09-10-12
San José y Washington D.C, 9 de octubre de 2012. - El
pasado 5 de octubre de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) comunicó su decisión de otorgar medidas cautelares
(medidas de protección) a favor de los defensores de derechos humanos
César Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes. La petición había
sido solicitada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL).
Desde hace varios años, César Adán
Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes, integrantes del Movimiento
Amplio por la Dignidad y Justicia, realizan su labor en defensa de los
derechos humanos y el medio ambiente en el departamento de Atlántida, en
la zona del Caribe norte de Honduras.
Por su labor de defensa, ambos han
sido víctimas de presiones, hostigamientos y amenazas cuya frecuencia y
gravedad ha aumentado en los últimos meses. Entre otros actos, han sido
objeto de amenazas escritas y telefónicas. Asimismo, en
agosto de este año, sujetos desconocidos ingresaron ilegalmente a la
vivienda de Alvarenga Amador con el objeto de intimidarlo.
A pesar de la denuncia de estos
hechos ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, hasta la fecha las
autoridades estatales no han tomado las medidas necesarias para
proteger a las víctimas, ni para investigar los hechos e identificar,
juzgar y sancionar a los responsables.
Estos hechos no son aislados. Las
amenazas y actos de hostigamiento contra defensores de derechos humanos
en Honduras, y en específico contra ambientalistas cada vez son más
frecuentes. De hecho, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre
la situación de los defensores de derechos humanos, la señora Margaret
Sekaggya, en una visita reciente a Honduras expresó su preocupación
porque los defensores de derechos humanos continúan sufriendo
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y malos
tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatización. Ante ello
recomendó al Estado la creación de un mecanismo para la protección de
defensores y defensoras.
En virtud de la decisión tomada por
la CIDH, el Estado de Honduras deberá adoptar todas las medidas
necesarias para proteger la vida y la integridad de los defensores César
Adán Alvarenga Amador y Roberto García Fúnes, e informar periódicamente
sobre las acciones adoptadas para la plena investigación de los hechos
denunciados.
El ERIC y CEJIL exhortan a Honduras
a que cumpla con lo dispuesto por la Comisión Interamericana y hacen un
llamado para que se atienda la situación de riesgo y violencia que
enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos en dicho
país, implementando medidas para protegerles adecuadamente y para
permitirles ejercer su labor en la defensa de los derechos humanos.
Contacto en San José
CEJIL
Eleanor Rosenbach
506 2280 7473
Contacto en Washington
CEJIL
Milli Legrain
1 202 319 3000
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