes iniciarán sus funciones el veintiocho de enero y el cargo se tomará anualmente, siguiendo el orden de precedencia, sin perjuicio de lo que disponga la Ley Nadie ignora que la integración de las Salas de la Corte Suprema de Justicia es un hecho consumado, que ocurrió el 28 de enero de 2009; y se formalizó en el Acta de la Sesión de Pleno correspondiente a esa fecha.
En consecuencia, cuando el supramencionado Artículo establece “… quienes iniciarán sus funciones el veintiocho de enero y el cargo se tomará anualmente, siguiendo el orden de precedencia…”, se refiere única y exclusivamente a la Presidenta o Presidente, Coordinadora o Coordinador de cada Sala, interpretarlo de otra manera solo cabe en la cabeza de un ignorante, de un necio o de alguien con algún tipo de trastorno nervioso provocado por la ingesta de alguna sustancia espirituosa.
Es más, no existe ningún artículo, ni en la Constitución de la República ni en el Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, que autorice la rotación de los Magistrados que ya integramos las Salas de la Corte Suprema de Justicia, como tampoco existe ningún artículo, ni en la Constitución de la República ni en el Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, que otorgue tal facultad a su Presidente, por lo que el Abuso de Autoridad en el que Usted incurre en el OFICIO PCSJ No.063-2013, que pretende trasladarme arbitrariamente a la Sala de lo Penal, nuevamente me obliga a exigirle respeto, tal como lo hice en la Carta que le envié en fecha 22 de mayo de 2009, la que seguramente ha olvidado, según se rumora en los pasillos del Palacio de Justicia, por el consumo patológico e inconmensurable de alcohol, misiva en la que le expresé:
“Ya cansado de su irreverente actitud hacia mis honorables compañeros y yo, le exijo:
1. Respeto a nuestra dignidad de magistrados, recuerde que tan magistrado es Usted como nosotros, ninguno es más que los demás. ¡No más engaños! ¡no más mentiras!
2. Cese inmediato de toda conducta reñida con la Ley, la moral o las buenas costumbres.
3. Cumplimiento de elementales principios de convivencia armónica, como la puntualidad y la formalidad.
4. Rectificación inmediata de todas las decisiones que impliquen una ligereza, abuso de autoridad o detrimento de los bienes y recursos del Poder Judicial.
5. Evaluación inmediata de su desempeño y gestión, pues a lo mejor sus constantes viajes y las alturas en las que realiza los mismos no le permiten darse cuenta que no ha sido capaz, hasta ahora, de definir metas y objetivos precisos y asequibles, y por tanto, no vemos claramente que rumbo llevamos. Lo que sí está claro es que con su “estilo gerencial”, la nave del Poder Judicial jamás llegará a puerto seguro, porque su capitán la está conduciendo, a gran velocidad, a un inevitable naufragio en aguas turbulentas. Y ojalá que de ser así, no sea el capitán el primero que abandone la nave.
Que genere los espacios de diálogo necesarios para que todos podamos cumplirle a Honduras la promesa constitucional que rendimos el pasado 26 de enero, pero en igualdad de condiciones y dentro de un marco democrático, no con el autoritarismo que ha querido imponer, rechazado aún por algunos de sus magistrados afines, cuya decencia y altura moral no les permite avalar caprichosos excesos.”
Hoy, casi cuatro (4) años después, vuelvo a leer esta carta y me percato de que, con sus actuaciones, cada día adquiere mayor vigencia. Le acompaño una copia de la misma para refrescar su memoria.
Pero volviendo al tema que motiva esta nota, nadie ignora que el suscrito es magistrado de la Sala de los Civil desde el 28 de enero de 2009, lo cual no es casualidad, sino que responde a mi capacidad, a mis conocimientos, a mi experiencia y a mi especialidad en los temas que integran el abanico de materias que día a día conoce, discute y resuelve la Sala de lo Civil, por lo que la impertinente intención de cambiarme de Sala contra mi voluntad no solo constituye abuso de autoridad, sino que atenta contra mi independencia jurisdiccional e inamovilidad; contra la línea jurisprudencial establecida por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia; y además, trasladarme a otra Sala cuya materia no es mi especialidad únicamente afectaría el desempeño tanto de la Sala de lo Civil como de la Sala de lo Penal.
Pretender que el suscrito integre una Sala distinta a la que pertenezco perturba el orden legal de precedencia de esta última, constituye un acto arbitrario, caprichoso, antojadizo y abusivo que contraviene el orden establecido en la Constitución de la República, las leyes y el Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; y en consecuencia, de conformidad a lo que la misma Constitución de la República, NO estoy obligado a darle cumplimiento a disposiciones dictadas fuera de los límites taxativos de la competencia atribuida por Ley a los servidores públicos.
Resulta interesante que este abuso de autoridad se dirige únicamente contra dos (2) de las cuatro (4) Salas de la Corte Suprema de Justicia; y particularmente, contra la independencia jurisdiccional e inamovilidad del honorable magistrado Raúl Antonio Henríquez Interiano y del suscrito, quienes, oportuno es decirlo, somos los que siempre nos hemos opuesto a otros abusos como el que hoy Usted pretende materializar, o peores. Y en mi caso, no se justifica ningún cambio de Sala, primero porque YO NO LO HE SOLICITADO NI LO SOLICITARÉ NUNCA, porque asumí la responsabilidad de ser magistrado de la Sala de lo Civil el 28 de enero de 2009 y terminaré mi período como magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de Honduras el 25 de enero de 2016; y segundo, porque las estadísticas demuestran que soy el magistrado más productivo de la Sala de lo Civil, tal como lo puede comprobar con el Informe de Gestión Período 2009-2012, que le remití el pasado 14 de diciembre de 2012.
Pero como de todos es conocido que mi férrea oposición a sus abusos me ha hecho acreedor de su antipatía, lo cual no merece mi atención porque no tengo amigos de su calaña ni con sus “aficiones”, aunado a que nunca me he prestado a ciertas “atenciones” que Usted quiere brindar a sus adláteres, como lo acredito con la copia fotostática de la tarjeta de presentación que en cierta ocasión me envió pidiéndome que “escuche y atienda” lo que cierta colega, que nunca atendí, tenía que exponerme, es fácil entender por qué necesita Usted trasladarme a otra Sala, aunque escapa al razonamiento honesto entender las oscuras finalidades que motivan su deseo.
En virtud de todo lo anterior le exijo que rectifique su conducta y desista de sus aviesas intenciones, reconociéndome no solo como magistrado de la Sala de lo Civil, sino como Coordinador de la misma; o de lo contrario, procederé a entablar las denuncias que correspondan ante la Fiscalía General de la República, por abuso de autoridad; y ante el Congreso Nacional para que investigue su conducta administrativa, tal como lo hizo con los cuatro magistrados recientemente destituidos, solicitándole a ese Poder del Estado que a su vez pida un informe detallado en los siguientes rubros: 1. Las compras efectuadas por la Proveeduría del Poder Judicial; 2. Los pagos efectuados por la Pagaduría Especial del Poder Judicial; 3. Los nombramientos tramitados por la Dirección de Personal del Poder Judicial; 4. Las cuentas de viáticos; 5. Las cuentas manejadas directamente por la Presidencia del Poder Judicial, detalles que no recuerdo haber escuchado en el Informe Anual leído el pasado viernes 25 de enero, con motivo de la instalación de la Cuarta Legislatura del Congreso Nacional, a quien igualmente solicitaré que invite a cualquier ciudadano a que denuncie cualquier acto abusivo o de corrupción que sea de su conocimiento, relacionado con la gestión administrativa en el Poder Judicial.
Envío copia de esta misiva al Fiscal General de la República y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, porque desde ya lo responsabilizo a Usted, Magistrado Presidente, por cualquier “incidente” o “accidente” que pueda sufrir el suscrito o mi familia inmediata, en represalias por esta nueva oposición.
Me fundamento en los artículos 1, 4, 303, 305, 308, 309, 313, 315, 317, 320 y 321 de la Constitución de la República; en el artículo 16 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; y para los efectos taxativos de protección a la inmovilidad e independencia de los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ya prevén como principio general las normas de derecho invocadas en el artículo 3 del Código Procesal Civil y en el artículo 7 del Código Procesal Penal.
***************************
Enviado por Redacción 1 ultimahora.hn el Viernes 1/02/2013 - 13:06.
Recomiendan aplicar Juicio Político a magistrados “empleitados” en la CSJ
 |
Según el jurista Juan Carlos Barrientos, las denuncias hechas por el magistrado Marco Vinicio Zúniga en relación a las actuaciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilez, ameritan inaugurar la recientemente aprobada figura del Juicio Político. |
Zúniga envió una nota al presidente del CSJ, que fue publicada por www.ultimahora.hn, donde además de indicar algunas debilidades personales Avilez, establece que podría haber tráfico de influencias al interior del Poder Judicial.
Esta disputa entre ambos magistrados, que del plano profesional se pasó al personal, se derivan de la decisión del Presidente de la CSJ de rotar a algunos magistrados a otras salas dentro del mismo Poder Judicial, en vista de la incapacidad de los miembros de la Sala de lo Civil de poder emitir sentencias porque entre ellos no existe deseo de trabajar en equipo.
El Juicio Político es una figura aprobada por el Congreso Nacional que permite destituir a altos funcionarios a los que se les compruebe que son incapaces de realizar adecuadamente su labor. La investigación la inicia el Poder Legislativo, que también tiene la potestad de votar por la separación del investigado.
No hay comentarios :
Publicar un comentario