Autor del articulo: Proceso Digital / 22.01.2013
Tegucigalpa - El Congreso hondureño
aprobó, la noche de este martes, la figura del Juicio Político, según la
norma, para contener los abusos de los funcionarios públicos, y
básicamente del presidente de la República.
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Ahora la figura del Juicio Político deberá ser ratificada en la próxima
legislatura que comienza el 25 de enero y posteriormente reglamentada
por el Parlamento hondureño.
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Muchos de los legisladores que participaron en el debate, calificaron
como un día histórico lo sucedido en la Cámara Legislativa.
- El Congreso Nacional es el único ente facultado para destituir al presidente del país.
El
proyecto aprobado en el hemiciclo legislativo califica el Juicio
Político como “una acusación constitucional o un proceso de orden
constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de
responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos,
particularmente de los más altos cargos o autoridades, tales como Jefes
de Estado, Jefes de Gobierno, ministros, magistrados de los tribunales
superiores de justicia, entre otros”.
Agrega
que la condena o declaración de culpabilidad del acusado puede
ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones
similares, autorizar que sea juzgado por los tribunales ordinarios de
justicia, o tener efectos meramente políticos. En cualquier caso, la
sanción o sus efectos dependen de la Constitución del país.
Para
la aprobación del Juicio Político se reformó el numeral 15 del Artículo
205, y los artículos 232, 235 y 314 de la Constitución de la República.
Podrán
ser juzgados mediante Juicio Político: el presidente del Poder
Ejecutivo, o en segundo grado como el caso de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia.
El
Juicio Político consta de dos (2) etapas, la investigativa que durará
lo que el Pleno del Congreso Nacional determine y la de discusión y
votación, que durará hasta cinco (5) días, contados desde la
presentación del informe al Pleno por parte de la Comisión Especial.
Se
dejó establecido que para destituir al presidente de la República se
necesita una mayoría especial, es decir, las tres cuartas partes de la
Cámara (96 votos); mientras para los demás casos podrá ser con las dos
terceras partes (86 votos).
Debate en la Cámara
En
una discusión que duró poco menos de dos horas y con dispensa de
debates, comenzó en el Congreso hondureño el debate y posterior
aprobación de la figura del Juicio Político.
El
diputado nacionalista, Oswaldo Ramos Soto, lamentó la poca
participación que se les otorgaba y la celeridad con la que se llevó a
cabo la aprobación de la norma. “Lástima que en un tema como este no se
nos permita hablar mucho, y en cambio, sí hablamos galón para otras
leyes”, señaló.
Durante el debate, muchos congresistas coincidieron que se trataba de un día histórico para Honduras.
En
tanto, el legislador y vicepresidente de la Cámara, Mauricio Oliva,
refirió que “en otros países lo hacen (Juicio Político) en dos horas por
el trauma que le genera al pueblo. Aquí al menos lo planteamos primero
en una etapa investigativa y luego el juicio”.
Por
su parte, la diputada liberal Yadira Bendaña, intervino para criticar
que se escuden en lo sucedido en 2009 para discutir la figura del Juicio
Político. “Esperábamos un proceso más apegado a como lo sugirió la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación”, afirmó.
El
congresista Erick Rodríguez aseveró que la decisión de aprobar esta
figura parlamentaria es con el afán de evitar los golpes de estado y que
estos queden impunes.
Mientras,
el veterano legislador Germán Leitzelar explicó que la figura del
Juicio Político deberá ser ratificada en la próxima legislatura y
posteriormente la reglamentación con el respaldo de las dos terceras
partes del Parlamento hondureño.
Leitzelar
acotó que lo que se quiere evitar es que ocurra lo sucedido en 2009,
así como los hechos del pasado 12 de diciembre que culminó con la
destitución de cuatro magistrados del Poder Judicial.
El
jefe de la bancada del Pinu, aclaró que en el dictamen inicial se había
incluido al comandante de las Fuerzas Armadas, pero tras la
modificación, este mismo día, de la Ley Constitutiva de la institución
castrense, en el que se cambió el período de tres a dos años, se
determinó dejarlo excluido.
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