El
destacado dirigente obrero, presidente del Sindicato de Trabajadores de
la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), Carlos H. Reyes analiza
la situación socio-política del país tomando en cuenta las más
recientes decisiones adoptadas por el Congreso Nacional y las
consecuencias que traerá para el futuro político de Honduras.
Por Carlos H. ReyesEl régimen de Porfirio Lobo Sosa en Honduras, ha generado contradicciones a lo interno del grupo oligárquico golpista, que se han venido agudizando, a medida que avanza la crisis fiscal del gobierno, los golpes del crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos y avanzaba también, el proceso electoral interno para tres partidos, que se llevó a cabo el 18 de noviembre 2012.
Ese proceso electoral fraudulento, la resolución de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el decreto del Congreso para dividir nuestro territorio en “ciudades modelo”, y la amenaza darle otro golpe al Congreso, cuando la sala de lo constitucional voto por mayoría , que el decreto del Congreso, para aplicar el polígrafo a los policías por los actos criminales y de corrupción que ahí se practican, iba también por el mismo camino de declararlo inconstitucional; ello agudizo la crisis contra la Corte Suprema de Justicia, que en las últimas semanas ha permanecido bajo amenazas de destituciones y han aflorado dos bandos: el grupo oligárquico, supuestamente menos a la derecha, encabezado por Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández Presidente del Congreso y candidato a la presidencia por una corriente del Partido Nacional en el poder; y, el otro grupo oligárquico, más a la derecha, encabezado por Ricardo Álvarez de la otra corriente del partido nacional, con Mauricio Villeda de la corriente más golpista de los liberales.
Ricardo Álvarez, no ha reconocido el triunfo de Juan Orlando Hernández en las elecciones internas del Partido Nacional y ha acudido a la Corte Suprema, a demandar se haga un conteo voto por voto, del proceso electoral, porque se considera víctima de un fraude, montado por Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo.
Así las cosas, ante la posibilidad que en la Corte resuelvan a favor de Ricardo Álvarez su demanda, el Presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, movió todos sus tentáculos. Se aprovechó, que la Sala de lo Constitucional, no había resuelto en el tiempo que manda la ley el caso del decreto para depurar la policía, haciéndolo un día después del término y cuando además ya había caducado. El Congreso lo interpretó como un mensaje no solo en su contra, sino que impediría que se emitiera un nuevo decreto para seguir usando el polígrafo, uso que la mayoría de la Sala de lo Constitucional consideró, es como obligar a los policías a acusarse a si mismos, lo cual es prohibido por la ley.
El proceso de la destitución de 4 de los 5 Magistrados, por parte del Congreso, implicó primero, que se presentara una moción para “investigar la conducta administrativa de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia” a través de una Comisión; y una vez hecha la investigación, donde no se escuchó a los investigados, la Comisión pidió al Congreso proceda conforme a su criterio. Segundo, procedió a la destitución de los Magistrados que votaron a favor de declarar inconstitucional la “Ley Especial de Depuración de la Policía” y que por no haber habido mayoría, correspondía entonces al Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolver. La resolución se emitiría el día que destituyeron a los cuatro Magistrados y ello impidió hacerlo.
En la defensa del Congreso, se han alineado el grupo oligárquico supuestamente menos a la derecha; y en su contra, el más derechista con los medios de comunicación golpistas.
Ambos grupos son golpistas, actualmente divididos, lo que provoca otra crisis que sumada a nuestra tragedia y al tener un Estado Degradado, peligra nos declaren Estado fallido y venga más intervención gringa, cuando ya hay un convenio para que la seguridad la dirija ese imperio, que tiene tres bases militares y la DEA, con el pretexto del narcotráfico, nos tiene como su potrero y asesina impunemente a los hondureños.
La Corte Suprema de Justicia, hoy golpeada, fue copartícipe del golpe contra el Presidente Manuel Zelaya y declaró inconstitucional el Decreto emitido en el gobierno de Zelaya para entregar tierra a los campesinos; las nuevas tasas impositivas contra algunos capitalistas; y, las “Ciudades Modelo”. La Corte Suprema, no declaró inconstitucional la ley de educación favoreciendo su privatización, y al suponer el Congreso, que declararía inconstitucional la ley de depuración de la policía y resolvería favorablemente la demanda de Ricardo Álvarez, consideraron a la Corte como un peligro y empezaron las amenazas. En medio de la crisis, Porfirio Lobo Sosa denunció un golpe de Estado.
El Congreso Nacional, por su parte, ha sido el responsable: de emitir Decretos para entregar el territorio y los recursos naturales al capital nacional y extranjero; del golpe de Estado contra Manuel Zelaya; de emitir la ley de educación para privatizarla; la Ley de Escuchas; la ley de empleo Temporal por Hora para continuar derogando el Código del Trabajo; la ley para quitar al magisterio su instituto de previsión y la ley de “ciudades modelo”. Emitió Decretos para sacar a Honduras de PETROCARIBE y el ALBA; ratificó los decretos que nos convierten en paraíso fiscal; permite la devaluación de la moneda; y emitió otras leyes, contra el pueblo y a favor del capital transnacional, con el pretexto que da empleo no importando si es precario, sobre explota el trabajo asalariado y no desarrolla nuestra fuerzas productivas.
Estamos ante Instituciones que delinquen contra el pueblo, contra nuestra soberanía y se dan golpes y contra goles que acaban con la poca institucionalidad que quedaba. El grupo oligárquico más de derecha acusa de haber una agenda oculta entre el grupo de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández con Manuel Zelaya, para ir a una Constituyente.
De profundizarse esta crisis, entre los dos grupos oligárquicos golpistas y vende patrias, en el marco de la tragedia que vivimos, provoca que a Honduras se le declare Estado Fallido para una mayor intervención gringa. El control de los Tres Poderes del Estado, al seguirse agudizando la crisis, puede traer mayores niveles de represión. Ante la ausencia de institucionalidad y de un Estado de Derecho, hoy más que nunca se hace necesaria una Asamblea Nacional Constituyente que siente las bases para la Refundación del Estado.
15 diciembre 2012
****************************
Rodolfo
Pastor Fasquelle
La
increíble hipocresía contra el nuevo golpe
Los hechos están
a la vista. Algunos analistas se retiraron justo a tiempo.
Hay gente que ahora como ayer se las arregló para no estar con Dios ni con el
diablo, y gente que prospera como la Rectora Castellanos que declara que los
golpeados dieron
motivos pero
que hay cosas
oscuras del
procedimiento que ella (nadie mas) espera
que se aclaren. Y otros que, como el propio
Presidente de la Corte formó parte de la conspiración, hizo llamadas
telefónicas a instancias suyas para concertar los beneficios y no ha condenado
nada, porque no ha abierto la boca, cuando preside el órgano que deber
pronunciarse sin apelación sobre la legalidad del turbio asunto. Y bueno, Yani,
que niega haber participado y contradice al Jefe máximo de la conspiración al
respecto. (Y habría que aplicarles a los dos las pruebas del polígrafo para saber
quien miente y de repente ninguno de los dos la pasa.) Los periodistas cínicos
acusan a LIBRE de haber callado pero no es así, nuestra Candidata explicó que,
para ella, el incidente demuestra por que los Magistrados también deben ser
electos, para que no conspiren ni se les pueda destituir (¿será?).
De ahí para allá
han manifestado su consentimiento con el nuevo golpe sus instigadores, el
Presidente Lobo y el Presidente Hernández y, de ciento diez diputados que
firmaron la solicitud para proceder en ese sentido, consignaron su voto a favor
de la moción (que destituía a cuatro magistrados), noventa y siete padres de la
patria de casi todos los partidos y la gran mayoría del partido gobernante, con
las notorias excepciones de O. Ramos y tres o cuatro diputados de las facciones
perdedoras de la reciente elección interna, quienes votaron en contra, junto
con la mayoría de la bancada minoritaria. Y a pesar de la campaña mediática en
su contra, a favor de la destitución ilegal se han manifestado también amplios
sectores de la sociedad hondureña, de la opinión publica en general, bajo la
convicción de que esta medida era necesaria para asegurar el avance de la
depuración policial, una ingenuidad si se quiere manipulada, pero legitima, en
este país que da un
paso adelante y dos para atrás, aunque siempre aplaudiendo como decía un
cubano hace tiempo.
Más que contar
las manos que se levantan a favor o en contra, y las que se esconden luego de
lanzar la piedra, me ha interesado escuchar los argumentos de los intelectuales
orgánicos de la clase política. Escuchar por ejemplo a los propios magistrados
afectados argumentar que se ha producido una alteración del
orden constitucional, porque el
Congreso no
tiene facultades para destituirlos (aunque es el
órgano que los ha nombrado o elegido) y que, en su destitución, se han
violentado nuestros derechos constitucionales, como el debido proceso, el
derecho a la defensa, el derecho a ser oídos en
una corte.
¿Quien podría
estar en desacuerdo? Pero recuerdo perfectamente también que en otra madrugada,
durante el golpe de Estado para nada técnico, simplemente brutal, del 28 de
Junio de 2009, ellos formaban parte de la Corte Suprema de Justicia que se
calló. Que no dijo que El Congreso no tenía facultad para destituir al
Presidente Constitucional de la Republica democráticamente electo por el pueblo
soberano. Que todos ellos son miembros con voz y voto de esa misma Corte que un
día después falsificó una orden de arresto contra ese mismo Presidente, sin
tener tampoco facultades para eso, con el fin de eximir a los militares
golpistas de su responsabilidad. Y que más tarde colaboró con la artimaña de
una acusación de la Fiscalía, cuyo propósito era eximir a esos militares de la
responsabilidad de no haber efectuado ese arresto si no haber exiliado al
Presidente por la fuerza y por
necesidad. Lo resume brillantemente el amigo E. Orellana
cuando dice que le
han dado un poco de su propio chocolate,
a la Corte a la cual paradójicamente el E.O. sigue considerando autoridad
legitima pese a haber concluido que cometió delito de traición a la patria.
Y bueno la
comunidad internacional y hasta la Comisión oficialista de la Verdad
concluyeron de su estudio que al Presidente Zelaya esa Corte Suprema le negó el
debido proceso y el derecho a la defensa y el derecho a ser oído. Y la Corte
hoy mutilada nunca ha actuado sobre esas violaciones, porque tendría que actuar
contra si misma, si no que ha procedido sistemáticamente a dar tramite a las
mas escandalosas acusaciones fabricadas por la Fiscalía, infundadas para juzgar
y perseguir al Presidente Zelaya y a sus mas cercanos colaboradores.
Me maravilla
escuchar al Fiscal General exigir que el Congreso le remita el Decreto
mediante el cual destituyó a los Magistrados importándose de defensor de la
Constitución cuando jamás investigó la falsa renuncia publica en base la cual
todavía a media mañana del domingo 28 el Congreso también pretendía proceder a
la sucesión constitucional luego del exilio forzado de Mel Zelaya. Ni tampoco
ha procedido ese Fiscal a estudiar mucho menos impugnar la inconstitucionalidad
de lo acontecido luego de que esa renuncia fuera denunciada como una
falsificación, ni exigió que se la mandaran, que no ha impugnado todavía la
ilegal destitución del Presidente por estos mismos congresistas (aunque fuera
en otra legislatura) y con los votos aquella vez unánime de los nacionalistas,
porque no hubo valientes disidentes, como ahora, y aun los gurús del formalismo
juridicista como Ramos (que ahora declara que se irrespetó la carta del
Estado) porque
si eran cachurecos, votaron contra Mel, todos y Juan sin "Meyo", en
primer lugar con instrucción del entonces Presidente de su partido Lobo.
Me encanta
escuchar al actor de películas en blanco y negro asegurar, Leitzelar, esta vez
sin pistola, que no existe la facultad para destituir un magistrado cuando en
su momento no dijo que tampoco existía (y por tanto nadie tenía) facultad para
destituir a un Presidente constitucional. ¿Qué derecho tienen para hablar estos
fantasmas? Me pregunto. ¿Que derecho tiene un Ombudsman Custodio ---que
en 2009 declaró que todo, incluso el ametrallamiento de su sus protegidos, se
hacía en defensa de la ley y del respeto a la institucionalidad-- a la
perspicacia de descubrir que aquí
hubo un montaje político? ¿Que derecho
tiene el jurista R. Pineda a asegurar que volvemos
a la época de las cavernas porque
se golpeó a cuatro magistrados cuando aplaudió el golpe contra un Presidente
hace tres años.
¿Como se atreven
los empresarios a decir no
hay que crear incertidumbrecon este golpe
cuando aplaudieron el golpe de Estado contra Mel incluso horas antes de que
culminara? ¿Que derecho tienen Bogran Galeano o Jaar y Bendeck a quejarse de
que esa destitución de cuatro jueces, con la connivencia de los tres
presidentes legítimos de los tres poderes del Estado va a afectar
internacionalmente (sic) al país, porque lo repudiaran los gobiernos amigos
como si no hubieran defendido a capa y espada las tesis oficialistas de lasucesión…. contra el mundo
entero hasta nuestros días? Y ¿cómo puede ahora, y con que lógica el COHEP a
exigir que las
autoridades correspondientes se pronuncien jurídicamente sobre la legalidad de
los hechos? Es que ¿acaso no ven con
prístina claridad que es ilegal? Por supuesto. Pero nunca necesitaron un
dictamen legal ni lo mostraron para justificar su apoyo al golpe contra Mel.
No hay comentarios :
Publicar un comentario