El 23 de abril de 2011, fue ilegalmente detenido en el aeropuerto Maiquetía de Caracas, el exilado político, ciudadano sueco y comunicador social Joaquín
Pérez Becerra, él cual había viajado a Venezuela a cumplir con su labor
periodística como director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia
(ANNCOL) y como miembro de la emisora Radio Café Stereo. El gobierno
colombiano con ordenes falsas de detención internacional y documentos
ficticios de identificación personal logró llevárselo 55 horas después a
Bogotá, Colombia.
A
pesar de que Joaquín Pérez Becerra es refugiado político en Suecia
desde el año 1994 y ciudadano sueco desde el 2000, el gobierno
colombiano lo trasladó a su territorio sin la obligada protesta por
parte de las autoridades suecas, a pesar de que se violaron los acuerdos
existentes entorno a la figura de protección del refugiado, tales como
la “Convención sobre el Estatuto de Refugiados” de 1951 y el “Protocolo”
subsiguiente de 1967, de los cuales los tres Estados (Venezuela,
Colombia y Suecia) son signatarios.
Después
de doce meses del secuestro de Joaquín Pérez Becerra, el gobierno de
Suecia sigue sin mostrar el más mínimo interés de velar por la suerte de
su ciudadano, ni siquiera ha presentado una carta de protesta ante el
gobierno colombiano. Joaquín Pérez Becerra es víctima de un burdo
montaje judicial, por lo cual las autoridades suecas tienen la
obligación moral de exigir su liberación incondicional y repatriación
inmediata.
Joaquín
Pérez Becerra se encuentra en la cárcel La Picota, uno de las centros
penitenciarios más peligrosos de Colombia, el cual está construido para
albergar a 2.000 presos y en el cual estan hoy recluidos más de 9.000
internos.
En
Colombia en estos momentos existen alrededor 100.000 reclusos, de estos
unos 9.500 son presos políticos, entre ellos Joaquín Pérez Becerra, los
cuales viven en condiciones miserables y degradantes, hacinados
inhumanamente, sin asistencia sanitaria, sometidos a retaliaciones,
torturas y penas crueles, y bajo la latente amenaza de traslados y
asesinato.
El
20 de marzo de este año, 550 presos políticos decidieron iniciar una
“Jornada Nacional de Desobediencia y Huelga de Hambre” para, primero,
ser reconocidos como prisioneros políticos, producto del grave conflicto
social y armado que vive el país, una vez que el Ministro de Justicia
colombiano negó la existencia de los mismos, a la vez que admitía la
existencia de la confrontación bélica; y segundo, que se permita la
verificación de la grave situación carcelaria por parte de la “Comisión
Internacional de Observación de la Situación de Derechos Humanos en las
Reclusiones Colombianas y de las y los Prisioneros Políticos” acompañada
por “Colombianos y Colombianas por la Paz”.
Las
Fuerzas Armadas de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) prometen
liberar el primero de abril a 10 prisioneros de guerra en su poder a
condición de que se permita la visita humanitaria a las prisiones por
parte de esta Comisión Internacional, el gobierno colombiano tozudamente
se niega a aceptar dicho requisito.
Nosotros,
exiliados políticos y ciudadanos suecos elevamos nuestros gritos de
condena para acusar ante la comunidad internacional, primero, la
impasibilidad del gobierno colombiano frente a las agonías y denuncias
de parte de los presos políticos, de conciencia, sociales y de los
prisioneros de guerra; y segundo, la hipocresía mil veces demostrada
frente a las generosas actitudes de la insurgencia desatendidas por el
gobierno colombiano.
Alzamos
también nuestras voces de protesta para inculpar al gobierno sueco,
primero, del intolerable padecimiento de Joaquín Pérez Becerra y del
indecible sufrimiento de su familia; y segundo, de la permisibilidad de
permitir agentes de inteligencia y paramilitares colombianos en su
territorio, y de consentir el reclutamiento de delatores a través de la
Embajada colombiana.
Y
reiteramos finalmente: Las autoridades suecas tienen el deber ético de
demandar la excarcelación definitiva y el retorno urgente de Joaquín
Pérez Becerra.
Comité por la Libertad de Joaquín Pérez Becerra
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