GUATEMALA (AP) — Nueve militares, entre ellos un coronel del
ejército, fueron detenidos el jueves y acusados de ejecución extrajudicial en
la protesta pacifica de cientos de manifestantes indígenas de la semana pasada
que dejó ocho muertos, informó el ministerio público.
"Frente a estos hechos, consideramos al coronel Juan Chiroy
Sal como el principal responsable de los hechos", dijo la fiscal general
Claudia Paz y Paz en una conferencia de prensa. "En primer lugar, el
coronel Chiroy ignoró a las fuerzas civiles, las cuales le dijeron que no
recomendaban que llegaran las fuerzas militares".
Agregó que los ocho militares que utilizaron armas de fuego
también serían procesados.
"Es la primera vez que se procesa a militares por delitos
ocurridos en manifestaciones desde el acuerdo de la paz" de 1996, dijo Paz
y Paz.
Durante la conferencia, la funcionaria presentó los resultados
preliminares de la investigación sobre los hechos del 4 de octubre, según la
cual fuerzas de la policía pidieron asistencia a las fuerzas antimotines a
tempranas horas de la mañana. Sin embargo, al momento de arribar a la
carretera, las fuerzas policiales le indicaron al coronel Chiroy que no
"era conveniente" que acercarse a la población, recomendación que fue
obviada por los militares.
"Fuerzas de la policía hicieron el alto al convoy militar, lo
cual fue ignorado y continuo su ruta", explicó Paz y Paz.
También dijo que en los peritajes realizados por el ministerio
público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, habían encontrado
104 casquillos calibre 5.56, 12 fusiles Galil pertenecientes al ejército,
muestras de sangre y más de 50 imágenes y videos de los hechos.
Por su parte, Alberto Brunori, representante en Guatemala de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
dijo que la investigación independiente hecha por su oficina coincidía con los
resultados ofrecidos hoy por Paz y Paz.
"Según información recabada por esta oficina, la cual
coincide con la versión presentada por el ministerio público, existen elementos
relevantes para coincidir que las muertes de estas personas podrían comprometer
al estado guatemalteco", afirmó Brunori en una entrevista con The
Associated Press.
También reiteró su preocupación por la utilización de las fuerzas
militares en casos que derivan de la conflictividad social.
"La oficina reitera la preocupación de la comisionada durante
su visita y su llamado a que fuerzas militares se use en situaciones
excepcionales", recalcó Brunori.
Anita Isaacs, politóloga de la universidad Haverford, dijo que el
hecho marcaba un hito en la historia de Guatemala.
"Es la primera vez que esto ocurre y es posible que esto
tenga el potencial de despertar algo que ya se ha demorado mucho", dijo
Isaacs.
El presidente Otto Pérez Molina explicó la semana pasada que los
agentes de seguridad escoltaban las camionetas con los soldados a bordo. Dijo
que siete efectivos del ejército, heridos en el altercado, testificaron que
hicieron disparos al aire para defenderse de la turba que "amenazaba en
lincharlos, específicamente contra una mujer soldado".
Anteriormente, el presidente y otras autoridades habían afirmado
que los agentes estaban desarmados. También culpó a los campesinos de haber
provocado el enfrentamiento.
Según la versión oficial ofrecida por el presidente, dos vehículos
del ejército que llevaban un contingente de apoyo a la policía, se toparon con
un retén de campesinos que protestaba contra el costo de la energía eléctrica y
reformas constitucionales en una carretera del oeste del país.
Cuando un agente de seguridad privado le disparó a un
manifestante, se desató un enfrentamiento de éstos contra efectivos del
ejército y la policía que dejó a ocho indígenas muertos y más de 30 personas
heridas.
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